Este 20 de julio se posesionan los nuevos integrantes del poder legislativo colombiano en el que tendrá una decisiva presencia la bancada del Pacto Histórico conformada por casi 70 legisladores de distintos partidos de izquierda y progresistas.
Es la primera vez que un bloque de esa envergadura hace presencia en el hemiciclo parlamentario recogiendo las demandas del pueblo colombiano.
El presidente Gustavo Petro ha logrado dar forma a un sistema de coaliciones en tal escenario para propiciar el trámite y aprobación de las principales iniciativas legales como la Reforma tributaria, la reforma agraria, la reforma política y electoral, el presupuesto del 2023 y el Plan de desarrollo 2022-2026.
Como toda coalición política, la misma implica un complejo sistema de reciprocidades cambiantes de acuerdo con los intereses de los actores involucrados; son alianzas coyunturales y liquidas que van atendiendo necesidades muy puntuales como las mencionadas.
La reforma tributaria será progresiva y se enfocara en 4 mil multimillonarios y en otras 45 mil personas con patrimonios importantes; la idea es alcanzar un recaudo cercano a los 15 mil millones de dólares, esto es más de 50 billones de pesos colombianos; el presupuesto para el 2023 será de casi 400 billones de pesos (100 mil millones de dólares) que debe adecuarse al Plan de desarrollo del nuevo gobierno, superando las rigideces del actual modelo presupuestal condicionado por la Regla fiscal neoliberal, por el Marco Fiscal de Mediano plazo de reciente aprobación y por las abusivas determinaciones de ultima hora del saliente y nefasto gobierno de Iván Duque, comprometido en descomunales entramados de corrupción con los dineros de la paz, con los recursos petroleros, carboneros e hídricos.
Respecto del próximo Plan de Desarrollo de la administración de Gustavo Petro, el debate y las decisiones que se tomen deberán recoger los ejes fundamentales del Programa del Pacto Histórico que incluye los siguientes aspectos:
Primero. Impulsar una estrategia de desarrollo de las fuerzas productivas y de un “capitalismo no financiero” (Tipo NEP leninista de 1922) que tenga una vocación de crecimiento económico para distribuir la riqueza por medio de una reforma agraria; también se propone incentivar la producción agroecológica, el desarrollo de la industria nacional de fertilizantes e insumos y planes de cinturones agroalimentarios. Igualmente propone una política de aranceles a los bienes e insumos del agro para estimular la producción.
Segundo. Transitar hacia una industria con mayor productividad, innovación y neutra en emisión de carbono. La defensa a la industria nacional se realizará a través de la protección arancelaria. Articulación de pactos de productividad entre empresas privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado, así como el desarrollo de cadenas de valor agregado.
Tercero. Renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
Cuarto. Creación del Ministerio de la Industria.
Quinto. Construcción de una red ferroviaria eléctrica sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial. Recuperar la navegabilidad sostenible de los ríos. Aumentar la capacidad aeroportuaria. Construir nuevas vías terciarias contratadas con las comunidades y sus organizaciones de base.
Sexto. Transición energética: pasar de un sistema que depende del carbón y del petróleo a uno basado en energías renovables, girando hacia uno centrado en la productividad agraria. Cese de la contratación de exploración de petróleo. Modelo de desescalamiento gradual del modelo extractivista. Creación de un fondo para esa transición con recursos de las regalías y de los ‘beneficios tributarios’ del sector de hidrocarburos, minería de carbón e hidroeléctricas. Ecopetrol continuaría, por lo menos durante los próximos 15 años, para garantizar los combustibles que el país requiere, y hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, investigación y para que contribuya con impuestos, regalías y dividendos al Estado. Creación del Instituto Nacional de Energías Limpias. No construcción de más hidroeléctricas de embalse. Prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detención de los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Reforma al código de minas.
Séptimo. Reforma agraria, en la que se realizaría el catastro multipropósito, se potenciaría el Fondo de Tierras y se harían Planes de Desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo de Paz. Las poblaciones rurales deben hacer parte del nuevo modelo de “economía productiva” e implementar programas que “garanticen ingresos seguros”. El Pacto Histórico propone un cambio por el campo. Se dejaran de importar millones de toneladas de alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. El propósito es bajar los precios de los alimentos. Dentro del modelo de país económico con que sueña Gustavo Petro, la “soberanía alimentaria” es otro de sus objetivos fundamentales.
Octavo. La política de hábitat, servicios públicos y vivienda ordenada se basará en el agua. Ajuste normativo de las leyes de Ordenamiento Territorial. Revisar la reglamentación de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y desarrollar un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.
Noveno. Garantizar el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua.
Decimo. El turismo será el protagonista en la transición económica. Se apoyarán proyectos turísticos comunitarios, culturales, de salud y de naturaleza.
Once. El cambio por el trabajo promueve su dignidad y decencia. Defender que el Salario Mínimo aumente de manera justa en proporción al aporte real de los trabajadores. Se reconocerá el trabajo comunitario de 1 millón de jóvenes con un salario básico que dependa de su incorporación al sistema formativo. Otro gran pilar es el programa de empleo garantizado. La propuesta central es que el Estado actúe como empleador de última instancia.
Doce. Pensiones. Transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario, pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, fortaleciendo a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían, pero no tendrían la relevancia actual. Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: i) El solidario básico, garante de un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión; ii) El contributivo, en el que tendrían que cotizar en Colpensiones todas las personas que ganen entre 1 y 4 salarios mínimos y solo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente; iii) El ahorro voluntario, complementario para los que lo deseen. Además, asegura, que no se afectarían los derechos adquiridos y que no se incrementará la edad.
Trece. Garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población, sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Modelo de salud preventiva impulsado por una red de prestadores y conformada por equipos médicos que cubrirán todo el territorio nacional.
Catorce. Educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Implementar progresivamente educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles.
Quince. Cultura. Se construiría el estatuto laboral para el arte y la cultura, y se revitalizarán 46 centros históricos del país.
Diez y seis. Reubicar a la Policía Nacional en el ministerio del Interior o de Justicia y desmonte del Esmad. El servicio militar dejará de ser obligatorio. Reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Depurar de elementos neonazis las Fuerzas Militares. Avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz.
Diez y siete. Reforma de la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, elección del Fiscal General independiente del gobierno nacional; reforma y eliminación puntual de la Procuraduría y reforma de la Contraloría, eliminando duplicidad de funciones y reduciendo nóminas nacionales y territoriales y la implementación, en varios campos, de la justicia restaurativa, apostando por el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.
Diez y ocho. Reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para los lideres sociales y excombatientes de las Farc y abrir espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia. Construir la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, e impulsar la participación de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas.
• Respeto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc con implementación efectiva y financiación. Reducción de los índices de violencia y garantía real de los derechos humanos. El propósito es lograr una paz total y definitiva, parte de lo cual es la negociación con el ELN; en esta intención coincide, de una parte, la exigencia del grupo insurgente con relación al establecimiento de los mecanismos y condiciones de participación de la sociedad civil en la definición e implementación del acuerdo para un proceso de paz y, de otra, la afirmación del líder del Pacto Histórico que durante su gobierno propiciará “diálogos regionales vinculantes”, en donde lo que se logre convenir para la resolución de problemas se “vuelva norma”.
Diez y nueve. Relaciones internacionales. Establecer y fortalecer los diálogos con países vecinos y normalizar las relaciones con el gobierno de Venezuela. Promoción de la integración política, económica, comercial, social y cultural de Colombia con la Patria Grande: Latinoamericana y el Caribe.
En resumen, se trata de organizar las bases de un modelo anti neoliberal que supere los parámetros del capitalismo salvaje y violento que impera en Colombia.
En ese sentido sea propuesto adoptar en las primeras semanas de gobierno un Plan de choque que intervenga las situaciones sociales y políticas más críticas del pais como el hambre de millones de personas, el desempleo, la corrupción y la violencia que adelantan las Fuerzas Militares.
El Plan de Desarrollo de Gustavo Petro debe recoger los cinco Pactos apoyados por los colombianos en las pasadas votaciones presidenciales. Se trata de:
El Pacto para recuperar el Trabajo y la productividad con sustentabilidad ambiental.
El Pacto por la vida digna: Garantías y oportunidades sociales.
El Pacto por la naturaleza y para afrontar la crisis climática.
El Pacto por la vida, la paz y la democracia.
Pactos por el reconocimiento.
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