La presencia de testigos sin rostro y la remoción arbitraria de la jueza Viviana García, son expresiones claras de un plan orquestado desde el gobierno, la fiscalía y las forestales para mantener en prisión a Héctor Llaitul, -de manera ilegítima y arbitraria-, violando normativas en torno al debido proceso, y todo apunta hacia un nuevo montaje de persecución política y criminalización.
Fiscalía, gobierno y forestales logran remover a la jueza Viviana García, quien, obrando en justicia, había ordenado la entrega de identidad de ‘testigos sin rostro’, en el juicio en contra de Héctor Llaitul, vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco.
El día 31 de octubre, se dio a conocer una Resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que inhabilita a la jueza de garantía Viviana García Utreras para seguir conociendo de la audiencia de preparación de juicio oral del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca.
Lo anterior, debido a la solicitud del ministerio público y los querellantes, -que son las forestales y el gobierno actual-. El motivo aducido es que la referida jueza ordenó al fiscal corregir un vicio formal de la acusación y entregar las identidades de 5 testigos reservados. Contra esta resolución, el fiscal y el Ministerio del Interior interpusieron un recurso de protección para dejarla sin efecto, y el cual fue acogido por la Corte de Temuco, siendo su fallo confirmado por la Corte Suprema.
En ese contexto, la jueza de garantía debió informar sobre su decisión acerca de las identidades de los testigos, y la Corte de Apelaciones ha estimado que, -en ese informe-, la jueza en cuestión habría emitido una opinión que le restaría imparcialidad para conocer y resolver eventuales solicitudes de exclusión de esos testigos por infracción de garantías fundamentales.
Con lo anterior, se respaldan nuevamente, las pretensiones del Ministerio Público, el gobierno y las forestales querellantes.
Todo esto sucede en un contexto en el que persiste el peligro de que Héctor Llaitul sea juzgado y condenado nuevamente sin tener derecho a un debido proceso y con la utilización de testigos sin rostro. Lo anterior, a la vez, abre la posibilidad de que se instale un nuevo montaje, ésta vez urdido por la policía y fiscales corruptos y cooptados por el empresariado, los cuales en el último tiempo, han tenido luz verde para reprimir y perseguir sin escrúpulos al movimiento mapuche autonomista.
La presencia de testigos sin rostro y la remoción arbitraria de la jueza Viviana García, son expresiones claras de un plan orquestado desde el gobierno, la fiscalía y las forestales para mantener en prisión a Héctor Llaitul, -de manera ilegítima y arbitraria-, violando normativas en torno al debido proceso, y todo apunta hacia un nuevo montaje de persecución política y criminalización.