Cuando las dinámicas de un sistema político cambian y los grupos hegemónicos del entramado del régimen sienten solo cómo se tensan las costuras de su forma de pensar, ejercer y reproducir los poderes estructurales que encarnan.
Este lunes 9 de enero, tras las fiestas navideñas, han tomado posesión del cargo en el Tribunal Constitucional (TC) los cuatro magistrados designados por el gobierno y el poder judicial, materializando el cambio de mayorías entre conservadores y progresistas. La última semana del año, tras la crisis institucional abierta, sus señorías se pusieron las pilas al interior de sus órganos para desbloquear la situación en la renovación del tribunal.
Nosotras, retomando ritmo, comenzamos este nuevo año mirando hacia Brasil, a dos años de la toma ultra del Capitolio norteamericano, mientras aún sentimos la resaca del recién dejado atrás 2022. Una resaca ruidosa que sabemos marcará la borrachera de este año electoral, como colofón a los cuatro años que han quedado marcados sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes.
Y es que durante el inolvidable año que se fue, el ruido continuó incesante. Latigueando en su recta final, mientras los poderes estructurales en los que se asienta el país tomaban otra vez el centro de la escena. Quince días antes de cerrar el año, el foco fue para un protagonista institucional, el poder judicial. Un poder del Estado que lleva años en cartelera nacional mostrando sus trastiendas, aquellas persistentemente negadas incluso antes de ser señaladas.
Dicho popularmente: enseñaron otra vez “sus vergüenzas” al público de masas, aunque al rey desnudo no lo reconozca todo el mundo. Primero, al airear lo que la construcción de su propio poder simbólico considera, simplonamente, como “intimidades de la casa”, y es que la legitimidad compleja en el ámbito público es rehuida tenazmente por algunas tradiciones. Una raigambre en la que, una vez más, la historia de este país vuelve a dejar su impronta. Me refiero por “intimidades de la casa”, negadas al ámbito público de los gentiles, a las tensiones siempre existentes en la teoría y la interpretación del derecho.
Sin embargo, con esa premisa de fondo, está claro que el turrón del ‘destape’ implícito de la crisis institucional abierta la semana de la primera navidad sin restricciones pandémicas, se encontraba en otro lado. Fue la sinvergonzonería con que ejercieron su poder algunos de los representantes de la derecha judicial dentro del TC. Esa desfachatez pudo evidenciar las trastiendas del halo impoluto que envuelve, para muchos sentidos comunes, al poder judicial. Trastiendas que una especie de ‘negacionismo preventivo’, acrítico, pretende ocultar en los momentos de normalidad.
Momentos añorados los de “la normalidad” del sistema político y sus mayorías, recitan machaconamente muchas de las voces de otro de los poderes estructurales en cartelera: los medios de comunicación de masas. Períodos de normalidad en los que los sentidos comunes se impregnan de esa suerte de normalización objetivista con toque de emanación de las alturas. Lo hacen a través de la fórmula del poder-saber, porque otorga atribuciones de objetividad ideal a la construcción de lo admirado en el orden social. Una admiración que se proyecta sobre las figuras de autoridad y que, con esa fórmula, tiende hacia la simplificación homogeneizadora a la hora de construir legitimidades populares. De hecho, lo consigue con cierta facilidad. Un éxito en el que tanto el prestigio como su práctica de poder cotidiano —sedimentados en formas históricas sucesivas y renovadas— están en primera línea de juego.
El hecho es que la desfachatez se hizo patente contra esa suerte de negacionismo implícito que opaca la visión de todo el iceberg. En otras palabras, una posible pausa a la normalización que opera con una imagen ideal de origen —casi un ius naturalismo inconsciente—. Imagen sobre la que puede impactar una fractura cuando las tensiones de un sistema de poder se evidencian, desenmascarando a los actores para aquellos espectadores que estén dispuestos a mirar la escena de frente.
Lo explícito del ‘destape’ de fin de año implicó en la ecuación a los obvios intereses de poder personal, pero también a los corporativos. Y, de mayor profundidad, a los dispositivos de poder que figuras como los magistrados del TC pueden representar y materializar según la hegemonía que ordena el régimen socioeconómico y político en el que vivimos. En plata, la exhibición de poder implica la función social —más allá de la institucional— y, junto a ella, los límites a los que está sujeta.
En esta ocasión, la función social —tanto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de los del Constitucional— se encontró ligada y atravesada por la dualidad entre conservadores y progresistas. Y el límite de actuación se movió según las condiciones atribuidas a la coyuntura concreta. Una coyuntura en la que el conservadurismo político —patrimonializando el país más allá de lo discursivo y lo simbólico— decidió conservar el control —por mayorías— del poder judicial (CGPJ) hasta que, según piensan, vuelvan a controlar el poder legislativo y el ejecutivo.
Esta estrategia, inconstitucional e ilegítima según la democracia representativa, acarreó –aquella semana en la que el TC frenó la tramitación de la reforma para su renovación a favor de la cautelarísima del PP antes de que se votara en el Senado— expresiones como “secuestro del poder judicial” o “golpe blando” a la soberanía popular representada en las Cortes. Y se enmarcó en el contexto de la actual etapa que transitamos dentro de la crisis del modelo bipartidista parlamentario, que funcionaba con el apoyo de los nacionalismos conservadores de Euskadi y Catalunya, característico del funcionamiento del sistema político hasta el impacto de la crisis de 2008.
Se trata de un nuevo intento restaurador y patrimonializador de la derecha españolista que implica un ejercicio de inconstitucionalidad continuado durante toda la legislatura. Lo que evidencia a su vez la falta de respeto por la traducción parlamentaria constitucional de los resultados electorales.
En esta etapa de la crisis del modelo político bipartidista, la complicidad de sus señorías se relaciona también —como demuestra la historia tantas veces— con la posibilidad oportunista para ciertos personajes, en este caso entre juristas, a los que se facilita su llegada a ciertas posiciones de poder porque son útiles para la función social que representan y materializan, repito, más allá de la oficial y la institucional. Figuras como Espejel o Alcubilla en el Constitucional, a través del acuerdo que aceptó el PSOE en 2021, no son más que otra prueba de un momento donde las evidencias chirrían.
Lo que ha pasado a un año vista de aquel acuerdo, tras lo vivido en la pandemia y después de la declaración de inconstitucionalidad del Estado de Alarma, debería hacer tomar seria nota al PSOE, como partido del régimen del 78 que es hasta nueva orden. Como dice Pablo Iglesias, los tiempos que añoran no volverán, en cambio las raíces del tiempo sobresalen del suelo de nuevo.
Dicho de otro modo, cuando las dinámicas aposentadas de un sistema político cambian y, por ende, los grupos hegemónicos del entramado del régimen sienten apenas cómo se tensan las costuras de su forma de pensar, ejercer y reproducir los poderes estructurales que encarnan —incluido el plano simbólico—, pero reaccionan sin aceptar un ápice el cambio —ni en su posición ni en la de los otros—, bien porque no le ven la necesidad en una relación de fuerzas simbólicas y materiales dada, bien porque no obtienen un beneficio como contraprestación por ello, o porque consideran que es el momento de recuperar “terreno perdido” en otras coyunturas más o menos recientes, la trastienda y sus pulsiones —sobre las que se dijo durante décadas, naturalista y conservadoramente, que no existían— quedan al descubierto para quien quiera verlas. Por eso mismo hacen falta creyentes y ruido.
Pues bien, como decíamos, el poder judicial lleva con neones en cartelera nacional para el público de masas, rompiendo su halo ideal, desde finales de 2018 —dejo a un lado, aunque coinciden en su cronología, tanto el problema del patriarcado, encarnado por el juicio a la manada, como el derecho penal del enemigo para esos ‘otros’ sociales o políticos, vinculado con el juicio del Procés—.
Y es que fue aquel noviembre del 2018, cuando el presidente del tribunal Supremo y, por tanto, del CGPJ, Carlos Lesmes, anuló una sentencia firme a favor de los intereses de la banca. Lo hizo con el poder de voto que otorgaba su cargo de presidente en un tribunal también entonces dividido por completo.
Fue ese mismo mes de noviembre, cuando Ignacio Cosidó, el entonces portavoz del PP en el Senado, fue pillado por whatsapp afirmando que “controlarían el Supremo desde detrás” con el acuerdo que implicaba el nombramiento de Manuel Marchena —presidente de la sala Segunda de lo Penal del Supremo, que juzgó el Procés— como presidente del alto tribunal. Un acuerdo que no tuvo finalmente aquel resultado por esas filtraciones.
Con la complicidad pasiva del CGPJ durante toda la legislatura, la mayoría conservador ha mantenido las relaciones de fuerza resultantes de las elecciones de 2011 en una etapa que ha contado con diferentes y profundos puntos de inflexión. La realidad es que han negado el acceso de equilibrios entre conservadores y progresistas según los resultados de la traducción en escaños de la soberanía popular de dos elecciones generales. Por tanto, el fantasma de lo que viene practicándose en países latinoamericanos y fue bautizado en el mundo anglosajón como lawfare, nos mantiene con los ojos bien abiertos ante la escena que interpreta la derecha judicial.
En definitiva, la estrategia pepera necesita ruido. Y es soportando este incesante ruido como afrontamos momentos cruciales de la vida del planeta y sus gentes. Un ruido que ha sido estridente desde que el conservadurismo, con sus formas españolistas, perdiera el control de Moncloa inesperadamente. Entonces comenzó el ‘revival gore’ —en lo políticamente discursivo— que desplegaron a partir de marzo de 2004. Pero bien aceitado de la mano de la estrategia empresarial mediática que los sectores de la derecha españolista dura, entre otros, han llevado a cabo durante las dos últimas décadas.
La estridencia había sido entrenada a partir de las neurosis españolistas levantadas con el Procés. Y arreció cuando entró en el gobierno ‘el retorno de lo reprimido’ —según los inconscientes identitarios construidos, en último término, por la reacción golpista cívico-militar de 1936—. Es decir, un ‘retorno de lo reprimido’ para inconscientes nacionalcatólicos que Díaz Ayuso, tras haberse ciclado durante la pandemia, devuelve a la palestra desde un consciente ya bien liberalizado. El consciente que la dicotomía de una Guerra Fría caricaturizada —comunismo o libertad— y la hegemonía neoliberal de las últimas décadas, le permiten emitir sin tapujos volviendo a la verdad de los orígenes: “España” contra la anti-España. Cito a Ayuso: “la España real es la España fiel” y “es obligación de todos los españoles decir no al autoritarismo socialista y de la ultraizquierda”.
Es necesario, por tanto, vislumbrar también la envergadura de este iceberg. Necesitamos realismo táctico y estratégico cuando la reacción ya está despierta. Es el momento en el que las actuaciones defensivas se tornan prioridad para ordenar las contradicciones. En paralelo, no en disputa, con la resistencia por la dignidad a la que nos empujaron en los meses de calor e incendios del imborrable año pasado: frente a la masacre en la valla de Melilla y el abandono a los saharauis. Estupefactas como quedamos ante la foto propagandística de las damas de la OTAN con El Guernica, que al posarse volvía rabiosas nuestras retinas, ahora nos toca mirar de frente y en profundidad a este iceberg.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/justicia/poder-judicial-espanolismo-derechista-trastiendas-ruidos