Los cierres de numerosos centros culturales autogestionados decretados por el Ayuntamiento revelan la hostilidad y animadversión del alcalde José Luis Martínez-Almeida hacia el motor histórico del tejido social de la ciudad.
“Con vistas a un futuro de ciudad sostenible, viva y dinámica. Paseo por el Paisaje de la Luz de Medialab Prado”. A juzgar por el anuncio que hace el Ayuntamiento de Madrid para atraer al turismo de masas, la ruta guiada por el Prado y el Buen Retiro mantiene intacta la buena reputación que le ha llevado a aspirar a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco: salida de los floridos jardines y llegada a Medialab-Prado, “proyecto colaborativo que impulsa iniciativas como el Editatón”, el elemento central de su candidatura a tan destacado reconocimiento. Lograr el título es tan goloso que el consistorio madrileño ni siquiera se ha molestado en trazar una X sobre el centro ciudadano más innovador de Europa que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha decidido clausurar sin más explicación que la de una política cultural orientada al mercado del lujo y el glamur. “El cierre, traslado o desmantelamiento de Medialab-Prado es una ruina para Madrid, una amenaza para el bien común y la cultura experiencial a nivel internacional, una desgracia para toda la comunidad investigadora en ciencias y humanidades. Una derecha liberal culta debería mostrar su desprecio por esta decisión”, sentencia Antonio Lafuente, físico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno de los coordinadores del espacio Procomún, la pieza cardinal de una comunidad docente unida por la convicción de que la enseñanza mejora con el intercambio de recursos pedagógicos abiertos.
Si los creadores consideran que una sala de arte vacía es un espacio muerto, Medialab es entonces el cementerio de una guerra ideológica. Una batalla obsesiva que puso en marcha el gobierno de la ciudad cuando accedió al trono del Palacio de Cibeles hace dos años. La noche se ha instalado en su luminoso atrio, el de la antigua Serrería Belga, la hermosa planta que los arquitectos María Langarita y Víctor Navarro rehabilitaron en 2013 para que albergara un centro de producción autónomo y vanguardista, con 4.000 metros cuadrados de superficie acristalada, que siempre actuó como lámpara vecinal en ese triángulo perfecto que conforman el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. “El Ayuntamiento desconoce la importancia de muchos de los proyectos que está cerrando. El hecho de que Medialab no tuviera cuadros colgados de sus paredes dislocaba su concepto de centro cultural y lo volvió ilegible para ellos. Eso es ignorancia. Así de incapaces se han mostrado para cambiar su mirada, para abrir los ojos a una serie de procesos sociales imbricados en el territorio, en los colectivos, en el tiempo. Pero, claro, todo esto exige dedicación para alguien que solo está interesado en el número de visitantes que reciben y en los ingresos. Y con esa métrica están diseñando la política cultural de la ciudad de Madrid”. Con esta contundencia se expresa Alberto Corsín, doctor en Antropología por la Universidad de Oxford, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y promotor de parte del engranaje que catapultó a Medialab-Prado al reconocimiento internacional como lugar de encuentro y producción autogestionado único, distinto y maravilloso.
Una de las herencias indestructibles que se formó en esta factoría hoy despedazada lo encarna Susana Moliner y su programa Grigri Pixel, una invitación a makers, diseñadores y artistas de diferentes ciudades europeas y africanas para reencantar espacios urbanos en peligro de extinción o en procesos de manifiesto deterioro. Durante los cinco años que estuvo en funcionamiento tejieron una robusta red de iniciativas, todas tratadas con la delicadeza de sutiles hilanderas para no entorpecer el aprendizaje de una ciudadanía tan pluricultural como la madrileña. El resultado fue la creación de escenarios digitales tapizados de realismo mágico. “Comenzamos a trabajar en 2016 con colectivos de Marruecos, Senegal, Malí y Togo en el espacio “Esta es una Plaza” de Lavapiés. Ahí terminaron construyendo de manera artesanal una especie de carrito con placas solares que les proporcionaba la energía que necesitaban para escuchar música y bailar en el jardín. El propósito era crear comunidad y derribar los prejuicios estereotipados que nosotros fabricamos sobre los africanos y que ellos tienen sobre sí mismos. Lo logramos, sin duda”, reconoce esta politóloga de carrera pero productora cultural por vocación que hoy asegura sentirse “abatida” por el aciago destino que los rectores municipales han decretado contra uno de los templos del activismo autogestionado en la ciudad de Madrid.
Cierres sin proyectos alternativos
Pero Medialab-Prado no ha sido la primera ni será la última víctima de una gestión que ha encontrado en la iniciativa vecinal un terreno de caza a su medida. El operativo de clausuras sumariales está laminando el robusto tejido social madrileño. En 2019, desalojaron La Ingobernable, “un centro okupa” indeseado, según declaró Martínez-Almeida, que hoy sigue vacío, después de que el ayuntamiento abortara su cesión a la Fundación Hispano-judía. Después llegó el cierre de La Gasolinera, en el barrio de La Guindalera. Luego, La Salamandra de Moratalaz y el Solar Polivalente Autogestionado Maravillas, próximo a la Plaza de los Mostenses. También han echado el cerrojo a la Dragona y a la Casa Asociaciones. En febrero, le tocó el turno al Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA). Y pronto la onda expansiva podría alcanzar al Centro Cultural y de Participación ciudadana de Chamberí. Ocho distritos afectados. Cientos de proyectos planteados con el espíritu de las escuelas modélicas enviados de repente al cubo de la basura. Y lo que es peor: miles de vecinas heridas en el amor propio.
“Por el bien de los madrileños y para acabar con el adoctrinamiento de la izquierda” es el mantra que las autoridades locales utilizan para justificar su decisión de liquidar la Ordenanza de Cooperación Público-Social que regulaba la actividad de más de 100 colectivos de la ciudad. Actúan con maestría, a la sombra de la ley, no renovando los contratos de cesión concedidos en la etapa anterior. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida asegura que no hay una directriz preestablecida sino que estudian “caso por caso”. Pero nadie le cree. Ni sus propios seguidores. Algunos colectivos, como el de Arganzuela y el de Chamberí, muestran su malestar con el Ayuntamiento porque “evitan justificar sus decisiones con proyectos alternativos que mejoren los servicios ciudadanos y participativos que nosotros prestamos”, aseguran.
Un tinte de venganza preside estas actuaciones. Vecinos de ambos distritos desmienten las acusaciones del alcalde de que se habían convertido en “chiringuitos de la izquierda” y muestran como prueba las memorias de actividad que registran su funcionamiento. “Todas surgidas de la iniciativa de los vecinos y vecinas sobre dos principios básicos: el rechazo al racismo y al machismo, y el respeto al espacio comunitario”, subraya Carlos M. Ozcariz, miembro del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), clausurado el pasado 8 de febrero después de cuatro años de trabajo conjunto con asociaciones, AMPAs, particulares y voluntarios. En esa línea abunda Maribela Gutiérrez, de la Casa de la Cultura y Participación ciudadana de Chamberí que el pasado 21 de marzo reunió a cientos de personas y decenas de asociaciones de todo Madrid para protestar “por el acoso al que les está sometiendo el gobierno de las tres derechas: PP, Ciudadanos y Vox”. Carlos y Maribela insisten en que la guerra desatada desde el Ayuntamiento “persigue acabar con el tejido social de los barrios porque temen más una respuesta vecinal organizada que la oposición que puedan plantear los partidos. Les hacemos daño si actuamos unidos”.
Ubicado en un rincón del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, el Espacio Vecinal de Arganzuela siempre fue un referente del magma vecinal que ha prosperado en muchos barrios de Madrid. Sólo en 2019 impulsaron más de 400 iniciativas que implicaron a más de 20.000 personas. Clases de guitarra, un pequeño estudio de radio, talleres de reparación de bicicletas, facilitaban aulas con ordenadores para niños que no disponen de equipos en sus casas, había grupos de consumo responsable, una biblioteca, escuela de español para inmigrantes. Durante el confinamiento domiciliario también organizaron las despensas solidarias. En EVA no sólo se ha trabajado la convivencia vecinal. Se vivía en ella. Según la difusa información facilitada por el Consistorio madrileño sobre los locales que han quedado vacíos, sólo se conoce que albergarán una nueva base del Samur aunque la fecha sea aún un misterio insondable. “Esta decisión es incomprensible incluso para los propios trabajadores del Samur”, asegura un usuario del centro.
De los bajos del número 39 de la madrileña calle de Bravo Murillo brota un irresistible aroma a huerto fresco. Todos los primeros días de cada mes, un grupo de agricultores de la pequeña localidad madrileña de Perales de Tajuña llega al Centro Cultural de Chamberí cargado de frutas y hortalizas cultivadas de forma artesanal, sin impurezas, como siempre lo hicieron. Y entonces el local se convierte en la tienda mejor surtida del barrio. El ambiente que se forma suena a verbena popular. Hasta los niños se dejan caer por allí y andan a su aire, correteando entre lechugas saludables, calabazas espléndidas y manzanas verdes tan brillantes que parecen cultivadas en el paraíso. Es un territorio del pueblo, igualitario y democrático, donde la gente ayuda con la misma convicción que asume sus responsabilidades. “No repartimos caridad, hacemos barrio”, dice María Eugenia. “Esto es un proyecto participativo”, añade.
Nacida en Cali, Colombia, María Eugenia García muestra un carácter generoso y espartano. Así es su visión del único centro de participación ciudadana que hay en Chamberí. “Su cierre dejaría sin espacio a 24 colectivos. Al mercado, a los pensionistas, al club de ajedrez, a la cesta solidaria, a los de fotografía, conferenciantes, teatro, a los de divulgación ecológica, a las AMPAs. El pasado año se impartieron casi 500 actividades en las que participaron más de 8.000 personas. Y todo eso con la pandemia”, explica. ¿Y qué argumentos esgrime el Ayuntamiento para no prorrogarles la cesión del local? “Ninguno en concreto”, intercede Maribela Gutiérrez que el pasado 1 de febrero escribió una carta a la coordinadora del distrito, Cristina Goncer, solicitando una explicación detallada sobre un cierre programado que ha alterado el pulso del barrio. La respuesta que recibió dos semanas después fue desalentadora: “La Junta Municipal de Chamberí, ha decidido, previo informe jurídico, la no renovación de la cesión. El distrito cuenta con muy pocos espacios públicos, por lo que es muy importante analizar y estudiar el uso que se da a los mismos, ya que, como Junta Municipal, es nuestra obligación que el uso al cual se destine llegue al mayor número de vecinos posibles. Es por este motivo, que se está trabajando en buscar los nuevos usos a este local, de tal forma que puedan beneficiar a todos los vecinos”. Impecable. En el Centro de Cultura se respira desde entonces una mezcla de inquietud e indignación. Tal es el enfado que sólo les queda la opción de enseñar los dientes a la corporación “y de poner el asunto en manos de la justicia”, como ya han hecho. No entregarán las llaves. “Que los jueces decidan entonces”, reclaman.
La caldera vecinal madrileña está en plena ebullición. “Se está cometiendo un desastre”, estima el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos. “Rechazar las redes de participación ciudadana es renunciar a uno de los activos de la personalidad de Madrid. Estos espacios siempre han actuado como vertebradores de la ciudad, cubriendo muchas de las necesidades de los barrios, relacionando a sus vecinos, fomentando la convivencia y el apoyo mutuo. Son las mismas organizaciones que se movilizaron para crear las despensas solidarias y que organizan actividades para todos los vecinos sin distinción. ¿Qué mal hay en todo esto?”, se cuestiona.
El aviso de M21 Radio
Muchos siguen preguntándose los motivos que empujaron a José Luis Martínez-Almeida a comenzar el desmontaje de lo que calificaron como “estructura ideológica de Manuela Carmena” con la clausura de la escuela de radio municipal M21. Para los triunfantes y conservadores dirigentes municipales, animados por el apoyo de Vox, aquello fue una lección cargada de simbología. Hasta la citaban con el apellido de la exalcaldesa. “Las emisiones de Radio Carmena se acaban el 30 de septiembre (de 2019). El capricho se acaba”, anunció con desdén Martínez-Almeida tres meses después de acceder al cargo. Para los trabajadores de la emisora también resultó una lección pero invertida. Un cierre drástico urdido con las mimbres envenenadas de la mentira. Para ellos, M21 Radio era como una placenta radiofónica. En sus tres años de existencia formó a más profesionales por metro cuadrado que cualquier facultad universitaria. Por sus micrófonos pasaron más de 200 alumnos, fruto de los convenios firmados con las universidades públicas de Madrid.
Fue un proyecto social de enorme trascendencia donde se mezclaban historias extraordinarias de estudiantes que encontraron trabajo, de noticias de barrio, de música para todos los gustos y de espacios para la educación infantil, para la naturaleza, para la formación de desempleados y discapacitados. Incluso tuvieron la brillante idea de fletar un autobús que rápidamente convirtieron en un aula móvil para el aprendizaje de la convivencia. Allí no era necesario practicar el proselitismo que adujeron sus detractores para echar el cerrojo. Bastaba con ver y escuchar los contenidos para entender la función que desempeñaba. Jacobo Rivero fue su director: “El cierre fue un poco de dictadura militar. De corte chileno. No hablaron con las universidades involucradas ni con los alumnos de producción radiofónica. Tampoco con los dos padrinos de la emisora, Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo. Simplemente, lo destrozaron de un día para otro. Los estudios, que supusieron una inversión importante de dinero público, y el autobús, que era una iniciativa de la Fundación La Caixa, lo abandonaron sólo por aplicar la lógica de que aquello era un medio al servicio de un partido, algo que nunca pudieron demostrar porque más bien era todo lo contrario”.
Aquello fue un torpedo en la línea de flotación de un buen número de colectivos culturales históricos en Madrid y una seria advertencia de lo que se estaba preparando. “Hubo mucho silencio en torno al cierre de M21. Unos porque pensaron que no pasarían de ahí; otros por no abrir la boca y evitar represalias, que es lo que utiliza este tipo de ayuntamientos de ultraderecha para ir laminando voluntades, poco a poco, hasta que al final nos toque a todos”, afirma Rivero que desde entonces mide el futuro de Madrid casi como una cuenta atrás. “Hemos retrocedido a los años 80”, sentencia. Y en el fondo emerge la perversión del lenguaje, el manoseo recurrente que los políticos hacen de conceptos como libertad. “Es una mascarada para esconder las contradicciones de una política autoritaria tan bestia que está favoreciendo el resurgimiento de un movimiento de okupación ante la necesidad de espacios culturales autogestionados que hay”. Palabras que devuelve como un eco ese Callejón del Gato tan valleinclanesco que parece haber regresado Madrid en el momento más inoportuno.