Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una ONG registrada ante Naciones Unidas (ONU) y que ha trabajado en Colombia durante 10 años acompañando y observando el trabajo pacífico de las organizaciones de derechos humanos y de las poblaciones vulnerables víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, está siendo señalada, atropellada y estigmatizada por el presidente […]
Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una ONG registrada ante Naciones Unidas (ONU) y que ha trabajado en Colombia durante 10 años acompañando y observando el trabajo pacífico de las organizaciones de derechos humanos y de las poblaciones vulnerables víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, está siendo señalada, atropellada y estigmatizada por el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Desde diciembre de 2003, Brigadas Internacionales de Paz ha sido víctima, en la «Comunidad de Paz» de San José de Apartadó, de las acciones represivas de grupos paramilitares en connivencia con sectores de las Fuerzas Militares colombianas. Desde finales del mes de mayo de 2004, el mismo presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha continuado con los atropellos contra la población de la Comunidad de Paz y PBI, hasta el punto de amenazar con «la deportación y encarcelamiento», si no se someten a las arbitrariedades de la Fiscalía y las Fuerzas Militares en la zona, en el marco de la Política de Seguridad Democrática, totalmente antagónica a los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Los ataques de Uribe contra PBI se suman a la oleada de acciones arbitrarias del Gobierno Nacional contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, tanto nacionales como internacionales; actitud que contraría disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional colombiana, quienes se han expresado sobre la necesidad de «brindar protección especial» a PBI y a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La Corte Constitucional, en Sentencia T-230 de 2004, dispone «cumplir (…) los requerimientos impuestos al Estado colombiano por la Resolución de la CIDH de 18 de junio de 2002, sobre ‘Medidas Provisionales solicitadas por la CIDH respecto de Colombia – Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó’, en beneficio de las personas que fueron objeto de medidas cautelares por la mencionada Corte, es decir, los miembros de la Comunidad de Paz y las personas que tengan un vínculo de servicio con esta Comunidad».
Es urgente que la comunidad internacional, los países del G-24, la OACNUDH, las agencias de cooperación internacional y las ONG nacionales e internacionales de derechos humanos, exijamos al Gobierno Nacional cumplir con los compromisos ratificados por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y garantice la protección y el trato especial a PBI y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Es necesario que los países comprometidos con la paz de Colombia, reivindiquen la importancia de las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y exhorten al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez a asumir políticas, iniciativas y medidas que no riñan con los principios de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estado de Derecho, como lo ha hecho, indiscriminadamente, desde el inicio de su mandato.
ORGANIZACIONES DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA- ESTADOS UNIDOS
Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Sociales de Derechos Humanos