El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el magistrado Alfredo Gómez, advirtió este domingo las consecuencias del anteproyecto de ley que el presidente Álvaro Uribe presentará ante el Congreso, en el que plantea que los crímenes cometidos por paramilitares sean considerados como delitos políticos. En entrevista con El Tiempo, Goméz detalló que […]
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el magistrado Alfredo Gómez, advirtió este domingo las consecuencias del anteproyecto de ley que el presidente Álvaro Uribe presentará ante el Congreso, en el que plantea que los crímenes cometidos por paramilitares sean considerados como delitos políticos.
En entrevista con El Tiempo, Goméz detalló que de aprobarse el referido anteproyecto, los desmovilizados combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tendrían entre otros beneficios, el «derecho al asilo político» (…) «latente la posibilidad del indulto y la amnistía», queda prohibida la extradición y podrían llegar a cargos públicos».
Desde ya se augura una fuerte batalla por parte de la oposición colombiana que intentará convencer a la opinión pública la «inconveniencia» del anteproyecto y las consecuencias para el proceso de paz. Sin embargo, especialistas aseguran que los votos de la mayoría estarán con el Gobierno.
La Corte Suprema del Colombia decidió esta semana que los paramilitares desmovilizados como parte del proceso de paz serán juzgados por concierto para delinquir y no por sedición. Y esa decisión, según voceros de los desmovilizados, les negaría estatus de delincuentes políticos y empeoraría su situación judicial.
Los jefes paramilitares desmovilizados en Colombia, anunciaron, luego del fallo de la corte, su decisión de suspender indefinidamente las diligencias judiciales de confesión, en el marco de la Ley de Justicia y de Paz.
Ante esa reacción, el gobierno de Uribe redactó un anteproyecto de ley para superar el impasse con los ex paramilitares con los que en abril pasado concluyó un cuestionado proceso que permitió que unos 32 mil integrantes de las AUC dejaran las armas.
Sin embargo, el máximo tribunal colombiano catalogó en un comunicado difundido este viernes de «censura grave y peligrosa» la posición del presidente Uribe, la cual según la corte, no es coherente con su llamado al diálogo y a la cooperación de todos los poderes del Estado.
Unos 19 mil combatientes rasos de las AUC que presuntamente no cometieron delitos atroces son a los que el Gobierno pretende cobijar con esa ley.