El documento de Amnistía Internacional (AI), valoriza la eliminación de la impunidad por crímenes cometidos bajo dictadura aúnque todavía es lenta, según el documento del organismo internacional. Las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, los maltratos en cárceles y los efectos de los TLC sobre la población son también preocupaciones del documento. […]
El documento de Amnistía Internacional (AI), valoriza la eliminación de la impunidad por crímenes cometidos bajo dictadura aúnque todavía es lenta, según el documento del organismo internacional. Las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, los maltratos en cárceles y los efectos de los TLC sobre la población son también preocupaciones del documento.
«Desafortunadamente, la situación de Chile no ha variado demasiado respecto del informe del año anterior: tenemos situaciones muy similares en cuanto a duras condiciones de reclusión, incluidos los presos políticos condenados por la justicia militar, y los abusos contra activistas mapuches», manifiesta a la prensa en Londres, Virginia Shoppee, investigadora responsable del capítulo relacionado con Chile de Amnistía Internacional (AI), organismo que tan solo hace algunos días atras, hizo público su último informe sobre derechos humanos en todo el mundo.
El presidente Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, actual nuevo administrador de los interesés de los Estados Unidos en la OEA, nada dicen con respecto a este llamado de atención de Amnistía Internacional, así como lo esbozado en el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que también en uno de sus apartados también hace referencia a Chile. Cuestión muy bien ocultada por el gobierno de la Concertación y los medios de comunicación al servicio del sistema neoliberal en Chile.
El presente año se distingue del anterior para Chile en un aspecto: el organismo internacional estampa su crítica al informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -conocido como Informe Valech-, documento que recogió alrededor de más de 28 mil testimonios de víctimas de torturas del régimen militar admitió que dicha práctica respondió a una política institucional del Estado chileno.
«El punto es que la comisión recomendó reparaciones, pero no propuso ninguna medida para hacer justicia. No se ha marcado una pauta clara de justicia en relación a la tortura. Esa es una mala señal pues, al no haber sanción, la práctica se puede repetir», afirma Shoppee, quien enfatiza que el problema lo completa la Ley de Amnistía. «Esta consagra la impunidad», agrega.
El documento de AI, dice que Chile tiene aún camino por recorrer en lo relativo a la abolición de la Ley de Amnistía y también debe corregir la definición de tortura. «En la Constitución el concepto hace referencia a los ‘apremios ilegítimos’, una definición bastante inferior, limitada y poco amplia comparada con los textos contra la tortura ratificados por Chile. Así se favorece la no sanción de actos que intencionadamente causen dolor y sufrimiento físico o mental por parte de funcionarios del Estado», sostiene Shoppee.
A pesar de las críticas, el último informe de Amnistía Internacional destaca la confirmación de las penas de prisión contra el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y otras cuatro personas. También califica como un avance el levantamiento de la inmunidad al ex dictador Pinochet.
El informe de Amnistía este año acusa que «las violaciones de los derechos humanos de los indígenas sigue haciéndose presente». El documento puntualiza que durante todo el año pasado, la dirigente de la comunidad mapuche, Juana Calfunao Paillalef y sus familiares sufrieron reiterados actos de intimidación, como amenazas de muerte y, al parecer, un ataque contra la casa de Juana Calfunao.
En el Informe 2005 sobre derechos humanos en el mundo también aborda otros puntos de interés. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, no sólo cuestiona duramente a Estados Unidos y la ONU, sino también advierte sobre los riesgos que conlleva la globalización de la economía y el mercado libre y salvaje, donde los acuerdos comerciales marcan cada vez más la agenda.
El foco se centra en la situación chilena y, dados los recientes Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por el gobierno, Virginia Shoppee entrega algunas luces al respecto. «Estamos monitoreando pues queremos hacer una investigación sobre cómo estos acuerdos pueden afectar los derechos humanos», dice antes de explicar que «los derechos humanos son indivisibles y no son sólo políticos y civiles, sino económicos, sociales y culturales». A juicio de AI, los acuerdos de libre comercio pueden afectar a la población menos favorecida y su derecho al alimento, al agua, a la salud, la vivienda, la educación o al trabajo.
En el caso de Chile, cabe destacar además, que el esquema económico vigente, lleva en sus entrañas la violación permanente y sistématica de los derechos humanos, de allí que el proyecto económico de la dictadura, debe ser reemplazado, por otro, que garantice la plena vigencia de los derechos humanos en el país sudaméricano.
La importancia que reviste el documento de Amnistía Internacional, es que la situación de violación permanente de los derechos humanos, los asume de manera integral, artículo por artículo, y en donde el Estado Chileno viola una variedad de ellos, no sólo los que tienen un carácter puntual. De allí que jactarse de que en Chile se respetan los derechos humanos, no es más que una químera, que cuenta con la complicidad del gobierno de la Concertación y los que quieren aplicar una ley de punto final, para que no exista verdad y justicia, en relación a todos los crímenes cometidos en la dictadura militar, más los que se violan en «democracia».
Al momento de escribir esta nota, cuatro presos políticos chilenos condenados a «cadena perpetua», realizan una huelga de hambre que lleva más de ochos días de realización. El objetivo que se busca con está huelga de hambre indefinida, es presionar al gobierno de Ricardo Lagos, para que asuma con urgencia el proyecto de ley que los beneficia con la libertad incondicional.
Mientras tanto,la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuches, realizan multíples jornadas de solidaridad con los presos de los pueblos originarios chilenos, hasta obtener su completa libertad.