La cadena nacional de Bachelet marca la agenda política del 2015 y sin duda de los años venideros de su administración. Sacando una carta debajo de la manga anuncia que desde septiembre se abrirá un «proceso constituyente» en Chile, sumado a un impulso a las medidas anticorrupción propuestas por la denominada comisión Engel. En primer […]
La cadena nacional de Bachelet marca la agenda política del 2015 y sin duda de los años venideros de su administración. Sacando una carta debajo de la manga anuncia que desde septiembre se abrirá un «proceso constituyente» en Chile, sumado a un impulso a las medidas anticorrupción propuestas por la denominada comisión Engel.
En primer lugar, es importante recalcar que la lectura política para dar este paso, está determinada por la profundidad de la crisis política desatada por los casos de corrupción. La lectura de La Moneda ha de estar influida en la insuficiencia por sí misma de las medidas para regular la relación de política y dinero en el imaginario público. Al cálculo se suma que es probable que, en las próximas semanas y meses, se sigan destapando escándalos que liguen transversalmente al duopolio con la corrupción. Ante esto la única posibilidad real era presentar un corte profundo y una expectativa hacia adelante. Esto lo representa la Nueva Constitución y el proceso que está en su base.
Como segunda consideración, esto reafirma el carácter de contención que asume el gobierno de la Nueva Mayoría. Hace un tiempo nuestra lectura de la llegada al gobierno de Bachelet se basó en que, ante la situación inestable a nivel social, la Nueva Mayoría representó una respuesta de contención y no simplemente de bloqueo al estilo de la UDI, aunque igual, por su composición y lógica de las reformas, era representante de la elite dominante en Chile. A nuestro juicio, la forma de reaccionar ante la corrupción muestra el carácter de reacción de este conglomerado, que busca bajar el clima de conflictividad y relegitimar, por sobre todo. No es entendible que una reforma estructural y determinante como una nueva Constitución, que rige la institucionalidad, el sistema político e incluso las bases del sistema económico, se realice con posterioridad a los cambios en educación, tributación o al trabajo. Después de todo, es en el mismo cambio constitucional donde esto debiese expresarse con más fuerza. Esta lógica de procedimiento es entendible si se ve el cambio constitucional como un ajuste más y no como un proceso refundacional. O sea, en ningún caso determinante y estructural, sino más bien una respuesta política, una salida audaz, pero limitada, en busca de recomponer el clima de confianza y representatividad en el país.
En tercer lugar, la Presidenta ha sido explícita en destacar el carácter «participativo, legítimo e institucional» para una nueva Constitución. ¿A qué se refiere Bachelet con esta tríada? Ante todo hace referencia a que la construcción del proceso será con participación ciudadana, lo que no necesariamente equivale a su incidencia real en los resultados. Ejemplos de esto ya están en marcha. Como plan piloto, Felipe Harboe (PPD) y Ricardo Rincón (DC) han impulsado la realización de al menos cuatro cabildos ciudadanos en los que han consultado a personas a través de comisiones de trabajo sobre: bases de la institucionalidad, derechos fundamentales, régimen político y estructura del Estado. Estas discusiones luego son sintetizadas y canalizadas por los mismos diputados. Explícitamente ambos están en contra de la realización de una Asamblea Constituyente. A fines del año 2014, en medio de un debate con Fernando Atria sobre Asamblea Constituyente, el ahora presidente saliente del PS, Osvaldo Andrade, se refería así a la factibilidad de esta: «Aquellos que, a propósito de una asamblea, creen que vamos a parir una cosa tremendamente relevante, están en otro país. La radicalidad no nos va ayudar en esto. La enfermedad infantil del izquierdismo no nos va a servir en esto. Perdonen que recurra a un pelao (sic), no a un constitucionalista». Más recientemente y luego de la cadena nacional de Bachelet, Andres Allamand, en señal de apoyo señaló, que «hay que despejar el tema constitucional, hay que hacerlo por vía institucional». En este caso la palabra «institucional» tendría la llave de calma.
¿Por qué no se habla de Asamblea Constituyente como mecanismo? Básicamente porque es un mecanismo vedado para amplios sectores del duopolio. Existe un temor de que este mecanismo lleve a lo que sucedió en países que no representan un modelo para la elite chilena, como Ecuador, Bolivia o Venezuela.
Existirá un cambio a la Constitución, pero con las lógicas democráticas que concibe el gobierno. O sea, una lógica de consultas ciudadanas, con posibilidad de participación, pero donde finalmente la incidencia real queda en manos de ellos mismos. La reforma educacional y su discusión, por ejemplo, han mostrado el enfrentamiento de dos lógicas para concebir la democracia. Mientras el movimiento estudiantil durante el 2014 se abrió a la discusión, lo que se buscaba era un espacio de incidencia a través de la participación, o sea, que la voz de los movimientos sociales pesara. El gobierno generó estos espacios, pero sin reconocer la posibilidad de incidencia profunda desde los actores sociales. De esta manera se escuchaban las voces de todos en el «Plan Nacional de Participación» (PNP), mientras la reforma se cocinaba entre los mismos de siempre en el Parlamento. Este encontrón terminó con el naufragio del PNP y la reedición de desconfianzas insalvables entre el movimiento estudiantil y el gobierno.
El fondo del tema es que existen visiones encontradas sobre la forma de concebir la democracia y que se reflejará en los próximos meses en el debate sobre Asamblea Constituyente o Nueva Constitución «participativa e institucional».
Todo este escenario es relevante no solo para los próximos meses, sino que incluso para los próximos años. Las fuerzas de cambio no escogen el escenario de batalla, sino que más bien escogen cómo administran sus fuerzas en escenarios complejos y en que enfrentamos a una elite con mucha más capacidad. De otra manera no existiría la necesidad de este debate. El sector más capaz del bloque dominante nos pone a todos en un escenario de disputa abierta. Ante esto, la pregunta sobre si estamos o no preparados queda descontextualizada.
En los próximos meses debemos prepararnos para encarar este escenario de buena manera. De lo contrario, seremos simplemente espectadores de lo que suceda y eso determinará la posición que ocuparemos para el escenario post-Nueva Constitución.
Hay dos flancos abiertos para los sectores más conservadores en esta pasada. Por un lado, está el debate sobre la Asamblea Constituyente. Se equivocan aquellos que dicen que esto es solo la «forma» o el «mecanismo» para llegar a algo más. Para nosotros representa una nueva forma de democracia que se debe abrir camino en Chile y una de cuyas expresiones es la Asamblea Constituyente. Esto se enfrentará con una lógica que priorizará la participación, pero sin incidencia o capacidad real de transformarse en poder soberano. Por otro lado, está la discusión sobre qué queremos cambiar en el país, o sea, en el fondo, cuál es el proyecto. Para derribar las bases del neoliberalismo la discusión debe estar centrada en los derechos fundamentales y en soberanía. Esto se traduce en educación, salud, vivienda, etc., garantizadas por el Estado y financiadas a través de la recuperación de nuestros recursos naturales de las manos de las empresas transnacionales.
¿Suena a mucho? Sí, lo es. Sin embargo, la única forma de que esto siquiera genere algún ruido en el debate público es la a través de la posibilidad de ordenar bien las fuerzas disponibles.
Por un lado, está el movimiento social. Este es el espacio privilegiado de accionar que nos permitirá instalar horizontes, debates o propuestas concretas sobre la mesa. Ni la Alianza ni la Nueva Mayoría tienen la capacidad absoluta de controlar las calles, por lo que existe un grado importante de independencia que permite instalar ejes nuevos sobre la mesa. Para esto es clave un encuentro de los diversos actores sociales y que se impulse la bandera de Asamblea Constituyente con fuerza en los próximos meses. Esto, con movilización y propuesta, con convocatorias a la ciudadanía más allá de lo estudiantil, movilizaciones en las tardes específicas por este tema, reunir voluntades, etc. Todo, sin descuidar el escenario de conflicto particular de cada uno de los actores: reforma educacional a estudiantes, laboral a trabajadores, nueva carrera docente a profesores, etc.
Por otro lado está la constitución de fuerza política. Para que todo esto resulte ordenado y se sintetice luego en avances para las nuevas fuerzas, se necesita un espacio que vaya acumulando energía y que plantee los caminos a seguir en este gran debate. En cualquier escenario la apuesta debiese ser constituir una fuerza que sea incidente en los próximos debates y que reúna a todas las instancias transformadoras por la Asamblea Constituyente y que no se supeditan a las lógicas del duopolio político.
La misma Presidenta de la República puso la pelota en movimiento a propósito del debate constituyente. Esto a través de una lógica que parece imposibilitar la apertura desde una democracia representativa a una participativa. Que parece priorizar los cabildos por sobre el mismo proceso constituyente. Y aun así, no es algo menor. Se abre un poco el escenario y se abren consigo múltiples peligros, oportunidades y desafíos. En este escenario, como en tantas oportunidades, la única garantía que tenemos es que la última palabra la tengan los movimientos sociales y las nuevas fuerzas políticas que emergen a partir de estos.
Sebastián Farfán Salinas – Egresado de Historia, Universidad de Valparaíso