Tras el anuncio de ETA del cese de su actividad armada, diferentes organizaciones han reclamado la humanización de la política penitenciaria aplicada a los presos. «Hacemos de todo por ver a nuestros seres queridos» El final de ETA abre un tiempo inédito en el País Vasco Abordar «las consecuencias del conflicto». Esta frase se encuentra […]
Tras el anuncio de ETA del cese de su actividad armada, diferentes organizaciones han reclamado la humanización de la política penitenciaria aplicada a los presos.
«Hacemos de todo por ver a nuestros seres queridos» El final de ETA abre un tiempo inédito en el País Vasco
Abordar «las consecuencias del conflicto». Esta frase se encuentra tanto en la declaración emitida el 17 de octubre por los líderes internacionales que participaron en la Conferencia de Donostia, como en el comunicado de ETA en el que tres días después anunciaba el cese de su actividad armada. Desde entonces numerosas voces han reclamado que entre estas «consecuencias» es urgente que el Gobierno aborde la política penitenciaria. Pero, por su parte, ¿a qué se refiere la izquierda abertzale cuando habla de la situación de los presos y presas políticos vascos?
«El Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK según sus siglas en euskera) estaba formado, a primeros de octubre, por 688 personas. Entre ellas hay personas que han pertenecido a ETA pero también hay responsables de organizaciones políticas como Batasuna, personas que trabajaban en el ámbito político, el movimiento proamnistía, el movimiento juvenil, periodistas de Egin o personas relacionadas con diferentes sabotajes. Se encuentra dispersado en cerca de 90 prisiones en los Estados español y francés, Inglaterra, Irlanda, México y Portugal» explica Martín Troitiño, portavoz de Etxerat, la asociación de los familiares de los presos vascos.
«En la cárcel hay mucha gente que no está dentro de ETA, como, por poner un ejemplo muy conocido, Arnaldo Otegi. La política antiterrorista no sólo persigue a ETA, su lucha armada, sino a un espectro más amplio porque en realidad es una política ‘anti’ un proyecto político» sostiene Mitxel Sarasketa, un ex reo vasco que ha pasado 20 años en la cárcel.
«Aunque no se les reconozca oficialmente el estatus de preso político, se les aplica una política penitenciaria diferenciada y específica. El trato general no depende de cada cárcel, sino que es diseñado expresamente por Instituciones Penitenciarias, aunque cada prisión, según las directrices de Madrid, puede adecuar o endurecer las medidas» sostiene Troitiño. «Generalmente a los presos vascos se les aplica un régimen de primer grado. El más restrictivo y severo de la ley penitenciaria vigente».
20 horas en la celda
Aunque la situación puede variar de una cárcel a otra, la vida para una persona presa clasificada en primer grado suele consistir en estar entre 20 o 21 horas aislada en la celda; sufrir cacheos con una frecuencia que oscila entre varias veces al día y una vez a la semana; registros en las celdas con igual frecuencia; varios recuentos al día y uno de madrugada; el traslado con grilletes dentro de la prisión; ausencia de actividades de tratamiento; y unas dos o tres horas fuera de la celda en un patio pequeño sin contacto con otras personas, salvo con algún preso con quien se comparte patio.
«El estar organizados en un medio tan hostil es fundamental, si no cómo pueden defenderse de un régimen que está diseñado para deshumanizar a la persona», se pregunta Iñaki Usandizaga, familiar de un preso político vasco que cumple condena en la cárcel de Jaen II. «La ley contempla que el objetivo de la pena es reinsertar en la sociedad, la realidad nos demuestra lo contrario», remacha este familiar.
Según Troitiño, entre los presos vascos, el porcentaje de los que se encuentran en aislamiento es muchísimo más elevado que entre toda la población reclusa. Pero si hay una medida que ha sido denunciada por los presos políticos vascos y a sus familiares, ésta ha sido la dispersión. Diseñada por el entonces ministro de Justicia Enrique Múgica Herzog, ha sido aplicada de manera masiva desde 1989 para aislar social y afectivamente a los presos.
Según afirma Etxerat, cada fin de semana, para ir a visitar al conjunto de presos vascos, familiares y allegados tienen que recorrer miles de kilómetros, «tantos como para dar 20 vueltas al mundo o hacer hasta en dos ocasiones la distancia que va de la tierra a la luna». «Cada fin de semana recorremos 1.494 km de ida y vuelta para visitar a mi hermano, con un coste de 477,69 euros», explica Usandizaga.
«Cada visita es una auténtica aventura. Contamos con la inestimable ayuda de gente anónima que voluntariamente se presta a conducir el vehículo o vehículos, ya que entre los familiares hay mucha gente de avanzada edad que no puede conducir». Tantos desplazamientos han dado lugar a numerosos accidentes, con 16 personas fallecidas y numerosos heridos. El último, el 15 de octubre, cuando dos allegados de un preso sufrieron un accidente -heridas leves, pero el coche quedó destrozado- a la una de la madrugada cuando volvían de Aranjuez de realizar una visita.
«La rutina de las visitas es pesada y complicada, desde que tengo que llamar a la prisión por teléfono todas las semanas para concertar la hora y día de las visitas. Se da el caso que llamas y no te cogen el teléfono, a veces se tarda varios días, cuesta muchísimo contactar con la prisión. Una vez concertada la visita: preparar la bolsa, ropa, libros, revistas; contactar con los demás familiares, alojamiento, cuántos somos, qué vehículos, horarios, inclemencias metereológicas, etc.», desgrana Usandizaga.
«Política de venganza»
Según Troitiño, «en los últimos 20 años desde que empezó la dispersión, el gobierno español ha ido diseñando una política de venganza que nos ha afectado directamente a los familiares». A esto se suma que «el Estado ha seguido dando nuevas vueltas de tuerca, como la no liberación de presos enfermos hasta producirse situaciones límite, la puesta en marcha de la doctrina 197/2006 –doctrina Parot– que permite la aplicación de facto de la cadena perpetua, la puesta en marcha del juez único de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, la restricción del número de personas que pueden visitarles, los cacheos que se generalizan desde 2009, etcétera».
Actualmente el control de las comunicaciones es total. Únicamente diez personas pueden visitar a cada preso. Usandizaga lo explica así: «Mi hermano tenía una lista de visitas de 125 amigos, que contaba con la aprobación de Instituciones Penitenciarias, pero desde hace varios años, el Gobierno implantó una única lista de diez amigos, que se modifica cada seis meses. La lista previamente tiene que tener el visto bueno de la administración. El nuevo régimen de visitas tiene un objetivo claro, aislar al preso de sus familiares y amigos».
Usandizaga tiene una larga lista de agravios, «los familiares hemos pasado situaciones especialmente duras y vejatorias. En mi caso los registros corporales o cacheos por palpación comenzaron hace dos años. Antes no había este tipo de cacheos y no teníamos ningún problema en las visitas, ¿a qué venía eso entonces? Optaron por los cacheos sin ninguna necesidad y de forma arbitraria, con el objetivo de humillar a los presos y familiares y al mismo tiempo crear discordia y división. A día de hoy seguimos con los cacheos en Jaén II».
Según resume Troitiño, «estas medidas -que, de hecho, es reconocer implícitamente el carácter político de los presos vascos- se sitúan en una política de venganza, que quiere seguir con nuestro sufrimiento añadido y que se aleja del respeto escrupuloso de los derechos que nos corresponden a todos y todas».
No ha tenido mucha difusión pero al día siguiente del anuncio de ETA, la directora del Programa para Europa de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, reclamó que el Gobierno español aprovechara la ocasión y reformara todas las «prácticas antiterroristas» que han causado la violación de los derechos humanos, y citaba expresamente la dispersión.
Un laboratorio de la represión
«La política penitencia ha sido y es un laboratorio represivo al que se le han ido dando diferentes vueltas de tuerca» sostiene Martín Troitiño, portavoz de Etxerat. «En los años del postfranquismo se aplicaba un régimen casi militar y las entradas policiales a sangre y fuego en prisiones muy antiguas como Carabanchel, Soria o Puerto I eran muy habituales. El PSOE, cuando llegó por primera vez a La Moncloa, varió la estrategia y se abren nuevas prisiones de máxima seguridad. Las que llamamos en su día ‘de exterminio», ya que comenzamos a ver la muerte de presos y presas. Posteriormente, llegó la dispersión’, resume Troitiño.
Por su parte Mitxel Sarasketa, que entró en prisión en 1978 y fue excarcelado tras sufrir un derrame cerebral en 1998, coincide en que la política penitenciaria ha tenido diferentes fases. «En una época en la que los policías tenían orden de machacar a los presos en cada traslado, los cambios de cárcel eran continuos, a mí, por ejemplo, me trasladaron en 54 ocasiones, y tampoco es que fuese al que más le cambiaban de cárcel. Hoy en día, normalmente, el cambio continuo de cárcel ya no existe».
Hay presos que llevan 15 años en el mismo módulo en la misma cárcel. Otra característica de la dispersión es que también se produce dentro cada cárcel. Para separarlos se los reparte en diferentes módulos de la prisión. Hay presos en módulos de menores, de preventivos, de segundo grado… El gobierno utiliza los presos como rehenes, los convierte en mercancía política» sostiene Sarasketa.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-proceso-de-paz-vasco-se.html