La última víctima de la guerra civil

A Julián Grimau le apresaron en Madrid un 7 de noviembre de 1962 cuando regresaba de una cita que había mantenido con un camarada comunista llamado Lara. Había tomado un autobús de la línea 18 y junto a él embarcaron dos viajeros más. Resultó que pertenecían a la temida Brigada Político Social del comisario Conesa. De ahí a su fusilamiento el 20 de abril del año siguiente, sólo transcurrieron media docena de meses.

Julián Grimau era madrileño, de 1911. En los años de la República militó en el partido de Manuel Azaña, la Izquierda Republicana. Al comienzo de la guerra se decidió por el PCE. Trabajó en Barcelona, en la Brigada de Investigación Criminal (delitos comunes, recuerda Alejandro Rebollo). Concluido el conflicto cruzó la frontera. Vivió en Francia, en Latinoamérica y otra vez en Francia.

La oposición a Franco en los primeros años cincuenta abandonó la lucha armada de las guerrillas y estableció otras tácticas de desestabilización: la infiltración en la vida cotidiana española, en las universidades, en las fábricas. Julián Grimau fue elegido miembro del Comité Central del PCE en 1954. Unos años después se le encomendó dirigir al partido en el interior. Por el interior se entendía España. Grimau era un clandestino de renombre y relumbrón. Conesa le tenía vigilado y más que vigilado. Sólo necesitó de un chivatazo y lo demás quedó ocultó en la oscura DGS de la Puerta del Sol, la sede ahora del Gobierno autonómico de Madrid.

Pasó después del turbio episodio de la defenestración literal (¿intento de suicidio, intento de huida?) a la prisión de Carabanchel y de ahí al campo de entrenamiento donde fue fusilado: 27 balas y tres tiros de gracia. Era el último condenado de la guerra civil española.

En 1977 Jorge Semprún publicó «Autobiografía de Federico Sánchez», en la que responsabilizaba a Carrillo de su muerte.

Una foto antes de la muerte.

Alejandro Rebollo acompañó a Julián Grimau en sus últimas horas en el mundo. Estaban en una celda donde sólo una pared era de cemento y las otras eran rejas. Como en una jaula, a la vista de todos. El abogado asturiano recuerda aquellas horas con todo detalle. Hablaron de la familia de Grimau, de la encíclica que Juan XXIII había publicado recientemente, de los impresionistas franceses… Cuando llegó la hora el político le dijo a su abogado: «Como tengo que prescindir de las fotos, escoja una». A Rebollo le impresionó la que tenía de sus hijas Lola y Carmen, de 9 y 10 años. Grimau se la entregó y dejó escrito en su reverso una leyenda que ahora Alejandro Rebollo guarda como un verdadero tesoro. Se lee lo siguiente: «Al capitán Rebollo Álvarez-Amandi con todo agradecimiento y cordialidad. Gracias mil por su defensa. Con verdadero afecto y respeto Julián Grimau. Madrid, 20 de abril de 1963».

Rebollo: «Acepté la defensa por mi triple condición de militar, abogado y cristiano»

«Los testigos del consejo de guerra hablaban de oídas», dice el abogado

Contra Julián Grimau se presentaron los cargos de delito continuado de rebelión militar y alteración del orden público.

-Acepté la defensa por mi triple condición de militar, abogado y cristiano.

La alteración del orden público se refería a la organización o asistencia a reuniones con más de veinte personas, y el reparto e impresión de octavillas.

-Por esto se pedía todo lo más penas de prisión. Lo que sucede es que nada de esto se probó en el juicio.

La acusación de rebelión militar continuada contaba con que Julián Grimau se hubiera rebelado y que además lo hubiera hecho a lo largo de casi treinta años. Este último punto era muy importante. El expediente decía que Grimau, en su condición de secretario de la Brigada de Investigación Criminal, había torturado a miembros del bando nacional en Barcelona. Según el expediente, Grimau había sido jefe de la checa de la calle Berenguer.

-El código militar vigente entonces era el de 1945, y la rebelión militar prescribía a los veinticinco años. Como no convenía, acudieron al código anterior, el de 1894, que hablaba de treinta años. Pero mi defensa no fue por ahí. Yo negaba la mayor: no hubo tal delito».

Alejandro Rebollo recuerda que se presentaban testigos en el juicio que hablaban de oídas, de las supuesta torturas.

-Yo pregunté si habían sido torturados por Grimau, todos me dijeron que no.

Rebollo consiguió tres días para hacerse con el expediente. Había solicitado uno por cada mes que la documentación había permanecido en manos del fiscal.

-Hubieran podido despacharme en tres horas, que es lo que preveía la ley en aquellos casos».

El abogado asturiano sigue en ejercicio. Pertenece a los colegios de Oviedo y de Madrid y, como en el polémico proceso, sigue pensando que lo que no está en el sumario no está en el mundo. Un adagio latino que, afirma, escuchó por primera vez en las aulas ovetenses en las que se licenció. Algo de sentido común y, a la vez, algo pasado por alto en el proceso de Grimau.

-El fiscal se encaró con usted.

-Yo había dicho que el Valle de los Caídos se alzaba como símbolo de la reconciliación nacional de los españoles y que por eso el proceso contra Julián no tenía sentido. El fiscal dijo que yo negaba el Alzamiento Nacional. Pedí amparo de la sala aduciendo que lo único que había hecho había sido citar al jefe del Estado. Había sacado mis palabras de un discurso del propio Caudillo.

Fue condenado. La ley permitía que el abogado pasara las horas de capilla con el condenado y Rebollo y Grimau hablaron de la encíclica «Pacem in terris» de la que era partidario. Hablaron de su familia e incluso de literatura y pintura francesa.

-Me pareció siempre una buena persona. Me impresionó su honradez: dijo no recordar qué había pasado en la DGS. Después de duros interrogatorios se despertó en el hospital escayolado, con una herida en la cabeza donde cabía medio puño. Hubiera podido acusar a los policías, pero no lo hizo. Cuando le pedí una lista de testigos favorables tampoco me los dijo: no quería perjudicarles. Sus testimonios hubieran provocado represalias.

Una muerte en la memoria de Fraga, Carrillo y Semprún

La historia de Julián Grimau no concluyó con su fusilamiento. Alejandro Rebollo recuerda aquellos días y asegura haber sufrido «mucha presión psicológica». El juicio contra el político despertó una repercusión internacional hasta entonces inaudita: Juan XXIII, Nikita Jruschev, manifestaciones internacionales, 800.000 telegramas solicitando el final de un proceso que ya entonces se consideraba como una farsa.

Manuel Fraga, a la sazón ministro de Información y Turismo, inició una campaña en la que se acusaba a Grimau de dirigir la checa de la calle Berenguer de Barcelona, de haber asesinado o cruelmente maltratado a numerosas víctimas.

Todas estas acusaciones salieron publicadas en un folleto titulado «Crimen y Castigo», editado por el Ministerio dirigido por Fraga en aquel entonces. Ahora Fraga es senador. Hace una semana una propuesta de IU para la rehabilitación social de Grimau contó con los votos de todos los grupos de la Cámara alta menos el PP, Fraga incluido. Los populares argumentan que no consideran necesario abrir heridas de la guerra. Pero no sólo ha sido Grimau una espina para Fraga. Jorge Semprún, en «Autobiografía de Federico Sánchez» (1977), acusó a Santiago Carrillo de haber enviado a Grimau a España con el objetivo de que fuera preso. Grimau no acusó a ninguno de sus compañeros de partido.

Consejo de Guerra

Alejandro Rebollo

El Ejército, en tiempos de paz, y dejando a salvo los supuestos estrictamente castrenses, entre las funciones que le son propias no tiene la de juzgar, ni siquiera por delitos que vayan contra la seguridad del Estado. Era por tanto un cometido que se le imponía desde la ley, pero que no era ni lógico, ni tampoco propio de un Estado de derecho, porque legalidad y legitimidad son conceptos diferentes.

El Ejército fue, en varios aspectos, un instrumento de poder, pero lo fue inconscientemente para la casi totalidad de sus componentes. Ese poder estableció una legalidad que el Ejército acató, y todo ello dentro de un marco político en el que no era fácil juzgar o simplemente pensar sobre su legitimidad. En el primer momento ésta se fundamentó en el resultado de la guerra civil; más tarde en su propia continuidad según el viejo pero eficaz sofisma de que el poder legitima al poder.

Es cierto que un consejo de guerra sumarísimo lo constituían militares pero también era militar el defensor. Yo actué como tal, además de hacerlo como abogado, y esa condición militar fue una exigencia personal de enorme fuerza para impulsarme a realizar la mejor defensa de la que yo fuera capaz. Era un deber de cuyo cumplimiento me siento orgulloso y aquella experiencia cambió sustancialmente mi vida. En la motivación más íntima de mis convicciones democráticas, de mi lucha personal por la libertad, está indudablemente aquella vivencia. Y si es cierto que mi actuación entonces me ocasionó muchos problemas, lo es también que encontré compañeros que me animaron y comprendieron. Es uno de esos hechos que no deben olvidarse para que entre todos consigamos que nunca puedan repetirse.

Extracto de un artículo publicado por el abogado y político asturiano Alejandro Rebollo en «Diario 16» en 1985.