El Centenario de Presidente Allende es propicio para comparar los dos grandes proyectos de construcción económica y social que se han confrontado en el siglo XX en nuestro país. Uno de índole capitalista, el otro de orientación socialista. No es ésta una exclusividad chilena. Capitalismo y socialismo son los dos polos alrededor de los cuales […]
El Centenario de Presidente Allende es propicio para comparar los dos grandes proyectos de construcción económica y social que se han confrontado en el siglo XX en nuestro país. Uno de índole capitalista, el otro de orientación socialista. No es ésta una exclusividad chilena. Capitalismo y socialismo son los dos polos alrededor de los cuales se debate la humanidad. Así ha sido desde que la burguesía se adueñó del poder político, primero en Europa Occidental a lo largo del siglo XIX y luego en el siglo XX en gran parte del mundo. Pero su victoria no fue definitiva. A poco andar, se encontró con un nuevo contrincante, creado por ella misma, el proletariado, que también aspiraba al poder. El antagonismo entre capital y trabajo, entre burguesía y proletariado, entre capitalismo y colectivismo, entre liberalismo y socialismo, se inició en el siglo XIX, continuó a lo largo del siglo XX y vuelve a reproducirse en el siglo XXI. No se trata de desconocer otros proyectos ideológicos, Pero los adherentes de una u otra tendencia, al fin de cuentas se ven enfrentados a definirse frente a las grandes luchas de clase y a tomar partido a un lado o al otro. Es lo que sucede también con los nuevos movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo, el indigenismo, o el altermundialismo.
En el siglo pasado, el antagonismo entre burguesía y proletariado tomó distintas formas históricas, con sus triunfos y derrotas por ambos bandos. El hundimiento de una forma o proyecto de socialismo en la URSS y Europa Oriental, si bien golpeó duramente al movimiento obrero y progresista en todo el mundo, no puso fin a la lucha del proletariado. Nuevas formas o intentos de edificar estados socialistas con sus particularidades nacionales, han continuado o resurgido ya en esta primera década del siglo XXI. China, con un impresionante crecimiento productivo y reducción de su atraso y pobreza; otro tanto en el caso de Vietnam, ambos con sus economías socialistas de mercado, la insistencia de Corea del Norte en su particular modelo neo-estalinista y la resistencia heroica de Cuba con sus grandes progresos en educación y salud, a pesar de la agresión norteamericana. En nuestro continente surgen de contiendas electorales, gobiernos antineoliberales, nuevas democracias con orientación socialista, buscando nuevos caminos para el socialismo del siglo XXI y ante una feroz oposición de los privilegiados. La caída de los regímenes del este europeo no significó el fin de la historia. La lucha de clases continúa vigente con variados e inéditos formas de lucha. Incluye frentes tan variados, como la liberación de la mujer, la oposición al racismo, las demandas de los pueblos originarios, la amenaza imperial y el terrorismo, la lucha por el control y la preservación de los recursos y del medio ambiente del planeta.
El liberalismo de Adam Smith fue la doctrina de la burguesía joven, cuando luchaba contra los señores feudales, el estado aristocrático y sus reglamentaciones que la ataban. El neoliberalismo es la doctrina de la burguesía vieja, monopolista y parasitaria, siempre temerosa de perder sus privilegios, antiobrera, recelosa de los movimientos sociales populares. El mayor éxito de los neoliberales en las últimas décadas fue dividir a los trabajadores, atomizarlos, debilitar sus sindicatos y partidos, imbuir a la sociedad de individualismo, de consumismo, contrapuesto a la solidaridad y a la conciencia de clase. La gran burguesía despojó al proletariado de muchas de sus conquistas logradas en las décadas anteriores. Privatizó empresas y servicios públicos, amplió y consolidó una cesantía masiva y estructural. Creó un clima permanente de inseguridad, de miedos, de tensión. El neoliberalismo es la doctrina de la oligarquía financiera, de sus transnacionales, de las grandes potencias que pretenden adueñarse de la riqueza natural y de la fuerza de trabajo humano, hasta en el último rincón del planeta. La globalización neoliberal es la pretensión de someter a todos los estados, a todos los pueblos, a sus dictados, desconociendo las normas de las Naciones Unidas, las convenciones los tratados, todo para acrecentar sus capitales y su dominio mundial, sea por el engaño o la fuerza bruta.
En América Latina, como en otros continentes, la aplicación del libre mercado exacerba las desigualdades y las injusticias. En Chile, los pinochetistas impusieron las bases del modelo neoliberal a sangre y fuego. Los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, si bien restituyeron parcialmente algunos derechos y beneficios que tenían los trabajadores, a la vez extendieron el sistema neoliberal y santificaron los retrocesos de de la dictadura. Las transnacionales y los monopolios, cada vez más poderosos, no cesan nunca de exigir y obtener nuevas prebendas. La Derecha y la Concertación disputan, pero siempre terminan en acuerdos parlamentarios para repartirse los cargos en instituciones claves como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, la Televisión Nacional y el Banco Central. Como resultado de la continuación de las políticas neoliberales y excluyentes, las diferencias entre obreros permanentes y transitorios, entre hombres y mujeres, entre grandes y pequeños empresarios, entre altos ejecutivos y sus empleados, entre ricos y pobres, entre la clase política y los ciudadanos, se han vuelto cada vez más odiosas.
Algunos pretenden que el neoliberalismo es lo moderno, lo progresivo. Encandilados por los avances tecnológicos, sin ver su doble carácter ni lo dañino que puede ser su utilización para el lucro capitalista, afirman que el programa de Allende es lo atrasado, estaría obsoleto sería un retroceso. Lo cierto es que todo el sistema neoliberal actual, la Constitución pinochetista, sus decretos y sus instituciones fue, para la gran masa de chilenos, un gran retroceso histórico de casi un siglo, el regreso a una época cuando los sindicatos eran ilegales, las organizaciones sociales no reconocidas, los partidos obreros excluidos, la riqueza y el poder de terratenientes y oligarcas, absolutos y ostentosos. La Constitución de 1925 y sus mejoramientos democráticos posteriores, así como sus leyes sociales, empresas y servicios del estado, la industrialización, la defensa y acrecentamiento del patrimonio público, el desarrollo cultural, fueron el gran progreso, fruto de las luchas obreras y populares. Todo fue arrasado por la dictadura y luego aceptado y aplaudido por quienes prometieron enmendarlo. Allende y la izquierda consecuente no fueron meros continuadores de los progresos alcanzados hasta 1970, sino que se proponían seguir avanzando, resolver las contradicciones pendientes del modelo de industrialización sustitutiva, independizar al país del imperialismo y abrir camino al socialismo.
El Programa de la Unidad Popular en sus líneas fundamentales planteó cambios estratégicos que siguen siendo necesarios. La nacionalización total del cobre fue convertida en desnacionalización quedándonos apenas con el 30% de la producción. La renacionalización es hoy más necesaria que hace treinta años. Debido a la revalorización del cobre, el oro, la plata, el molibdeno y otros metales estratégicos, de la importancia de nuestros bosques nativos, de las fuentes de agua, etc, Chile podría ahora marchar hacia un desarrollo sustentable y equitativo, si se aplicara y ampliara la norma que Allende incorporó a la Constitución y que Pinochet, escamoteó por medio del engendro antijurídico de las «concesiones plenas». Los gobiernos de la Concertación no han tenido el coraje de anularlas. Los monopolios transnacionales y grupos financieros nacionales se han apoderado de la electricidad, las telecomunicaciones, las autopistas, la infraestructura, la televisión, las radios, el agua, las mejores tierras, los bancos, las grandes tiendas y supermercados, los ahorros provisionales, los servicios sanitarios, las escuelas y las universidades. Abusan de los consumidores y usuarios, del presupuesto del estado, de sus trabajadores y de los pequeños empresarios que dependen de ellos.
Las bancos y las 90 empresas o grupos monopolistas de entonces que la UP se proponía socializar, eran suficientes para que el estado tuviera un alto grado de control sobre la economía. Por eso el Programa establecía un amplio espacio para la iniciativa privada, apoyo para las pymes y los capitales no monopolistas. La salud y la educación públicas continuarían financiadas fundamentalmente por el estado, pero con un sistema impositivo justo y con los excedentes de las grandes empresas del estado. Hoy, la salud, la educación y las jubilaciones ya no son necesidades públicas, sino negocios privados, para el lucro de unos pocos. Durante «los 1.000 días de Allende», las políticas de pleno empleo, de disminución de la pobreza y de mejoramiento de la distribución de los ingresos, fueron logros indiscutibles, no superados hasta hoy, como lo ratifican las estadísticas comparadas. Se demostraron posibles y por eso siguen siendo demandas de hoy. El apoyo a los campesinos que recibieron tierra, maquinarias e insumos del estado; el reconocimiento y devolución de tierras al pueblo mapuche, la construcción de viviendas dignas y sólidas para los trabajadores, el mejoramiento de las pensiones y el derecho a los jubilados a participar en la administración de sus ahorros, fueron hechas realidad, por eso siguen siendo aspiraciones legítimas y viables. El Programa de Allende proponía una reforma judicial para que la justicia estuviera al alcance de la población modesta; simplificaba y abarataba el sistema parlamentario, estableciendo una sola Cámara. Todas sus propuestas iban en dirección hacia una democracia más real que formal, participativa más que representativa. El poder popular se concebía como parte integrante y no como antagónico o rival del gobierno popular.
El Programa de la UP perseguía establecer los cimientos de una sociedad socialista en democracia, es decir en consulta y respeto a la voluntad popular. Ni los comunistas ni ningún otro sector dentro de la UP, ni menos Allende, pensaban en imitar el modelo soviético, yugoeslavo, cubano o de otro país. Nos basábamos en nuestra historia y nuestras tradiciones. El PCCH desde 1952 y más formalmente desde su X Congreso, (1956) realizado antes del XX Congreso del PCUS, venía planteando para Chile un socialismo en democracia, aunque sin profundizar en el tema, ya que la teoría no podía sustituir, sino nutrirse y comprobarse en la práctica. Para levantar el nuevo estado popular, era forzoso y prioritario liberar a Chile de la sumisión de los gobiernos pasados al imperio norteamericano y defender a toda costa la continuidad democrática. Especialmente había que asegurarse la lealtad de las FF.AA a la Constitución y a la voluntad soberana del pueblo, tarea no resuelta por la izquierda. La UP se abrió al mundo, fue respetada en Europa, tuvo la cooperación del campo socialista y la simpatía del Tercer Mundo. Fue el primer gobierno chileno y sudamericano en establecer relaciones plenas con China y Vietnam. Se llevó a la práctica varias iniciativas hacia la integración latinoamericana.
La construcción del camino socialista, ya lo sabíamos, requeriría un tiempo mayor a un gobierno de seis años. Se iban a necesitar varios gobiernos, incluso varios decenios. El cambio económico así como el cultural, son más lentos que el cambio político. El socialismo no se implanta de la noche a la mañana como lo propician los afiebrados, los que con una lectura mal digerida de Marx y Lenin, creen saberlo todo. Por eso la propuesta de las tres áreas de la economía, la social, la privada y la mixta. Ya suponíamos que se podía y debía utilizar la planificación como el mercado, pero no controlado por monopolios. Hoy, podríamos agregar también que junto a la propiedad estatal, cabe dar espacio a diversidad de formas de propiedad social, entre ellas, la regional, municipal, además de la autogestión y las cooperativas. Por tanto no se trataba de estatizarlo todo, ni menos expropiar a todo capitalista, fuera pequeño o mediano empresario, a aún grande o extranjero. Por el contrario, las pymes fueron tratadas por Allende y sus colaboradores, como un sector a ser respetado y estimulado a organizarse con ayuda del estado, en el marco del respeto a la ley.
Perseverando en la ruta de Allende y del Programa de la Unidad Popular , sacando lecciones de los treinta años pasados, de sus luchas y de las demandas populares, teniendo en cuenta la crisis del modelo neoliberal y del sistema político excluyente estamos ya en condiciones de «abrir las grandes alamedas» a las que Allende nos convocó.
José Cademartori (Ex Ministro del Presidente Allende)