Pasan los días, y va extendiéndose la inquietud en torno a las dificultades que estaría afrontando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para cumplir su programa. Hasta ahora, en realidad, poco o nada se sabe respecto a cómo se van a cumplir las promesas en materias como la reforma de la educación o el […]
Pasan los días, y va extendiéndose la inquietud en torno a las dificultades que estaría afrontando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para cumplir su programa. Hasta ahora, en realidad, poco o nada se sabe respecto a cómo se van a cumplir las promesas en materias como la reforma de la educación o el cambio de la Constitución. En política tributaria sólo existe el anuncio de que el 31 de marzo se enviará el proyecto al Congreso. Se han iniciado conversaciones con el gran empresariado para concordar un texto que acepte ese sector, el cual prestó significativo apoyo económico a la campaña de la actual presidenta. Los jefes de la CPC y la Sofofa han formulado advertencias para que la reforma tributaria no «desaliente» la inversión. Se trata de mensajes elocuentes en el críptico estilo que impone el marco neoliberal del modelo.
Crece la sensación de que las reformas estructurales anunciadas no están todavía bien definidas porque no han sido concensuadas entre los partidos de la Nueva Mayoría ni con los intereses de clase que representan. El programa de Bachelet da la impresión de estar aún cocinándose «al baño María», sin mucho apuro y tomando todo tipo de precauciones para no desestabilizar el modelo que sólo se pretende modernizar. Pasada la euforia de la campaña electoral -que hizo hervir las promesas-, se ha entrado en la etapa de moderar los ánimos y rebajar las expectativas. Se buscan amplios acuerdos político-sociales que permitan gobernar un país fracturado por la desigualdad que ubica a Chile con los peores índices de la OCDE. Personeros caracterizados de la coalición de gobierno han enfatizado en estos días que el programa no se podrá realizar en este periodo presidencial. Se necesitarán, dicen, tres o cuatro periodos para alcanzar sus objetivos. O sea, alrededor de 16 años. ¿Dará para tanto la paciencia de los chilenos?
Desgraciadamente, la paciencia es una variante compleja, sobre todo en política, más aún en un país como Chile que manifiesta enorme desconfianza por los políticos y sus prácticas. La mayoría de la gente perdió la paciencia hace tiempo y no está dispuesta a seguir esperando. Una encuesta reciente indica que un elevado porcentaje de ciudadanos opina que la presidenta Bachelet no cumplirá todo lo prometido.
Hay que tomar en cuenta que el gobierno -al contrario de lo que señala el nombre de fantasía de su coalición- no representa a la mayoría. Surge de una elección que registró más del 58% de abstención. Confrontado con el total del electorado, el porcentaje real que obtuvo Bachelet fue sólo del 25%, aunque hoy sin duda debe ser algo más. De modo que este gobierno necesita aplicar suma urgencia a la tarea de materializar sus promesas si pretende ampliar su base social y política y, además, prolongarse a tres o cuatro gobiernos más, objetivo en extremo difícil si se considera que Bachelet fue el salvavidas de la coalición y que ésta carece de otro liderazgo similar.
Por otra parte, la Nueva Mayoría tampoco es nueva. Se trata de una ficción que hay que despejar si pretenden trazarse lineamientos políticos valederos. La coalición representa casi exactamente las mismas fuerzas políticas que vienen gobernando desde 1990, salvo los cuatro años de Piñera que fueron muy poco diferentes a los de la Concertación. Lo único «nuevo» -y sólo hasta cierto punto- es la incorporación del Partido Comunista. Pero esto también es relativo puesto que el PC viene votando por la Concertación desde 2010, lo cual le permitió ingresar a la Cámara de Diputados a pesar del sistema binominal. El PC apoyó a Frei Ruiz-Tagle -en la segunda vuelta- mediante un pacto llamado «Doce compromisos por la democratización y el avance social de Chile». Ese documento abarca casi todos los aspectos que ahora profundiza el programa de la Nueva Mayoría, incluyendo una nueva Constitución Política.
Aunque el programa de Bachelet fue discutido por numerosas comisiones de expertos, da la impresión que todavía no se superan fuertes diferencias entre los partidos. Por ejemplo, en materia educacional y en el papel que se asignará a la educación privada subvencionada versus una educación pública fortalecida como elemento esencial de la enseñanza básica y media. Lo mismo parece ocurrir respecto la educación superior. Partidos de la coalición -y de la oposición- participan en el negocio de la educación en todos los niveles. Salvo el PC, que después de las elecciones se deshizo de la Universidad Arcis, los partidos mantienen esos enclaves y sin duda pondrán en juego sus influencias a la hora de materializar el proyecto destinado a terminar con el lucro.
En lo que respecta a la reforma tributaria, aunque parecía lo más sencillo de implementar pues el empresariado está de acuerdo en meterse la mano al bolsillo, también se está marcando el paso a la espera de un acuerdo de los partidos acerca de su operatividad y eficacia. También esa medida pasa por el diálogo con la Alianza derechista en el Congreso. Aunque el gobierno tiene mayoría en ambas Cámaras, su propósito es consensuar los proyectos. «No pasar la aplanadora» parece ser la consigna más consistente del oficialismo en su esfuerzo de dejar contentos a moros y cristianos. La propia presidenta se ha encargado de afirmar en El Mercurio -como corresponde- que el programa no es un dogma. De modo que sin duda seguiremos viendo la escuela del pragmatismo en la conducta de la ex Concertación reforzada.
Más grave es la situación de la prometida nueva Constitución. No hay indicio -cualquiera sea el mecanismo a utilizar- que la iniciativa se vaya a poner en marcha pronto. Ya se habla de seis meses antes de dar cualquier paso en ese sentido. Lo único claro -lamentablemente- es que en ningún caso se intentará convocar a una Asamblea Constituyente, elemento esencial de legitimidad que realmente abriría un «nuevo ciclo» en la historia del país, superando los resabios de la tiranía y permitiendo terminar con los criterios neoliberales que predominan en la institucionalidad.
Si este gobierno pretende abrir un «nuevo ciclo» debe adoptar definiciones convocantes de apoyo popular, salir del pantano de la ambigüedad y tomar decisiones que muestren una voluntad política que supere la pasividad, la incertidumbre y la desconfianza ciudadana. ¿Será como pedir peras al olmo? ¿Habrá que esperar a que surja una mayoría real, capaz de impulsar los cambios que Chile necesita?
Edición Nº 800, 21 de marzo, 2014
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