El programa unitario de la Izquierda para las elecciones de diciembre

I. Chile necesita una alternativa

En Chile, en Latinoamérica y en todo el mundo un pequeño porcentaje de la población posee grandes riquezas mientras las mayorías padecen serias necesidades. Esta minoría, se ha apoderado sistemáticamente del poder político, la fuerza económica y la tecnología. Este proceso demoledor de las soberanías e independencias nacionales, alcanza su máxima expresión en los Tratados de Libre Comercio (TLC), o específicamente en la intención de imponer el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

Así, hoy el gran capital domina los medios de producción y también el pensamiento, mediante el control de los medios de comunicación e información. En el actual estado de cosas, la antigua solidaridad se ha ido evaporando y en definitiva, se ha llegado a la desintegración del tejido social y la desconexión de las personas entre sí a pesar de las penurias generales. Los referentes políticos y sociales no han escapado a esta fragmentación.

El proyecto neoliberal de la dictadura, hecho suyo por la Concertación, agotó su tiempo y defraudó las esperanzas de la mayoría popular.

Tenemos fe fundada y certeza de experiencia, en la posibilidad de articular al más amplio conjunto de fuerzas políticas y sociales de izquierda, progresistas y antineoliberales para conformar un gran movimiento que haga retroceder decididamente las actuales condiciones de desigualdad e injusticia social. La tragedia sorda que experimentan hoy nuestros pueblos, requiere de responsabilidad y lucidez para desarticular con rapidez la tiranía, ya no sólo de las armas, sino del dinero.

Como nunca antes, vivimos tiempos favorables para que las fuerzas antineoliberales enfrentemos unidos este régimen. Esto no es utopía ni demagogia. En el Chile de antes de la dictadura de Pinochet hubo gobiernos que se preocuparon del bienestar del pueblo y de la nación, como el gobierno de Pedro Aguirre Cerda que hizo dar al país un salto en materia de educación pública e industrialización del país, y el de Salvador Allende, que nacionalizó el cobre y demás riquezas básicas, profundizó la reforma agraria, incorporó al área pública empresas estratégicas y redistribuyó por primera vez de manera sustantiva los ingresos. Hoy la lucha del pueblo avanza nuevamente en dirección de un Chile justo, solidario y democrático.

Por otra parte, en el mundo crece el rechazo al neoliberalismo, en particular en América Latina.

Desde esta posición de coincidencia de diagnóstico y voluntad con diversas fuerzas, hemos venido sosteniendo diversas convergencias tanto en la acción como en la reflexión conjunta, en el ánimo de avanzar en la conformación de un Movimiento que posibilite la más plena y democrática participación de las organizaciones sociales y políticas del pueblo y cuya dirección sea la transformación política y social de nuestro país que nos conduzca a una democracia real. Creemos entonces, que es el momento político e histórico adecuado para recoger la experiencia de estas últimas décadas y volcarla en el desarrollo de una voluntad que unifique la diversidad de expresiones en una fuerza capaz de ofrecer una alternativa política social viable para Chile.

Este movimiento debe constituirse en todo nuestro país, amplio, diverso, fuerte, organizado, solidario y no violento. Orientado a generar la convergencia, de hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores, pueblos originarios y de toda organización, por pequeña que esta sea, para crear un futuro digno, en el que nuestro pueblo recupere los derechos que le fueron arrebatados primero por la fuerza y hoy por la amenaza del despido y la marginación.

Hacemos nuestras las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de la Confederación de Federaciones Estudiantiles de Chile, CONFECH, y de otros sectores. Apoyamos también las luchas y demandas por justicia, democracia y libertad de las organizaciones laicas y religiosas, los intelectuales, profesionales y artistas, los micro, pequeños y medianos empresarios, agricultores y mineros, los pescadores, empleados del comercio y servicios. Todos ellos están llamados a participar en la generación y construcción de nuevos y originales modelos políticos, económicos, sociales y culturales democráticos y progresistas, que reemplacen el injusto modelo vigente. Los cambios que requiere el país sólo serán posibles si son impulsados por grandes mayorías que accedan al gobierno y al poder.

La presente plataforma programática se presenta como un primer esfuerzo por congregar diversas miradas de la situación actual y encontrar soluciones reales y efectivas que permitan a nuestro pueblo un desarrollo económico productivo, con empleos y sueldos dignos, con un modelo sustentable en lo ecológico y en lo social y cultural.

II. Un proyecto nacional de desarrollo económico y social

El problema de Chile no es el crecimiento económico, sino el desarrollo económico y la mala distribución de la riqueza, la sobreexplotación de los trabajadores, la falta de regulación y control estatal sobre los grupos económicos y las transnacionales y la legislación laboral que intentan hacer aún más contraria a los intereses de los trabajadores.

El cambio de estrategia de desarrollo será posible sobre la base de potentes organizaciones sociales, de un Estado que regule y controle las inversiones extranjeras y las concentraciones monopólicas y sus efectos negativos sobre los pequeños y mediano productores y los consumidores, y juegue un rol emprendedor en la reindustrialización del país, superando la injusta condición de solo productor y exportador de materias primas, y de una estrategia de integración y cooperación con los países de América Latina.

1) Derecho al trabajo

Tarea prioritaria de un gobierno democrático será impulsar un Plan Nacional de absorción del desempleo, creando puestos de trabajo productivos y estables mediante el despliegue desde el Estado de proyectos de desarrollo industrial y de obras públicas de carácter social (caminos, parques, bosques, lagunas, puentes, etc.); de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa artesanal, industrial y agrícola, de estímulos y facilidades para el establecimiento de cooperativas y empresas de economía solidaria, creando las condiciones para que tengan mercados para sus productos.

Deberá modificarse la legislación laboral de manera de resguardar los derechos de los trabajadores, sobre todo los del subcontrato y las demás formas de trabajo precario; de asegurar mayor estabilidad laboral y protección social reformando el Código del Trabajo para asegurar el rol del sindicato y restableciendo el derecho a huelga por decisión de los trabajadores y sus organizaciones, a la negociación colectiva supraempresa terminando con los grupos negociadores donde exista sindicato y con el descuelgue y el reemplazo durante la huelga.

Los trabajadores de contratistas y subcontratistas deben tener el mismo salario que los trabajadores de igual función de la empresa donde desempeñan su labor, la que a su vez será responsable del pago de los salarios de sus contratistas y subcontratistas en caso de falencia de estos últimos. Se buscará los mecanismos que garanticen para los trabajadores de la pequeña y mediana empresa una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

La jornada semanal de trabajo será de 40 horas, y en las empresas de trabajo continuo habrá un mínimo de 3 turnos diarios. El salario mínimo será de $150.000 para los trabajadores con contrato indefinido, y se incrementará en 20% para contratos a plazo fijo, temporeros y trabajadores eventuales, y en otro 20% en las regiones I – II – III – X – XI y XII.

2) Redistribución del ingreso

Para lograr una efectiva redistribución del ingreso proponemos:

a) Reajustar los sueldos, salarios y pensiones mínimos.

b) Realizar una Reforma Tributaria que contemple:

1) radicar la tributación de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas, como ocurre en la actualidad, haciendo que el Impuesto de 1ª Categoría -impuesto a las utilidades de las empresas- disminuya de 17% a 15% pero deje de ser un crédito al impuesto personal y se pague de manera efectiva por los propietarios y socios de las empresas, suprimiendo todas las franquicias y evasiones, las exenciones y rebajas para la inversión especulativa bursátil y financiera, las exenciones y rebajas al impuesto adicional, incorporando la obligación de presentar balances y otros estados financieros junto con el formulario de declaración de Impuestos, y a las empresas que tengan pérdidas superiores al 25% del capital por más de 5 años, la obligación de poner término a su actividad o aumentar el capital. Sólo existirán rebajas e incentivos tributarios para la inversión productiva creadora de empleo y desarrollo regional.

2) establecer un IVA diferenciado, de 5% para los alimentos, medicamentos, libros, útiles escolares y otros productos de primera necesidad, la construcción, servicios personales y artesanales, de 25% para los productos suntuarios y de lujo, y de 15% para el resto de los productos y servicios.

c) Ley de Propiedad Participativa de los Trabajadores (PPT). Se promoverá mediante un descuento tributario, a las empresas privadas que implementen este sistema, el cual implica una participación decisiva de los trabajadores en la gestión y las utilidades de la empresa.

d) Poner fin al cargo fijo de la luz, agua, gas, teléfono, alcantarillado y extracción de basura.

e) Que el gobierno fije un tope a las tarifas de los servicios básicos: luz, agua, gas, transporte y teléfono.

f) Reformular el Presupuesto Nacional, priorizando el gasto y la inversión públicos en la salud, educación, vivienda y obras públicas.

g) Establecer una ley que fije las diferencias máximas entre los ingresos más altos y los más bajos.

3) Soberanía sobre el cobre y nuestras riquezas básicas

Chile debe ejercer soberanía plena sobre su territorio, sus recursos naturales, tierra, subsuelo, aguas, mar, explotándolos racionalmente.

El cobre es chileno y debe ser explotado en beneficio de Chile y su pueblo. En 2004 representó el 50% de las exportaciones chilenas y unos 4.000 millones de dólares de ingresos fiscales, 3.300 de ellos por cuenta de CODELCO, lo que representa el 20% de los ingresos del Presupuesto Nacional.

Una política nacional para el cobre exige regular su producción para evitar la sobreproducción mundial y caída de su precio; cobrar un royalty de 10% sobre el valor del cobre fino extraído, caminar decididamente hacia la renacionalización de las 19 empresas transnacionales que hoy están en nuestro país; hacer efectiva la tributación a las empresas transnacionales; incentivar la fundición y refinación en Chile de todos los concentrados e industrializar el cobre en Chile, expandiendo y fortaleciendo CODELCO, traspasar al Presupuesto Nacional el 10% de las ventas de cobre que se entrega a las Fuerzas Armadas. Todo ello en camino a la nacionalización de todos los yacimientos cupríferos de la gran minería.

También debe cobrarse royalty por la explotación de otros minerales, recursos acuíferos, pesqueros y forestales.

Hay que modificar la legislación sobre el aprovechamiento de aguas, para terminar con la especulación, fraude, acaparamiento y apropiación del recurso por compañías extranjeras y otros grupos minoritarios.

Se debe legislar sobre el uso beneficioso de los derechos de aguas para evitar el acaparamiento y manejo especulativo de los derechos de agua no utilizados, con lo cual se disuaden las reclamaciones de agua con fines especulativos y se permite planificar el uso de las cuencas. Debe pagarse patente por el uso del derecho de aprovechamiento, y otra patente por el no uso del derecho.

Para ello el Estado debe jugar un rol principal en la promoción de nuevas tecnologías y en el mejoramiento de la productividad, creando un mercado interno a través de la redistribución del ingreso, estableciendo aranceles para proteger la producción nacional y suprimiendo todas las facilidades que hoy se otorgan a las importaciones; estimulando el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios y productores agrarios que generen empleo en sus territorios, especialmente de la empresa comunitaria, cooperativas y otras formas de economía solidaria; renegociando las cláusulas de los tratados de libre comercio que impiden que el estado promueva la producción con mayor valor agregado; regulando y controlando las inversiones extranjeras y desarrollando una estrategia de integración y cooperación con las naciones hermanas de América Latina.

La política de tratados de libre comercio impulsada por los gobiernos de la Concertación -que ha sido provechosa para las grandes empresas exportadoras, pero desastrosa para la mayoría de los productores pequeños y medianos, que sólo participan en el 4% de la exportación total del país- debe ser reemplazada por otra en la que el Estado se responsabilice del financiamiento y capacitación de las Mipymes, comenzando por el refinanciamiento a mediano o largo plazo de sus actuales deudas a través del BancoEstado o por créditos directos de CORFO, sin intermediación de la banca privada. Postulamos iniciar la reindustrialización del país haciendo realidad las promesas incumplidas de una segunda fase exportadora.

La CORFO debe retomar su rol de fomento de la producción, creando o aportando con capitales a la creación de industrias, asociándose con empresas nacionales y/o extranjeras que estén dispuestas a invertir, o incluso con empresas municipales en proyectos de carácter regional. Eso exige modificar el Art. 19 Nº 21 de la Constitución que no permite que el Estado pueda tener actividades empresariales. Se debe eximir de tributación durante sus primeros años a estas empresas productivas, sean privadas, mixtas o estatales.

Proponemos:

* Terminar con la apertura de fronteras a las importaciones subsidiadas de leche, carne, cereales y remolacha, y mantener las bandas de precios.

* Recuperar y asignar a los campesinos las tierras expropiadas por la Ley Nº 16.640 de Reforma Agraria de 1967, que se encuentran en poder de diversos organismos del Estado.

* Revisar las infracciones legales y fraudes cometidos en perjuicio de los campesinos al devolverse las tierras expropiadas durante la dictadura, reparando a quienes fueron excluidos de sus tierras.

* Expropiar y restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas desde Septiembre de 1973.

* Revisar la situación de los derechos de aguas de las comunidades campesinas e indígenas y de los pequeños agricultores, restableciendo y regularizando sus derechos, impulsando un plan especial de obras de riego.

* En las grandes ciudades y en especial en la Región Metropolitana, el Ministerio de Agricultura debe controlar las tierras agrícolas, para evitar su desviación a otros fines: viviendas urbanas, parcelas de agrado, explotaciones forestales, y la división injustificada de los predios agrícolas hasta ½ hectárea.

* Establecer el rol insustituible de la agricultura campesina en la producción de una base nacional alimentaria de productos básicos, por encima de los tratados de libre comercio suscritos o posibles de suscribir en el futuro.

* Perfeccionar el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, como entidad estatal de fomento y desarrollo de la agricultura familiar campesina.

* Crear un Banco Público Agrícola que se haga cargo de la asistencia financiera de la agricultura familiar campesina y de otras organizaciones productivas del medio rural, que cree un poder de compra del Estado y reciba productos agrícolas en parte de pago.

* Dictar una ley de fomento a las cooperativas campesinas que estimule ésta y otras formas de asociación mediante facilidades tributarias y crediticias y el compromiso de compra de sus productos por el Estado.

* Garantizar la más amplia libertad sindical y de negociación colectiva, creando el sindicato comunal, que por su estructura territorial, puede dar cabida a los trabajadores (as) de las diversas unidades productivas del área silvoagropecuaria.

* Crear un Fondo de Desarrollo y Capacitación Rural. En el ínter tanto, el Estado debe destinar los fondos necesarios de sus programas anuales, previa discusión con los involucrados.

6) Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería

* Para el fomento de la pequeña minería, ENAMI debe mantener poderes de compra con plantas de beneficio propias, tanto de concentrados como de precipitados de cobre y reponer el poder de compra del Estado del Oro para los artesanos, pequeños y medianos mineros, y con plantas mixtas en ciertas comunas del norte.

* Invertir el proceso de búsqueda de reservas con capitales estatales, para encontrar nuevas minas y así evitar el agotamiento y término de la pequeña minería.

* Investigar en productos de mayor valor agregado que permitan mejores precios a la pequeña y mediana minería.

* Cuando el precio del cobre baje de los 90 centavos de dólar la libra, apoyar el precio de los metales con subsidios y créditos de estabilización personales. ENAMI debe obligatoriamente publicar sus tarifas de maquila.

* Apoyar la inversión para el desarrollo de las minas, otorgando créditos sin intereses para compra de equipos, capital de trabajo y emergencias.

* Crear una nueva refinería de ENAMI en la III o IV Regiones, para procesar los productos de la pequeña y mediana minería a costos competitivos con la gran minería.

7) Apoyo a la Pesca Artesanal

* El Estado debe controlar la pesca industrial, estableciendo un royalty pesquero y un límite máximo de captura, y prohibiendo la pesca industrial de arrastre al interior de la costa reservada a la pesca artesanal y aumentando ésta de 5 a 7 millas.

* Fomentar la creación de diversas empresas de propiedad de los pescadores artesanales, centros de acopio, apoyo a la comercialización de sus productos, entregando capacitación y asistencia técnica y social al sector, protegiendo las caletas de pesca artesanal.

8) Política energética

Para resolver la crisis energética que Chile arrastra producto de las restricciones a las importaciones de gas argentino y el alza del precio del petróleo, hay que diversificar la matriz energética y recuperar el rol estratégico del Estado en las inversiones pues el sector privado no invierte en función de las necesidades nacionales sino de expectativas de ganancia inmediata. La seguridad energética sólo puede ser realidad con el concurso directo del Estado.

Proponemos que la Comisión Nacional de Energía se abra a la participación de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en sus decisiones, se desplieguen formas no tradicionales de energía (eólicas, solares, geotérmicas, biogas), se impulse la construcción de centrales hidroeléctricas pequeñas a lo largo del país conjuntamente entre el Estado y capital privado, se recupere la explotación del carbón nacional y se elabore una política de explotación del litio por el Estado mediante asociaciones con empresas privadas chilenas o extranjeras, para el control y aprovechamiento futuro por el país de este importante recurso energético. En la zona de Lota – Coronel, el Estado debe crear centrales termoeléctricas que consuman sólo carbón chileno.

Por su parte, la integración de Chile a la alianza energética latinoamericana que impulsa Venezuela, contribuiría sustancialmente a resolver la crisis energética que sufrimos. Países como Venezuela, Argentina y Bolivia, tienen reservas sustanciales de petróleo y gas, justamente uno de los elementos de los que hoy carecemos.

9) Previsión social

Postulamos un cambio profundo del actual sistema de AFP, poniendo fin al negociado especulativo de los grupos económicos que se han hecho dueños de estos recursos, disminuyendo la comisión de las AFP en dependencia de la rentabilidad que perciban los trabajadores, ampliando la cobertura y aumentando las pensiones, participando los trabajadores en la administración de los fondos.

Con el actual sistema, no más de una quinta parte de los afiliados a las AFP lograrán con sus ahorros pensiones superiores a la mínima garantizada por el Estado, quizás una cuarta parte van a depender de la garantía estatal y se jubilarán con la pensión mínima, el resto, más de la mitad, no van a obtener pensión, sino sólo la posibilidad de retirar los exiguos fondos acumulados en su cuenta individual al momento de jubilar.

Proponemos reemplazar las actuales pensiones mínimas garantizadas por el Estado y las pensiones asistenciales, por una pensión básica única de un monto intermedio, universal y financiado por el Estado con cargo a un impuesto especial sobre las ventas o ingresos de las empresas. De esta manera, los ahorros de los afiliados a las AFP pasarán a complementar la pensión básica garantizada por el Estado. Esto equivale aproximadamente a un promedio mensual de 250 dólares por adulto mayor que, mediando la asimilación de las pensiones de las FF.AA. al sistema general, irá quedando progresivamente disponible para financiar pensiones básicas crecientes a medida que vayan falleciendo los beneficiarios principales actuales.

Proponemos asimismo utilizar los fondos que actualmente son invertidos especulativamente en los mercados internacionales e invertirlos productivamente apoyando el desarrollo de las Pymes, y crear una AFP estatal para utilizar los Fondos de Pensiones con el objetivo de lograr la máxima productividad del capital, el aumento del empleo y una jubilación que le permita vivir dignamente al trabajador.

10) Impulso al desarrollo científico y tecnológico

El Estado debe fomentar la investigación científica y tecnológica en todos los niveles educativos, destinando fondos para proyectos de investigación especialmente en el ámbito público, en base a un proyecto de desarrollo nacional; otorgando becas de estudios para estudiantes y profesores que se destaquen en el diseño de proyectos de investigación que sirvan al desarrollo productivo industrial y agrícola, nacional y regional; desplegando una Campaña Nacional de Alfabetización Informática que tenga como columna vertebral las escuelas y colegios municipalizados, en el día para los alumnos y en la noches para sus padres; promoviendo el uso del Software Libre y abierto.

Proponemos:

* Aumentar al menos a 3% del PIB el presupuesto público destinado a fomentar la investigación científica y tecnológica.

* Transformar CONICYT en el Centro Nacional de la Investigación Pública que tenga por función la formulación y seguimiento de una política de desarrollo científico y tecnológico cuyas prioridades sean:

§ el financiamiento nacional y regional de la investigación fundamental («no aplicada») tanto en ciencias exactas y experimentales como en ciencias humanas y sociales, en resguardo de criterios de autonomía científica en la definición de objetos y prioridades de investigación, de pluralismo intelectual y de recambio generacional.

§ el financiamiento nacional y regional de investigadores confirmados y de investigadores jóvenes al servicio del desarrollo productivo, tecnológico, social y sustentable a nivel local en función de criterios formulados mediante mecanismos de democracia participativa;

§ el reforzamiento y articulación entre la investigación y la docencia en las universidades estatales y establecimientos estatales de educación técnica, para que la investigación sea puesta al servicio de la formación de las nuevas generaciones de profesionales, investigadores y técnicos;

§ el compromiso de las universidades estatales de integrar a sus plantas de investigadores-docentes a quienes hayan recibido un financiamiento público para la realización, tanto en Chile como en el extranjero, de estudios de post-grado orientados a la investigación.

III.- Un proyecto al servicio de las mayorías

Hoy es claro que en Chile, los planes y programas sociales se subordinan a los designios e intereses del capital financiero internacional. Un sistema en el que todo se rige por las leyes de mercado, termina convirtiendo a la salud y a la educación en un negocio más, en donde el juego de fuerzas entre productores y consumidores no deja lugar para una comunidad organizada capaz de tomar decisiones sobre la inversión social pública.

Las políticas sociales carecen por lo tanto del presupuesto necesario para garantizar el acceso a salud, educación y vivienda de calidad para toda la población. Hay además importantes problemas de gestión de los servicios públicos y una ausencia de políticas serias y específicas de desarrollo cultural.

El Estado debe asumir en plenitud su responsabilidad social en estas áreas. Exigimos que la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo cultural sean derechos explícitamente consagrados en la Constitución y las leyes.

Somos partidarios de crear un Sistema Nacional de Educación que entregue a todos los niños, jóvenes y adultos del país conocimientos y métodos de aprendizaje de primer nivel, formándolos en los valores de justicia, solidaridad, respeto a los derechos humanos, a la vida y a la naturaleza, estimulando la creatividad en lugar de la competencia, y desarrollando las habilidades teóricas y prácticas, que permitan a cada ciudadano integrarse al mundo del trabajo, o de la cultura o del entretenimiento, de acuerdo a un plan nacional de desarrollo concordante en esas áreas.

Debe asegurarse la gratuidad para los sectores más postergados y la igualdad de contenidos curriculares en todo el país. Para ello, la educación debe ser tarea esencial del Estado, sin perjuicio de la existencia de los establecimientos privados de educación. Ha fracasado el sistema municipal educacional, y el Ministerio de Educación recuperará su rol histórico en la educación básica y media, retomando directamente las escuelas municipalizadas en quiebra y reemplazando los municipios que no puedan sostener la función educativa. Se pondrá fin al financiamiento compartido en la enseñanza básica y media.

Debe restituirse la dignidad del profesor, asegurando su perfeccionamiento permanente y los medios económicos para que hayan pensiones justas y dignas y mejores remuneraciones para los docentes en actividad, las cuales son 40% menores a las de otras profesiones (abogados, médicos, ingenieros, etc.); estableciendo un estatuto de la carrera profesional docente, lo cual implica eliminar el actual sistema de evaluación docente -sistema de flexibilidad laboral de hecho-, perfeccionar y extender el Estatuto Docente a todos los profesores, retomar por el Ministerio de Educación, de conjunto con las universidades estatales, las estrategias y programas de formación del profesorado.

Se impulsarán diversas medidas para elevar la calidad de la educación, como el establecimiento de un límite de 35 alumnos por sala de clase, el estímulo a escuelas y liceos experimentales, la conformación de una nueva generación de normalistas en las condiciones del Chile de hoy, el establecimiento de carreras tecnológicas cortas, no superiores a dos años y gratuitas.

Apoyamos en las universidades públicas la congelación de las matrículas y rechazamos la ley sobre financiamiento de estudios de la educación superior que consagra un sistema de financiamiento privado a través de créditos otorgados directamente por los bancos, financieras y otras instituciones privadas.

Propiciamos un sistema de educación superior que asegure el acceso con efectiva igualdad de oportunidades para todos, otorgando gratuidad en las universidades estatales y gratuidad en las universidades privadas a todo estudiante de escasos recursos mediante un sistema de becas (a través de la creación de un Fondo Nacional Solidario) y arancel diferenciado al resto de los estudiantes en función del nivel de ingreso de sus familias. Además, es fundamental generar y financiar espacios adecuados para el desarrollo de la docencia, investigación, extensión y creación artística.

En el ámbito de la cultura proponemos un Proyecto Nacional que garantice la incorporación de vastos sectores de la población a su práctica y goce, de manera de contribuir a un desarrollo integral del ser humano. El Estado debe apoyar políticas que representen los intereses regionales, étnicos, generacionales, dentro de la amplia gama de intereses ideológicos, impulsando la promoción de la cultura popular, desarrollo de artistas como agentes de creación y cambio en la promoción cultural. Se deberá garantizar la participación de las organizaciones artísticas y culturales en la fijación de sus políticas. Fomentar el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos para que sean protagonistas y creadores del arte y la cultura y no simples espectadores. Se debe impulsar la educación en los valores de solidaridad, derechos humanos, respeto al medio ambiente, respeto a la diversidad, combate a la banalidad y el apoliticismo.

12) La salud es un derecho y no una mercancía

Se debe mejorar el acceso y la calidad de la salud pública para todos los chilenos, fortaleciendo la dotación de médicos y especialistas en la salud primaria y los hospitales, lo que implica un mayor presupuesto y un rol mayor del Estado.

Este debe financiar la infraestructura, modernización y equipamiento de los establecimientos de salud pública, por lo cual se deben revertir todos los procesos de privatización disfrazada o licitación a privados de ellos, sin perjuicio de que implantase un sistema de gestión más eficiente. Ello exige que los hospitales públicos se hagan pagar todas las atenciones que realicen a usuarios de la salud privada.

Debe mejorarse sustancialmente las esmirriadas remuneraciones de los trabajadores, médicos y otros profesionales del sistema de salud pública nacional.

Se deben crear las condiciones para poner en práctica el principio social solidario en la salud, fundamental en la salud pública, que no se rige por los criterios del mercado sino por los criterios de «foco de integración», «el enfermo y su mejoría», y normas sanitarias que satisfacen «un resultado más efectivo, rápido y sostenible, por lo tanto más eficaz».

Aquí, el financiamiento deja de ser un problema de mercado para transformarse en un problema de planificación situado en un Área Social Solidaria, donde el objetivo consiste en la conversión/realización de recursos existentes para cumplir con la norma sanitaria establecida.

Es no sólo necesario sino posible garantizar a todo chileno una atención de salud gratuita, oportuna y de calidad:

* Destinando a Fonasa el total del 7% de aporte de los trabajadores. Voluntariamente se podrá aportar a un sistema de salud privado, pero adicional a este fondo.

* Construyendo un sistema de salud integral, que asuma por tanto la salud física, mental, social y ambiental, atendiendo proporcionadamente la dimensión preventiva y curativa.

* Mejorando las remuneraciones a los trabajadores de la salud pública.

* Incorporando a la población en la toma de decisiones sobre las prioridades de atención y el mejoramiento de la gestión de los servicios de salud a nivel municipal y regional.

13) Vivienda para todos los chilenos

Es imperativo reformular una política de vivienda social más humana y de calidad, que asegure el acceso a subsidio a matrimonios y parejas jóvenes, acorde a sus posibilidades de ahorro, que indemnice de inmediato a los pobladores afectados por malas construcciones, que impulse la construcción de viviendas sociales dignas. Se debe asegurar un justo y expedito acceso al crédito hipotecario, para ello proponemos, mediante la AFP Estatal, utilizar parte de los fondos previsionales para el financiamiento de la compra de las viviendas.

Esto implica modificar radicalmente la política de vivienda, hoy supeditada a los dictados del mercado, es decir, de los grandes empresarios organizados en la Cámara Chilena de la Construcción. Ellos son quienes deciden qué, cómo y cuándo construir, buscando el lucro y no la solución de un problema que es eminentemente social.

Proponemos:

* Cambiar los estándares mínimos de habitabilidad y calidad de diseño de la vivienda: temperatura, humedad, superficie, suelo, etc.

* Respaldar las cooperativas de construcción de viviendas y los planes comunales.

* Resolver de manera definitiva los problemas de drenaje y aguas lluvias.

* Legislar para evitar la especulación en la venta y uso del subsuelo.

* Incentivar el uso de tecnologías alternativas para la construcción de viviendas.

* Revisar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción a fin de urbanizar creando plazas y lugares de encuentro.

14) Defensa y protección del medio ambiente

Para solucionar efectivamente los desastres y conflictos ambientales que Chile ha enfrentado en el último tiempo, la contaminación de Santiago y de otras grandes ciudades, la destrucción de la fauna marina por la pesca incontrolada que abastece a las industrias procesadoras de harina de pescado, la destrucción del bosque nativo, la tala ilegal de alerce, la contaminación generada por la minería, la industria de la celulosa y la industria química y la incapacidad y falta de atribuciones de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en relación a Ralco, la crisis energética, la planta de tratamiento de aguas La Farfana, la crisis en el Santuario del río Cruces, por mencionar algunos ejemplos, se hace necesario:

* Que las instituciones ambientales, para cumplir con sus funciones y hacer respetar las leyes, tengan plenas atribuciones y sean independientes de los gobiernos de turno, es decir, instituciones del Estado y no órganos de Gobierno.

* Que se cree un Ministerio de Recursos Naturales y una Contraloría de Medio Ambiente que tenga capacidad de regulación y total autonomía respecto del gobierno de turno y de las empresas, formule una política de largo plazo, modifique el sistema de evaluación de impacto ambiental teniendo la última palabra por sobre las regiones.

* Además de las multas que correspondan, el daño ambiental será tipificado como delito que se castigará con penas de cárcel. Se debe crear la figura del síndico ambiental, fortalecer la participación ciudadana e impulsar una mayor educación e investigación ambiental.

15) Seguridad pública y ciudadana

La Seguridad es una situación en la cual todo está en su lugar porque se está exento de todo riesgo, amenaza o peligro. Es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que garantizan el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la convivencia ciudadana otorgando una vida digna a todo ciudadano.

Es necesario indicar además, que la seguridad en la sociedad no sólo apunta a la ocurrencia de delitos o al aumento de la violencia u otros elementos comunes, sino que hacemos mención a una condición psicológica social acerca del temor y la forma en que se percibe la acción del Estado.

La inseguridad personal, es el tema que cada día aflige más a los chilenos. El aumento de la delincuencia, robos, violaciones, secuestros, asesinatos parece ganar la calle sin que nadie se haga cargo de este drama. Se lo trata como «el costo del desarrollo», el costo social a pagar por beneficios económicos que tampoco se dice quien los goza.

Las banderas de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad de pronto son levantadas por mentalidades fascistas que nos atemorizan tanto como los delincuentes comunes. Expeliendo espuma por la boca gritan ¡pena de muerte!, ¡aumentar el castigo!, ¡tolerancia cero! Y, por supuesto, la violencia y la discriminación crecen día a día.

Cuando hablamos de seguridad ciudadana no sólo nos referimos a los hechos de violencia física que ejercen seres humanos contra otros, y pasamos por alto el contexto de la «violencia económica» en que estamos inmersos. Es necesario aclarar que cuando decimos que los problemas delictuales se concentran en los sectores más desposeídos, hacemos vista gorda a la violencia económica a que dicho grupo ha sido sometido, no nos detenemos tampoco en la explotación, los bajos salarios, el despojo de su seguridad social, la salud y educación marginal a la que tienen acceso. No se trata de que la escasez de recursos conduzca a la violencia, se trata de que los más empobrecidos de nuestro país están siendo violentados con nuestro modelo económico neoliberal, y es a esa violencia que algunos responden con violencia.

Como hoy el dinero es el valor central de nuestra sociedad, las personas nos vamos deshumanizando y la violencia se apodera de las calles, las casas, los barrios, las familias, los colegios, los trabajos y los Estados al promover antivalores que atentan contra toda postura coherente, ética y moral que merecen los seres humanos.

Proponemos:

* Una Ley de Emergencia Social, que contemple apoyo inmediato a las necesidades integrales y de derecho a las personas de extrema pobreza.

* La reforma del sistema carcelario orientándolo a la rehabilitación.

* Reasignar los recursos hoy destinados a la represión popular, al combate a la delincuencia.

* Reformar los planes educativos y de formación del cuerpo policial, redefinir el perfil del policía destinado más a la prevención que a la represión del delito. Mejora sustancial de salarios del cuerpo policial, en especial de carabineros.

* Mediación y conciliación penal.

* Penas sustitutivas a la privación de libertad y penas resarcitorias.

* Apoyo real, educativo y laboral a los que recuperan su libertad.

* El fomento de conductas solidarias y actitudes recíprocas a través de políticas públicas comunicacionales y educativas.

* Los ciudadanos tienen un papel importante en la prevención del delito, siguiendo conductas de defensa pasiva como la utilización de alarmas comunitarias por manzana, sistemas de iluminación y otros cuyo costo estará a cargo de las municipalidades.

* Campaña de difusión y educación sobre los efectos positivos y negativos del consumo de drogas. Daños posibles, tratamientos, tiempos de desintoxicación, etc.

* Impartir talleres sobre el sentido de la vida de orientación humanista a toda la enseñanza media y universitaria.

IV. Democratizar el País

16) Nueva Constitución Política y Democracia

Chile necesita reemplazar la Constitución pinochetista. Aprobar una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente exige en primer lugar del empuje y combatividad de un amplio y poderoso movimiento nacional. Jamás una nueva Constitución se generó sobre mecanismos legales. Las constituciones de 1833, 1925 y 1980 surgieron a partir de agudas conmociones políticas y sociales.

Un asunto prioritario es reemplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional a fin de tener órganos de poder efectivamente representativos. Asimismo, debe establecerse la inscripción electoral automática y voto voluntario al cumplir la mayoría de edad y derecho a voto para los chilenos en el exterior, y suprimir las limitaciones para levantar candidaturas a quienes la sociedad ha negado la enseñanza media completa (Art.44) o que ejercen cargos de dirigentes sindicales, gremiales o vecinales (Art.54).

Impulsaremos un amplio debate nacional que establezca consenso acerca de la supeditación de las Fuerzas Armadas y de Orden a la soberanía popular y a sus órganos de poder electos; su formación en valores democráticos, de respeto al ser humano y al pueblo; la erradicación de las concepciones militaristas y autonomistas de sus filas; el reemplazo del Servicio Militar Obligatorio por un Servicio Voluntario y el término de toda discriminación en el acceso a sus filas; priorizando su misión en el resguardo de la soberanía nacional, lo cual debe contemplar el potencial industrial y alimentario del país, su control sobre los recursos naturales y la plena integración nacional de los sectores populares basada en la redistribución del ingreso, el pleno respeto a sus derechos y a su protagonismo en las decisiones del país.

Por otra parte, se debe:

* instituir la generación democrática de todos los poderes del Estado, incluyendo la elección por sufragio universal directo de los jueces y magistrados.

* establecer la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a la acción del Estado o de poderes fácticos mediante el Defensor del Pueblo o Tribunales Contenciosos Administrativos y de recurso administrativo.

* ampliar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.

* hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando el fuero de los representantes políticos

* aprobar una ley de Responsabilidad Política, que obligue a todos los representantes políticos a dar cuenta de su gestión a los ciudadanos de sus comunas, distritos y regiones respectivos, estableciendo la revocabilidad del mandato de los cargos de elección popular.

* promulgar una ley sobre conflicto de intereses y probidad administrativa en relación a los funcionarios de la Administración Pública, a parlamentarios y Presidente de la República, e investigar los diversos casos de corrupción denunciados.

* terminar con el monopolio de los grupos económicos sobre los medios de comunicación de masas, instituir medidas para el acceso plural a ellos, especialmente el Canal Nacional Estatal y los de la Cámara de Diputados y del Senado, y para la realización de proyectos de comunicación de organizaciones sociales.

17) Democracia participativa, descentralización y modernización del Estado

Propiciamos gobiernos democráticos y participativos donde tanto los ciudadanos como las organizaciones sociales tengan derecho a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos y políticas municipales, regionales y nacionales.

Considerando el marco de la actual democracia representativa, para avanzar en esa dirección es actualmente imprescindible incorporar mecanismos plebiscitarios para la toma de decisiones nacionales, la generación de leyes y el control ciudadano de la representación y gestión política.

Por lo tanto, respaldamos la iniciativa plebiscitaria de ley, el veto plebiscitario de ley así como la revocación plebiscitaria de los alcaldes y autoridades nacionales. Además es necesario incorporar dispositivos participativos para la gestión, el diseño e implementación de políticas públicas.

Nos parece urgente tomar medidas de descentralización efectiva del poder estatal que otorguen mayor autonomía, derecho a decidir sobre el presupuesto de inversión pública, recursos financieros y posibilidades de desarrollo económico y social a las regiones y comunas.

Proponemos no sólo la elección popular de los consejeros regionales, sino sobre todo la elección popular del Intendente, la generación de impuestos territoriales y la implementación de presupuestos participativos a nivel regional y municipal.

La democracia participativa pasa por priorizar la desconcentración del poder político y reforzar la descentralización del Estado, estableciendo medidas que otorguen mayor autonomía, recursos financieros y posibilidades efectivas de desarrollo económico y social a las regiones y comunas.

Los gobiernos de la Concertación han emprendido medidas de modernización del Estado que han significado la privatización de algunas funciones de la administración pública, la disminución de los gastos en recursos humanos, énfasis en tecnología proporcionada por privados, precarización del trabajo, disminución del personal de planta y aumento de los trabajadores a contrata y a honorarios, incentivos al desempeño ligados al rendimiento; todo ello omitiendo la participación de los trabajadores del sector público.

Así como una reforma del Estado debe tener muy en cuenta la opinión de los ciudadanos, la opinión de los trabajadores del sector público debe ser plenamente considerada, particularmente en lo referido a carrera funcionaria y estabilidad laboral, reparación del daño provisional y transparencia de la gestión pública ante la ciudadanía.

18) Reconocimiento de los pueblos originarios

Poner fin a los años de genocidio, negación y asimilación cultural, requiere forjar una sociedad cuya base sea el respeto y la valoración de la diversidad de todos los grupos sociales. Frente a la discriminación y a la disgregación histórica y presente de las comunidades de los Pueblos Originarios en Chile, el Estado debe garantizar la existencia de las bases políticas, legales e institucionales, para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de Chile. Para ello es necesario:

* suscripción y ratificación total del Convenio 169 de la OIT, mediante el cual el Estado de Chile reconoce la existencia de pueblos originarios titulares de derechos culturales, territoriales y económicos y obliga a los gobiernos de turno a garantizar el respeto y cumplimiento de estos derechos;

* reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y del carácter plurinacional de nuestro país. Esto es, la incorporación en la Constitución Política el concepto de Estado plurinacional, que consolide su status como pueblos y no simples comunidades culturales, reconociendo la autonomía del pueblo Mapuche y su derecho vital a la tierra en los marcos de un Estado unitario, así como el reconocimiento y exaltación de su cultura, costumbres, lengua y tradiciones y la devolución de sus tierras usurpadas;

* desde allí avanzar hacia la reivindicación de derechos políticos colectivos que se expresan mediante el ejercicio de la libre determinación y el desarrollo de modelos de autodeterminación, autonomía y autogobierno. Ello incluye representatividad política en el parlamento (cámara baja y alta);

* adecuación de la institucionalidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos garantizados en la Ley N° 19.253 en materias de desarrollo, tierras, aguas, cultura y educación, así como la legitimación de una figura «política social» electa por votación popular y que vele por la defensa de los derechos ciudadanos y en particular por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, ante la comunidad nacional e internacional;

* profundizar y ampliar el alcance de la Educación Intercultural Bilingüe a todo el sistema educativo, recuperar los sitios arqueológicos y asegurar su conservación.

19) Respeto a los derechos humanos y a toda diversidad

Se debe poner en práctica medidas que aseguren verdad y justicia plenas respecto de las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura, liberar a los presos políticos, restablecer sus derechos ciudadanos a los chilenos que tienen procesos pendientes con la justicia militar, eliminar la tortura, la detención por sospecha y otras medidas represivas en vigencia.

Nos oponemos al «Proyecto de ley sobre incentivos a la información sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos». Reconocemos el principio del Derecho Internacional que no admite ni prescripción, ni amnistía, y exigimos que el Estado tome sus responsabilidades con relación a las indemnizaciones a las víctimas de los derechos humanos.

Postulamos crear un Servicio Jurídico Público que preste atención gratuita e inmediata a las personas detenidas, a fin de evitar interrogatorios en ausencia de un abogado defensor, así como la dignificación del sistema carcelario y su orientación hacia la rehabilitación. De la misma forma rechazamos la privatización directa o encubierta de la administración de cárceles o del sistema carcelario.

Sostenemos y defendemos el reconocimiento y respeto a la diversidad en su acepción más amplia como condición para la existencia de una sociedad democrática. No queremos una sociedad uniformizante como la actual, que impone un modelo de vivir y de relacionarse y excluye a quienes se rebelan en su contra.

Se debe asegurar en forma explícita la igualdad de las personas ante la ley y el derecho de toda persona a igual protección de la ley sin discriminación, eliminando todas aquellas instituciones y leyes que impiden el libre arbitrio y la libre expresión de las personas. Nos manifestamos por la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección a las familias mono-parentales, la eliminación de la ley de ofensas a la moral pública acorde con el principio de no-discriminación, el cambio en la política de prevención del VIH-SIDA y de Enfermedades de Transmisión Sexual, el desarrollo de planes y programas de género, sexualidad, diversidad sexual y grupos vulnerables.

a) Juventud e Infancia: Rechazamos todo tipo de trabajo infantil (menor de 18 años), la creación obligatoria de guarderías infantiles en los centros de trabajo, combatir decididamente el tráfico y la explotación sexual de niños y niñas. Proponemos generar un plan de empleo dirigido a los sectores juveniles rechazando la flexibilidad laboral al tildarlos como aprendices, principalmente en las localidades y comunas campesinas que incentiven la descentralización de los recursos y prácticas remuneradas para estudiantes de liceos técnicos-profesionales. Por otro lado, proponemos impulsar que la población juvenil sexualmente activa tenga acceso gratuito a preservativos y anticonceptivos, así como al conocimiento de su uso y contraindicaciones. Del mismo modo, potenciar programas de prevención especializados para esta población en materias de alcoholismo y drogadicción y crear centros de rehabilitación especializados para ellos. Proponemos un Servicio Militar Voluntario que garantice la libertad de opción y conciencia de los jóvenes. Rechazamos la creación de un sistema penal juvenil, pues busca la penalización y represión de la juventud, no fomentando la prevención del delito al no considerar las variables psico-sociales que generan que los jóvenes sean delincuentes.

b) Mujeres: La implementación de políticas de acción positiva hacia la mujer debe contemplar todas las áreas del quehacer social y no sólo remitirse a los temas considerados tradicionalmente femeninos, para ello, proponemos la modificación de las normas constitucionales, legales y procedimientos jurídicos que contengan alguna forma de discriminación hacia la mujer, principalmente en materias de familia, salud, educación, trabajo, participación y representación en la administración pública y cargos de representación popular.

c) Adulto Mayor: Hasta un par de décadas atrás, los «abuelos» tenían un sitio importante en la familia. Sin embargo, la familia actual ha cambiado mucho en su conformación y también en su funcionamiento, por lo tanto, la consideración hacia los adultos mayores también se ha modificado, por desgracia negativamente. Esto no es sólo un fenómeno familiar, ya que está ocurriendo en todo el estamento social, y hasta en aquellos países y culturas en donde existía un gran respeto a los mayores, se ha ido transformando en la medida que el mundo se ha ido encaminando hacia la globalización. Por ello proponemos la existencia de hospitales geriátricos en el país, programas de alfabetización y de complementación de estudios, viviendas especializadas para todos aquellos que se encuentran en situación de allegados a través de planes habitacionales, jubilaciones, montepíos o pensiones asistenciales no miserables como las que hoy vivimos, incentivar la participación social con programas especializados en cuanto a su calidad de vida y protagonismo cívico y atención en violencia intrafamiliar, autoestima y autocuidado.

d) Discapacidad: La Ley 19.284 promulgada en 1994 en Chile define al discapacitado como algo ajeno al «común normal de las personas», por tanto el concepto «integración» empleado decanta en la estigmatización y la discriminación. No sólo es el discapacitado el que tiene que superar obstáculos, sino que para lograr una verdadera integración, se debe entender que la sociedad en su conjunto debe hacer suya la discapacidad. Del mismo modo, este cuerpo legal promueve el velar por el pleno ejercicio de sus derechos que la Constitución y las Leyes reconocen a toda persona. Indica además que la prevención de la discapacidad y la rehabilitación constituye una obligación del Estado y por otro lado, un derecho y un deber de los discapacitados. Han pasado más de 10 años y esta ley no ha garantizado la igualdad de oportunidades entre las personas que formamos esta sociedad chilena, debido a la inexistencia y voluntad de crear un organismo que permita supervigilar y exigir tanto en el ámbito público como privado las adecuaciones sociales para tal efecto. Por lo tanto proponemos medidas en el plano de la salud, educación, trabajo, seguridad social, desarrollo urbano, asistencia social, deporte, y legales, conducentes a defender los derechos humanos para el desarrollo y equidad para los más de dos millones de discapacitados en Chile.

20) Política exterior latinoamericanista