El jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se desempeñara como «comandante militar» de las AUC, continuó su comparecencia ante la justicia. Su «versión libre» había iniciado en Medellín en diciembre pasado, en dos jornadas en las que se dedicó a justificar la actividad paramilitar con un retórico discurso que no estuvo exento de lágrimas. Continuó la […]
El jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se desempeñara como «comandante militar» de las AUC, continuó su comparecencia ante la justicia. Su «versión libre» había iniciado en Medellín en diciembre pasado, en dos jornadas en las que se dedicó a justificar la actividad paramilitar con un retórico discurso que no estuvo exento de lágrimas.
Continuó la «versión libre»
Los pasados lunes 15 y martes 16 de enero, esta vez sin lágrimas en su rostro y por el contrario con frialdad y una sonrisa macabra, Mancuso continuó su testimonio, en el que se empezaron a vislumbrar los principales crímenes del paramilitarismo en los años recientes, reconociendo su responsabilidad por el asesinato de 336 personas. Sin embargo, el líder paramilitar ha acudido a tres estrategias en su testimonio a la hora de esclarecer algunos crímenes y responsabilidades: una es la de darle todos los «créditos» al difunto Carlos Castaño, afirmando que él era «el único que sabía»; otra estrategia es la inculpar por paramilitarismo a mandos del ejército y la policía que ya están muertos (como el coronel Danilo González, de la Policía Nacional), pero no así a los responsables de múltiples crímenes que siguen activos o, en el mejor de los casos, que gozan de «justificado retiro»; la tercera estrategia, menos ingeniosa, es la de sostener que «de eso no me acuerdo».
Mancuso fue el encargado de liderar el despliegue de su organización criminal por todo el norte del país, y de conformar un corredor que comunicara a Córdoba y Urabá, los bastiones de los paracos, con Norte de Santander y la frontera con Venezuela, pasando por el Sur de Bolívar. Es así que desató a partir de 1998 y 1999 una sangrienta ofensiva en el Catatumbo y la Serranía de San Lucas, que implicó también el sabotaje al establecimiento de la zona de encuentro para un proceso de paz con el ELN en esta región del Magdalena Medio.
Mancuso, Norte de Santander y el Catatumbo
Su paso por el Catatumbo se inició con la masacre de La Gabarra en 1999, cuando fueron asesinadas alrededor de 35 personas. Según la Fundación Progresar [1], las AUC son responsables de 5.200 crímenes cometidos entre 1999 y 2004 en el área metropolitana de Cúcuta y 11.200 en otras zonas del departamento Norte de Santander (principalmente en la región del Catatumbo), así como del desplazamiento forzado de cerca de cien mil personas.
Mancuso declaró que en Norte de Santander las AUC actuaban en estrecha relación con la fuerza pública y con funcionarios de las administraciones locales y departamentales. En lo que llamó una «nómina paralela», las AUC pagaban mil millones de pesos mensuales a funcionarios públicos y autoridades por su colaboración con el Bloque Catatumbo, estructura paramilitar bajo su mando. Una de esas funcionarias de la «nómina paralela» fue la entonces directora de Fiscalía de Cúcuta, Ana María Flórez, quien señalaba ante las AUC a funcionarios que para ella eran auxiliadores de la guerrilla. Varios de ellos fueron asesinados por los paracos. Flórez era esposa de un comandante paramilitar conocido como ‘El Gato’, de quien se dijo apoyó al actual alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez.
Las masacres de El Aro y de El Salado
Otro de los crímenes que está en el prontuario de Mancuso, y por el que ya tiene condena, es la masacre de El Aro, en Ituango (Antioquia), en la cual, en octubre de 1997, en colaboración con la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, los paramilitares torturaron y asesinaron a 19 personas. También quemaron el pueblo y desplazaron a más de mil pobladores indefensos. Por estos hechos, la Corte Interamericana condenó al estado colombiano en sentencia emitida el 1 de julio de 2006 (se puede descargar en formato pdf en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf). En ésa época, el gobernador de Antioquia, y por tanto responsable político de la masacre, era Álvaro Uribe Vélez.
Así mismo, Mancuso reconoció ser responsable de la masacre de El Salado (corregimiento de Carmen de Bolívar, en los Montes de María) ocurrida el 16 de febrero de 2000. En esa oportunidad, los paramilitares del Bloque Norte asesinaron con motosierras y machetes, y remataron con tiros de gracia a 38 campesinos. Los paramilitares que efectuaron la masacre violaron mujeres, apalearon ancianos, quemaron casas y «jugaron fútbol» con las cabezas de sus víctimas, mientras el vallenato retumbaba en las calles [2].
Otros de los casos confesados por el jefe paramilitar son: el atentado perpetrado contra Wilson Borja, congresista de oposición, en el 2000; el asesinato ese mismo año del líder sindical Aury Sará Marrugo, directivo de la Unión Sindical Obrera en Cartagena; también en el 2000 el asesinato del ex alcalde de Cúcuta, Pauselino Camargo; la desaparición y muerte de Kimy Pernía, líder indígena que encabezaba la oposición a la construcción de la represa de Urrá en sus territorios ancestrales, en el 2001; y el asesinato en el 2003 de Tirso Vélez, ex alcalde de Tibú por la Unión Patriótica y candidato a la gobernación de Norte de Santander, quien al momento de su muerte lideraba las encuestas de opinión y contaba con una gran popularidad.
La comparecencia de Mancuso continuará el próximo 25 de enero.
Notas:
[1] «A responder por más de 16.000 crímenes». Entrevista a Wifredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. La Opinión, edición del miércoles 17 de enero de 2007, pág. 1A y 6A.
[2] «Militares siempre nos apoyaron»: Mancuso. La Opinión, edición del miércoles 17 de enero de 2007, Pág. 5A.