Hace algunos años el historiador y urbanista Gonzalo Cáceres se interrogaba sobre lo que identificaba como una allendización de la política propiciada por la irrupción de los movimientos sociales, sobre todo a partir de 2011. La figura de Salvador Allende en «la primavera chilena» era la única de un político que sobrevivía a la «adultofobia» que inundaba las calles.
¿Por qué en momentos donde la institucionalidad política empezaba a ser cuestionada radicalmente, un revolucionario respetuoso de la institucionalidad era reivindicado?¿Qué es lo que hacía posible que «Allende» transitara nuevamente por las calles de Chile?
Salvador Allende representa un equilibrio paradigmático entre lo que Weber distinguió como «ética de la convicción» y «ética de la responsabilidad». Por un lado, la inclinación a actuar conforme a principios orientadores claros y, por otro, actuar haciéndose cargo de las consecuencias de sus decisiones. El sacrificio de Allende en la Moneda consagra su convicción democrática de respetar hasta el final el mandato que le entregó el pueblo y al mismo tiempo su intento desesperado por evitar un derramamiento mayor de sangre. El gesto final del «Presidente Mártir» ha, sin duda, contribuido a preservarlo como un ícono de coherencia moral que permite cuestionar las expresiones actuales de la política.
Sin embargo, algunos críticos, en un sentido más bien opuesto a lo aquí expresado, han señalado que el gobierno de la Unidad Popular fue un afirmación unívoca de «ética de la convicción» sin «responsabilidad». Lo curioso es que muchos de los que podrían ejemplificar esta tendencia en el campo de la izquierda, por aquel entonces, pasaron a practicar «una ética de la responsabilidad» carente de «convicción», un paradojal allendismo vaciado de socialismo, o sea un allendismo imposible. Alfredo Jocelyn-Holt lo sintetizó con el subítulo a su Chile Perplejo: «Del Avanzar sin transar, a transar sin parar».
Y es que Allende no fue solo un gesto, fue también, tal como lo llamó el sociólogo Felipe Lagos, «un proceso de acumulación popular» que se expresó en un fin: «la vía chilena al socialismo» y en un medio: la coalición de partidos políticos denominada «Unidad Popular». La novedad histórica de Allende y la Unidad Popular fue su intento de construcción de un socialismo, acorde a las características político-culturales del país, en estricto respeto del Estado de Derecho Democrático y a través de una dirección política pluripartidista. Así lo resumía en su Primer Mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971: «Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás concretada (…) Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista (…) edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario».
La crisis del socialismo al final de siglo XX, aún requiere mejores respuestas, pero, sin duda, considerando que el derrumbe de los socialismo reales se dio por implosión y no por una agresión externa evidencia que esas vías no pudieron resolver del todo la cuestión democrática. El socialismo con «empanadas y vino tino» pudo haber representado una respuesta de democratización del socialismo contribuyente a revitalizar esos proyectos. De ahí la importancia estratégica que tenía para Nixon su caída, para evitar que se irradiara por el mundo, rivalizando con la visión liberal de la democracia.
La Constitución de Allende versus la Constitución de Pinochet
El derrocamiento de Allende no terminó siendo una restauración de un viejo orden, sino la refundación revolucionaria de un sistema económico neoliberal que para su protección requirió de la edificación de un sistema político-institucional plasmado en la Constitución del ’80 que, para tal efecto, debió limitar lo más posible la capacidad soberana de esa propia democracia. Convirtiendo al neoliberalismo no en una vía posible de desarrollo, sino en el incuestionable despliegue de un orden natural sobre el que la democracia no puede incidir. Hoy esa contradicción entre neoliberalismo y democracia ha llegado a su máxima tensión, lo que nos permite formular la siguiente interrogante: ¿En qué medida el proyecto Allendista posee coordenadas para orientarnos en este momento de ruptura constitucional?
La apuesta programática allendista se correspondió con una propuesta constitucional que, de no haber mediado el golpe de Estado, hubiera sido plebiscitada como una forma también de dirimir la crisis política en la que se encontraba el gobierno popular. En el ya citado primer Mensaje al Congreso, Allende lo colocaba de la siguiente manera: «El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista».
La Constitución del gobierno popular era fuertemente programática. Aunque la Unidad Popular venía incrementando su apoyo electoral, se puede hipotetizar que difícilmente hubiese logrado validar una nueva Constitución de transición al socialismo. En ese sentido, esta apuesta constitucional adolecía de un error que comúnmente se le atribuye al proyecto de la UP: la sobre-estimación de sus propias fuerzas para avanzar en sus objetivos.
Este hecho podría usarse en la discusión actual para ilustrar la opción de una «Constitución Mínima» por sobre una programática. Y es que probablemente ese sea uno de los nudos principales que se presentará dentro del campo de la izquierda. La opción por una Constitución Mínima versus una Constitución que aspira a superar el neoliberalismo. Sin embargo, emplear este argumento sería cometer el error inverso al de la Constitución de la UP: subestimar las fuerzas que han hecho posible este momento de ruptura constituyente. A diferencia de la Constitución de Allende y de cualquier otra propuesta en la historia de Chile, es altamente probable que la Nueva Carta Magna por primera vez sea el producto de una deliberación que surja desde las bases mismas de la sociedad, tanto mediante la elección de representantes exclusivos para llevar adelante esa tarea, si gana la opción de Convención Constituyente, como mediante la movilización activa de los actores sociales que entraron en escena en octubre de 2019.
En ese sentido, este momento de ruptura constituyente comparte con el momento de la Unidad Popular la exigencia del cuestionamiento de nuestro orden. Por eso, estas palabras del citado discurso de Allende bien podrían tomarse como mandato actual: «Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio. Tenemos urgencia de preguntar a cada ley, a cada institución existente y hasta a cada persona, si está sirviendo o no a nuestro desarrollo integral y autónomo».
La ruptura constituyente
¿Cuáles han sido las razones para este momento de ruptura Constituyente? Algunas investigaciones venían mostrando, desde antes del Estallido, que el crecimiento de la demanda por el cambio constitucional obedecía no a la impugnación de su origen dictatorial, sino que a que la Carta Magna permitía y legitimaba la desigualdad y el abuso. Por otra parte, aunque se ha tratado de caricaturizar la demanda por una nueva constitución identificando a sus apoyadores como cultores de una especie de «constitucionalismo naïf», donde la Constitución aparece como la solución mágica para todos los males. Lo cierto es que tanto el Estallido como la Pandemia han ejercido una especie de «pedagogía Constitucional» transparentando el rol de la Constitución como principal obstáculo para cualquier tipo de reforma o para el ejercicio de derechos plenos que establezcan una sistema de protección social que reduzca el riesgo colectivo frente a situaciones como una pandemia o una profunda crisis económica. Aunque el discurso conservador ha tratado de afirmar lo contrario, nunca ha sido tan clara la incidencia en nuestras vidas cotidianas de una constitución como la chilena.
La Nueva Constitución debe reflejar por tanto los anhelos de transformación y de protección de la población chilena. Tiene que generar las condiciones institucionales para superar aquello que ha provocado la crisis: el proyecto económico de la dictadura y la limitada democracia diseñada para resguardarlo. En ese sentido, aunque la propuesta de Constitución de la UP está anclada a la disputa coyuntural de su momento, posee ejes ordenadores comunes que hoy también podrían auxiliarnos para imaginar un nuevo contrato político-social. Estos serían: 1) Una constitución que permita consagrar y garantizar, a través del estado, derechos sociales hoy ausentes o mercantilizados; 2) Una constitución que le devuelva al pueblo su soberanía para fijar las decisiones colectivamente vinculantes; y 3) Una constitución que abra la posibilidad para otras alternativas de desarrollo.
1) La propuesta Constitucional de Allende era una Constitución de Derechos, pues reafirmaba el rol garante y prestador del Estado para el ejercicio de los derechos sociales conquistados a lo largo de historia del país y que fueron minimizados o derechamente omitidos de la constitución de la Dictadura. Así, la propuesta de la UP definía a la seguridad social como servicio público de función exclusiva y primordial del Estado, basándose en el principio de solidaridad. Para el derecho a la Salud se establecía un Servicio Único de carácter público. Sobre la educación, se señalaba que «el Estado propenderá a que el proceso educativo sea permanente y a que las actividades de aprendizaje y formación sistemática se combinen con el trabajo», siendo obligatorio asegurar un adecuado financiamiento a sus instituciones (en particular a sus universidades) para cumplir con sus funciones.
2) La propuesta constitucional de la
UP era soberana, autodefiniendo su gobierno como democrático y popular, en
tanto apoyado en la fuerza creadora de los trabajadores y que tendría por fin
la construcción de un país libre, soberano y económicamente independiente.
«Todo el poder reside en el pueblo» (10), es lo que literalmente
decía la propuesta constitucional allendista. En ella asimismo se le otorgaba
un gran protagonismo a los sindicatos y en particular a la CUT como expresión
de la soberanía organizada. De hecho, literalmente se establecía que «Las
leyes podrán tener su origen en los órganos Legislativo y Ejecutivo y también
por iniciativa popular. La iniciativa popular requerirá la firma de a lo menos
cinco mil ciudadanos o el patrocinio de la Central Única de Trabajadores».
La soberanía se expresa también en el dominio y propiedad, a través del Estado,
de nuestros recursos naturales, tal como se consagró en las primeras leyes
aprobadas por unanimidad en el gobierno de Allende, cuando Chile empezó a
«usar pantalones largos». La propuesta buscaba una democracia más
avanzada, estableciendo como mínimos algunos principios básicos de las
democracia liberales. Tal como estaba consagrado en el ideario allendista, las
libertades políticas eran definidas como conquistas irrenunciables de las
luchas de los trabajadores.
3) La Constitución allendista aspiraba a «el desarrollo integral y digno de la personalidad humana como consecuencia del dominio y goce comunes de los recursos naturales y bienes de producción fundamentales, y del término de la explotación del hombre por el hombre» 10. El desarrollo económico suponía un alto protagonismo del estado como promotor y orientador del mismo, reconociendo en el sector privado un colaborador fundamental de las metas nacionales de desarrollo. Para alcanzar estos objetivos, el Estado debía disponer de un Sistema Nacional de Planificación, que permitiese coordinar y controlar la actividad económica, en donde las organizaciones de los trabajadores también estaban llamadas a participar. A las funciones que permitiesen la acumulación y la regulación, se le adicionaba un rol distribuidor de la renta nacional a través del sistema tributario pensado para ello. Estas propuestas buscaban viabilizar institucionalmente la que era considerada la principal tarea política de ese tiempo, no solo para la UP, sino también para la DC: la superación del atraso, la dependecia y el subdesarrollo que agobiaban al país e impedían la prosperidad colectiva.
Es probable que nuestras respuestas a los desafíos que buscaba enfrentar la propuesta constitucional allendista no sean las mismas. Nuestra motivación debería ser construir la fuerza social y la inteligencia colectiva necesarias para imaginar incluso soluciones mejores que las que se presentaron en el proyecto constitucional de la UP, aquí brevemente reseñadas. Pero, sin duda, la propuesta de la UP puede inspirarnos e incentivarnos para elaborar nuevos arreglos. Más aún cuando las expectativas de quienes, al movilizarse, hicieron posible dejar atrás a la Constitución de Pinochet, exigen la recuperación de una «dignidad perdida». Por eso el ejemplo y las palabras de Allende continúan teniendo eco: «¿Cómo devolver al hombre [a los seres humanos], sobre todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva alegría de vivir y que confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como autosuperación de la propia condición humana, hoy envilecida por la división entre privilegiados y desposeídos».
Este texto fue presentado en mesa “El proyecto constitucional del Presidente Allende y su contexto histórico”, en el marco del Seminario «50 años de la Unidad Popular: Aprendizajes y proyecciones», realizada el 23 de septiembre de 2020, organizado por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL).
Alexis Cortés es Dr en Sociología y académico de la Universidad Alberto Hurtado.