«El proyecto político revolucionario es un proyecto para las mayorías, que se encarna en marejadas de pueblo organizado»

1. Habitualmente cuando se nombra al MIR chileno, surge la duda sobre de qué MIR se está hablando. A diferencia de otros grupos miristas ustedes se reivindican como MIR sin «apellido» alguno. ¿Por qué esa decisión?

Primero, creemos que las tareas planteadas por el MIR en el periodo que va desde su fundación a la caída en combate del Secretario General, Miguel Enríquez en 1974, aún no han sido resueltas en nuestro país.

Los elementos básicos de nuestra concepción política encuentran sus fundamentos en ese período. Esa es la matriz.

En segundo lugar, en el período que va desde el ´74 al quiebre y fraccionamiento de nuestra organización, en 1986, el MIR impulsó una serie de políticas para enfrentar a la dictadura militar que, valorándolas en su articulación compleja, históricamente, nos entregan también elementos para caracterizar y comprender a nuestros enemigos de clase así como un acervo muy importante en cuanto a formas y métodos de lucha que están incorporados en la cultura de un sector importante de nuestro pueblo. Ese también es el MIR que nosotros reconocemos como referente y en el que nos reconocemos. A ese MIR que se organizó y luchó en cuatro distintos períodos de la lucha de clases en nuestro país se integró parte importante de nuestra actual militancia y es de ese MIR del cual nos nutrimos política e ideológicamente.

Si bien existe una continuidad generacional y de militancia respecto a ese MIR histórico, para nosotros lo más importante es la búsqueda de la continuidad política e ideológica.

Por eso somos un MIR sin apellidos. No nos articulamos en torno a una familia que hereditariamente se traspasa los cargos de dirección, o por predilección respecto a una forma de lucha en particular, sea esta política o militar. Aunque respetamos a quienes fueron dirigentes de nuestra organización en sus distintos periodos -por su rol en esos periodos específicos, no por su postura política actual, ya que muchos o han abandonado la lucha o han renegado de ella-, tampoco nos declaramos seguidores de ninguno de ellos en particular, no solo porque actualmente no tengan una vida política activa, sino porque entendemos que con sus aciertos y errores, en general, la conducción de la organización fue la mayor parte del tiempo colectiva, incluso en los momentos más feroces de la represión. Es cuando se rompió esa lógica colectiva que el MIR perdió su centralidad estratégica, cuando una minoría reformista impuso su visión política socialdemócrata y entreguista, a contrapelo del resto de los dirigentes y de la base de la organización.

Mal podríamos entonces enaltecer a tal o cual dirigente y elevarlo a la condición de caudillo, para identificarnos como organización con su apellido, si lo que nos interesa es construir colectivamente la política de nuestra organización, de cara a las realidades del siglo XXI.

Adicionalmente, encontramos un poco absurdo inventar un nombre nuevo, si lo que vamos a hacer es seguir impulsando las políticas históricas del MIR. En este sentido creemos que la política revolucionaria no es un producto de supermercado al que haya que cambiarle el nombre cada cierto tiempo para que nuevos clientes lo sigan comprando.

Junto a lo que ya hemos mencionado, a nosotros lo que nos une es que entendemos que la lucha revolucionaria es una sola y se expresa a través de distintas formas, articuladas en el tiempo, en el espacio y de acuerdo a la situación política y a nuestros objetivos estratégicos y tácticos. En algún momento el MIR definió una estrategia de Guerra Popular Revolucionaria que integra esas distintas formas de lucha y esos distintos momentos, a la que nosotros adscribimos y que es la que estamos tratando de impulsar actualmente.

Finalmente, y vinculado con lo que mencionábamos al principio, más que ponernos nosotros un apellido, apostamos a que en el tiempo, los trabajadores y el pueblo chilenos reconozcan en nosotros esa continuidad.

2. ¿Podrían señalar el origen de su organización?

El MIR se originó en la necesidad de buscar una salida revolucionaria a la crisis ideológica, económica y política en que estaba sumido el capitalismo en Chile, en la década de los ´60.

Después de una desastrosa derrota electoral de los partidos de la izquierda reformista (PC y PS) en los comicios de 1964, que dejó a esa izquierda inerme, muchos sectores populares, de la izquierda, comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de una revolución armada en el país. La expresión más concreta de esta corriente fue la fundación, en 1965, del MIR, durante un congreso de unificación de organizaciones revolucionarias realizado los días 14 y 15 de agosto, en el cual participaron mayoritariamente delegaciones provenientes del movimiento de trabajadores y noveles organizaciones políticas provenientes mayoritariamente del movimiento estudiantil.

Políticamente, en la fundación del MIR confluyen sectores revolucionarios desgajados de los partidos mayoritarios de la izquierda tradicional (PC, PS) y distintas organizaciones influidas o provenientes del trotskismo, del anarquismo, del maoísmo, por el ejemplo de las luchas anticoloniales (Argelia, Vietnam) y principalmente por el impacto de la Revolución Cubana y el auge de la lucha guerrillera en la región.

Socialmente, la militancia del MIR proviene de sectores de trabajadores industriales de vanguardia, que venían rompiendo con las conducciones reformistas desde 1947 y liderando distintos procesos de lucha sindical y popular; de sectores estudiantiles radicalizados de la pequeña burguesía, pero no exclusivamente, como han tratado de falsear reiteradamente los enemigos de nuestra organización, ya que muchos estudiantes secundarios y universitarios que se integraron al MIR entonces eran la primera generación de hijos de trabajadores y migrantes rurales en tener acceso a la educación secundaria y superior provista por el Estado. También, al MIR se incorporan sectores de pobladores sin casa o habitantes de grandes campamentos de las periferias de las principales ciudades (pobres de la ciudad), y hacia fines de la década del ´60 con fuerza el campesinado empobrecido (medieros e inquilinos), trabajadores rurales sin tierra (afuerinos) y también Mapuche, que si bien eran incluidos dentro de la categoría de campesinado pobre dentro de nuestros análisis, nunca perdieron su especificidad como pueblo originario. Todos, sectores campesinos que no fueron considerados en las sucesivas reformas agrarias de la década.

Finalmente, hay que señalar que al MIR se incorporan miembros provenientes de tres sectores sociales específicos que contribuirán fuertemente a construir el perfil de nuestra organización: Profesionales radicalizados provenientes de la pequeña burguesía; Cristianos socialmente comprometidos, influidos por las reformas del Concilio Vaticano y por el testimonio de sacerdotes revolucionarios como Camilo Torres, y también miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales (o sus familiares), proceso que implicó prácticamente el total aniquilamiento de los militantes provenientes de este sector durante la dictadura, pero que nunca ha logrado ser definitivamente anulado.

Las condiciones históricas, sociales, políticas e ideológicas que se conjugaron a mediados de los ´60 en nuestro país, entonces, dan origen al MIR y permiten su fuerte implantación en estos sectores, lo que de una u otra manera se ha mantenido a través de los años. Esto no implica en todo caso que el MIR tenga una presencia masiva, mayoritaria o hegemónica, sino sólo que los miristas constituimos una minoría política significativa presente en diversos sectores sociales populares.

El quiebre de nuestra organización, que la dictadura no logró en trece años, lo consiguió una minoría fraccional en 1986, apoyada por las direcciones de los Partidos Socialista y Comunista que ya habían iniciado el viraje a la negociación con los militares y con la oposición burguesa (DC-PR); De esa fracción conocida como MIR-Renovación, la mayor parte se integró al PS y algunos de sus militantes a los nacientes servicios de seguridad de la «democracia» contrainsurgente, precisamente para combatir a sus ex compañeros con la ayuda de las policías de la dictadura.

Unos pocos siguieron articulados como MIR-Demetrio Hernández, existiendo como apéndice funcional del PC hasta hace dos elecciones atrás, cuando la situación política del país les obligó a tener una visión política ligeramente más independiente, aunque siguen siendo una formación de carácter reformista.

Nosotros provenimos del MIR «histórico», donde se quedó la mayoría de la militancia y de los dirigentes del CC. El quiebre de la unidad de la organización, provocada por la minoría fraccional, dio origen a una dinámica centrífuga, que se expresó en el IV Congreso del MIR, que más que unificar al partido lo terminó de romper en mil pedazos, a pesar de los esfuerzos unitarios realizados por militantes excepcionales como el sacerdote Rafael Maroto.

Se autonomizaron las estructuras militar y de aseguramientos, y después nuevamente volvió a fraccionarse la organización siendo sólo el MIR-EGP el único destacamento que tuvo una mayor sobrevida de las distintas agrupaciones que resultaron del quiebre de este MIR histórico.

Nosotros nos nutrimos hoy de compañeros que se integraron al MIR antes del quiebre, de muchos compañeros que se integraron en algunos de los grupos en que se dividió posteriormente este MIR histórico y actualmente, de una generación nueva de miristas. Ese es nuestro origen.

3. En abril de 2005, ustedes publicaron un documento enumerando las diferentes instancias miristas en Chile. A día de hoy, ¿qué diferencias existen entre su estructura y las otras organizaciones miristas?

Decíamos en ese documento que desde fines de los ´80 y durante todos los ´90 vivimos un proceso de dispersión política, ideológica y orgánica, típico de períodos de estabilización de la lucha de clases y de derrota del movimiento popular, y que esa situación se mantendría mientras durara el reflujo en el movimiento de lucha de los trabajadores y el pueblo. Nuestra propia experiencia de quiebre y dispersión es el mejor ejemplo de ello.

Ya a fines de la década de los ´90 evaluábamos que se había iniciado un nuevo ciclo de lucha popular en nuestro país, lo que ya está más que confirmado con las grandes movilizaciones de trabajadores, pobladores y estudiantes de los últimos dos años. Esto obviamente impacta la situación orgánica de la izquierda revolucionaria y, a la vez que en estos tres años desaparecen algunas de las agrupaciones que habíamos mencionado en el documento, otras se han debilitado o, como nosotros, han logrado fortalecerse.

Quizá lo que marca la diferencia con las otras organizaciones, es que para nosotros la lucha revolucionaria es un imperativo práctico. Alguien tiene que llevarla a cabo, y no podemos esperar sentados a que otros la hagan, por lo que estamos obligados a saber resolver los problemas de organización que se nos presentan.

Eso puede sonar a soberbia, pero seamos claros: nos encuadramos dentro de esta organización y no otra, porque políticamente creemos que ésta organización tiene una perspectiva correcta o se acerca a una concepción política que creemos adecuada para la actual situación política de nuestro país.

Hemos cometido errores y algunos muy grandes. Bien, hemos tratado de aprender de ellos para no seguir dándonos cabezazos contra el muro, pero no nos damos por vencidos.

Que otras organizaciones hayan terminado por desaparecer o no logren desarrollarse, tiene que ver con sus planteamientos políticos, con su inserción real en el movimiento popular, pero también y principalmente, con su determinación de jugar un rol en los procesos de lucha del pueblo.

Para nosotros, si la política demuestra ser incorrecta, si no llegamos a los sectores que queremos llegar, tenemos los instrumentos y las herramientas para realizar la autocrítica necesaria y rectificar lo que haya que rectificar sin perder el norte, pero no por eso abandonamos la lucha.

Puede que nosotros no seamos los mejores exponentes de la política revolucionaria en Chile, puede que como organización hayamos logrado articular una gran suma de defectos personales, pero también reconocemos que hemos logrado instalar una decisión colectiva de lucha en nuestra militancia que marca una importante diferencia. Logramos articular un núcleo duro de organización, tenemos una perspectiva revolucionaria, hemos definido unos objetivos y la trayectoria necesaria para llegar a ellos, y contamos con la determinación y persistencia necesaria para lograrlos.

Empezamos a reconstruir nuestra organización como todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria, a partir de un muy pequeño número de militantes, y aunque nuestros planteamientos eran minoritarios a fines de los noventa, la perseverancia y consistencia en la necesidad de construir esta organización ha permitido que la crítica de la práctica nos haya dado parcialmente la razón en algunas cosas, y hoy nuestro pequeño núcleo ya no sea tan pequeño.

Sólo queremos hacer mención a que, como distamos mucho de ser la organización que creemos necesaria en este momento de la lucha de clases en Chile, y como analizamos que esa organización hoy todavía no existe en nuestro país, nuestros máximos esfuerzos han estado puestos en sentar las bases para su constitución, y eso pasa por articular una mínima estructura orgánica que avance desde lo local a lo regional y nacional, por vincularnos a los sectores sociales estratégicos para el desarrollo de una política revolucionaria de masas, para constituir al verdadero «ejército político» del pueblo del que aspiramos a ser parte, lo que implica abandonar la política declarativa y empezar a realizar una práctica real, con pueblo de carne y hueso, de ese que habla y nos cuestiona, que nos evalúa por lo que hacemos y no por lo revolucionario de nuestros discursos; una práctica que trae aparejados costos y sacrificios personales, no por esa ética del sacrificio de los ´60 sino por un principio de realidad, de entender que nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias que asumimos responsablemente; Pasa también, por mejorar las condiciones de formación de la militancia y de los dirigentes, que es uno de los más grandes obstáculos que tenemos en estos momentos, y pasa por la unidad de los miristas, de los revolucionarios y de la izquierda, para poder ofrecer y construir junto al pueblo una alternativa real para la organización de nuestra sociedad.

4. ¿La dolorosa ruptura del MIR en los 80 continúa marcando esa dispersión? ¿Se han dado pasos en el camino de la unidad?

De las fracciones de la división de los ´80 que se identifican como MIR y que tienen un planteamiento político acompañado de algún nivel de actividad práctica, podemos decir que quedamos nosotros -sólo en términos de continuidad histórica de los planteamientos políticos e ideológicos – y el MIR de Demetrio Hernández (hoy su secretaria general es Mónica Quilodrán, su esposa) que, como decíamos, fue sostenido, validado y legitimado los últimos 17 años por el PC, participando en todas sus campañas electorales fracasadas, justo hasta el momento en que al reformismo le comenzó a ir mejor en las elecciones y logró una alianza con la coalición gobernante en nuestro país, rompiendo con sus «socios» menores.

El rompimiento del pacto electoral del Juntos Podemos y la reanimación evidente del movimiento social radicalizaron a algunos sectores de este MIR que se han desgajado de su organización, con algunos de los cuales intentamos algún nivel de acercamiento en el pasado reciente, pero sin éxito.

Con el MIR de Demetrio Hernández sólo compartimos el nombre, y aunque algunos de sus militantes pertenecieron al MIR histórico en algún momento y aunque creemos que muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, deben estar convencidos que hacen una política mirista, consideramos que esa no es una organización revolucionaria. No ha cumplido ese rol en el pasado reciente y mientras mantenga la misma dirección actual, creemos que no lo cumplirá en el futuro.

En todo caso, ellos no son nuestro enemigo, y en algunas instancias sociales, reivindicativas, como el movimiento estudiantil por ejemplo, no hemos tenido ningún problema con su participación, ya que no los consideramos una amenaza. Por eso mismo, no nos vemos obligados a tratar de excluirlos ni a andar sacando a cada rato declaraciones para decir que ellos no son miristas y nosotros sí, salvo aclaraciones como esta que buscan hacer más bien una diferenciación política, porque lo que es claro es que no tenemos la misma postura política.

Respecto al MIR-EGP, si bien siempre hemos mantenido una disposición unitaria con ellos, honestamente al día de hoy no podemos decir si existe como organización política activa en Chile o no. A diferencia de los años noventa, hoy no vemos ni encontramos un planteamiento político, o un accionar social o armado relacionado con ese planteamiento. Y eso es lo que creemos define a una organización política y la diferencia de otro tipo de organizaciones.

La política del MIR nunca ha sido una política secreta, no somos una secta. No se compartimenta la política de la organización. Lo que se compartimenta frente al enemigo son los planes de trabajo, las formas de organización y nuestras estructuras, nuestras comunicaciones internas, la legalidad de nuestros militantes, las acciones concretas que realizamos en algunos casos, como la actividad armada. Pero somos una organización revolucionaria y por lo tanto buscamos que nuestros planteamientos no sólo sean públicos a través de los medios de comunicación, sino llegue un momento en que sean mayoritarios a nivel social, y eso obliga a que nuestros planteamientos políticos sean conocidos al menos por la franja radicalizada de los trabajadores y el pueblo.

Ahora bien, debemos aclarar, que dos militantes miristas pertenecientes al MIR-EGP cayeron en una acción de expropiación en junio del 2005, ellos merecen nuestro más profundo respeto y homenaje, sus nombres son Carlos Aedo y Alfredo Hermosilla. Además, todavía permanecen en prisiones de Brasil cinco compañeros del MIR-EGP, y uno de sus militantes se fugó exitosamente de una cárcel al sur de nuestro país. Durante el último tiempo han sido detenidas otras personas en Chile y Argentina, y han sido vinculados por las policías y el gobierno con esta organización, cosa que no ha podido ser probada por los organismos de inteligencia.

En la medida en que nos ha sido posible, hemos solidarizado con los miristas del EGP en prisión y también con todas aquellas personas que han sido perseguidas por su condición de miristas. Sin embargo, en relación al MIR-EGP, no tenemos hoy una contraparte con quién iniciar un proceso de acercamiento, de unidad. No nos topamos en los espacios sociales tampoco, por lo que entonces es difícil plantear cualquier alianza, salvo a nivel especulativo. Pero la política no es especulativa. Es concreta.

A febrero del 2009, el proceso de unidad mirista que más nos interesa se encuentra en el activo disperso. La mayoría de los miristas sin partido/orgánica que continúan asumiendo la lucha revolucionaria, están en los frentes sociales impulsando una política mirista, de clase e independiente frente al reformismo, a la socialdemocracia y a los planteamientos de la burguesía. Eso, con independencia de su edad o de en qué momento se incorporaron a la organización o en qué fracción dieron continuidad a su militancia.

Incluso hoy, existe una generación nueva de miristas. De ellos, una parte se ha incorporado a las distintas organizaciones que reivindican parcial o totalmente las concepciones revolucionarias del MIR, que como señalamos en la respuesta anterior han tenido un disímil rendimiento durante los últimos años.

Estos son los miristas que nos importan, los que se encuentran haciendo un aporte práctico, por pequeño que sea, en un espacio social concreto. Es esa actividad práctica la base de la eventual unidad del mirismo, ya que consideramos que será la propia lucha de clases la que terminará por imponernos la unidad.

Creemos que ésta se va a construir en torno a una organización que logre levantar una táctica adecuada para este momento político, y que logre integrar en su práctica los elementos que el activo mirista disperso, y principalmente el pueblo y los trabajadores, reconocen como los propios de la organización.

Si no llega a ser la nuestra, será otra y por consecuencia, compromiso y madurez política, estaremos de los primeros aportando humildemente con lo que hayamos logrado construir para fortalecerla, también, porque consideramos que sin unidad no habrá avance posible para los revolucionarios en Chile.

Hoy día pensamos que podemos avanzar en la unidad ideológica entre los miristas involucrados en actividades concretas de organización. También, llegar a ser capaces de levantar una política común para hacer frente a la coyuntura; crecientemente se dan también las condiciones para avanzar en la unidad del movimiento popular, a través de la coordinación e iniciativas conjuntas entre las organizaciones sindicales y sociales del país en las cuales los miristas tenemos algún grado de participación, sobre todo para hacer frente a la ofensiva de las clases dominantes frente a los impactos locales de la crisis internacional.

Creemos que esto generará las condiciones para que las organizaciones políticas reales avancen a la constitución de instancias de unidad, para el impulso de políticas social, espacial y temporalmente concretas.

Sin embargo, aunque consideramos que será la misma lucha de clases la que nos impondrá la necesidad de la unidad, la que creará las condiciones propicias, no ciframos nuestras esperanzas en que esta unidad del mirismo y del movimiento revolucionario se construya sola, espontáneamente y por pura buena voluntad, porque eso es imposible. Por eso, apostamos al fortalecimiento de la fuerza propia, porque sólo así podremos ser un aporte consciente y activo en ese proceso.

Otro tema, es el proceso de alianzas en términos de avanzar en la unidad política del movimiento popular. Acá las circunstancias son más favorables debido a que con varias de las organizaciones que existen actualmente tenemos planteamientos revolucionarios similares.

Por el momento no las vamos a mencionar, ya que estamos aún en una etapa de conversaciones, pero no es tan difícil determinar cuáles pueden ser.

5. ¿Qué caracterización hacen del actual periodo en Chile y América Latina?

Pensamos que América Latina se puede analizar como conjunto sólo desde lo macro, por ejemplo, desde el análisis del patrón de acumulación capitalista en la región y de la implantación de su modalidad neoliberal, de su inserción en los circuitos internacionales de reproducción del capital. Incluso en un nivel geopolítico, distinguiendo los intereses de nuestros pueblos frente al imperialismo norteamericano, que es la principal amenaza estratégica que enfrentamos, cuestión reconocida parcialmente al menos hasta por los militares en algunos de nuestros países.

Si nos desplazamos al nivel de la formación social o más específicamente al campo de la lucha de clases, las experiencias son muy disímiles, habría que hablar de cada país ya que incluso agrupándolos en subconjuntos hay notables diferencias entre cada uno de ellos, y si tenemos dificultades para analizar el propio, pues somos más cuidadosos aún para hablar del resto.

En América latina valoramos positivamente el que temporalmente se haya presentado una nueva configuración de las relaciones internacionales (diplomáticas, entre estados capitalistas), por la llegada de gobiernos progresistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela; o por las contradicciones internas de las clases gobernantes en Nicaragua, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brasil o Argentina – incluso en Chile!-, que han permitido un mayor nivel de independencia relativa frente a los EEUU -siempre única y exclusivamente en términos de las relaciones internacionales entre nuestros países- y que ha permitido por ejemplo iniciativas como la UNASUR y la defensa del régimen democrático en Bolivia o algún nivel de apoyo a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador, frente a las agresiones del imperialismo y de regímenes funcionales como los de Alan García, en Perú, o Álvaro Uribe en Colombia.

Creemos que sin esta configuración contingente de las relaciones internacionales, evidentemente el imperialismo podría haber avanzado más en sus planes desestabilizadores y en la vuelta al crimen político y al genocidio como herramienta principal de sus relaciones exteriores en América Latina, como lo hace impunemente en Colombia y en los países árabes.

Por otra parte, si bien estos gobiernos presentan múltiples deficiencias evaluados desde un punto de vista revolucionario estricto, los que siempre terminan pagando el costo del golpismo son los pueblos, no los analistas externos, por muy marxistas que sean. Organizaciones, personas, familias completas que son los que apoyan a gobiernos como el de Morales, y primeros que nadie, precisamente los sectores revolucionarios, que aunque no apoyen políticamente a esos gobiernos terminan pagando con sangre los errores de otros, de los burócratas y reformistas. Esto lo sabemos perfectamente en Chile.

Ahora bien, no porque en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela existan gobiernos progresistas, creemos que el continente haya entrado en un periodo de efervescencia pre-revolucionaria y caminemos a paso firme al socialismo del siglo XXI, porque esto simplemente no es así.

En el caso de los gobiernos de Lula, de Bachelet, de Vásquez y los Kirchner, sus propios gobiernos expresan una crisis de desarrollo del capitalismo neoliberal, que ha polarizado nuestras sociedades, precisamente porque su buen funcionamiento implica necesariamente la proletarización de una parte importante de la pequeña burguesía, la precarización de las clases trabajadoras y la exclusión del sistema de una parte importante de ellas, generando un empobrecimiento general de la población, una base de desempleo estructural que aumenta estacionalmente y un vasto sector informal en las áreas de producción y distribución de la economía, que alienta todo un subsistema que es claramente delictual. Como el capitalismo neoliberal además es totalitario, al fagocitar los sectores de educación, salud y previsional afecta gravemente servicios clave para las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.

Todo esto ha tenido como consecuencia la extensión del descontento, del malestar social, la creciente pérdida de gobernabilidad de los estados y una importante reanimación del movimiento popular en nuestros países.

El descontento generalizado entonces ha sido canalizado por estos gobiernos socialdemócratas -a falta de alternativas de la izquierda tradicional, a falta de alternativas de izquierda revolucionaria, y a falta de unidad del movimiento popular-, los que más que a resolver los problemas sistémicos que genera el capitalismo, vienen a asegurar las condiciones de gobernabilidad para que el sistema siga funcionando.

Por eso, señalamos en su momento respecto a Chile, antes de que Bachelet fuera candidata incluso, que por muy relevante que fuera en términos culturales la elección de una mujer en la presidencia de Chile, o por muchas cualidades personales que esta pudiera tener o la relevancia subjetiva de su biografía para algunos sectores de izquierda, al final lo que importaba era el carácter que iba a tener su gobierno, y que esto estaba determinado por los intereses globales que su gobierno defendería.

Esos intereses han sido los del capitalismo neoliberal, los de los grandes grupos económicos, y en eso los gobiernos de los Kirchner, de Bachelet, Lula y Tabaré Vásquez son exactamente lo mismo. La posición que estos gobiernos han tenido en sus relaciones internacionales, o algunas reformas internas que han tomado, son hechos muy menores en comparación con la estabilidad que han aportado para el funcionamiento del capitalismo, incluso al establecer algunas regulaciones que lo único que regulan son relaciones entre empresarios capitalistas, en ningún caso arbitrio a favor de los intereses del pueblo.

No logrando el pueblo articularse ni social ni políticamente, a pesar de las amplias manifestaciones e incluso explosiones de ira popular de carácter insurreccional, es imposible que el desgaste de las clases dominantes o sus contradicciones internas, puedan ser capitalizadas en un sentido revolucionario, porque simplemente no hay quién las capitalice. Igual aportan a la educación del pueblo y permiten un acumulado de experiencia que fortalece a los sectores revolucionarios, pero entonces corresponde a estos sacar las lecciones evidentes de la situación política y mejorar en toda la línea su actividad política, resolviendo los problemas prácticos que la situación plantea.

En el caso de Ecuador y Bolivia, el descontento social y la división entre las clases dominantes logró plasmarse en un importante desarrollo del movimiento popular y de las organizaciones de izquierda tradicional principalmente, cuyos líderes no permitieron que el movimiento fuera totalmente cooptado por la socialdemocracia.

Existiendo un espacio para la utilización de formas de lucha parlamentarias, y no habiendo un desarrollo importante de organizaciones revolucionarias que pudieran sustentar otras formas de lucha o que tuvieran la capacidad para disputar la conducción del proceso, es obvio que el pueblo debía utilizar lo que tuviera a mano, pero ciertamente eso es un arreglo político contingente que en ningún caso asegura el futuro del movimiento o la irreversibilidad del proceso.

Por el contrario, da pie para que la izquierda tradicional cumpla su rol reformista usual, burocratizando la relación de las masas con el aparato estatal y el gobierno, impidiendo el surgimiento, desarrollo y extensión del poder popular y bloqueando por ende la posibilidad de que a partir de esos importantes procesos de movilización de masas se abra un periodo prerrevolucionario en esos países.

Las reformas constitucionales que se han planteado en ambos países expresan legalmente un acuerdo precario entre el movimiento social y algunos sectores de izquierda, que cuentan con una mayoría social movilizable políticamente, y algunos sectores de las clases dominantes que se ven favorecidos por un retorno del capitalismo estatalista.

En ese sentido, son regímenes que apuntan a mejorar las condiciones de trabajo y vida del pueblo, pero en un marco acotado, limitado a la negociación con las clases dominantes que continúan contando con el poder económico y militar.

Este equilibrio temporal, contingente, entre la fuerza social acumulada por el movimiento popular y el poder económico y militar de las clases dominantes, históricamente ha significado en América Latina la traición de los intereses populares por parte de las conducciones reformistas, ya que, una de dos: O se institucionalizan, porque no están dispuestas a dar los pasos necesarios para avanzar en el proceso revolucionario junto al pueblo, y por lo tanto terminan asumiendo el programa de las clases dominantes, o sin llegar a resolver las contradicciones planteadas, presos de sus vacilaciones o intentando llevar a cabo burocráticamente su programa de reformas, terminan reprimiendo a los sectores revolucionarios, haciendo concesiones al empresariado y permitiendo el rearme y contraofensiva de los poderosos, lo que siempre ha terminado en grandes masacres para el pueblo, como lo demuestra la historia de nuestro país y del continente.

El caso de Venezuela es particular, porque a pesar del Caracazo, el débil movimiento popular no llegó a constituir una alternativa al régimen binominal del pacto de Punto Fijo. Fue un sector de las fuerzas armadas que asumió un programa nacional-popular, contradictorio con el régimen político imperante, el que logró representar los intereses del pueblo y articular en torno a ellos al resto de las organizaciones sociales y políticas populares.

Existiendo organizaciones revolucionarias en el país, que incluso se encontraban en la fase previa al inicio de la lucha armada, estas no alcanzaron un nivel de desarrollo que permitiera una conducción alternativa, una salida al binominalismo más cercana a los postulados marxistas, por ejemplo.

Como la realidad es compleja, en el caso venezolano creemos que ha sido la actuación de la oposición burguesa y el imperialismo, quienes más han aportado a la radicalización de la situación política y han permitido que se mantenga la división de las fuerzas armadas en el país, a favor del gobierno de Chávez y del pueblo.

Hasta donde sabemos, el movimiento popular, la red de organizaciones sociales y políticas populares sigue siendo débil, enquistándose en el estado los sectores burocráticos típicos de la izquierda tradicional y sectores pequeñoburgueses oportunistas de todo tipo, que no tienen ningún interés en el desarrollo del proceso revolucionario.

La conducción del gobierno de Chávez sigue apostando a su control sobre las instituciones armadas, frente a sus enemigos internos y externos; la conducción económica se sigue sustentando en los precios del petróleo y oscila entre las declaraciones a favor del socialismo y la mantención del capitalismo aumentando la presencia estatal, y en vez de avanzar en la construcción del poder popular, se sigue aprisionando al movimiento popular en los estrechos marcos de participación del parlamentarismo burgués.

Venezuela ha sido el país donde han existido más posibilidades de que se abra un proceso revolucionario, sin embargo, y guardando las proporciones, creemos que se encuentra atrapado en las mismas contradicciones y vacilaciones que el gobierno de Allende en Chile.

Descartando por el momento una nueva intentona del golpismo o la intervención directa del imperialismo, en el mediano plazo, vemos que las mayores amenazas para el proceso revolucionario en Venezuela son la descomposición interna del gobierno (producto de las contradicciones internas del reformismo), el burocratismo y la continuidad en la V República de la cultura de la corrupción de los regímenes del puntofijismo.

Para terminar planteando una generalidad, creemos que después de la derrota de los movimientos populares en los setenta y ochenta, y tras aproximadamente una década de desastres neoliberales en América Latina, la configuración de la correlación de fuerzas se ha estado modificando.

El antiguo bloque dominante en cada uno de nuestros países se ha desgastado, ha entrado en crisis y ha debido reconfigurarse, incluyendo la representación de algunos intereses populares, sin que se cuestione la base fundamental de organización social que sigue siendo capitalista.

El movimiento popular, aunque se ha fortalecido durante los últimos años, ha carecido de un programa y de organizaciones políticas que impidan la coopción del movimiento y que permitan disputar la hegemonía al bloque dominante. Esas son tareas pendientes, y el reformismo no las va a resolver.

Respecto a nuestro país, ya señalamos que nos encontramos en un periodo de estabilización de la lucha de clases, donde las clases dominantes han logrado conformar un bloque histórico que asegura la dominación en una perspectiva de largo plazo. Las grandes movilizaciones populares de los últimos años, que nos dan a los revolucionarios un mayor margen de maniobra en términos políticos y sociales, y que han tenido momentos de alcance histórico en sus niveles de organización e intervención política, sin embargo, no han logrado poner en riesgo la continuidad de las políticas fundamentales del Estado ni el rol de agente político hegemónico de la Concertación, a pesar de su crisis como conglomerado.

En este sentido, y tal como lo planteamos hace unos años, el gobierno de Bachelet tuvo como objetivo finalmente solo contener al movimiento popular, lo que al principio logró utilizando instrumentos ideológicos y políticos, pero termina su gobierno recurriendo masivamente al uso de la fuerza, logrando ser el gobierno más represivo en los 17 años que lleva la Concertación administrando el Estado Chileno.

Para cambiar la actual correlación de fuerzas, en Chile y América Latina, junto al desarrollo, extensión y fortalecimiento del movimiento popular, es necesario el fortalecimiento e intervención de las organizaciones revolucionarias, utilizando todas las herramientas disponibles a su alcance. No vemos otra alternativa.

Por esto creemos que quizá se acerca el momento en que las organizaciones revolucionarias de cada uno de nuestros países debamos hacer un esfuerzo por dejar de lado diferencias menores que pueden existir entre nosotros, para generar las condiciones de coordinación que permitan el fortalecimiento y apoyo mutuo de los revolucionarios en la región. Esto, sobre todo, porque nosotros seguimos considerando que la única alternativa real para la construcción del socialismo en nuestros países, es que luchemos por el socialismo en toda la región.

6. En un contexto en el que la crisis del sistema parece cada vez más inevitable, ¿consideran que esta situación conllevará un fortalecimiento del movimiento popular? Y en este contexto, ¿qué actividad va a desarrollar su organización?

En Chile el fortalecimiento del movimiento popular y el inicio de un nuevo ciclo de luchas ha precedido a la crisis internacional, y se ha originado no en las fallas del capitalismo sino en su funcionamiento exitoso para las clases dominantes.

Sin la superexplotación de los trabajadores gracias a las condiciones de subcontratación, flexibilización y precarización del empleo en nuestro país, la industria exportadora y los grandes grupos económicos en general no podrían mostrar los exorbitantes resultados que muestran, a pesar incluso de la crisis.

De hecho, en plena crisis, no están perdiendo dinero, sino sólo dejando de ganar más, como ellos mismos han llegado a plantear con desparpajo. Es este violento dumping social en que se funda el dinamismo de nuestra economía, el que ha llevado durante los últimos años a una creciente polarización entre los que tienen mucho y los que no solo no tienen nada, sino que son empobrecidos día a día por las actuales condiciones de reproducción del capital y las políticas económicas emanadas desde el Estado.

La imposibilidad de encausar la legítima lucha reivindicativa en los estrechos marcos de la actual legislación laboral, ha llevado a los dirigentes más claros de los trabajadores de la minería, de la industria forestal, de la industria agroexportadora y de alimentación, de la industria salmonera, de los puertos, de la pesquería artesanal y de algunos sectores de los servicios (bancarios, supermercados, empleados fiscales) a superar la legalidad vigente, a establecer organizaciones de trabajadores de hecho y a presionar tanto al empresariado como al Estado para resolver temas parciales de cada uno de los sectores, como crecientemente a realizar planteamientos de carácter político de los trabajadores y que apuntan, por ejemplo, a combatir uno de los pilares del modelo económico, que es el régimen de subcontratación.

En la mayoría de los casos, el régimen de relaciones laborales vigente toca muy rápido techo, y los trabajadores han debido y sabido utilizar, la mayor parte de las veces, la acción directa para hacerse escuchar: tomas de instalaciones productivas, de vías de acceso, carreteras y puertos, barricadas, lucha callejera contra la represión policial y militar, etc. Incluso en la minería y los puertos han impulsado el sabotaje como medio legítimo de lucha, lo que implica un importante nivel de conciencia y validación de estas formas de enfrentamiento ya en sectores amplios de trabajadores.

La contrapartida es que, evidentemente, la represión recrudece y de los medios «disuasivos», en forma paulatina pero inexorable, el Estado va recurriendo al uso de armas de fuego, y entonces ya no sólo en territorio Mapuche o en campus universitarios tenemos víctimas de la represión, sino también entre los trabajadores movilizados, como es el caso del obrero forestal Rodrigo Cisternas, acribillado por la policía militarizada de nuestro país durante una manifestación de trabajadores.

En este contexto y ya finalizado un primer ciclo de lucha popular, una primera etapa de reanimación del movimiento popular, los impactos de la crisis económica internacional, pero principalmente los efectos de las propias políticas económicas impulsadas desde el Estado, que hicieron aumentar la inflación en forma acelerada desde fines del 2007, hacen prever un descenso en la actividad económica del país, principalmente de las PYMES, y eso implica un ajuste fuerte por el lado del empleo, que es la parte del hilo más delgada.

Incluso las más grandes empresas, que siguen con utilidades tremendas, han aprovechado la coyuntura para justificar los despidos de personal que pueden subcontratar o a quienes deben aumentar sus remuneraciones, debido a una reciente modificación a la legislación. Durante los últimos cuatro meses, ya van aproximadamente 12 mil despidos en los sectores forestales, bancarios y la minería.

Los precios de los servicios y los alimentos siguen altos y las alzas se han traspasado a otros rubros, por lo que existe mucho descontento; aumenta el endeudamiento y aumentará también el desempleo, que afecta fuertemente a los jóvenes, que los últimos años han tenido una escuela práctica de lucha por la defensa de sus derechos, y todavía no es posible saber con certeza como evolucionará la crisis externa. Por esto, lo más probable es que se den las condiciones para una segunda oleada de luchas de los trabajadores el 2009, por la defensa del empleo, contra los despidos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, así como por la defensa y mejoramiento de los niveles de vida del pueblo.

Esto ya ha sido planteado por los mineros, que le tienen bastante poco respeto a la legalidad de los patrones. También los trabajadores de la construcción se encuentran en alerta, e incluso la CUT ya se ha visto obligada, aunque sin mucha convicción, a convocar movilizaciones para principios de marzo.

El problema, otra vez, es que junto a la desorganización de la izquierda revolucionaria, como estamos en un año electoral, la principal organización de la izquierda reformista del país, el PC, se encuentra concentrada de lleno en el impulso de sus acuerdos con el gobierno neoliberal de Bachelet para obtener su ingreso en el parlamento, por lo que el apoyo a sus bases de trabajadores en la defensa de su nivel de vida y su fuente de trabajo simplemente queda supeditado a ese objetivo. Es decir, una vez más transan una política independiente de la clase trabajadora, por una política limitada a los estrechos intereses partidarios de una minoría burocrática que controla la dirección del PC.

Esto ya se ve en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde los funestos resultados de esa alianza con los partidos oficialistas han transformado a la CUT no sólo en una entidad inofensiva para el capitalismo y los intereses del empresariado monopólico-financiero, sino en una camisa de fuerza que bloquea la acción independiente de los trabajadores, como sus mismos afiliados pueden atestiguar, sobre todo ahora, que el reformismo y los partidos de la Concertación han logrado vulnerar la autonomía de la organización de los trabajadores y empujarla directamente al campo de la lucha electoral, levantando una serie de precandidaturas parlamentarias, en vez de organizar a los trabajadores para enfrentar el brutal ajuste neoliberal que ya están implementando los grandes empresarios.

Los dirigentes sindicales socialistas y democratacristianos ya tienen listas sus candidaturas, el presidente de la CUT logró ser electo vicepresidente del PS y los comunistas andan más interesados en ver cómo va su negociado parlamentario y en pintar los muros de la ciudad con los nombres de sus precandidatos de la CUT, que en llamar al pueblo desde esa misma CUT a la protesta nacional contra la política económica de los dueños del poder y la riqueza, con lo que ha dejado prácticamente solos a su dirigente más destacado en la lucha social y a cientos de trabajadores que han esperado de la CUT más apoyo para sus luchas, como los trabajadores de Ripley, de Lider, de los sindicatos bancarios, mineros y los de la construcción, que están siendo masivamente despedidos.

De hecho, ha sido sólo por la presión de los trabajadores y los sindicatos de base movilizados que la CUT se ha visto obligada a convocar a un par de jornadas de protesta, a regañadientes y con las manos en los bolsillos.

Frente a esta situación global, y conscientes tanto de nuestro todavía escaso peso real en la lucha de clases, como de que es imposible organizarnos sin intervenir de alguna manera en los procesos de lucha en curso, nosotros veníamos impulsando una política que legitimara y permitiera extender los procesos de organización y movilización que venían impulsando los trabajadores y el pueblo, porque entendemos que una de las principales tareas de los revolucionarios hoy día es construir organización y lucha social, en función de ir logrando la articulación de los sectores explotados y excluidos.

Esta tarea, que tiene un carácter reivindicativo, de demanda, y que por sí no es revolucionaria, sin embargo representa un potencial político fundamental para potenciar la lucha, por la incapacidad que tiene el sistema de absorber globalmente dichas demandas y por lo excluyente del modelo, que lleva el eje de las luchas afuera y en contra de la institucionalidad, debido a sus limitaciones legales y además represivas, las que le plantean muy rápido al pueblo movilizado la necesidad de utilizar una gama más amplia y ofensiva de formas de lucha.

Para esto, partimos por levantar una plataforma de lucha el 2005 que permitiera orientar la actividad de nuestros militantes en el sector en el que se encontraran, así como la consigna «Es luchando como avanza el pueblo», buscando validar y legitimar la lucha de los sectores más conscientes del movimiento de trabajadores, pobladores y estudiantes, y mostrar cómo la organización independiente, la lucha y la acción directa permiten éxitos parciales frente a la patronal y al estado.

Además, intervinimos activamente en las protestas estudiantiles, en algunas de deudores habitacionales y en las masivas protestas de la capital contra el Transantiago, desarrollando incluso algún nivel de trabajo miliciano en algunas de ellas.

En este mismo sentido, de validar y legitimar la lucha del pueblo, impulsamos una publicación abierta, que se puede encontrar en los quioscos, aunque aún no tan masivamente como quisiéramos, que fuera dando cuenta de las luchas que se estaban dando, de las huelgas, tomas, enfrentamientos callejeros con la represión a lo largo de todo Chile, que permitiera mostrar sus avances, sus logros, y que nos permitiera además vincularnos a aquellos sectores con los que antes no teníamos contacto.

Actualmente impulsamos una campaña por las demandas populares: contra las alzas de precios; por la defensa del nivel de vida de los trabajadores y contra los despidos.

En la medida de nuestras posibilidades actuales, tratamos de apoyar a las organizaciones sindicales de los trabajadores, y dentro de ellas a los sectores de vanguardia; tratamos de hacer un aporte al acercamiento entre organizaciones, a la difusión de las luchas y al apoyo material a algunas de ellas, en términos de movilizar la solidaridad de los sectores en los cuales tenemos presencia. Evidentemente también impulsando las acciones directas en donde haya posibilidades concretas de hacerlo con éxito.

Finalmente, también suscribimos junto a otras organizaciones revolucionarias la consigna «Que la crisis la paguen los ricos» y estamos evaluando cómo traducimos concretamente esa idea, tanto en contenidos como en acciones, en la coyuntura que se va a presentar en marzo, con el llamado que ha realizado la CUT a protestar, así como durante la jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente.

7. En el comunicado difundido por los 43 años del MIR, señalan que Chile se vive un periodo de «estabilización de la lucha de clases». ¿Creen que la crisis económica conllevará una crisis de legitimidad política?

La legitimidad del agente político hegemónico viene siendo cuestionada con fuerza desde fines de los noventa, debido a la polarización provocada por el régimen neoliberal y por publicitados casos de corrupción estatal.

En un primer momento de desconcierto, sectores de la pequeña burguesía y populares han visto en la derecha una alternativa a los gobiernos de la Concertación, sin embargo, la derecha sigue siendo asociada al gobierno militar y al empresariado en el imaginario popular, lo que otorga una ventaja relativa a la Concertación, porque muchos descontentos igual terminan votando por ella de acuerdo a la tesis del mal menor.

El gobierno de Bachelet fue un intento de recrear la vinculación popular con la Concertación a través de una líder carismática, cercana, que se supone tendría en mente las necesidades de su pueblo. Además de ser hija del general Bachelet, un militar constitucional reivindicado por la memoria histórica de la izquierda, la señora provenía también del ala izquierda de la Concertación, de los socialistas que apoyaron la lucha armada contra la dictadura.

En un contexto de reanimación de las luchas sociales, de apertura de un nuevo ciclo de movilización popular, el gobierno de Bachelet lograría contener esa movilización y dar continuidad a la Concertación en la administración del Estado y en la conducción del capitalismo neoliberal. Le daría un sello más social al agente político hegemónico del bloque en el poder.

Comunicacionalmente esa era la idea fuerza, sin embargo, si alguien tuvo alguna duda respecto al carácter del gobierno de Bachelet, bastó conocer el primer gabinete de la presidenta, lleno de neoliberales y oscuros personajes asociados al trabajo de inteligencia y contrasubversión del primer gobierno post-dictadura, para hacerse a una idea de lo que venía tras esa sonrisa.

Sin embargo, el objetivo fue cumplido sólo parcialmente, y si bien logró concitar el apoyo de los comunistas y descomprimir tres importantes movimientos populares, como lo fueron el estudiantil secundario, el de los obreros forestales y el de los trabajadores subcontratistas de la minería, creó otro foco de conflicto social con la implementación del sistema de transporte urbano de la capital, el Transantiago, afectando prácticamente a la totalidad de los habitantes de la capital del país y convirtiéndolo en la gota que rebalsó el vaso del descontento a nivel nacional.

Crecientemente desde entonces, es más baja la capacidad de resolver políticamente los conflictos, y como ya señalamos, el gobierno en toda la línea ha validado el uso de la fuerza contra el movimiento social.

En forma paralela, las tensiones provocadas por la polarización social del país se han traspasado al bloque dominante, y el consenso básico en torno al neoliberalismo, que primó durante los tres primeros gobiernos de la Concertación, se ha resquebrajado impactando al sistema de partidos y al régimen político en su conjunto.

Las alternativas frente a la polarización social, frente a la necesidad de reimpulsar el crecimiento económico, frente a los efectos diferenciales de la crisis en el campo de la burguesía y pequeña burguesía, están reconfigurando todo el sistema de partidos vigente, con la crisis y fraccionamiento de los partidos tradicionales (DC, PS) y la creación de nuevas organizaciones políticas: Chile Primero, de los tecnócratas neoliberales de la Concertación liderados por el senador Fernando Flores (exPPD); el Partido Regionalista Independiente (PRI), que si bien ya existía, recibió al sector de demócratas cristianos expulsados del partido, liderados por el senador Adolfo Zaldívar y que ha emergido con fuerza tras las últimas elecciones municipales en el país; el Movimiento Amplio Socialista (MAS), del senador y candidato presidencial Alejandro Navarro (exPS) y más recientemente el autodeclarado «socialismo allendista» articulado en torno a la candidatura presidencial de Jorge Arrate (exPS). Los últimos dos, buscando articular alianzas con las fuerzas del reformismo extraparlamentario y editar un frente electoral parecido a los que han llevado al gobierno a fuerzas progresistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela (o sea, copiando, y copiando mal más encima, porque los comunistas no están considerando en ningún caso esa posibilidad).

Es este descontento social persistente el que ha hecho ver a los dueños del poder y la riqueza la conveniencia de modificar el régimen político y permitir, después de 17 años de rogativas y súplicas del reformismo, la inclusión del PC en el bloque hegemónico, ya que históricamente los comunistas chilenos han aportado gobernabilidad al régimen parlamentario.

La primera medida fue modificar el régimen binominal en la base del sistema, la elección de concejales municipales; por otro lado, la Concertación ha podido mantener en sus manos la presidencia gracias al apoyo de los comunistas en las últimas dos segundas vueltas presidenciales, por lo que el paso siguiente ha sido formalizar esa alianza, a través de un pacto parlamentario y presidencial en las elecciones de 2009.

Así, el agente político hegemónico se renueva generando ofertas socialdemócratas con un mayor perfil social y estatalista, pero también y principalmente, cooptando a la izquierda reformista, fortaleciendo al bloque histórico del capital monopólico asociado al capital trasnacional. Domesticando, finalmente, a los comunistas de la política de Rebelión Popular de Masas, oficializando su rol de ala izquierda del bloque en el poder, justo cuando se inicia un nuevo ciclo de movilización popular, justo cuando los trabajadores y el pueblo comienzan a cuestionar fuertemente al capitalismo neoliberal, y justo cuando se cierne sobre los trabajadores el impacto de la crisis de los capitalismos centrales y se sufren los efectos concretos de la política económica del gobierno de la Concertación. Es decir, justo cuando las condiciones objetivas de la lucha de clases son más favorables a la organización y lucha independiente de la clase trabajadora y el pueblo chileno.

Entonces, si bien existe crisis en la legitimidad de la Concertación y del bloque en el poder en su conjunto, también estos desarrollan instrumentos para mantener niveles mínimos aceptables de gobernabilidad, reeditando para el bloque hegemónico una configuración similar a la de los tres tercios tradicionales de la política parlamentaria del siglo XX.

En este caso el bloque hegemónico gana el tiempo necesario para posponer una crisis política mayor, al precio de traspasar la polarización social al régimen político durante los próximos años.

8. En el caso de Chile, pero también de Uruguay, gobiernos «progresistas» han implementando políticas neoliberales, que han acabado por agravar todavía más la situación de los sectores populares. Pese a ese desencanto, la izquierda revolucionaria no parece presentar para esos sectores una alternativa real. ¿Qué pasos deben darse para revertir esa situación?

Nosotros creemos que la izquierda que se autocalifica como revolucionaria debe darse cuenta que el proyecto político revolucionario es un proyecto para las mayorías, un proyecto que se encarna en marejadas de pueblo organizado y movilizado. Y no hay revolución posible sin lograr movilizar a millones de personas por ese objetivo. Quizá no a toda la población, pero si a los suficientes…y esos, para nuestras naciones, siguen siendo millones de personas.

Si bien actualmente somos una minoría, eso no quiere decir en ningún momento que la política que debamos hacer sea una política de bastión, una política testimonial, de guetto. No podemos contentarnos con ser apenas una subcultura o contracultura del capitalismo.

Por el contrario, queremos acabarlo, sustituirlo por otro orden social, y para esto debemos estar dentro de los procesos de la lucha de clases, no al lado, no como un fenómeno exterior o de presencia esporádica o virtual, no como un residuo marginal, sino dentro de la lucha de clases, como expresión política concreta en los movimientos y organizaciones sociales y en los movimientos y organizaciones políticas. De lo contrario, como decía un compañero, las contradicciones terminan peleando solas.

El descontento existe; las condiciones de explotación y opresión política también, al igual que el desgaste del agente político hegemónico y las contradicciones al interior del bloque dominante, pero el pueblo es sabio, y si bien puede explotar de pura ira frente a determinadas situaciones de injusticia, no va a seguir ciegamente ni a organizaciones ni a políticas que le aparezcan inviables.

Comprendemos que históricamente, tras las grandes luchas de los setenta y ochenta, tras la derrota de los movimientos populares, las organizaciones sobrevivientes y los revolucionarios hayan debido replegarse a sus retaguardias sociales y políticas, para desarrollar una lucha de resistencia frente a la alianza hegemónica de los dueños del poder y la riqueza.

En nuestro caso, por ejemplo, ese espacio natural de repliegue fueron las poblaciones más combativas en la lucha contra la dictadura.

Sin embargo, creemos que no debe confundirse una necesidad contingente con un programa político, porque eso sólo refleja una situación temporal a la que hemos sido llevados por nuestros enemigos de clase.

Incluso, esa confusión conlleva errores graves de apreciación política, como elevar sin mayor reflexión a nuevo sujeto de la revolución a los pobladores, o redescubrir el «autonomismo», propio de los periodos de derrota y dispersión del movimiento popular, como la nueva panacea política, logrando con ello única y exclusivamente encubrir posiciones reformistas y profundizar aún más la dispersión.

Esto ha llevado -y lo decimos por experiencia propia- a tener una izquierda que piensa y hace en función de una franja radicalizada del movimiento popular, en función del activo político o incluso peor, para el autoconsumo. Eso, sin contar a las sectas ideológicas, que están más concentradas en la polémica entre ellas, haciendo hermenéutica de los clásicos, que en combatir a nuestros actuales enemigos de clase o intentar desarrollar alguna política en el mundo real, el de los vivos.

Así, es muy difícil que logremos levantar una propuesta que se encarne en el movimiento de masas, a pesar de que las condiciones sean extremadamente favorables, dado el ascenso en las luchas populares y a que el actual régimen político obliga a que las luchas sean todas extra institucionales, al menos en nuestro país.

Como sector, el activo revolucionario es numéricamente significativo, pero mientras sigamos haciendo política de pequeño grupo, mientras no recuperemos nuestros vínculos orgánicos con el conjunto del pueblo, estamos restando a cientos de hombres y mujeres a la construcción de una alternativa revolucionaria verdadera para nuestro país. Y creemos que esta situación es más o menos similar en el resto de nuestros países.

La reversión de esta situación pasa evidentemente por tomar conciencia del problema y no echarle la culpa al empedrado o sobredimensionar la efectividad de los instrumentos utilizados por el enemigo de clase. Pasa por reconstruir o reelaborar un programa revolucionario. Por levantar plataformas y formas de lucha que logren interpretar los reales intereses de los trabajadores y el pueblo y que les permitan luchar en mejores condiciones frente a las fuerzas y los instrumentos de que disponen las clases dominantes. Por fortalecer las organizaciones de la izquierda revolucionaria, por profesionalizarlas y hacer un aporte a la unidad, pero en torno a procesos de organización y de lucha de los trabajadores y el pueblo, en los espacios y de acuerdo a las dinámicas que el mismo movimiento popular se da, no a través de coordinaciones espurias entre los mismos grupos, en iniciativas vacías de pueblo o con formas de lucha que las mismas organizaciones andan inventando.

Creemos que por ahí va la recuperación de un rol más significativo en la lucha política para los revolucionarios. Ahora bien, estamos muy conscientes que ciertamente esto es siempre más fácil decirlo que hacerlo…

9. Junto a la implementación de medidas neoliberales se han agudizado los hechos represivos. Ustedes llegan a hablar de Estado contrainsurgente ¿Están en condiciones las organizaciones populares chilenas de hacer frente a esta violencia?

Creemos que sí. En la medida en que la violencia represiva se deja caer sobre estos sectores, son los mismos trabajadores, pobladores y estudiantes los que se organizan mínimamente para enfrentar la represión, directa o indirectamente. Para ejercer el derecho a la autodefensa y a la acción directa, y ahí la memoria colectiva se activa rápidamente para utilizar las formas de lucha que sean necesarias.

Respecto al movimiento popular, la contrainsurgencia ha operado más que nada buscando determinar los liderazgos sociales y tratando de detectar y evaluar las posibles amenazas al orden vigente. Esa ha sido una de las principales funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia y las policías.

En el caso de los militares, hasta donde sabemos, sólo el ejército y la armada han estado más involucrados en labores de inteligencia interna. Los primeros en su espionaje político tradicional, pero también preparando escenarios y monitoreando permanentemente la evolución del conflicto con los Mapuche, y la Armada preocupada más que nada del movimiento de los trabajadores portuarios y de los pescadores artesanales.

Las acciones represivas directas contra los trabajadores y el pueblo, han sido las detenciones masivas durante las movilizaciones, las palizas a dirigentes y manifestantes, el uso indiscriminado de gases y escopetas antimotines.

Se notan un poco menos los montajes comunicacionales, siempre destinados a aislar y deslegitimar todas las luchas sociales, y el amedrentamiento a los dirigentes sociales y sus familias, pero forman parte de la misma concepción institucional grabada a fuego por los dueños del poder y la riqueza, de que el pueblo que lucha por sus derechos y legítimas reivindicaciones es un enemigo del Estado.

Del lado del pueblo y los trabajadores, la lucha por el ejercicio de sus derechos económicos y sociales les ha llevado directamente a la necesidad de ejercer su derecho al uso de la violencia frente al orden patronal, sea como acción directa o como autodefensa ante la represión policial.

En el caso de los pobladores, fuera del 29 de marzo y 11 de septiembre, los enfrentamientos más fuertes se han dado los últimos años en el marco de la lucha por la vivienda, durante las últimas tomas de terrenos a fines de los ´90 y en las masivas movilizaciones de los deudores habitacionales. También en algunos casos contra la instalación de industrias contaminantes, tanto al norte como al sur del país, y como una explosión de malestar, de descontento, cuando fue implementado el Transantiago, viviéndose al menos en algunas poblaciones de Santiago, hasta cinco noches seguidas de movilizaciones, barricadas y violentos enfrentamientos con Carabineros debido al problema generado con el transporte público de la capital.

En el caso de los estudiantes secundarios, junto a las masivas movilizaciones al centro cívico de las principales ciudades del país, y al intento de impedir estas manifestaciones por parte del poder político, los estudiantes respondieron tomándose las calles, enfrentando por horas la represión policial con lucha callejera y tomándose cientos de establecimientos educacionales, sobre los cuatrocientos en todo el país, organizándose para mantener las tomas, y lo más importante, también para defenderlas.

En el caso de los trabajadores, a los enfrentamientos que se venían dando con Carabineros por las movilizaciones callejeras, se añadieron los cortes de ruta con barricadas, las tomas de instalaciones productivas en la minería privada, en la minería estatal, en la agroindustria, la salmonicultura, la pesquería artesanal y en algunas empresas de servicios. También, la quema de instalaciones, vehículos, botes e incluso el descarrilamiento de un tren de carga, en el conflicto de los mineros, y la quema de un cargamento de celulosa en el puerto de Coronel, por trabajadores portuarios. El enfrentamiento con Carabineros ha sido constante, dándose incluso al interior de los piques mineros, como en El Teniente o en el sur del país, en el marco de las protestas de los obreros subcontratistas de las empresas forestales, donde el obrero Rodrigo Cisternas fue acribillado al embestir un bus y un vehículo blindado de carabineros con maquinaria pesada.

En el caso del conflicto Mapuche, a las recuperaciones de tierras por parte de los comuneros, hay que añadir la quema masiva de plantaciones forestales, camiones y maquinaria de las grandes compañías de la industria de la madera, la quema de instalaciones productivas y el hostigamiento a colonos que no reconocen sus reivindicaciones, acciones en las cuales han sido muertos dos jóvenes Mapuche por parte de Carabineros. A la virtual ocupación militar de las VIII y IX regiones, los comuneros han respondido emboscando a tiros y quemando camiones en las carreteras, e incluso atacando convoyes de policía, siendo frecuentes los enfrentamientos en las comunidades producto de los allanamientos indiscriminados ordenados por los fiscales, sólo para amedrentar a mujeres, niños y ancianos, como ya reconocen las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional.

Eso en general ha permitido al pueblo mantener a la represión a raya, e incluso en algunos casos sobrepasarla y propinarle algunas derrotas. Son hechos puntuales, es cierto. Pero son tantos puntos, que nosotros consideramos que ya tenemos algo parecido a una línea o, lo que es lo mismo, una tendencia.

A pesar de esto, la cantidad de detenidos en manifestaciones ha ido superando con creces los récords establecidos por la dictadura, y el uso de armas de fuego por la policía va cobrando nuevas víctimas, sólo estos últimos años: Daniel Menco, universitario; Alex Lemún y Matías Catrileo, Mapuche; Rodrigo Cisternas, obrero; Johnny Cariqueo, poblador.

Claramente, el enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas represivas ha ido escalando, en forma paralela al desarrollo del movimiento popular y a la crisis de gobernabilidad de las clases dominantes, lo que es más evidente para las jornadas nacionales de protesta del 29 de marzo (el día del Joven Combatiente) y 11 de septiembre, donde son los pobladores los protagonistas de la violencia popular.

A pesar de que el discurso oficial busca situar en el lumpen al actor principal de ambas jornadas, que asumen la característica de verdaderas asonadas populares, lo cierto es que en ambas los principales actores son miles de jóvenes trabajadores, pobladores y estudiantes, y crecientemente personas de todas las edades, que a lo largo del país prácticamente toman el control de sus territorios durante la noche de ambos días para protestar.

Efectivamente se dan hechos delictuales, no lo vamos a negar con los niveles de descomposición social que provoca el neoliberalismo, pero son claramente fenómenos menores o periféricos a los enfrentamientos principales.

Esos días, principalmente el 11, la actividad económica se comienza a paralizar después del medio día en la capital; Las universidades públicas y algunas privadas cierran sus sedes, para prevenir movilizaciones de los estudiantes, y los establecimientos secundarios terminan antes su jornada; El transporte público baja sus frecuencias y comienza a escasear al atardecer, generando una psicosis colectiva por llegar a casa que es casi tangible; Desde temprano, Carabineros, la policía militarizada, toma posiciones rodeando a las principales poblaciones de trabajadores, con cascos de guerra, subametralladoras y hasta tanquetas, y dispone sus medios aéreos y sanitarios casi para una guerra civil.

Hasta los periodistas se transforman en verdaderos corresponsales de guerra, con cascos y chalecos antibalas, que al caer la noche comienzan con sus despachos desde los campos de batalla de las principales ciudades y los informes de bajas institucionales desde el hospital de Carabineros, durante jornadas con varios carabineros y pobladores heridos a bala, y al menos ya un carabinero y un poblador muertos los últimos dos años, en un país que según todos los discursos oficiales se supone «en paz» y «ordenado».

Este nivel de violencia, que ya no es esporádica, generalmente no es considerado en los análisis políticos, se pasa por alto, incluso en aquellos que hacemos desde la izquierda revolucionaria. ¡No es normal en ningún país del mundo que esto ocurra! Acá se despacha simplemente como un par de fechas testimoniales, donde miles de lumpen son trasportados desde una dimensión desconocida para hacer destrozos, levantar barricadas que se extienden por calles y calles en torno a las principales ciudades del país, para enfrentarse a piedras y tiros con la policía y desvanecerse en el aire antes de que amanezca.

Eso es un cuento de hadas, pero es la versión oficial, por lo que el tema no se incluye en los análisis políticos.

En el caso de los analistas de la izquierda, incluso aquellos con posturas más radicales, tendemos a pensar que este «olvido» se debe, por un lado, a que simplemente no viven en los sectores donde se producen los enfrentamientos y por lo tanto no tienen cómo cuantificar ni analizar cualitativamente la situación, y por otro, a que es una realidad que existe a contrapelo de sus preferencias parlamentaristas o movimientistas, por lo que se la niega, al igual que la lucha que están dando los Mapuche, donde lo único que se toma en cuenta en los análisis, sólo a efectos de denuncia y siguiendo con una lógica incluso paternalista, son las acciones represivas del estado, pero en ningún caso el nivel de desarrollo que han alcanzado las acciones milicianas de los comuneros.

Es por eso que creemos que las organizaciones sociales populares si pueden hacer frente a las escaladas represivas, hasta este punto.

La clave de la acción directa y la autodefensa ha sido su masividad, su legitimidad, su surgimiento desde las bases, su carácter político evidente en medio de un conflicto de intereses que pone a los trabajadores y al pueblo de un lado, y a los empresarios, al gobierno y al Estado del otro.

Esos elementos se han estado dando, han estado presentes, y no creemos que vayan a dejar de estarlo en el corto plazo, por el contrario, creemos que esta tendencia continuará desarrollándose.

Para que esta situación no se agudice, en lo inmediato, los dueños del poder y la riqueza han buscado criminalizar la protesta social. Han rebajado la edad de imputabilidad penal. Han transformado en delitos graves las acciones de autodefensa… y están construyendo más cárceles, en un país que en proporción a su población tiene más personas presas que cualquiera en Latino y Centroamérica. Han más que duplicado y tecnologizado las Fuerzas Especiales de Carabineros, el cuerpo especializado en la represión de las manifestaciones, y ahora hay un ejército de fiscales prontos a perseguir y encarcelar a quienes promuevan «desordenes», gracias a la reforma procesal penal.

Por otro lado, en una perspectiva de mayor largo plazo, al interior del bloque dominante se vienen planteando distintas alternativas para retomar la gobernabilidad del sistema en su conjunto, y en este marco también entendemos la apertura hacia la izquierda extraparlamentaria, como una forma de descomprimir y desviar esta tendencia de lucha del movimiento popular, hacia la negociación en la mesa del parlamentarismo burgués, hacia la intermediación y clientelización de los descontentos, que es el papel que vendría a cumplir el PC.

11. Ustedes reafirman la existencia del MIR como una organización político-militar. Al respecto, ¿qué papel ocupa en la actualidad la actividad armada en la estrategia del MIR?

Sigue cumpliendo un papel principal, pero eso no significa que en éste momento estemos desarrollando actividades armadas en forma abierta en el país.

En la concepción político militar que manejamos, tenemos una especie de «línea militar de masas», por así decir, que apunta a la necesidad de desarrollar la acción directa y la autodefensa de los sectores movilizados, como práctica generalizada del movimiento popular, y avanzar al desarrollo de niveles primarios de trabajo miliciano, en apoyo a las dinámicas territoriales, sectoriales y nacionales de lucha.

Lo explicamos:

El objetivo fundamental de nuestra estrategia revolucionaria es lograr la derrota de las fuerzas políticas, económicas y militares, nacionales e internacionales, que sustentan el capitalismo en Chile, abriendo paso a la construcción del poder popular y a las transformaciones necesarias para la construcción del socialismo en nuestro país. Evidentemente, por la envergadura de la tarea, esto sólo puede ser obra protagónica de los trabajadores y el conjunto del movimiento popular, en un proceso de suma cero que excluye la posibilidad de cualquier acuerdo de colaboración de clases con los enemigos del pueblo, porque los intereses que defienden ambos bandos son contradictorios, antagónicos y excluyentes entre si.

Como los dueños del poder y la riqueza no dejarán su posición de privilegio sin luchar, cosa que demuestra nuestra historia reciente en forma más que transparente, y como las condiciones de explotación y dominación en que es mantenido el pueblo también le obliga a éste a avanzar en sus posiciones mediante la lucha, nosotros consideramos entonces que, en lo estratégico, este proceso sólo puede desembocar en un enfrentamiento violento, armado, entre las fuerzas militares de las clases dominantes, de un lado, y el pueblo armado, del otro.

La actualidad de esta consideración la demuestra nuestra historia contemporánea: El 11 de septiembre en Chile sólo estuvo uno de los componentes de esta ecuación, y todos conocemos los resultados; El 2008 en Bolivia vimos una intentona golpista similar, y si bien el pueblo boliviano se movilizó, sólo la presión internacional logró frenar los planes de la reacción.

Cuando fue el golpe en Venezuela, al primer momento de desconcierto el pueblo respondió movilizándose masivamente, sin embargo lo que definió la suerte de Chávez fueron las armas en manos de militares leales aún, en esa coyuntura, al pueblo pobre venezolano. La convocatoria al pueblo venezolano a incorporarse a las reservas de las fuerzas armadas, en una solución de compromiso con los sectores castrenses, entendemos que es un paso adelante en el desarrollo del armamento general de pueblo en ese país.

Por esto, nosotros creemos que en nuestro diseño estratégico la combinación de todas las formas de lucha deben converger, en espacios geográfico sociales y tiempos políticos específicos, hacia el desarrollo de la violencia organizada de las masas, hacia un enfrentamiento, que del lado de los poderosos asume la forma de guerra contrarrevolucionaria, y del lado del pueblo, asume la forma de guerra popular revolucionaria, siendo necesario entonces que los trabajadores y el pueblo constituyan su propia fuerza militar.

Esta fuerza militar del pueblo sólo podrá combatir en buenas condiciones, esta pelea sólo la podrán dar los trabajadores y el movimiento popular, si logran acumular mayores fuerzas ideológicas, sociales, políticas y militares que el enemigo de clase, de lo que surge la necesidad de una estrategia revolucionaria que es a la vez política y militar, una estrategia de guerra popular revolucionaria.

La idea básica es que el pueblo no podrá vencer si no logra constituir una fuerza militar, pero para construir a su vez esa fuerza también debe constituir una fuerza política que la desarrolle y organice. A ese proceso lo llamamos acumulación de fuerza social revolucionaria.

Los objetivos de este proceso ya los enunciamos. Son el logro de la unidad ideológica del pueblo, en torno a la construcción de un programa de transformaciones revolucionarias que logre interpretar a la mayor cantidad de sectores populares posibles, a la vez que ser la base para el inicio del proceso de construcción del socialismo en nuestro país. El logro de la unidad política de los distintos partidos y organizaciones políticas populares y revolucionarias, a través de un frente político o una figura similar que permita su complementación, su mutuo fortalecimiento y principalmente, su acción conjunta y coordinada. El logro de la unidad social de los trabajadores y el pueblo, de los explotados y excluidos, a través de un poderoso movimiento social, asociado al logro histórico de la alianza plurinacional, multiétnica e intercultural entre el pueblo chileno y las naciones Aymara, Rapa Nui y Mapuche. Y, finalmente, el logro de la unidad en la conducción militar, en el sentido de que al ir construyendo las condiciones para el logro de los otros objetivos también se irán sentando las bases para que el movimiento popular y las organizaciones revolucionarias acerquen posiciones en torno al esfuerzo estratégico que es conducir la guerra popular.

Evidentemente esa tarea es gigantesca, pero todos los grandes viajes se inician dando los primeros pasos, y en este caso ya se han dado algunos importantes. La situación del pueblo chileno hoy es distinta a la de hace cuatro décadas atrás. Hoy, como pueblo, tenemos la experiencia del periodo prerrevolucionario desde 1969 al ´73, y tres décadas de experiencia de lucha insurgente y popular. Y eso hace una diferencia.

Esa es la concepción que nos orienta, y es a partir de ahí entonces que tratamos de valorar e intervenir en los distintos conflictos y dinámicas de lucha social. Cuando impulsamos determinadas tareas o actividades, es eso lo que tratamos de mantener en mente, y bueno, si vamos a ser consecuentes con esa concepción eso implica que la construcción orgánica que estamos realizando debe incorporar centralmente estos elementos, ajustados a la situación política del país y a nuestra realidad orgánica.

La actividad armada entonces para nosotros no es un fetiche. Lo que nos otorga identidad y lo que nos entrega contenido político no son las armas, sino el diseño estratégico político militar. Y lo que estamos haciendo hoy en términos sociales, en términos políticos e incluso comunicacionales, si bien no es actividad armada propiamente dicha, se enmarca en ese diseño, porque el desarrollo de la violencia de masas es la base de toda política militar revolucionaria.

Dicho de otro modo, y para finalizar, desarrollar una política militar no significa necesariamente estar realizando acciones armadas.

12. Durante los últimos años la actividad de grupos libertarios ha experimentado un importante desarrollo. ¿Cómo interpretan este accionar?

Primero que nada, decir que tenemos un profundo respeto por el movimiento libertario, que es una de las matrices ideológicas de las cuales se nutre el movimiento obrero, popular y revolucionario chileno.

Desde sus inicios en nuestro país, a fines del siglo XIX, el anarquismo ha contribuido a la organización de clase y a la lucha de los trabajadores, como lo demuestran la profusa prensa obrera de la época y las grandes luchas obreras en las que participaron, muchas de las cuales ellos mismos lideraron, principalmente a través de la sección chilena de la IWW.

Si bien como corriente política popular y revolucionaria tuvieron su mayor desarrollo en nuestro país entre fines del siglo XIX y principios de la década del ´30 del siglo XX, la represión ibañista, la posterior conformación de un bloque histórico con participación de los trabajadores y la consecuente estabilización e institucionalización de los conflictos de la lucha de clases en ese periodo, llevaron a esta corriente ideológica a su mínima expresión en las décadas siguientes, aunque igual tuvieron un importante rol en la unificación de las organizaciones sindicales y la constitución de la CUT en la década de los ´50.

Una CUT de lucha, proletaria y popular, anticapitalista y antiimperialista, no como la de ahora.

A fines de la década del ´60, jóvenes trabajadores ácratas se incorporaron también a nuestra organización, fortaleciendo la vinculación del MIR con los trabajadores, fortaleciendo la concepción de la acción directa como medio de lucha, concientización y fortalecimiento del movimiento popular e incluso posibilitando el contacto e incorporación de militantes revolucionarios provenientes de las Fuerzas Armadas, por lo que en el ADN del MIR también hay un componente anarquista relevante, que ha contribuido a otorgarle identidad a nuestra organización y a darle un perfil definido.

El resurgimiento ideológico libertario actual, creemos que está vinculado en su aspecto positivo, al derrumbe de los socialismos reales, a la bancarrota de los partidos del reformismo comunista y a la involución socialdemócrata de los socialistas.

Esos procesos han constituido -o eso por lo menos es lo que piensan muchos compañeros- una validación a posteriori de los postulados ideológicos del anarquismo frente a las deformaciones estalinistas, frente a la socialdemocracia y también, en un sentido teórico más profundo, frente al marxismo (con lo que nosotros obviamente no estamos de acuerdo).

En su aspecto negativo, creemos que el resurgimiento de algunos grupos o individuos que se reclaman anarquistas, está vinculado a la derrota del movimiento popular y de las organizaciones revolucionarias, a la dinámica de dispersión e incertidumbre ideológica que trae el periodo de reflujo del movimiento popular en los ´90. Creemos que eso es lo que explica también el resurgimiento del maoísmo, del trotskismo, del estalinismo, del autonomismo y de las nuevas formas de reformismo en el campo popular.

Para nosotros, en este aspecto negativo, son todas expresiones de la derrota y se mantendrán mientras dure el reflujo, por lo que una vez superado, tenderán a desaparecer como dinámicas de organización o corrientes políticas.

Esto no lo decimos por soberbia, porque el proceso también afectó al mirismo, sino que lo planteamos en atención a una cierta regularidad histórica que se ha presentado ya en otras oportunidades, tanto en nuestro país como en otros antes que el nuestro, en similares circunstancias.

Además, y aquí hay un elemento importante de diferenciación con el anterior ciclo de desarrollo del anarquismo en Chile, socialmente no estamos hablando de una corriente anarquista enraizada fuertemente entre los trabajadores. La corriente anarquista actual es fundamentalmente pequeño burguesa, surge con facilidad en el medio estudiantil y también entre pobladores radicalizados y lumpenizados, y no es precisamente una corriente revolucionaria.

Es decir, a diferencia de los viejos anarquistas, fuera de la pura expresión de rabia y rebeldía, fuera de la estética, de una hiper radicalidad que se queda en el gesto, no hay un proyecto detrás, no hay una convocatoria real de transformación hacia los trabajadores, hacia el pueblo. No hay una convocatoria de organización, una convocatoria de lucha o de solidaridad entre trabajadores.

Hay más bien mucha retórica, autoafirmación y autoconsumo, e incluso, en algunos casos, ya descomposición ideológica por parte de algunos núcleos de jóvenes que se autoproclaman anarquistas, que se han pasado definitivamente al lumpen, a la delincuencia común, y eso lamentablemente no puede ser desmentido por estos días ni tampoco justificado con el argumento de que es delincuencia social clasista contra los explotadores y privilegiados, porque afecta a nuestra propia gente. Volvemos a insistir en que estos procesos de descomposición también han afectado a grupos que se autoproclaman como miristas, por lo que no es desde la torre de marfil desde la que estamos hablando, sino desde un conocimiento de causa bastante cercano.

Eso, que pensamos caracteriza a la mayoría de los sectores que se consideran a si mismos libertarios, no significa que no alcancemos a darnos cuenta que hay una minoría dentro de ese movimiento que se toma el anarquismo en serio, y que está en otra lógica. Aunque en términos de composición social creemos que tiende a ocurrir lo mismo que con los anteriores, algunos han estado desarrollando una labor contracultural y de apoyo mutuo relevante, sobre todo con la causa Mapuche, en forma bastante esforzada y silenciosa y otros accionando efectivamente contra los símbolos del poder económico, político y militar/policial.

Los componentes de esta minoría creemos que son los únicos libertarios que tienen una idea consistente de lo que están haciendo o hacia dónde apuntan.

Que la compartamos, es otra cosa, ya que claramente utilizamos lógicas distintas, como lo planteamos en la pregunta sobre nuestra concepción político-militar, pero eso no significa que en algún momento no podamos marchar juntos.

Por el contrario, creemos que hay varios puntos que nos unen, quizá no en la forma de organizarnos pero si en nuestra postura política frente a los dueños del poder y la riqueza, frente al reformismo, en el impulso de la acción directa, de la autodefensa, y de la concepción del poder popular.

13. Recientemente, uno de estos grupos insurreccionalistas reveló sus sospechas respecto a que el llamado Frente Anarquista Revolucionario sería obra de Inteligencia. ¿Regresó «La Oficina»?

La verdad es que lamentablemente «La Oficina» no se fue nunca. Por el contrario, se institucionalizó, pagando la Concertación el precio de permitir y legalizar la intervención de las fuerzas armadas en labores de inteligencia y seguridad interna, como ellos le llaman. Sólo así pudieron crear la ANI y traspasar el personal de la DISPI formalmente a esta nueva agencia.

Con el refuerzo que le proporcionan las fiscalías y sus procedimientos ad-hoc, ya durante el 2008 lo que volvió con fuerza fueron las querellas por ley de seguridad interior del estado y por ley antiterrorista, que están afectando mayoritariamente a los presos políticos Mapuche.

Los montajes se han concentrado al sur del país, con pruebas y testigos falsos, buscando criminalizar y sancionar en forma ejemplar la insurgencia Mapuche, por lo que el gobierno y las policías están llenando las cárceles del sur con las autoridades tradicionales de las comunidades, que son a los que pueden encontrar.

También, a raíz de la muerte de carabineros en asaltos en los que las policías supusieron participación de ex militantes de organizaciones populares armadas, se desató a fines del 2007 y principios del 2008 una ofensiva de persecución a ex militantes de esas organizaciones, tuvieran o no que ver en los asaltos.

A los ex lautarinos que se dejaron detener en Argentina, se sumaron otros detenidos en allanamientos en casas okupa y un grupo de compañeros miristas detenidos en el sur del país, relacionados por las policías con un par de expropiaciones realizadas por el MIR-EGP hace un par de años atrás, con lo que las policías buscan dar un golpe indirecto a esa organización, en vista y considerando que no sólo no los pueden detener, sino que además, cuando lo hacen, se les escapan.

En el caso de la documentalista Elena Varela, por ejemplo, quien no reconoce su militancia en esa organización, la fiscalía ha realizado todo un montaje para mantenerla en prisión, ya que creemos lo que más les preocupa es buscar sancionar ejemplarizadoramente la denuncia sobre la represión a los Mapuche que ha realizado en sus películas, y enviar un mensaje a otros comunicadores.

Junto a los casos anteriores, también el gobierno, las fiscalías y las policías han tratado de controlar la autodefensa de masas durante las movilizaciones, por lo que han detenido a estudiantes y jóvenes anarquistas aplicándoles una nueva normativa que sanciona el uso de bombas molotov con hasta diez años de cárcel.

En relación a estos últimos, efectivamente gobierno, ANI, policías y fiscalía están particularmente preocupados porque le adjudican a los grupos libertarios la mayoría de los bombazos registrados los últimos dos años, más de 50, y respecto a estos grupos no tienen ningún parámetro todavía como para articular un trabajo de inteligencia efectivo. Además, los grupos que han estado actuando se han preocupado de mantener el secreto y cumplir las normas básicas del trabajo clandestino, por lo que hacen más difícil su detección y captura por parte del enemigo.

Sin embargo, como la operación de los libertarios en grupos autónomos y sin coordinación necesaria entre si se parece mucho a la situación de dispersión de las organizaciones armadas a fines de los ´80, se ha abierto un espacio propicio para la acción de inteligencia por parte del Estado, sobre todo a través de la creación de falsos grupos anarquistas, que permitan el reclutamiento de estudiantes y pobladores radicalizados, para después «cargarlos» y hacer sus montajes comunicacionales, en vista que, por lo que se puede apreciar, no van a poder atrapar a los que quisieran.

En el caso del MIR, la CNI realizó una de estas operaciones a fines de 1988 en la zona poniente de Santiago (comunas de Pudahuel y Estación Central) con el resultado de dos compañeros asesinados y muchos más neutralizados al ser expuesta su legalidad. Posteriormente, la Oficina montó la operación sobre el Destacamento Mirista Pueblo en Armas, a principios de los ´90, con el resultado de varios compañeros presos y el resto neutralizado u obligado a pasar a la clandestinidad.

En este sentido, es comprensible la denuncia que hacen los compañeros libertarios de una posible operación de inteligencia, y creemos que habría que investigarlo más a fondo.

Sin embargo, queremos aprovechar de señalar también, que tanto daño hace al movimiento popular el enemigo, a través de sus operaciones y montajes de inteligencia, como la actuación irreflexiva en estos temas por parte de personas u organizaciones pertenecientes al campo popular.

Nos referimos a dos situaciones: Primero, a la lógica del MIR de Demetrio Hernández, que cada vez que el MIR-EGP realizaba alguna acción, o alguno de sus miembros era detenido por parte de las fuerzas represivas, se apresuraba a sacar una declaración desconociendo a esta organización, deslizando que pudiera tratarse de un trabajo enemigo y reiterando, hasta el ridículo, que ellos se mantenían dentro de la legalidad. Actitud que tuvieron muchos comunistas también en la época en que el FPMR se autonomizó de su dirección partidaria.

Segundo, que también sucede que muchos auto declarados libertarios y/o auto declarados revolucionarios, envueltos en su propia ignorancia encubierta con fraseología radical y revolucionaria, son sumamente paranoicos e irresponsables en las denuncias que hacen, como se puede confirmar patéticamente en algunos foros de Internet.

Eso no lo justificamos ni lo vamos a justificar de ningún modo. Por el contrario, creemos que es un signo claro de descomposición política e ideológica. Si hay sospechas de trabajo enemigo, debe ser realizada una investigación seria y acuciosa, y si se confirma, actuar en consecuencia. Si vamos a andar con miedo por la vida, si la represión nos provoca tanto temor que nos lleva a ver enemigos por todas partes, entonces mejor no nos dediquemos a revolucionarios o libertarios.

Esta irresponsabilidad genera una situación de sospecha y desconfianza permanente, desprestigia a la izquierda revolucionaria y a los ácratas de verdad, contribuye a la dispersión de los esfuerzos en el campo popular y apunta a lograr paralizar la extensión de la iniciativa insurgente del movimiento popular, por lo que cumple cabalmente uno de los objetivos del enemigo y le es funcional a su estrategia.

Si consideramos que en el campo de nuestros enemigos de clase, al servicio de los dueños del poder y la riqueza, tenemos a organismos profesionalizados de inteligencia, como la ANI, DIPOLCAR, JIPOL, DID, DEIC, DINE, DIRINTA y DIFA, y con la Reforma Procesal Penal a un ejército de fiscales serviles a lo largo de todo Chile, ¡Para qué les vamos a seguir haciendo el trabajo nosotros! Por eso hablamos de responsabilidad, de consecuencia, sobre todo cuando de lo que se trata es de proteger la vida y la integridad de otros, del mismo pueblo al que decimos pertenecer, que decimos defender y por cuyos intereses nos organizamos para luchar.

14. La estrategia represiva de las instituciones chilenas es especialmente intensa en cuanto al «conflicto» mapuche. ¿Cuál es la posición del MIR respecto a la lucha del pueblo mapuche?

Decimos, para caracterizar los contenidos de nuestro proyecto revolucionario, que la revolución chilena será, en términos genéricos, obrera, campesina, indígena y popular, por las fuerzas que la componen, y democrático-popular, socialista, plurinacional, ecológica, antiimperialista, descolonizadora y antipatriarcal, por sus objetivos.

Decimos además que es una revolución nacional, ya que el ámbito de su realización se enmarca dentro de las actuales fronteras nacionales del Estado Chileno, pero que necesariamente se proyecta internacionalmente, en la medida en que no vemos posible la construcción del socialismo en Chile, sin la construcción del socialismo en todo el continente.

Esto se plasma en la actual concepción bolivariana de una segunda independencia en la región, que apunta a la unidad de los pueblos latinoamericanos en la construcción del socialismo del siglo XXI. Así mismo, dentro del proceso de construcción de la fuerza social revolucionaria, cuando hablamos del logro de la unidad social del pueblo, planteamos también la necesidad del logro de una alianza plurinacional, multiétnica e intercultural entre el pueblo chileno y los pueblos Aymara, Rapa Nui y Mapuche.

Entonces, si bien nuestra revolución es nacional y popular, y nos sentimos participes y recogemos las tradiciones de lucha y desarrollos culturales idiosincrásicos generados estos 200 años de vida republicana como chilenos, no tenemos ningún problema en comprender que esto ha formado parte de una construcción histórica, y que por lo mismo, podemos avanzar perfectamente durante los años que vienen, a la abolición de las fronteras heredadas de las pugnas inter oligárquicas del siglo XIX en la región.

Como quiera que el Estado tal cual lo conocemos es un desarrollo histórico también decimonónico, ligado al desarrollo y expansión del capitalismo, creemos que Aymara, Rapa Nui, Mapuche y chilenos podemos avanzar también, sobre una base socialista y democrático-popular, a la conformación de un nuevo tipo de Estado, que nos permita evolucionar de las fronteras administrativas establecidas en función de la reproducción del capital para la oligarquía, a la organización social en función de la reproducción cultural de nuestros pueblos, lo que implica la revitalización en todo orden de los territorios poblados por las naciones Aymará, Rapa Nui y Mapuche, en relación con el proceso de integración de los pueblos latinoamericanos.

No nos queda tan claro, eso sí, que los pueblos originarios, para sobrevivir y proyectarse al futuro como pueblos, deban reproducir la misma ruta institucional establecida por los Estados occidentales. Creemos que ese es el máximo grado de internalización de la ideología dominante. Por esto, la única alternativa que vemos como posible para la liberación nacional de los pueblos originarios, está ligada indisolublemente a la suerte de los procesos revolucionarios en nuestros países.

Ahora bien, como organización, el MIR logró construir un vínculo bastante antiguo con el pueblo Mapuche, desde las corridas de cerco a fines de los años ´60, pasando por la conformación del MCR durante el gobierno de la UP hasta las luchas de resistencia a la dictadura. Incluso a principios de los noventa, todavía el MIR-EGP conservaba sus vínculos con algunas comunidades.

Nosotros creemos que la reedición de esa alianza hoy es posible, y además conveniente para ambos pueblos. Creemos que ambos procesos son solidarios, y que esa alianza es estratégica para el desarrollo de la guerra popular.

Sin embargo, en este momento de desarrollo de las luchas, tanto de los Mapuche como de los trabajadores y el pueblo chileno, esa alianza es incipiente, una posibilidad, por lo que su concreción es una de las tareas que vemos como una de las más importantes para los próximos años.

– Eudald Cortina es miembro del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (www.cedema.org)