Greenpeace acusa al PSOE de haber impedido que el Parlamento aprobara una verdadera y profunda reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una maniobra política para defender los intereses de la industria nuclear. El grupo socialista fue el primero en apoyar la Proposición del grupo de Izquierda Verde, IV-IU-ICV, para reformar el CSN, cuando […]
Greenpeace acusa al PSOE de haber impedido que el Parlamento aprobara una verdadera y profunda reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una maniobra política para defender los intereses de la industria nuclear. El grupo socialista fue el primero en apoyar la Proposición del grupo de Izquierda Verde, IV-IU-ICV, para reformar el CSN, cuando se destapó el escándalo de Vandellós-2, pero durante la tramitación parlamentaria el grupo socialista ha acabado por seguir la estela de la popular María Teresa Estevan Bolea durante los 5 años que estuvo al frente de la Presidencia del CSN, dedicados intensamente a favorecer los intereses del lobby nuclear, pasando por alto el interés general y sin ninguna preocupación por la seguridad.
El PSOE pactó con el PP una versión muy descafeinada de la reforma del CSN de espaldas a IV-IU-ICV, el grupo que presentó la Proposición de Ley. Este texto desvirtuado se aprobó en el Congreso en junio de 2007.
Esta maniobra produjo tal escándalo en Presidencia del Gobierno y otros sectores del partido, que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, forzó al Grupo Parlamentario Socialista a llegar a un acuerdo con IV-IU-ICV y los partidos nacionalistas para mejorar la Proposición de Ley en el Senado, y evitar así que el PP, con su mayoría, pudiera bloquear la mejora de la Proposición de Ley.
En septiembre, el PSOE y IV-IU-ICV, a través de Entesa Catalana de Progres, registraron en el Senado ocho enmiendas pactadas que, de haber sido aprobadas, hubieran mejorado sustancialmente esa Proposición de Ley. Pero los socialistas han vuelto a demostrar que su intención de reformar el CSN es una farsa. En el Senado, lejos de buscar un acuerdo con los nacionalistas, han dejado que el PP se aliase con CiU para tumbar sin problema las enmiendas pactadas con la Entesa en la reunión del pasado martes de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado.
Con su doble moral, el PSOE, junto con el PP y CiU, han impedido que se reconozcan un importante número de derechos ciudadanos en la legislación nuclear, que se cree una oficina de gestión de las denuncias de los trabajadores, que el Comité Asesor para la transparencia y la participación pueda acceder a documentos imprescindibles para su trabajo, que se eliminen algunas de las barbaridades que se incluyen en el nuevo régimen sancionador, entre otros aspectos clave.
Por su parte, la actuación de CiU es paradigmática de hasta dónde puede llegar la clase política para defender la agenda personal de aquellos a quienes consiguen colocar en las instituciones. En este caso, el apoyo de CiU al PP se ha visto compensado con la introducción de una enmienda cuyo único objetivo es asegurar la renovación automática por otros seis años del único consejero del CSN propuesto por CiU hace seis años.
Greenpeace recalca también la lamentable actuación del CSN, actualmente presidido por la socialista Carmen Martínez Ten, en la campaña del lobby pronuclear para evitar que este organismo pueda llegar a funcionar alguna vez de forma transparente e independiente de la industria nuclear. Así pues, con la connivencia del Grupo Socialista, el CSN intentó colar a última hora una enmienda que habilitaba a este organismo para dejar sin efecto, a su voluntad, las normas que por imperativo legal están obligadas a cumplir las centrales nucleares. Esta bochornosa maniobra, que el CSN etiquetó de simple «mejora técnica» de la Ley, tuvo que ser detenida por altas instancias del Grupo Socialista en el Congreso después de que Greenpeace alertara de ello.
De la misma manera, la revisión del régimen sancionador de la Ley de energía nuclear, que el Ministerio de Industria ha tramitado a instancias del CSN en paralelo con la reforma de la Ley del CSN, no deja de ser otro manifiesto engaño a la ciudadanía.
Con la excusa de un endurecimiento de las sanciones, el Parlamento aprobará un régimen cuya aplicación será inviable ante las infracciones más graves, haciendo que éstas se puedan sancionar como simples faltas leves. Además, no sólo se mantiene la vergonzosa práctica de sustituir las multas por cartas de apercibimiento, sino que se hace más opaca todavía, permitiendo que el CSN oculte a los órganos sancionadores (Ministerio de Industria o Gobiernos Autónomos) cuándo perdona las multas a las nucleares.
Entre tanto, el CSN de la socialista Martínez Ten no se aparta un milímetro de la senda marcada por la popular Estevan Bolea durante su mandato. Las ocultaciones que se han revelado en estos días pasados sobre el robo de uranio en la Fábrica de Juzbado y sobre el transporte de residuos radiactivos de muy alta actividad, que han atravesado de centro a norte la península, son una prueba evidente de que el CSN sigue siendo lo que era y nada hay que haga pensar que será diferente en el futuro. La historia se repite, ahora con los socialistas.