Un 23 de enero de 1977 un comando ultraderechista asesinó a Arturo Ruiz en Madrid. Ocurrió en una manifestación que reclamaba la amnistía para los presos del franquismo. Al día siguiente, en una protesta convocada por este crimen, un bote de humo lanzado por la Policía mató a la estudiante Mari Luz Nájera. Unas horas más tarde se produjo la más conocida matanza en el despacio de los abogados laboralistas de Atocha, que dejó cinco víctimas mortales. Se trata de la “semana negra” de Madrid. Aquello de que la Transición fue un período pacífico en España queda en entredicho con estos asesinatos y otros crímenes en todo el país que ocurrieron durante años posteriores a la larga dictadura.
Este fin de semana se cumple un nuevo aniversario de la trágica fecha. La familia de Arturo Ruiz le rendirá homenaje el lunes frente a su placa, en la conocida como “plaza de la Luna” en Madrid, donde recibió los dos tiros que le causaron la muerte.
En el año 2000 la Audiencia Nacional dictó la prescripción del caso. El supuesto autor del crimen, José Ignacio Fernández Guaza, un matón ultraderechista con vínculos con las fuerzas de seguridad huyó sin que nadie lo haya buscado hasta la fecha. Para el hermano de Arturo, Manuel Ruiz, este es “un crimen de lesa humanidad que no prescribe según el derecho internacional” cuyo “responsable político” sería Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Interior y responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007, es “mucho mejor” que la anterior, sostiene tanto Manuel Ruiz como los familiares de víctimas del franquismo y colectivos memorialistas. Pero el texto solo abarca hasta 1978 y deja fuera a las víctimas buena parte de los crímenes de la Transición. Partidos políticos como el PCE y Unidas Podemos sostienen que la nueva norma debería extenderse hasta 1983. La historiadora Sophie Baby en su investigación El mito de la transición pacífica calcula que el “terrorismo de izquierdas” causó 536 muertes, pero que no debe olvidarse la “violencia del Estado” que se llevó la vida de 178 personas.
“Quien tiene la llave es el PSOE, pero tienen un problema endémico: no quieren tocar la Transición”, señala Manuel. La prueba definitiva para él llegó en septiembre, cuando Martín Villa acudió al Consulado de Argentina en Madrid para declarar ante la jueza María Servini, que le investiga por 12 asesinatos -algunos de ellos perpetrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad- cuando era ministro de Interior. Entre estos crímenes está el de Arturo Ruiz. La jueza todavía no ha comunicado si finalmente procesará al exministro de Gobernación.
A través de cartas que fueron remitidas a Salvini, Martín Villa recibió el apoyo de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. También de de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo. Además de políticos todavía en activo como Josep Borrell, hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. “Yo me pregunto por qué temen a Martín Villa”, reflexiona Manuel.
Este fin de semana el Teatro del Barrio de Madrid alojará de nuevo homenaje a las víctimas de la semana negra de 1977: los abogados de Atocha, Mari Luz Nájera y Arturo Ruiz. El año pasado este mismo acto fue el primero de Pablo Iglesias como vicepresidente. Aquí consideró a estos asesinados de la Transición como “represaliados del franquismo” y dio las primeras pinceladas del compromiso del Gobierno de coalición de “darles el lugar que se merecen a todas las víctimas de la dictadura”. Dos diferentes visiones que conviven en el Gobierno de coalición. El transcurso del tiempo y de la futura Ley de Memoria Democrática determinará si las víctimas de la Transición también son reparadas. “No se puede detraer de la historia ese bloque de años”, indica Manuel.