Unidas Podemos, ERC, CUP, BNG, EH Bildu y Junts votan en contra de una reforma que saca el consentimiento sexual del centro de la norma.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, finalmente apenas ha cosechado apoyos en su rechazo a la reforma de la ‘ley del solo sí es sí’ que ha impulsado el PSOE. Con 231 votos a favor, 58 abstenciones y 56 en contra, los que suman Unidas Podemos, ERC, CUP, BNG, EH Bildu y Junts en la Cámara baja, los cambios han salido adelante en lo que supone una derrota de las tesis que defiende la ministra de Igualdad.
En una sesión que ha incluido duras palabras entre las formaciones del bloque de investidura y especialmente entre las socias de gobierno, la reforma de la Ley de garantía integral de la libertad sexual no solo ha contado con los votos del PSOE, sino también los del PP, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, Navarra Suma, Foro Asturias, Teruel Existe, PRC y PdeCat. Vox, Más País y Compromís han decidido abstenerse.
El cambio que ha unido a PSOE con los partidos de la derecha seguirá ahora su trámite parlamentario para que los partidos puedan realizar enmiendas a la misma y se producía un 7 de marzo, apenas unas horas antes de que comience la fecha de demostración anual del movimiento feminista, el 8 de marzo, que este año acude a las calles con la resaca de la votación.
Lo vivido en el Congreso pone punto y final a un enfrentamiento entre las dos formaciones de Gobierno que ha sido afeado por el resto de formaciones de investidura. “Estamos cansadas de vuestras peroratas e hipérboles”, comenzaba la socialista Andres Fernández mirando hacia la bancada de UP. “El PSOE se ha aliado con el PP y Vox para volver a preguntarnos si cerramos las piernas”, respondía la portavoz de Unidad Podemos, Lucía Muñoz.
La iniciativa legislativa modifica tres leyes: la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en lo que atañe a delitos contra la libertad sexual; la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; todas ellas modificadas con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
El objetivo de la proposición de ley es, según fuentes del Congreso, “blindar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual en favor de las víctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas”.
Desde Unidas Podemos, sin embargo, lamentan que el consentimiento deje de estar en el centro de la ley. “Necesitamos un Código Penal que proteja nuestra libertad sexual y proteja nuestro consentimiento sexual”, señalaba la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, a las cámaras de la televisión pública. “Bajo nuestro punto de vista siempre hubo posibilidades de acuerdo —continuaba— y hubiera sido mucho mejor iniciar una tramitación de esta norma apostando por una reforma que mantuviera el consentimiento en el centro y esta foto de nuestros socios de gobierno votando con la derecha en una ley feminista evidentemente solo empeora el problema”.