La masacre de cinco integrantes de la nación indígena Awá revela las falencias del gobierno colombiano para proteger a los indígenas y a las personas desplazadas. Unos 300 indígenas colombianos que huyeron de los combates entre el Ejército y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se declararon en «asamblea permanente» y […]
La masacre de cinco integrantes de la nación indígena Awá revela las falencias del gobierno colombiano para proteger a los indígenas y a las personas desplazadas. Unos 300 indígenas colombianos que huyeron de los combates entre el Ejército y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se declararon en «asamblea permanente» y se mantendrán en esa condición durante 40 días.
Según informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), permanecen concentrados en algunas escuelas del suroeste del país.
Los indígenas forman parte del grupo de cerca de 1.300 que el mes pasado huyeron a la zona urbana de Ricaurte debido a los fuertes combates entre el ejército colombiano y las guerrillas de las FARC. .
Los otros 1.000 continúan como desplazados en esa población de Nariño, departamento fronterizo con Ecuador y a más de 800 kilómetros de la capital colombiana. .
El 9 de agosto, mientras la mayoría de los pueblos indígenas alrededor del mundo celebraban el Día Mundial del Indígena, una terrible tragedia se desarrollaba en el pueblo Altaquer -en el departamento Nariño.
Según los reportes, nueve hombres bien armados y vestidos de camuflaje con capucha entraron a Altaquer y asesinaron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, que formaban parte de la nación indígena Awá. Altaquer es un pueblo pequeño que alberga 500 personas y está ocupado por la fuerza pública y la policía desde antes de los acontecimientos del 9 de agosto.
Estas cinco personas estaban registradas como Personas Internamente Desplazadas (PIDs). Según la Ley 387 de 1997, tales personas tienen el derecho a la protección y asistencia de las autoridades estatales.
A sólo un día de la masacre, se iba a reunir una comisión de verificación para hablar sobre el posible regreso de la gente indígena awá a sus tierras. En respuesta a esta tragedia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió que al gobierno de Alvaro Uribe que «cumpla su deber de proteger a todos sus ciudadanos.»
La situación en el corregimiento de Altaquer (Ricaurte), lugar en donde sucedieron los hechos, es preocupante. La ONIC dijo que los awá que regresaron lo hicieron «a pesar de que no recibieron plenas garantías para un plan de retorno, donde se les asegure la integridad, la seguridad, respeto por sus vidas y la reparación económica por los casi dos meses que se mantuvieron como desplazados».
Según Raimundo Ortiz, integrante del Cabildo Mayor awá de Ricaurte (CAMAWARI), los desplazados, ubicados en albergues y casas de Altaquer, no se sienten seguros después de la masacre.
En el mismo sentido Eder Burgos, de la misma agrupación, afirmó que la situación es verdaderamente alarmante. «Lo que allí está sucediendo va más allá de la masacre, se trata del desplazamiento de toda una comunidad, que hace más de un mes permanece refugiada en otros territorios, sin que por ello logren escapar de la guerra que no le pertenecen», dijo.
Esta masacre es sólo el último acontecimiento en una serie de violencia que plaga a los pueblos indígenas del departamento Nariño. Según la ONIC, 32 personas indígenas fueron asesinadas en lo que va del año, 12 fueron secuestradas y 28 fueron desaparecidas