Traducido por Jorge Aldao y revisado por Caty R.
Ingrid Betancourt es libre. La Coordinadora popular colombiana en París (CPCP) se alegra por ella, por su familia y sus amigos y por todas las organizaciones que la han apoyado. Es un final feliz después de más de seis años de espera.
El pueblo colombiano sigue secuestrado.
El «triunfo» de los militares y el gobierno de Uribe no es una buena noticia para nosotros, porque es una legitimación de la lógica belicista y las prácticas totalitarias. Otra burbuja mediática que sirve para ocultar la «paramilitarización» del régimen colombiano, la violación cotidiana de los derechos humanos, los asesinatos sistemáticos de opositores políticos, sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
No podemos olvidar que, en Colombia, casi cuatro millones de personas han sido desplazadas por la fuerza dentro del país, en su mayoría por las actuaciones de los grupos paramilitares. Estos grupos, que actúan solos o en colaboración con miembros del ejército, han hecho desaparecer a más de 15.000 personas, enterrándolas en más de 3.000 fosas comunes o arrojando los cadáveres a los ríos. Han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas y a más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica (1). Habitualmente torturan a sus víctimas antes de asesinarlas.
Entre 1982 y 2005, los paramilitares han perpetrado más de 3.500 asesinatos y han robado más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde el año 2002 y su presunta «desmovilización», han asesinado a unas 600 personas al año y controlan el 35% del Parlamento colombiano. Desde 2002 hasta la actualidad, los soldados del ejército regular de Colombia han perpetrado más de 950 ejecuciones, la mayoría «maquillando» a los campesinos como guerrilleros. Recientemente, en enero de 2008, los paramilitares han perpetrado 2 masacres, 9 desapariciones y 8 homicidios, a la vez que el ejército ha consumado 16 ejecuciones al margen de la ley. Desde que comenzó este año, 28 sindicalistas han sido asesinados.
En Colombia, los funcionarios del Estado y los paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se desmovilizaron y hoy se hacen llamar «Águilas negras». Numerosos «parapolíticos» ostentan cargos públicos o diplomáticos. En septiembre de 2007 había 39 casos. Actualmente, en julio de 2008, hay más de 60 parlamentarios y altos cargos procesados, una gran parte de ellos en prisión. El propio presidente Uribe y personas de su entorno están siendo investigados. Las elecciones presidenciales de 2006 podrían ser invalidadas por una sentencia del Tribunal supremo, después de que una parlamentaria (2) ha sido declarada culpable, por ese mismo Tribunal, de aceptar sobornos.
Con la liberación de Ingrid Betancourt llevada a cabo por los militares ha ganado «la mano dura». Sólo podemos lamentar que la guerrilla no haya puesto en libertad a todos sus rehenes. O, mejor todavía, desearíamos que la guerrilla nunca hubiera recurrido a los secuestros. Esta victoria es un golpe muy duro para los guerrilleros, pero sobre todo es un golpe terrible para la oposición política democrática.
En este país cada vez va a ser más difícil que se escuchen las voces divergentes a favor de una solución política del conflicto, del intercambio humanitario de prisioneros, de la verdad, la justicia y la reparación íntegra para las víctimas.
Entonces, sí: bravo por Ingrid. Aunque nosotros seguimos llorando por Colombia, pero sin rendirnos.
Notas de traducción
(1) Los autores del comunicado se refieren al partido político colombiano conocido como Unión Patriótica (UP), que se fundó en 1985 como una propuesta política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al gobierno del presidente Belisario Betancur. Dos candidatos de la UP a la presidencia, 8 senadores, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de militantes fueron asesinados por grupos paramilitares, elementos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y narcotraficantes, lo que obligó a muchos supervivientes a abandonar el país.
(2) Los autores se refieren a la ex congresista Yidis Medina, quien denunció a altos funcionarios del gobierno de Uribe por haberle ofrecido cargos políticos si cambiaba su voto, de negativo a positivo. El voto favorable de Yidis Medina permitió la aprobación de la reforma constitucional y habilitó la reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe en 2006. Yidis Medina ha sido condenada por cohecho a 47 meses de prisión.
Original en francés: http://antiliberal.over-blog.net/article-21 0 31986.html
Jorge Aldao es miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.