Quebrantar a sangre y fuego la resistencia juvenil y popular en barrios del norte, el oriente y el sur de Cali se ha convertido en el modus operandi del régimen de Iván Duque, que arremete con su policía, el Esmad, el Goes, la Sijin y civiles armados, ante el silencio del alcalde Jorge Iván Ospina.
Lo mismo ocurre en los municipios del departamento del Valle del Cauca (Yumbo, Buga, Palmira, Tuluá, Zarzal, Cartago, Buenaventura y otros), donde jóvenes, con el respaldo de la población, mantienen en firme los plantones de resistencia, en desarrollo del Paro Nacional, que el martes 25 de mayo llega a su día 28.
En lo departamental, las acciones represivas cuentan con la complicidad de la gobernadora, Clara Luz Roldán, alfil de la llamada baronesa del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y de algunos alcaldes, que ceden ante las exigencias de la mandataria seccional, dedicada a cumplir órdenes de Duque y de su cúpula policial y militar.
Así, en medio del fuego de las armas del Estado, de la represión oficial contra el pueblo en el sector de Calipso, en la noche del sábado 22 de mayo de 2021 fue asesinado a balazos el joven John Erick Larrahondo, de 22 años de edad, y seis personas más quedaron heridas.
Uno de los heridos mostró en público las lesiones que sufrió en su pecho al ser rozado por lo que denominó como un tiro de fusil, arma que habría sido usada por las fuerzas de represión contra los jóvenes concentrados en los plantones de resistencia de Calipso y Puerto Maderas, oriente de la ciudad.
La noche del sábado 22 de mayo, como lo transmitió el Canal 2 de Cali, hubo fuego oficial durante toda la noche, de lo cual fueron testigos los periodistas de este medio, defensores de derechos humanos presentes en el lugar y el congresista John Jairo Hoyos.
Hoyos sostuvo que en la sesión de moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Diego Molano, este martes 25 de mayo, haría la denuncia formal sobre la noche de terror vivida por él y miles de personas del populoso sector del oriente de Cali, afectados por las balas de la policía.
Pero el terror oficial no para y en la noche del domingo 23 de mayo se registraron nuevos hechos de represión por parte de la policía de Cali, que obra sin ningún control, como fuerza de ocupación en los barrios populares.
Esta vez la zona atacada fue la del Puente de los Mil Días, rebautizada por la comunidad como Puente de las Mil Batallas, donde reporteros populares, desde los plantones, transmitieron imágenes de los disparos hechos contra los jóvenes.
Éstos evitaron que escaparan individuos vestidos de civil que desde un vehículo automotor atacaron a balazos a los pobladores del sector.
Luego, en otro punto del oriente de Cali, se supo que el joven Keivan Joao Valencia Estrella, natural de Buenaventura, fue asesinado: “Vuela alto mi socito, gracias por tu lucha, diste tu vida por la de nosotros, ve con Dios”, escribieron amigos suyos en redes sociales.
Keivin Joao residía en Cali, era estudiante de quinto año derecho de la Universidad Libre, seccional de la capital del Valle, y tenía 21 años de edad. La constatación de la responsabilidad de este homicidio está por ser establecida.
Cronología del asedio armado
Los plantones juveniles de resistencia están siendo violentados por la policía y personas de civil en Cali cuando llega el atardecer y durante todas las noches.
Como hemos descrito en otros informes, balaceras protagonizadas por los cuerpos represivos del Estado se produjeron en las noches en Puerto Maderas y Calipso, donde fue asesinada la joven madre de familia Angie Johanna Valencia Ordóñez, cerca del almacén Éxito, sitio sobre el cual se ha denunciado que fue usado por la policía para detener y torturar personas en la noche del miércoles 19 de mayo.
Paso del Aguante (Paso del Comercio) también fue escenario de ataques armados contra el platón juvenil, y allí pistoleros a bordo de un taxi y dos motos asesinaron al joven Sandy Bladimir Sierralta Rodríguez, de nacionalidad venezolana, e hirieron a varias personas más, el jueves 20 de mayo.
Durante los días siguientes, viernes 21 y sábado 22, la agresión se concentró de nuevo contra los plantones de resistencia de Puerto Maderas y Calipso por parte de la policía, donde fue asesinado el joven John Erick Larrahondo.
Allí la comunidad hace énfasis en que se están usando armas largas por parte de los órganos de represión del Estado contra el pueblo, y muestran gran cantidad de casquillos de balas utilizadas en armas cortas y largas, así como sus impactos en rejas de antejardines y casas.
Las noches de fuego oficial contra los jóvenes desembocaron el domingo 23 de mayo de 2021 en el Puente de las Mil Batallas (Puente de los Mil Días).
Ya el 3 de mayo y días y noches sucesivos la policía llevaba a cabo una violenta agresión contra el barrio Siloé y aledaños, en el sur de Cali, con gases y armas de fuego, que dejaba, de acuerdo con defensores de derechos humanos, siete personas asesinadas y decenas de heridos.
La comunidad denuncia insistentemente que en noches tenebrosas la policía y sus cómplices incurren en cortes de energía y del servicio de internet, para actuar a sus anchas y evitar que la ciudadanía transmita en vivo por redes sociales de lo que ocurre.
En medio de todas estas tropelías, los órganos de represión utilizan hoteles para concentrar a sus policías: ocurrió en el sector de La Luna, con el hotel del mismo nombre, en la segunda semana del paro, y se ha denunciado ahora en el sector del Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días), con el hotel Eclipse.
Asimismo, el almacén Éxito de la Autopista Simón Bolívar, en el sector de Calipso, ha sido ocupado también por las fuerzas policiales durante días, con la anuencia de sus propietarios, y la población denuncia que en su interior se cometieron violaciones de los derechos humanos, que no han sido esclarecidos por ningún órgano de control ni por la Fiscalía.
La comunidad reclama que haya una investigación seria, pero la respuesta más paradójica, que la población recibe como una bofetada, es el acto en el que el ministro de Defensa, Diego Molano, entrega como premio tarjetas Éxito a los agentes que participaron en la represión en la zona.
En la noche del lunes 24 de mayo los servicios de energía, internet y telefonía celular fueron extrañamente cortados en barrios que circundan Puerto Resistencia (antes Puerto Rellena), en el sur oriente.
Allí nació el primer plantón popular en Cali, durante el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019.
Vecinos alertaban sobre una nueva oleada de represión oficial contra el plantón juvenil y popular de este sector, que hace días sacó al Esmad de la Policía con la resistencia pacífica.
Ante todo lo descrito en materia de represión en Cali, no hay pronunciamientos de fondo sobre la actuación policial por parte del alcalde Ospina, de alguno de sus altos funcionarios, de la llamada Secretaría de Paz o de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Fuego en el Valle del Cauca
Mientras tanto, en su afán por romper el paro y especialmente los plantones pacíficos impulsados por la juventud, son numerosos los actos de represión de los órganos armados del Estado en el departamento del Valle del Cauca.
Como denunciamos en otro informe de PERIODISMO LIBRE, en Yumbo tuvo ocurrencia una jornada de terror policial entre la noche del domingo 16 de mayo y todo el lunes 17, la cual que dejó muertos y heridos, a pesar de lo cual la población continúa en los plantones y firme con el Paro Nacional.
Las personas asesinadas en la represión policial contra el pueblo de Yumbo son cinco: el 29 de abril, Dadimir Daza; el 17 de mayo, Michael Joan Vargas López, Jhon Alexander Yotengo Chagüendo y José Mauricio Velasco Orozco, y el 19 de mayo, Michael García Yepes.
El número total de heridos en Yumbo es de 96, de acuerdo con cifras entregadas por Rodrigo Vargas Becerra, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en ese municipio.
En inmediaciones del corregimiento de Dapa, jurisdicción de Yumbo, donde se levantan condominios de la oligarquía caleña, se produjo recientemente un falso positivo judicial contra seis jóvenes, entre ellos un menor de edad, porque participaban en un plantón.
Por gestiones de defensores de derechos humanos como Iván López y juristas demócratas, los detenidos fueron dejados en libertad, pues el juez del caso no encontró ningún soporte en las “pruebas” presentadas por la Fiscalía.
En Buga y Tuluá han sido denunciados actos de represión contra participantes en el paro, y en Cartago la comunidad pone al descubierto la ocupación casi cotidiana de barrios cercanos al punto de resistencia juvenil, en la salida hacia Pereira, para violentar y detener a participantes en el paro.
En la carretera hacia Buenaventura, cuyo puerto se encuentra paralizado por la protesta ciudadana, policías y militares incursionaron con disparos y gases lacrimógenos desde la madrugada del domingo 22 de mayo en los sectores de La Guinea y La Delfina.
James Larrea, de la Comisión de Derechos Humanos de la CUT, denunció que en La Guinea fueron detenidos de manera arbitraria cinco líderes sociales, entre ellos José Gueía Quitungo y Alex Lúlico, consejero de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac.
En el corregimiento de La Paila, perteneciente al municipio de Zarzal, en el norte del departamento, policías y personas de civil incursionaron apoyados por el Esmad para detener a varios participantes en el paro, sin órdenes judiciales.
Allí se produjo un hecho de resistencia protagonizado por las mujeres del corregimiento, que evitaron la detención y/o desaparición de sus líderes y familiares.
Fue de tal magnitud el atropello cometido en La Paila, que la alcaldesa de Zarzal, María Teresa Giraldo, se pronunció de manera enérgica rechazando tal procedimiento y exigiéndole a Iván Duque el retiro inmediato del Esmad de su municipio.
Así, la resistencia y la desobediencia popular se extienden, y se empiezan a manifestar cada vez más sectores de la sociedad, que ya no aguanta más asesinatos, torturas, desapariciones, heridos y demás violaciones de los derechos humanos por parte del régimen uribista de Iván Duque, portavoz de lo más excluyente y oscuro de la clase dirigente oligárquica en Colombia.