Acosado desde varios frentes movidos por la derecha colombiana, que amenaza con paralizar al Congreso y congelar un paquete de reformas a las leyes de salud, trabajo y pensiones, el presidente Gustavo Petro elevó el tono y señaló ante la multitud que salió en su apoyo: “que no se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país”.
Petro denunció nuevamente indicios de que se fragua en su contra un golpe de Estado o golpe blando y advirtió que los sectores que han atizado en los últimos días una crisis política a partir de un escándalo de dudoso trasfondo quieren “hacer lo mismo que en Perú, llevar al presidente a la cárcel, cambiar el gobierno y poner a un nuevo presidente no electo. Y eso se llama golpe de Estado”.
Es el golpe de la derecha y del gran capital contra sus reformas. No quieren salud gratuita, trabajo digno y un bono pensionario para que cualquier viejo o vieja tengan un sustento para poder existir.Durante su discurso insistió en que hay un plan para “destruir el apoyo popular del Gobierno” y dejarlo solo. Cargó contra los medios de comunicación y los grupos económicos, a quienes acusó de ejercer presión para hundir las reformas sociales (pensional, laboral y de la salud) en el Congreso, y dijo que hay intenciones de sacarlo del poder a través de investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El mandatario anunció la propuesta de dos nuevas reformas: a los servicios públicos y a la educación. “Vamos por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el empresario sino el usuario“, aseguró. Esta reforma llega después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto 0227 de 2023, con el que el presidente Gustavo Petro asumía el control de la regulación de los servicios públicos.Habló de una reforma a la educación, específicamente a la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Según dijo, este es un mandato popular, “para que la juventud pueda acceder al derecho de educarse”.
El gobierno de Petro fue llevado a una grave convulsión política a raíz del escándalo que involucra a la exjefa de gabinete Laura Sarabia, y al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, apartados de la administración por el Presidente desde el viernes pasado.
La crisis se remonta a enero de este año, cuando Sarabia denunció el robo de un maletín con miles de dólares en su domicilio. A finales de mayo, un medio de comunicación publicó una entrevista con Marelbys Meza, quien trabajaba de niñera para Sarabia y asegura que la funcionaria la hizo detener y la sometió a un interrogatorio con polígrafo durante cuatro horas en el sótano de un edificio anexo a la residencia presidencial.
Las acusaciones de Meza cobraron mayor notoriedad por incluir presuntas intercepciones telefónicas ilegales, una práctica que se identifica con el autoritarismo de ultraderecha del expresidente Álvaro Uribe, acerbo crítico y rival político de Petro.
Asimismo, el fiscal general, Francisco Barbosa, atrajo con inusitada premura el caso y en pocos días lo ha convertido en una bandera de su gestión. Cabe recordar que Barbosa fue nombrado por el expresidente Iván Duque, discípulo político de Uribe y compañero de estudios del fiscal.
En diciembre el Ejecutivo debe enviar al Congreso una terna para remplazarlo, por lo que las investigaciones se leen como un intento de torpedear la llegada de un sucesor que investigue los graves excesos de Duque. La procuradora general, Margarita Cabello (encargada de perseguir las irregularidades cometidas por servidores públicos), ha emprendido una campaña para reducir la representación de la coalición gobernante en el Congreso suspendiendo los derechos políticos de los legisladores oficialistas, una medida que desde 2014 fue desautorizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh). Semanas atrás, el exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia a Petro, quien perteneció al M-19. Marulanda llamó a los uniformados a actuar contra el mandatario tal como los militares peruanos procedieron con el depuesto Pedro Castillo, quien contempla desde la cárcel la sumisión de los golpistas al neocolonialismo estadounidense, así como la violencia represiva desatada por la usurpadora Dina Boluarte.
Colombia asiste a un episodio de lawfare como los que llevaron al derrocamiento de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luis Inácio Lula da Silva, en Brasil, y de Fernando Lugo en Paraguay, o como el acoso judicial en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La pacificación, prioritaria
El mandatario, que asumió el mando hace 10 meses, también anunció que hoy viaja a La Habana para una ronda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que se espera firmar un alto el fuego.
El escenario de crisis se ha agravado en las últimas semanas a partir de lo que los medios y personeros de los partidos de la oposición derechista y ultraderechista insisten en calificar de el mayor escándalo de corrupción en los últimos tiempos, como cabeza de playa de una estrategia de golpe blando. Empezó por una triangulación de un conflicto personal entre el ahora exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, la asesora del presidente Laura Sarabia y una niñera que presuntamente robó a ambos (hecho no probado), aderezado por intercepciones telefónicas filtradas a la prensa y acusaciones contra ambos de abuso de poder.
El pleito subió de tono con la publicación en la revista Semana (cabeza de playa anti-Petro) de más chuzadas en las que Benedetti, diplomático sui generis conocido por su indisciplina frente a la cancillería y sus adicciones, soltó en medio de improperios subidos de tono amenazas de dar a conocer presuntos financiamientos del narco a la campaña de Petro. Ambos funcionarios fueron destituidos, pero para la oposición no hay otro tema en la agenda nacional, aunque carezcan de cualquier prueba de los supuestos delitos.Los mismos medios que hoy atizan el fuego contra Petro callaron a mediados de mayo, cuando Salvatore Mancuso, ex jefe de la paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , rindió su primera audiencia ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), donde confesó cómo ordenó masacres, descuartizamientos, desapariciones y robo de tierras, muchas veces para cooperar con el ejército.
También callaron cuando el último miércoles, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona de Juan Frío, norte de Santander, localizó una fosa con 200 cuerpos, enterrados ahí por las AUC a petición del ejército. Para esa prensa que responde alos grandes capitalistas colombianos, eso pareciera no ser escándalo.Centrales obreras, el magisterio, buena parte del movimiento estudiantil y formaciones políticas afines al Pacto Histórico, entre ellos un gran contingente de la Unión Patriótica, respondieron a la convocatoria de salir a las calles. Además de la marcha multitudinaria de la capital, que movilizó a decenas de miles desde la Plaza de la Nación hasta la histórica Plaza Simón Bolívar, hubo concentraciones en cerca de 200 municipios.
«No hay que temer, hay que cambiar», «Petro se queda. Adelante con las reformas», «Yo confío en Petro», se leía en las pancartas. En esta oportunidad, el presidente bajó a la calle, caminó un corto tramo entre la gente.
Y desde la Plaza Simón Bolívar, sobre un pequeño templete, levantó su petición a los legisladores del país: solicitamos desde nuestra humildad, desde nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. Esto no es una solicitud violenta, irrespetuosa, armada, Es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la base de la nación.
“¿Queremos una eterna Colombia de las exclusiones; una Colombia donde la prensa odia a la vicepresidenta por su color de piel? ¿Queremos una Colombia que lleve al indígena al cepo como en los años de esclavitud o un indígena que algún día pueda gobernar este país? ¿Una Colombia donde los jóvenes que salen a protestar se les dispare a los ojos?”, preguntó.
El objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana. El primer requisito es que el país tenga justicia social, añadió.
Cierre de la negociación de Paz con el ELN
Y en el marco de la Plaza de Bolívar abarrotada por miles de manifestantes que salieron a expresar su apoyo a las reformas propuestas por el actual gobierno, Petro anunció que viaja a La Habana para cerrar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN: “Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país”.
Desde días atrás se especula con el acuerdo alcanzado en la Mesa sobre cese bilateral de fuegos por un periodo de seis meses. La decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura vigentes contra el comandante Antonio García, corresponde a la magnitud de lo alcanzado en esta fase de la negociación, donde también se debaten temas como la participación de la sociedad en el proceso de construcción de paz, así como acciones y dinámicas humanitarias.Otros ceses de fuego, de poca duración, fueron anunciados durante estos meses, todos ellos como materialización del propósito de Paz Total: uno con el Clan del Golfo –paramilitares herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia–, y otro con el Estado Mayor Central de las Farc. En ambos casos, todo está en vilo debido a la violación de lo acordado por uno u otro sector, por uno u otro motivo, y tal propósito esta por retomarse.
Los allanamientos de la Fiscalía
Durante su discurso en la marcha a favor de las reformas sociales, el presidente se volvió a referir al escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que involucra supuestas “chuzadas” (escuchas telefónicas). El mandatario dijo que las puertas de la Presidencia están abiertas a cualquier investigación: “no tenemos nada que ocultar”. Horas antes de que el presidente saliera a las calles para marchar junto a quienes reclaman la aprobación de sus reformas, agentes de la Fiscalía tomaron el piso 13 del edificio de la Dian, donde al parecer funciona una oficina de seguridad de la Presidencia y el ente investigador trata de averiguar si desde ahí se habría interceptado el celular de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. Petro recordó también que su campaña presidencial fue objeto de interceptaciones ilegales que ninguna autoridad investigó.
Petro se refirió a gobiernos anteriores y aseguró que “no chuzamos, no golpeamos a las personas humildes; no destruimos los ojos de la juventud, no torturamos en las mazmorras, no chuzamos magistrados, periodistas, gente de la oposición, no violamos los derechos de la humanidad”. Dijo que las acusaciones en su contra carecen de ética y que no tiene miedo a ninguna investigación. Pero la maquinaria del golpe blando parece no deternse. Al tiempo que Petro pidió apoyo para sus reformas, la Comisión Séptima del Senado aplazó el debate de la reforma pensional, pues no logró conseguir quórum. Esta ha sido una estrategia usada por la oposición y partidos de derecha para no debatir los proyectos.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE.
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