Cumbre agraria, étnica, campesina y popular departamental, Quindío. abril 9 de 2017. Los acuerdos para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, suscritos entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, desde nuestro punto de vista, pueden llegar a contribuir a estructurar una nueva sociedad en la que todos los […]
Cumbre agraria, étnica, campesina y popular departamental, Quindío. abril 9 de 2017.
Los acuerdos para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, suscritos entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, desde nuestro punto de vista, pueden llegar a contribuir a estructurar una nueva sociedad en la que todos los colombianos tengamos espacio para la vida con dignidad. En efecto, el análisis detallado de los seis puntos desarrollados en algo más de 310 páginas así lo testimonian. No obstante, dichos acuerdos, tal como están redactados y acordados, son una guía que deben tener aplicación en territorios reales y concretos. He ahí la mayor dificultad que afrontarán los textos de Bogotá al momento de su implementación. No es lo mismo, aunque suene a una verdad de Perogrullo, aplicar los acuerdos, referentes al tema de las tierras en el departamento del Cauca, por ejemplo, a hacerlo en el departamento del Quindío. Varias razones.
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Una, el concepto de latifundio. No es lo mismo éste en ese departamento que en el nuestro. Allí las extensiones hacendatarias se pueden medir por miles de hectáreas mientras que en el departamento más pequeño del país, conforme a lo informado por el DANE en desarrollo del Tercer Censo Nacional Agropecuario y, por regla general, los predios rurales no sobrepasan las mil doscientas hectáreas. (aclaro que dicho censo hace alusión a la existencia en nuestro departamento de un territorio apto para la actividad agropecuaria de casi 120 mil hectáreas de las que 16 personas son propietarias de 57 mil!!!!). Por supuesto que los precios son otro factor para determinar ese flagelo aquí y allá. Los costos de la tierra en el Quindío son exageradamente elevados. La inversión hecha por el narcotráfico y otros sectores especuladores han contribuido en grado sumo al incremento desbordado del costo de la tierra en estos parajes.
En tales condiciones, la implementación de los textos de La Habana en este territorio será compleja. Las resistencias de terratenientes, narcotraficantes, instituciones se harán patentes en la medida que se acerque el momento de hacer realidad práctica el tema de la Reforma Rural Integral.
Para continuar desarrollando el tema de los acuerdos del punto 1 entre el gobierno y las FARC-EP tenemos que conocer algunos de los aspectos rurales de nuestro departamento: en primer lugar, nuestro territorio tiene un área total de 193 mil doscientos doscientos ochenta y cinco hectáreas, de las cuales 124 mil están dedicadas a la actividad agropecuaria y 42 mil 716 se hallan cubiertas de bosques nativos.
Del área dedicada a la actividad agropecuaria tenemos que 23 mil 617 están relacionadas con el pasto, algo más de 21 mil se encuentran enrrastrojadas y 77 mil 885 tienen una dedicación agrícola. A su vez, este segmento de nuestra geografía tiene una dedicación de 75 mil 621 hectáreas al desarrollo de cultivos, 447 están en descanso y en barbecho se hallan 1817 hectáreas.
Así, se encuentra que en el área de producción agropecuaria existen 11720 Unidades de Producción Agropecuaria, UPAs, con una cobertura total de 178825 hectáreas en las cuales se emplean 22649 asalariados de los que 20760 son hombres y 1889 son mujeres. De los algo más de 66 mil habitantes del campo, su proceso de envejecimiento nos coloca en el tercer lugar a nivel nacional. Hay que decir que el Producto Interno Bruto del departamento tiene un alto componente en la actividad agropecuaria, pues la vocación económica del departamento depende del desarrollo campo, pues el sector conformado por la agricultura, la caza, la silvicultura, la ganadería y la pesca representó el 21,4 % del total del PIB.
A la vez, tenemos que decir que la pobreza en el campo quindiano es muy alto pues el 19,5% por ciento de la población rural ronda los linderos de la pobreza, situación que se agrava por la carencia de oportunidades para los jóvenes que carecen de las oportunidades y posibilidades necesarias para elevar su nivel educativo y cultural.
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que alertar sobre fenómenos que se ciernen como una espada de Damocles sobre los quindianos.
Nos referimos al proyecto nacional de la locomotora minera que afectará la totalidad del departamento, la explotación irracional de árboles maderables como el pino, el eucalipto, el ciprés y otros para la misma actividad que en total suman 6239 hectáreas, lo que ha ocasionado un enorme daño ambiental al territorio quindiano. A la vez, el fenómeno del narcotráfico amenaza a las comunidades cordilleranas que fue reseñado por la revista Semana y que resumimos a continuación: «un informe de las denuncias que las víctimas narraron a defensores de derechos humanos en esa zona del país. Detallaron asesinatos, extorsiones, amenazas y desplazamientos que vienen ocurriendo desde hace un par de años en tres municipios cordilleranos de Quindío (Génova, Córdoba y con más fuerza en Pijao).
«Mientras el gobierno de Santos y sus generales niegan la existencia de los paramilitares, estos y sus patrocinadores aprovechan esta gran mentira para desplegar nuevamente sus comandos en varias regiones colombianas (…)», asegura el articulista.
Hay cifras que coinciden con el informe. Sólo en el 2015 hubo ocho asesinatos en Pijao, que lo ubicaron con una tasa de 125 por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el departamento. Ese mismo año 55 familias fueron desplazadas y en el 2013 las casas de cuatro fincas fueron quemadas. Mientras en Génova y Córdoba, los homicidios bajaron.
Las denuncias, algunas de ellas en poder de esta revista, fueron recibidas a mediados del año pasado y cuentan en detalle episodios que recuerdan épocas oscuras de la guerra entre guerrilla y paramilitares: «A las 6:00 p. m. llegaron unos hombres armados, según ellos mismos dijeron que pertenecían al Frente 50 de las FARC, a la casa y nos hicieron varias preguntas, luego se lo llevaron a él (esposo) para un camino y estando allá yo oí desde la casa tres disparos como de fusil. (…) causándole la muerte», relató la viuda.
Como si eso no fuera suficiente, desde diciembre pasado el entonces personero de Pijao, Albert Quintero, quien hizo las alertas por esas denuncias, también fue amenazado y desplazado. Ese año entregó su cargo despachando desde Armenia, la capital de Quindío, mientras rogaba porque le asignaran un esquema de protección que llevaba meses pidiendo.
Más grave es que todo eso estaba documentado desde hace un par de años en las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo de Quindío. En esos informes no sólo se detallan las afectaciones a los campesinos, sino que se hace un descarnado análisis del origen del problema asociado al microtráfico y el delinquir de oficinas de cobro como Los Patos y Los Flacos del norte del Valle y La Cordillera, de Pereira, Risaralda. En resumen, una puja por el poder entre Rastrojos y Urabeños.
Paraíso de los capos de la mafia
Este portal visitó la zona y pudo establecer que paralelo al fenómeno de violencia, confidencialmente se realizaron al menos una treintena de negocios de compraventa y embargos de fincas. En esas mismas veredas donde se presentan las extorsiones y amenazas existen títulos mineros que autorizan la explotación de oro a una multinacional.
Para entender un poco el fenómeno basta recordar que esos tres municipios cordilleranos forman un corredor natural que une Tolima con el Valle del Cauca. También hay que decir que en el pasado la zona fue fortín del Frente 50 de las FARC y luego el Bloque Calima de las AUC.
Desde hace mucho tiempo Quindío se convirtió en el ‘paraíso fiscal’ de los capos de la mafia; allí no sólo invirtieron sus fortunas, sino que se escondieron. No es coincidencia que en ese departamento han caído o muerto reconocidos narcotraficantes como Lorena Henao, llamada la ‘viuda de la mafia’.
Hace apenas dos años en Armenia fueron capturados Nini Johana Úsuga, hermana de alias ‘Otoniel’, jefe de los Urabeños, y el temido narco Gustavo Palomino, alias ‘Camilo’, quien en el 2014 lideró la masacre de ocho personas en una finca de recreo en Cali. De Quindío era también el excongresista Carlos Oviedo, condenado por enriquecimiento ilícito y doble homicidio; un sicario lo mató en el centro de Armenia en el 2009. Y no se puede olvidar que el mítico narcotraficante Carlos Ledher también es de esa zona. Pero ¿qué tiene que ver la mafia con el problema actual?
Semana.com hizo un barrido aleatorio con el 25 % de las transacciones de compra venta y embargos de fincas en los últimos tres años, y encontró coincidencias llamativas.
Por un lado aparece un terrateniente que en Pijao es reconocido por ser el padre de crianza de Diego Fernando Cano, un narcotraficante que fue condenado y extraditado a Estados Unidos acusado de lavar dinero a los Urabeños y tener nexos con el cartel de Sinaloa. Cano es de Pijao, y aunque fue extraditado en el 2007 por solicitud de un fiscal del Distrito Sur de Nueva York, ya retornó al país.
Resulta que Cano es el esposo de Sonia Cruz Quiceno, más conocida como alias la ‘Mona’, considerada jefe de finanzas de los Urabeños. Ella también fue capturada y extraditada en el 2014 a Estados Unidos, donde purga una condena de 14 años de prisión. Cruz Quiceno es de Calarcá, Quindío.
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Al menos cinco fincas de la zona afectadas por la violencia en Pijao figuran a nombre del padre de crianza de Cano. Hay que aclarar que si bien esas tierras en su mayoría fueron adquiridas muchos años atrás, están hipotecadas con particulares; pero en poder de este portal hay un testimonio de uno de los acreedores, en el que asegura que los están llamando a ‘arreglar’ esas deudas «por las buenas, para no meternos en problemas», dijo la fuente quien pidió omitir su nombre.
Títulos mineros y negocios
El otro gran comprador de esos terrenos es una sociedad llamada Hato La Macana SAS, una empresa constituida en el 2010 para la cría de bovinos y búfalos, cultivo de café y frutas tropicales. Recientemente La Macana absorbió a otra empresa con influencia en Pijao y de la misma familia, conocida como Agua Hass SAS.
Media docena de las fincas transadas en los dos últimos años fueron compradas por esa empresa familiar. Cuando este medio indagó sobre el tema con Fabio Quintero, uno de los accionistas, este explicó que llegaron a la zona por dos razones. «Primero porque vimos la oportunidad de comprar tierras a buen precio; segundo, no nos preocupó el tema de seguridad porque allá hay un batallón de alta montaña y tenemos un familiar que pertenece al Ejército en ese departamento», precisó.
Añadió que esas tierras en su mayoría le fueron compradas a una misma familia y hoy son utilizadas para producir aguacate de la especie Hass a gran escala, «tenemos 64 hectáreas sembradas», dijo tras argumentar que hasta el momento no han sido extorsionados o amenazados.
El otro hecho corre por cuenta de cuatro títulos mineros que la Agencia Nacional Minera le otorgó a la multinacional Anglo Gold Ashanti, entre el 2013 y el 2014, para explotar varios metales, entre ellos oro, en los municipios de Génova y Pijao. Esos títulos tienen una vigencia de 30 años.
A varios dirigentes de la zona les llama la atención que precisamente el corredor que une a Pijao con Cajamarca, Tolima, sea el más afectado por los bandoleros. Es el mismo corredor que limitaría con la zona de explotación de oro de la mina La Colosa.
El tema de esos títulos mineros es la explicación que un oficial de la Policía del Quindío ofrece para entender la venta de fincas a buen precio. En cuanto a las denuncias sobre supuestos paramilitares o bandas criminales que extorsionan o amenazan, el oficial argumentó que son delincuentes comunes que se hacen pasar por esas organizaciones para intimidar, «pero ya hemos capturados a algunos y tenemos identificados a otros que son de una misma familia de la zona», aseguró el alto oficial cuando este portal lo indagó sobre las denuncias.
De las montañas del Quindío la violencia no se ha ido, sin importar quién sea el responsable (guerrilla, paramilitares o bacrimes). Lo curioso es que en medio de ese ambiente tenso, la tierra cambió de dueños.»
De ahí que sea imperativa la participación ciudadana, campesina, indígena y de negritudes para que el derecho a la tierra para quien quiera trabajarla se haga realidad. A la vez, no basta que se le entregue un pedazo de tierra a un campesino. Es fundamental que a la par se le haga entrega de incentivos técnicos, de insumos, de recursos para sobrevivir mientras su propiedad empieza a producir. Del mismo modo, el estado debe garantizar infraestructura básica para llevar al mercado lo producido a la vez que la comercialización de ello ha de estar en cabeza de entidades que tengan la participación de Estado, campesinos y empresas privadas. Manos a la obra!!!!
De ahí la importancia de desarrollar las siguientes iniciativas:
1. Solicitar al gobierno departamental, en colaboración con el gobierno nacional y los entes territoriales municipales que:
a. Se cree un Fondo de tierras que conste de 40 mil hectáreas para la distribución gratuita a los campesinos que careciendo de tierra, quieran laborarla. Dicho fondo debe ser creado con las tierras que la SAE administra en el territorio quindiano.
b. Que el gobierno departamental sirva de garante para que aquellas asociaciones de campesinos, indígenas, negritudes, víctimas que quieran adquirir tierras, se les facilite los trámites requeridos para adquirir créditos blandos, condonables con ese propósito.
2. Solicitar al gobierno departamental para que en compañía del minagricultura y los gobiernos municipales adelante una política de rehabilitación de vías e infraestructura social que haga más confortable la vida de los campesinos del Quindío.
3. Solicitar al gobierno departamental para que en compañía del minagricultura y los gobiernos municipales garanticen la comercialización de la producción agrícola de los campesinos quindianos.
4. Llamar la atención de las autoridades departamentales y municipales para que se implemente una política de agroindustrialización del campo quindiano que le dé valor agregado a nuestra producción agropecuaria.
5. Llamar al señor gobernador del departamento del Quindío y a las autoridades municipales para que se den los pasos necesarios hacia la implementación de una Zona de Reserva Campesina.
6. Llamar a nuestras autoridades para que se reconozca en la economía campesina un soporte fundamental de nuestra cultura y nuestro propio futuro como sociedad.
7. Hacemos nuestro el mandato agrario de 2003.
8. Llamamos a todos los quindianos a defender nuestro territorio amenazado por la política minera nacional y por la explotación irracional de pinos, eucaliptos, cipreses y especies análogas que destruyen el ambiente quindiano.
9. Coincidimos con la propuesta agropecuaria del señor gobernador del departamento del Quindío. En desarrollo de las coincidencias que en su política haya, el gobernante quindiano puede contar con nuestras energías y voluntad para sacar adelante todas aquellas ideas y propuestas que beneficien a los campesinos más pobres del departamento.
10. Se hace necesario un respaldo económico, de políticas públicas, técnico, financiero a los parceleros incorados en varios de los municipios avocados a la quiebra inminente por carencia de dichos respaldos.
11. Apoyamos la propuesta de convocar a una CUMBRE SOCIAL Y POPULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.