Durante los últimos años se ha impuesto recorte tras recorte en Sanidad. Nuestro sistema sanitario, envidiado por su gratuidad, universalidad y equidad, se ha ido viendo amenazado desde el Informe Martorell en 1991. Pero es con la nueva reforma sanitaria con la que los tres pilares básicos han sido decapitados por completo. Hay muchos aspectos […]
Durante los últimos años se ha impuesto recorte tras recorte en Sanidad. Nuestro sistema sanitario, envidiado por su gratuidad, universalidad y equidad, se ha ido viendo amenazado desde el Informe Martorell en 1991. Pero es con la nueva reforma sanitaria con la que los tres pilares básicos han sido decapitados por completo.
Hay muchos aspectos a analizar de la reforma (R.D.L. 16/2012), pero sin duda hay un componente esencial que concuerda muy bien con el bombardeo constante de mensajes racistas lanzados tanto dentro como fuera del PP y los medios de comunicación, sobre todo desde el estallido de la crisis. Y se concreta con la negación de la asistencia a las personas migradas sin papeles. El argumento principal es que las migrantes se aprovechan del sistema sanitario, ya que no contribuyen a la SS. Sin embargo, un estudio reciente -Inmigración y Estado de bienestar en España, de la fundación Nuevos Horizontes- subraya justo lo contrario: que debido a la tasa de migrantes, a los trabajos que desempeñan, y teniendo en cuenta que también consumen aunque sea para subsistir, realizan una contribución neta positiva.
La reforma contempla tres casos en los que no se podrá negar asistencia sanitaria: en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente (hasta el alta médica); durante el embarazo, parto y postparto (así como a menores); y a las personas que estén recibiendo tratamiento contra el cáncer o VIH, aunque no serán tratados los nuevos casos.
Estas medidas suponen un ataque frontal al derecho a la salud. Significará una mayor tasa de enfermedades para toda la población, así como la vuelta a escena de enfermedades que ya se habían exterminado. Y cuidado, no se trata por ello de criminalizar a las personas migradas, sino hacer un ejercicio de reflexión y llegar a las siguientes conclusiones: por un lado, la persona que emigra es porque en su tierra vive una situación desesperada y si ha llegado a esa situación es por la explotación de recursos y mano de obra por parte de los países «ricos» (no nos engañemos, es una cuestión de clase). Por otro lado, con esta reforma se pretende consolidar un mensaje claro: divide y vencerás.
Pese a que el Real Decreto Ley no tiene desperdicio y aplica la ley de la tijera a todo cuanto ha encontrado a su paso, como personas paradas o jubiladas, precisamente lo más sonado ha sido el tema de las migrantes. Así, vemos cómo muchos colectivos ya se están coordinando y han elaborado un plan de objeción de conciencia (a finales de agosto ya sumaban más de 1.700 médicos). Profesionales sanitarias y usuarias se rebelan contra esta medida por su total inhumanidad. Aún así, debemos ahondar aún más en las reivindicaciones e incluir el «No al racismo sanitario» entre las reivindicaciones de las huelgas que se están llevando a cabo.
Luna R. es enfermera en Córdoba y militante de En lucha / En lluita