¿Por qué después de tantos años, intentando diversos procesos de paz entre el Estado colombiano y las principales organizaciones guerrillas, no ha sido posible lograrla? Es una pregunta reiterada, que continuamente se hacen los colombianos deseosos de encontrarle una solución política al histórico conflicto social y armado que padecemos, sin encontrar una respuesta satisfactoria. Fuera […]
¿Por qué después de tantos años, intentando diversos procesos de paz entre el Estado colombiano y las principales organizaciones guerrillas, no ha sido posible lograrla? Es una pregunta reiterada, que continuamente se hacen los colombianos deseosos de encontrarle una solución política al histórico conflicto social y armado que padecemos, sin encontrar una respuesta satisfactoria.
Fuera de las consabida respuestas fácil de que ha faltado voluntad política en las partes, el Estado colombiano, después de repetirlo mil veces durante más de una década por todos los medios de comunicación que tiene a su servicio, ha terminado por convertir en «verdad mediática oficial», la tendenciosa afirmación de que el proceso de paz del Caguán, fue un engaño de las FARC, al siempre bien intencionado e «ingenuo» Estado Colombiano que no se puede volver a repetir. Pero lo que se pretende es borrar o llevar a cero todo el acumulado histórico de los diferentes procesos de paz sucedidos en Colombia y por sobre todo, desaparecer de nuestra historia la única Agenda de Negociación existente, fue firmada y legitimada internacionalmente como documento de Estado en la aldea de la Machaca en 1999, con el claro propósito de escatimar y desconocer las trasformaciones estructurales a la sociedad colombiana signados allí, para remplazar el documento pactado, por una ideal y académica «hoja de ruta», elaborada en uno de tantos tanques de pensamiento, que tiene a sueldo.
Fuera de los recuentos anecdóticos y faranduleros, no se ha permitido y no existe (hasta ahora) un análisis objetivo e histórico de los diferentes procesos de paz realizados entre el Estado colombiano y las guerrillas revolucionarias, sobre el cual se puedan asentar conclusiones válidas para avanzar hacia un proceso definitivo de paz en Colombia.
Mi planteamiento es que, además de la falencia anotada, la clase dominante y dirigente del Estado colombiano a lo largo de todos los llamados «procesos de paz», ha implementado «ex profeso» o a propósito, un modelo inflexible e ineficaz de resolución de conflictos sociales, que ha consistido hasta hoy, en anteponer frente a las organizaciones guerrilleras con las cuales va a negociar la paz una serie de «aparatos burocrático jurídicos de Estado para la negociación», con el fin de diluir la responsabilidad y crear un ambiente de confusión, indefinición e inoperancia, y convertir procesos de paz en laberintos burocráticos insolubles .
Un analista tan agudo como Jesús (Chucho) Bejarano en algunas de sus descripciones, llegó a identificar y hasta nombrar estos aparatos burocrático- jurídicos de negociación, que llamó «dispositivos formales de negociación». Pero como él era un miembro privilegiado de ellos, no logró hacerles un análisis crítico que condujera a su superación. Repasemos brevemente la historia algunos de ellos:
Gobierno de Julio César Turbay Ayala:
El 13 de septiembre de 1981 el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, director de la revista Nueva Frontera, publicó un editorial en el que sugería al gobierno Turbay la conformación de un Comité de Paz, integrado por civiles y militares que se encargara de estudiar la situación de orden público y formulara recomendaciones con el objeto de construir un ambiente favorable para la terminación de la lucha insurgente.
Cuatro días después, Turbay respondió a Lleras: «no me niego, sino que agradezco su gestión sobre el nombramiento de un Comité de Paz que procederé oportunamente a integrar», señalándole la necesidad de que fuera el propio Lleras su director. Días después Lleras aceptó la postulación y, juntos acordaron los nombres de los 11 integrantes restantes.
Fue así como a los pocos días, se originó la «Comisión Transitoria» nombrada por el presidente Turbay y su ministro de gobierno Jorge Mario Eastman. Este primer aparato burocrático jurídico de negociación, presentado como «auténticamente nacional», se conformó con miembros de la Iglesia católica, de las Fuerzas Militares y representantes administrativos del poder presidencial, sin opción real para terceras fuerzas o de oposición. El comandante general de las Fuerzas Militares general José Gonzalo Forero Delgadillo, monseñor Mario Revollo Bravo y John Agudelo Ríos, hicieron parte de esta comisión que se instaló el 6 de noviembre de 1981.
El decreto de creación, estableció que el ente conformado solamente formularía recomendaciones de carácter privado al presidente de la república y fue así como sus principales recomendaciones se plasmaron en el decreto 3642 de 1981, que reglamentó a el artículo de la Constitución que autoriza las detenciones preventivas durante 10 días y, en el decreto sobre amnistías de febrero de 1982.
Posteriormente, en abril del 82, la comisión le envió al presidente un anteproyecto de otro decreto, proponiéndole los pasos a seguir para un eventual entendimiento con el grupo del M-19, que al parecer no surtió efecto y en cambio si motivó, un mes después, la renuncia a la comisión de Carlos Lleras y otros seis miembros, por considerar que «el proceso propuesto por nosotros, después de prolongados estudios y gestiones, para alcanzar el sometimiento al orden constitucional de los grupos alzados en armas, NO ha sido considerado practicable por el gobierno».
Si bien el objetivo de esta comisión era explorar nuevas posibilidades para fortalecer el orden público y crear las condiciones que permitieran la derogatoria de la legislación de emergencia, la pretensión inmediata era buscarle salidas a los precarios resultados de la Ley 37 de 1981, que declaraba una amnistía para los delitos políticos. Como lo dijo el propio Turbay: «yo no pienso que la amnistía haya fallado por falta de diálogo con la subversión, sino porque fue concebida para delitos políticos, sin incluir delitos como el secuestro, la extorsión, el homicidio fuera de combate y otros considerados como delincuencia común».
En la práctica, tal comisión fue convertida en una instancia asesora ad hoc, sin recursos para cumplir su objetivo, fuera de los que cada uno de sus integrantes tenía a través de sus respectivos cargos administrativos: un aparato de carácter transitorio y corta vigencia, con funciones de recomendación, pero sin ninguna capacidad de decisión. Situación que sus propios integrantes reconocieron al renunciar definitivamente a ella: «ese cuerpo, no tiene poderes para celebrar pactos a nombre del gobierno, aunque es claro que le resultaría muy útil entrar en contacto con los distintos grupos alzados en armas para examinar sus puntos de vista y hacerles conocer, a su vez, lo que la Comisión estima razonable y posible».
En el final de su administración y como epílogo de esta primer aparato jurídico político para la negociación, el presidente Turbay en su discurso ante el Congreso el 20 de julio de 1982, manifestó que no había aceptado las recomendaciones de la Comisión de Paz, dado que las encontraba «inconvenientes para sostener en los niveles en los que hasta ahora se ha mantenido la moral de las Fuerzas Armadas y por los precedentes que establecía sobre improbables futuros delitos de la naturaleza de los que quedarían castigados con simples penas condicionales».
Gobierno de Belisario Betancur Cuartas:
En las elecciones de mayo de 1982, criticando esta política de paz y los excesos represivos de su antecesor, triunfó el candidato conservador Belisario Betancur. Una de sus primeras gestiones consistió en reorganizar y reintegrar la anterior comisión, planteando la necesidad de crear condiciones para superar lo que llamó «las causas objetivas de violencia», como la injusticia, el hambre, la miseria, el desempleo, el analfabetismo, etc. A las que se le debían agregar reformas políticas y sociales, que llamó «las condiciones subjetivas de la violencia». Con este marco conceptual, reconoció una intención política en el accionar de los grupos insurgentes, procediendo a establecer con ellos una negociación política en la búsqueda de la paz. Impulsó la aprobación de un proyecto de ley de amnistía general, estableció el plan nacional de rehabilitación (PNR), y trató de consolidar un ambiente político propicio para la concreción de las reformas citadas, dando también un giro en el funcionamiento y composición de los diversos aparatos burocrático jurídico de negociación.
Esta vez, intereses políticos muy diversos entraron a formar parte de tales aparatos: se dio participación directa a las fuerzas de oposición como el partido comunista colombiano, el partido socialista de los Trabajadores, el MOIR, sindicatos, periodistas y miembros de la academia críticos con el establecimiento y, con el decreto 2711 de 1982, se creó la «Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional», nombrando en cabeza de ella al ex presidentes Lleras Restrepo, quien 10 días después renunció por razones de salud, siendo remplazado por Otto Morales Benítez, quien a su vez cedería el puesto a John Agudelo Ríos, miembro de la antigua comisión de paz de Turbay.
Entre los designados en el nuevo ente burocrático, también figuraba la política conservadora Noemí Sanín, junto a otros 40 destacados miembros de la clase dirigente colombiana y, como herramienta complementaria a su labor asesora, Betancur a finales del 82, estableció las bases de lo que denominó plan nacional de rehabilitación (PNR).
Además de continuar el objetivo «asesor» señalado por su antecesor; Betancur dispuso que el organismo remozado, debería también dar asistencia y presentar alternativas al presidente, en cuatro «opciones primordiales»: De incorporación de áreas y estamentos a la vida política, económica y social del país. De recuperación y desarrollo de ciertas regiones territoriales. De mejoramiento sustancial de la justicia y seguridad de los ciudadanos en las ciudades como en el campo; y Opciones de promoción de la eficiencia de la acción en el gasto público, y del sector privado. Era pues otro aparato más de carácter consultivo, ligada logísticamente a las determinaciones del ministerio de gobierno, con funciones definidas pero sin poder decisorio. Solo presentar «opciones» o recomendaciones.
Durante su instalación en septiembre de 1982, el presidente Betancur señaló que le correspondería al Congreso de la república la definición de la amnistía y la creación de un sistema político y jurídico ampliado, dejándole a la comisión la tarea de: «adelantar los diálogos y contactos que juzgue pertinentes con los distintos sectores de la sociedad colombiana, sin discriminación ni limitación alguna, y presentar las alternativas de acción que estime dignas de estudio por el Ejecutivo, o de las demás ramas del poder público, para que los agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su patria que los espera».
En este mismo acto y en un discurso improvisado, Lleras Restrepo como directivo del aparato conformado, respondió reafirmando las responsabilidades presidenciales asignadas y anunciaba que su tarea siguiente era la designación de una serie de «Subcomisiones que puedan entrar en contacto con esos grupos y estudiar con ellos qué se puede hacer para que regresen a la vida normal».
A mediados de noviembre de 1982, la comisión hizo llegar a Betancur su primer paquete de opciones y recomendaciones. La filtración pública de esta información y sobre todo su conformación, fue aprovechada por los adversarios al proyecto de paz de Betancur para crearle problemas al gobierno. Carlos Pizarro a nombre del M-19, afirmó que tal «Comisión de Paz era pequeña e insuficiente», proponiéndole al presidente su ampliación, para «que dicho diálogo tuviera verdaderamente un carácter nacional». Finalmente la comisión inició procesos de acercamiento con las distintas guerrillas, incluyendo a las FARC- EP, el ELN y el EPL.
Después de la reunión de finales de enero de 1983, entre algunos miembros de la comisión con miembros del estado mayor de las FARC; Betancur decidió nombrar, ad honorem, tres «Altos Comisionados de Paz,» para que sirvieran de canal de comunicación entre la comisión y el presidente de la república y, desempeñaran otras funciones administrativa articuladas al desarrollo de la política presidencial de paz.
Simultáneamente (febrero de 1983) Betancur nombró a Amparo Bouzas Quintero como «Consejera en Asuntos de Paz», aumentando el ambiente de confusión política e inoperancia burocrática. Correspondió a Otto Morales como presidente del ente, explicar las nuevas decisiones presidenciales de la siguiente manera: «la labor de los Altos Comisionados y la Comisión, es complementaria e integradora, la Comisión de Paz no maneja dineros, ni los distribuye, no realiza obras públicas, ni reparte tierras, ni dirige las tareas de rehabilitación (…) quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las obras de rehabilitación, son los Altos Comisionados (…) ellos podrían considerarse como los Gerentes de la Paz. Ellos pueden hablar de plata contante y sonante».
En este ambiente de incertidumbre, la estrategia paramilitar del Estado que venían aplicando las Fuerzas Armadas desde inicios de los 60 por recomendación del general del US Army Yaranborough, tal como lo ha establecido definitivamente el sacerdote jesuita Javier Giraldo, da un paso más y arrecia su accionar, especialmente en el Magdalena Medio, haciéndose clara ante la sociedad la percepción de la llamada guerra sucia. Entonces Betancur y sus ministros de gobierno y de justicia, designan en septiembre de1983 al director nacional de instrucción criminal Antonio J. Duque Álvarez, como otro «Alto Comisionado para la Paz para la región del Magdalena Medio», zona considerada modelo y piloto, para la implementación y organización de los grupos paramilitares en Colombia.
La clase dominante y dirigente colombiana (tal y como lo está actualmente), se encontraba dividida en torno al asunto de un proceso de paz con la insurgencia guerrillera, y muchos sectores sociales incluso partícipes del gobierno, estimulados abierta y soterradamente por el estamento militar, se opusieron al proyecto de paz de Betancur, motivando la renuncia de Otto Morales Benítez el 25 de mayo del mismo año. En carta al presidente, Morales dejaba constancia de que una de las tareas que aún faltaba por realizar era la de «combatir contra los enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, con sutileza contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra».
Morales fue rápidamente remplazado por John Agudelo Ríos y como consecuencia, el político conservador Alfredo Vázquez Carrizosa, también miembro de dicho organismo, propuso la renuncia de todos sus miembros para permitir que el presidente la reintegrara y la reacomodara a las nuevas circunstancias, dado que según su opinión que: «habían «cambiado las circunstancias que dieron lugar a la creación de nuestra Comisión, con un número de miembros que desde un principio la hizo inoperante, y que no tenemos ya sino un mandato impreciso y acaso precario para asumir tareas de asesoramiento, que el gobierno ya NO estima importantes».
Con la figura de los «Altos Comisionados», la lógica de aparentar una representación «nacional» siguió implementándose. De los cuatro comisionados nombrados, uno hacía parte de la Iglesia católica, otro era de las Fuerzas Militares, el tercero del gobierno y el último del sector empresarial representado por Alfredo Carvajal Sinisterra, quien había sido alcalde de Cali e inauguraba la participación del sector privado en los procesos de paz venideros. En mayo de 1984, el representante del sector privado fue remplazado por Nicanor Restrepo Santamaría, otro sobresaliente empresario del patronato antioqueño, quien venía de ocupar la gobernación de Antioquia.
Con todo, el primer resultado tangible y que constituyó un referente básico para hablar de los procesos de paz en Colombia, se dio en La Uribe, departamento del Meta, el 28 de marzo de 1984, con la firma de los denominados «Acuerdos de La Uribe» entre las FARC EP y el gobierno Betancur. Acuerdos que fueron posibles, a pesar de la franca oposición de las Fuerzas Militares, que para aquel entonces ya se había convertido en un «estamento social» ligado a la posesión de tierras y al ambiente de negocios capitalistas con el Estado, y en enero de 1984 forzaron el extraño episodio de la renuncia del ministro de defensa, general Fernando Landazábal Reyes y su remplazo apresurado por el general Gustavo Matamoros D’Costa.
Un año más tarde, y como resultado de los Acuerdos de la Uribe del 84, se creó la Unión Patriótica (UP), partido político que aglutinó a varios movimientos de izquierda, y la participación directa de dos miembros de las FARC- EP (Braulio Herrera e Iván Márquez), hasta alcanzar los buenos resultados en las elecciones de 1986. Este resultado electoral aceleró la estrategia paramilitar del Estado, que como se dijo, venía siendo desarrollada gradualmente desde inicios de los 60, y el exterminio gota a gota que venía sufriendo la insurgencia, se disparó masivamente contra el partido recién conformado, hasta finalmente, cuatro años después, borrarlo totalmente de la faz política en Colombia.
Sin embargo un mes más tarde de firmados los Acuerdos de la Uribe 84, renunciaron a esta comisión dos de sus principales miembros: Alfredo Vázquez Carrizosa y Jorge Angarita Marín, recordándole al presidente Betancur, que «pese a lo fundamental que resultaban los Acuerdos de La Uribe, era lamentable que sólo seis de sus miembros fueran los llamados a la deliberación que acompañó dicho documento».
Pero el aparato burocrático jurídico de negociación continuó funcionando y, para darle cumplimiento al cuarto punto de lo firmado en la Uribe, se creó en mayo de 1984, otro ente semejante: la «Comisión Nacional de Verificación», que luego para darle una representación «nacional» se amplió con Horacio Serpa Uribe, Miguel Pinedo Vidal, Nicanor Restrepo Santamaría, monseñor Darío Castrillón, Enrique Santos Calderón, Álvaro Leyva Durán y Gilberto Vieira, así como un miembro de ADO (Autodefensa Obrera) y uno de la Unión Patriótica. Posteriormente, en septiembre, se integrarían a ella Carlos Ossa Escobar y Fabio Valencia Cossio, entre otros.
Como era prioritario para el gobierno alcanzar igual tipo de acuerdos con los otros movimientos guerrilleros, Betancur organizó, poco tiempo después, otra «Comisión Nacional de Negociación y Diálogo», para avanzar en las conversaciones con el M-19, el EPL y ADO y, para tal efecto nombró como coordinador nacional a Alfonso Gómez-Gómez, quien logró los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional firmados el 23 de agosto de 1984, con el ADO, el EPL y el M-19, y después de superar las más diversas dificultades, pudo instalar en enero de 1985, las «diez Subcomisiones del Diálogo Nacional».
A pesar de la conflictiva situación que se vivió en el país durante ese año, a causa del recrudecimiento de la guerra sucia y la oposición del «estamento militar» al proceso de paz del gobierno Betancur; luego de las renuncias de algunos miembros de las Comisiones de Paz, de Verificación y de Negociación y Diálogo, sucedidas entre el 20 y el 24 de septiembre de ese año, Betancur intentó un último esfuerzo nombrando otra «Comisión de Paz, Diálogo y Verificación», como remplazo de las demás que hasta a ese momento habían funcionando y para dirigirla designó a John Agudelo Ríos.
A pesar de algunas declinaciones a los nombramientos, solamente Carlos Ossa Escobar y Gilberto Vieira, persistieron. Pues apenas conocieron su designación, los dirigentes liberales Germán Zea Hernández y Rafael Rivas Posada, pensando en las elecciones presidenciales ya próximas, renunciaron a formar parte de la misma: Zea afirmó que su decisiones debe a que el «liberalismo ha sido opuesto, no a la paz, sino a algunos de los procedimientos adoptados en el proceso» y, Rivas Posada declaró que «el gobierno había preferido la continuación de un sistema de trabajo que en la práctica prolongará el proceso hasta la próxima administración, con todas las implicaciones que ello conlleva».
La cadena de renuncias continuó. En noviembre declina Alfredo Vázquez Carrizosa y el procurador general de la nación Carlos Jiménez Gómez. Y con la toma del palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985, la ofensiva de la estrategia paramilitar del Estado contra desmovilizados y militantes de la UP, y el endurecimiento de la oposición a las iniciativas de paz del presidente Betancur, se configura una sin salida. Betancur insiste. Y logra mejorar un poco el ambiente político en favor de la paz, con los acuerdos de diciembre de 1985 con los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN y la prórroga de los acuerdos de La Uribe con las FARC en de marzo de 1986. Sin embargo, las renuncias a la comisión continúan y Betancur el 5 de agosto de 1986, debió oficializar la desintegración de la misma.
Gobierno de Virgilio Barco Vargas:
El candidato liberal Virgilio Barco gana las elecciones en mayo de 1986, y declara que; «la paz no es un objetivo; sino el resultado de una serie de tareas que nos hemos impuesto, de acabar con la pobreza absoluta», y para llevar a la práctica un programa de partido, el tratamiento para enfrentar el conflicto político y armado asumiría este asunto «como una negociación política entre el gobierno y los grupos insurgentes, regida por principios, objetivos, metodologías y procedimientos precisos».
Antes de su posesión Barco se reunió con Betancur. Así lo recuerda el futuro ministro de gobierno Fernando Cepeda Ulloa: «Nosotros tuvimos una entrevista, el presidente Barco y yo con Belisario, en su oficina personal, no en el Palacio, ya era Presidente electo Barco y Belisario echó su cuento, un cuento entre romántico y pragmático, y entonces la decisión del presidente electo fue que se mantenían los acuerdos, se mantuvieron; se mantiene el cese de fuego que se había pactado, se mantiene el teléfono rojo, y vamos a ver cuando comenzamos».
Con la llegada de Barco se continua la inercia burocrática traída y se crea la «Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación» (CRNR) para que junto con el «Plan Nacional de Rehabilitación» (PNR), dirija el asunto de la paz. El fundamento de este aparente cambio, estuvo según Cepeda Ulloa en que: «El presidente Barco decía, no creamos la ilusión de que va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación pública, no podemos aspirar a que haya paz. No va haber paz, no creemos en esa ilusión. El presidente Barco venía del rechazo a una retórica fantasiosa de Belisario. Aquí lo más que vamos a lograr es normalizar la situación».
Y para dirigir esta otra nueva entidad, Barco nombró en agosto 1986, a Carlos Ossa Escobar, ex presidente de la SAC (sociedad de agricultores de Colombia) y miembro de las últimas dos comisiones creadas por Betancur. La articulación de la CRNR con el PNR, se daba en términos de la prioridad que tenía la primera sobre el segundo, que era gestionado por el jefe liberal Rafael Pardo Rueda, desde la Secretaría de Integración Popular (SIP).
El trabalenguas personal y burocrático del gobierno Barco, debió ser aclarado así por el jefe liberal Pardo Rueda: «el primer cambio consistió en poner en cabeza del Presidente de la República la responsabilidad y la supervisión directa de la política de paz. El segundo cambio fue también de fondo, pero pareció un simple maquillaje y en realidad nunca pudo ser bien explicado y mucho menos bien comprendido: se trataba de omitir la palabra paz y remplazarla por tres largos conceptos, reconciliación, normalización y rehabilitación (…) el largo sustituto tenía sentido conceptual, pues se daba una visión realmente comprensiva de lo que es la paz y de lo que ésta involucra, desprendiéndola del simplismo convencional de identificarla sólo con diálogos con la guerrilla».
Con todo este aparataje gubernamental, otros actores políticos y factores reales de poder pasan cuenta de cobro a la anterior administración de Belisario y piden un espacio directo y relevante en los procesos de paz del nuevo gobierno. En septiembre 1986, en la sesión de instalación de la llamada «Comisión Especial sobre la Violencia Política», algunos congresista reclamaron su «derecho» a participar activamente en el proceso de paz, protestando por la «condición de invitados de piedra» en que se les había puesto durante la administración que acababa de pasar, como «simples receptores de proyectos, pero de ningún modo partícipes directos en los diálogos con la guerrilla».
Mientras avanzaban los procesos de acercamiento con las diversas guerrillas aún en armas, el giro del gobierno Barco avanza en la conformación de una nueva «Comisión de Violencia», con un grupo de especialistas en el tema, quienes tratan de justificar «académicamente» la nueva conceptualización de la paz arriba citada, dada por el burócrata liberal Pardo Rueda: «La paz son tres largos conceptos; reconciliación, normalización y rehabilitación, y no solo diálogos con las guerrillas».
A finales de septiembre 1987 y en medio de una espantosa oleada de guerra sucia, se realizó en La Uribe (Meta) una reunión entre dirigentes de las FARC EP, el M-19, el EPL, el ELN, el PRT y el Quintín Lame, que da como resultado la organización de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, lo cual plantea al gobierno una nueva e inédita problemática de negociación individual y/o colectiva. Ossa Escobar presenta su renuncia a la CRNR el 11 de diciembre del 87, siendo remplazado por el ascendente Rafael Pardo Rueda.
Al iniciar 1988, Pardo Rueda como nuevo «Consejero Presidencial» se reafirma en sus críticas a la dispersión creada por el sinnúmero de instancias administrativas creadas por el gobierno Betancur, y ratifica que «se requieren procedimientos y métodos institucionalizados y límites claros». Y agrega: «para el gobierno, el diálogo no es simplemente el acto de conversar sobre un tema, sino un procedimiento que adquiere sentido político cuando a través de él se busca encontrar soluciones. Si no es así, el diálogo se convierte en una distracción, en un intercambio de opiniones sin trascendencia».
Con todo, en septiembre de 1988, Pardo Rueda presenta la iniciativa de paz del presidente Barco, como un «objetivo para definir de una manera ordenada y con todos los pasos que se debían seguir, los criterios que debían orientar políticamente el proceso de conversaciones con un grupo armado, cuáles serían las condiciones y exigencias, y cuáles los compromisos que el Gobierno estaría dispuesto a asumir».
Sin embargo la inercia burocrática por seguir conformando aparatos nacionales similares, se prolonga en la administración Barco y así se crean las «Mesas de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional», junto con la «Promotoría Nacional para la Paz» de la cual harían parte los ex presidentes Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen, el cardenal primado Mario Rebollo Bravo, el presidente de la asociación de industriales Fabio Echeverri Correa, y el dueño del diario El tiempo Hernando Santos Castillo, quien posteriormente renunciaría.
En marzo de 1990 se firmó el acuerdo político de dejación de armas del M-19, no sin antes haber creado por parte del gobierno; la «Comisión de desmovilización para el Proceso con el M-19», y el «Consejo Nacional de Normalización». Mientras que por fuera, la guerra sucia, el Paramilitarismo y la violencia política del Estado, continuaron su avance lento pero seguro de la mano con los narcotraficantes, quienes en esta fecha hicieron su irrupción pública, también violenta.
Gobierno de César Gaviria Trujillo
Con la elección presidencial en 1990 de César Gaviria, antiguo ministro de gobierno del gobierno Barco, hubo continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz de la anterior administración. El modelo de negociación con el M-19 concluido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se convirtió en el ejemplo inflexible a seguir durante toda la administración Gaviria. Sin embargo, el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir los constituyentes (9 de diciembre de 1990) las Fuerzas Armadas bombardearon «Casa Verde», lugar donde se encontraba el Secretariado de las FARC, eliminando por la vía militar cualquier posibilidad de acuerdos políticos con este grupo y con los demás que aún formaban parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Dos nuevos aparatos se conformarían para enfrentar la reacción guerrillera: la «Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional» a cargo del ascendente Rafael Pardo Rueda, y la «Consejería Presidencial para Medellín» a cargo de María Emma Mejía.
En 1991, después de un accidentado proceso político a favor de un dialogo por la paz, desarrollado por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; el gobierno Gaviria se ve forzado a iniciar formalmente las conversaciones de paz en Caracas, las cuales poco después se trasladaron a Tlaxcala (Méjico) y, como respuesta administrativa el gobierno nombra como responsable de las mismas a Jesús (Chucho) Bejarano, asignándole nuevas funciones presidenciales. En enero de 1992, Bejarano es remplazado por Horacio Serpa Uribe, quien 4 meses después y de común acuerdo con los delegados de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, da por terminadas las negociaciones.
Durante el desarrollo de estas conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el gobierno Gaviria creó también mediante decreto 2015 de 1991, la «Comisión Consultiva para el Orden Público», integrada por Horacio Serpa Uribe, Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Otty Patiño, Carlos Rodado Noriega y Gilberto Vieira. Para aquel momento el carrusel burocrático liderado por Bejarano, también seguía contando con una pléyade de «Asesores Oficiales» como Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha, Reynaldo Gary, Gonzalo de Francisco, y José Noé Ríos, entre otros.
Para fines de 1991 el gobierno Gaviria logra acuerdos definitivos de paz con el EPL, el PRT y el MQL, y para vincular al empresariado o sector privado en tal gestión, se crea mediante los decretos 2198 y 2199 de septiembre 1991, otra «Comisión Asesora de Reinserción», conformada por José Manuel Arias Carrizosa, Adolfo Carvajal Kuelkuellye, Ernesto Delima, Andrés Echavarría Olano, Augusto López Valencia, Isaac Jimmy Mayer Hekin, Nicanor Restrepo Santamaría, Juan Manuel Ruiseco Vieira, Carlos Upegui Zapata y Luis Carlos Sarmiento Angulo, y para articular toda esta iniciativa, el gobierno nacional creó a fines de 1991, la «Dirección Presidencial para la Reinserción» encargando a Ricardo Santamaría de su dirección.
Para noviembre de 1993, se reestructura la «Consejería para la Paz» a cargo de Carlos Eduardo Jaramillo, quien acompañará a Gaviria hasta el final de su mandato, concretando acuerdos de reinserción con la Corriente de Renovación Socialista CRS, las milicias de Medellín, y el Frente Francisco Garnica del EPL .
Gobierno de Ernesto Samper Pizano:
Con el ascenso de Ernesto Samper Pizano a la presidencia en 1994, se empieza a dar otro desarrollo burocrático en el tema de las negociaciones de paz. Buscando aliados que le ayudasen a enfrentar el conocido escándalo judicial llamado proceso ocho mil, nombra a Carlos Holmes Trujillo, conocido jefe político liberal del Valle del como «Alto Comisionado para la Paz», debiendo aclarar posteriormente, en otro decreto presidencial, que este cargo estaba dentro de la «Consejería Presidencial para la Paz» bajo la dirección de José Noé Ríos y en donde participan académicos y personas con cierto conocimiento del tema como Alfredo Molano, Alejo Vargas, Daniel García-Peña, Edgar Reveiz, Jhael Quiroga.
Por si fuera poco, Samper crea otra instancia de carácter consultivo: la «Comisión de Acción para la Paz», encargada de desarrollar el asunto financiero, tan caro a su gestión en los procesos de paz, el cual ampliaría y dejaría establecido a través de la Ley 368 de 1997, y con la creación del «Fondo de Programas Especiales para la Paz o cuenta del Departamento Administrativo de la presidencia DAPRE», destinado a apoyar administrativa y financieramente las funciones del Alto Comisionado para la Paz.
Pero no es todo. En julio de 1995, se conforma una nueva «Comisión Facilitadora de Paz» para las conversaciones con el movimiento Jaime Bateman Cayón. La responsabilidad recayó esta vez en el Arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo, en el administrador Arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón, la secretaria de gobierno del Cauca Nuby Fernández, el rector de la Universidad Libre de Cali Libardo Orejuela, junto al ex-combatiente del M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de televisión Alfonso Lizarazo, y para a agosto del 95, con participación de la iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación, se organiza otra nueva «Comisión de Conciliación Nacional (CCN)» con el objetivo de servir de puente entre las partes del conflicto armado, integrada por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación. Finalmente, tras un año de actividad, el Alto Comisionado para la Paz, renuncia en favor de Daniel García Peña, quien logra permanecer en el cargo hasta el final del mandato de Samper.
En de mayo de 1998 se firmó el protocolo de acuerdo entre un poco conocido grupo armado denominado Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados MIR-COAR y el gobierno nacional, para lo cual se contó con el apoyo de otra «Comisión Gubernamental Negociadora»
En julio de 1998, luego de la declaración de Viana en España y la declaración de Mainz en Alemania, se creó el «Comité Operativo Preparatorio» de una posible convención nacional con el ELN. Este comité estuvo integrado por Ana Teresa Bernal, María Isabel Rueda, Jaime Bernal Cuellar, Alejo Vargas, Nelson Berrío, Alfredo Molano, Jaime Caicedo, Francisco Santos, Carlos Gaviria D., Samuel Moreno Rojas, Sabas Pretelt de la Vega, Augusto Ramírez O., Antonio Picón Amaya, Hernando Hernández, Mario Gómez, el Padre Jorge Martínez y Francisco Galán y Felipe Torres del ELN y junto a este comité operativo actuó el Comité Nacional de Paz. Por último, es durante el periodo presidencial de Samper cuando en abril de 1995 se creó la «Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia» por decisión de la gobernación del departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Destacamos este hecho porque esa fue la primera iniciativa formal de tipo regional en la que el gobierno central daba autorización a una gobernación, para llevar a cabo acercamientos exploratorios con los grupos armados ilegales y sería pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría con la desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez.
Gobierno de Andrés Pastrana Arango:
Pastrana sin grandes variaciones, continúa la lógica de los dispositivos burocráticos jurídicos de negociación. Fue así como dos días después de su posesión presidencial nombra a Víctor G. Ricardo como Alto Comisionado para la Paz en la Consejería Presidencial para la Paz y a Camilo Gómez Alzate como su secretario privado, poniendo en funcionamiento el Consejo Nacional de Paz y, el Comité Nacional de paz.
El proceso de «negociar con las FARC la paz en medio de la guerra», se inicia en noviembre de 1998, con la vigencia de la denominada zona de distensión del Caguán, y los esfuerzos presidenciales e institucionales se enfocaron en la constitución de la «Mesa Nacional de Diálogo y Negociación» y un «Comité Temático Nacional». El 7 de enero de 1999, día de la instalación formal de los diálogos, son designados como negociadores gubernamentales, Víctor G. Ricardo, María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola. Y bajo la coordinación de Néstor Humberto Martínez, el gobierno nombró para el Comité Temático Nacional a Miguel Pinedo Vidal, Armando Pomárico, Andrés González, Juan Gómez Martínez, Mauricio Cárdenas, Hernando José Gómez, Jorge Gómez Duarte, Ana Teresa Bernal y Fernando Hinostroza.
El 4 de julio de 1999 se cambia el equipo negociador inicial y se conforma un segundo con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos mayo del 2000 Pastrana acepta la renuncia de Víctor G. Ricardo y nombra a su secretario privado Camilo Gómez Alzate, como nuevo Alto Comisionado para la Paz. Y después 4 meses de difíciles diálogos, el 6 de mayo de 1999, los negociadores del gobierno y los representantes de las FARC EP, firmaron y protocolizaron la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia de 12 puntos. Por fin después de más de 50 años de conflicto social y armado, se firmaba y legalizaba por ambas partes, el primer documento de Estado: la Agenda trascendental y básica para una negociación con las FARC.
El proceso de negociaciones continuó a pesar de interferencias políticas y militares de todo tipo, y en septiembre de 2000, Pastrana tras aceptar la renuncia del empresario privado Pedro Gómez Barrero, conforma un tercer «Equipo para las Negociaciones» con participación del partido liberal y la Iglesia católica. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector petrolero y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor Luis Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso López Caballero quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el general Forero Delgadillo, continuarían en la mesa de negociación del Caguán. En noviembre de 2000, se crea como órgano asesor y consultor del gobierno, el «Frente Común por la Paz y contra la Violencia», integrado por el propio presidente Pastrana, Horacio Serpa Uribe, Ciro Ramírez, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.
Y después de varios congelamientos, a inicios de 2001 Pastrana y Marulanda lograron reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de los Pozos, reafirmando la necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos, e invitar a la comunidad internacional. Entre otras decisiones conforman la «Comisión de Personalidades» (también conocida como de los notables) con el propósito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Dicha comisión fue oficialmente creada el 11 de mayo de 2001 y la integraron Ana Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano Guillén, Vladimiro Naranjo Mesa y Alberto Pinzón Sánchez.
En abril del mismo año se crea la «Comisión de Países Facilitadores para el Proceso de Paz», integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela, y en abril, se inician en el Caguán las denominadas «Audiencias Públicas».
Finalmente, el 3 de junio de 2001 el Gobierno anunció un nuevo y cuarto equipo negociador con las FARC, nombrando a Reinaldo Botero Bedoya, Ricardo Correa Robledo y Manuel Salazar Ferro, quienes junto al Alto Comisionado Camilo Gómez y el «Comisionado Adjunto» Luis Fernando Críales, serían los encargados de afrontar la última fase de negociación, que terminó como todos sabemos con el rompimiento de la negociación el 20 de febrero de 2002.
Después del rompimiento con las FARC, los esfuerzos en materia de paz se enfocarían por completo hacía el ELN, sin alcanzar ningún tipo de acuerdo definitivo. Finalmente, se debe siempre tener presente a la hora de hacer el análisis de este periodo, que desde el inicio de la administración Pastrana se implementó con la ayuda del gobierno Norteamericano, el conocido Plan Colombia, y además que la estrategia paramilitar del Estado, había logrado finalmente expandirse nacionalmente hasta copar todo el país.
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez
Desde antes de su elección como presidente, y una vez posesionado en 2002, Uribe Vélez condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los «grupos armados ilegales». Bajo este marco, los grupos insurgentes dieron a conocer su negativa a lo que significaba una rendición incondicional, que solo fue aceptada por los paramilitares de las AUC, con quienes se venía negociando desde cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia.
El extraño proceso de «acercamiento, desmovilización y de reinserción» de los grupos paramilitares, es llevado hasta su final por el aparato burocrático jurídico creado para tal fin mediante decreto 1809 de 2002, y dirigido por el «Alto Comisionado para la Paz» Luis Carlos Restrepo. Culminará luego de la sanción presidencial, el 25 de julio con la Ley 975 de 2005, ampliamente conocida en Colombia y el exterior como «Ley de Justicia y Paz» y, posteriormente quedaría vacío con la extradición paulatina a los EEUU, de la mayoría de jefes paramilitares acusados no de crímenes de Estado, sino de narcotráfico.
El dispositivo burocrático jurídico del comisionado Restrepo estuvo orientado directamente por el presidente Uribe Vélez, y tal y como ha quedado demostrado hasta el día de hoy, se limitó únicamente a los grupos paramilitares, sin estructurar una política gubernamental de paz para todo el país.
Gobierno de Juan Manuel Santos
Apoyado por el apabullante aparataje político- militar y mediático, creado por el gobierno estadounidense con el Plan Colombia, durante los 8 años del gobierno de Uribe Vélez, su ministro de defensa J M Santos resulta elegido en 2010. En su discurso de posesión Santos plantea una política ambigua de paz, insinuando que él tiene en su bolsillo la llave para abrir la puerta de un «eventual» proceso de paz con las guerrillas persistentes, dando a entender que ha centralizado totalmente bajo su responsabilidad inmediata, el asunto de la paz en Colombia, sin delegaciones en «comisiones nacionales» y otros entes jurídicos estatales como los que se venían creando en las administraciones precedentes, y contradiciendo el centro de su estrategia de gobierno llamada Unidad Nacional; establece directamente sin terceros, las condiciones de rendición y desmovilización de las guerrillas, y como si la vida no fuera rica en tener innumerables posibilidades, ofrece «Cárcel o Tumba», como únicas dos alternativas a quienes persistan en enfrentar armados el Terror del Estado militarista colombiano.
Sin embargo para conservar el legalismo santanderista característico de su clase social, hasta aquí expuesto, empeña todos sus recursos políticos en llevar al Congreso de la república los principales lineamientos de su «locomotora neo-liberal de la paz», para que mediante una «ley nacional» se expida un Marco Jurídico Integral para la Paz: reforma a la justicia, justicia transicional, fuero para el estamento militar, código penal, código minero y ley de restitución de tierras, etc. Aspecto este último, que le ha granjeado la oposición radical del sector del rentismo latifundista y ganadero pre-moderno, ligado al narco paramilitarismo opuesto visceralmente a cualquier proceso de diálogo con la insurgencia, y que está condicionando (hasta la resolución de esta contradicción) la decisión presidencial de JM Santos, en el asunto de la paz para Colombia.
(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Apartes de la conferencia ¿ES POSIBLE LA PAZ EN COLOMBIA? con Alberto Pinzón Sánchez