En Colombia jamás hubo Acuerdo de Paz como lo dimensionamos de manera romántica, en tanto que firmar acuerdos para dejar las armas con el Gobierno de Juan Manuel Santos no representó pactar la paz con la clase política mafiosa y paramilitar en su totalidad. La paz que tratamos sostener es un proyecto que, así hubiese […]
En Colombia jamás hubo Acuerdo de Paz como lo dimensionamos de manera romántica, en tanto que firmar acuerdos para dejar las armas con el Gobierno de Juan Manuel Santos no representó pactar la paz con la clase política mafiosa y paramilitar en su totalidad.
La paz que tratamos sostener es un proyecto que, así hubiese ganado el plebiscito por su refrendación, debía enfrentar a quienes nunca firmaron la paz ni abandonaron el terrorismo de Estado. Firmar la paz fue una apuesta necesaria, pero no un acuerdo que involucró a quienes no están dispuestos a ceder la más mínima pizca de poder y permitir pequeñas reformas a favor del pueblo.
Si bien las FARC no estaban derrotadas, de igual manera el terrorismo de Estado jamás lo estuvo, ni lo está. Solo hay una diferencia, la exguerrilla está desarmada, al igual que las comunidades donde hacían presencia.
No se requiere ser estratega militar, ni historiador ni politólogo para entender que el régimen no perdona y trataría de desaparecer a quienes no pudo derrotar durante más de cincuenta años de alzamiento armado. Las garantías no existían de antemano, pero se ocultaba o desconocía ingenuamente la crudeza de lo que podía pasar para no generar conmoción en la exguerrillerada.
Al parecer esa misma política se mantiene, a pesar de su fracaso. La ausencia de un pronunciamiento fuerte de la FARC hoy convertida en partido, advirtiendo la ausencia de garantías y el incumplimiento de los acuerdos firmados genera, no desconfianza, sino desilusión en ciertos sectores que perplejos esperan un actuar más acorde a la cruenta arremetida que deja 131 exguerrilleras y exguerrilleros asesinados, y más de 1.500 lideresas y líderes sociales y comunales reportados por el CINEP desde el 2016.
Es bajo esta arremetida imparable que el día de hoy, 14 de mayo, la muerte también llegó al Valle del Cauca. Jorge Enrique Corredor (Wilson Saavedra) fue asesinado en el municipio de Tuluá. Su muerte se convierte en el ajuste de cuentas del régimen contra uno de los objetivos de más alto valor hasta el momento. Excomandante de la Compañía Víctor Saavedra y el Comando Conjunto de Occidente, e integrante del Consejo Nacional del partido FARC, explica el porqué de su asesinato, un crimen contra quien no gozaba de escoltas ni esquemas de seguridad después de apostarle a la paz.
No estamos en la época de Uribe
Sabemos que los acuerdos firmados entre la FARC y el Gobierno buscaban, ante todo, que la verdad sobre el conflicto saliera a la luz pública creando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hoy vemos la ferocidad con la cual la ultraderecha se abalanza, a pesar de que en parte esta ya fue mutilada en su efectividad, contra este sistema de justicia.
Por eso nos equivocamos cuando afirmamos que volvimos a la época de Uribe, puesto que asistimos a una tecnificación del crimen y control social que no se limita a los asesinatos y ejércitos paramilitares. Este es un avance propio de sociedades fascistas que escalan su grado de acaparamiento del poder en todos los niveles institucionales y espacios de la vida.
Ya sea por la vía de la represión policiva y la fuerza paramilitar, o a través de la imposición de la ley, cambiada y formulada a su antojo, junto a una sociedad que, en su mayoría, aplaude la criminalidad de sus verdugos y desprecia a quienes se alzan contra el régimen, hacen de nuestro contexto una realidad más cruenta y difícil para lucha, mostrando una ultraderecha más peligrosa y efectiva que la vivida en tiempos de Uribe.
El discurso de que hay dificultades, pero que también hay avances en el Acuerdo de Paz debe acabarse. Actualmente resulta imposible defender los acuerdos sin enfrentar al régimen en su totalidad. Los avances son solo el distractor para no asumir el incumplimiento político bajo la fachada que desfragmenta el acuerdo en su integralidad para quitarle el grado de efectividad.
Los cientos de prisioneras y prisioneros políticos que aún mantiene la FARC en las cárceles del país, dan cuenta del grado de incumplimiento, y el error de dejar las armas sin que su salida fuera efectiva. Este punto del acuerdo no se podía cumplir de manera unilateral creyendo que la sociedad lo iba aplaudir.
Por tanto, fue un cálculo fallido pensar que una sociedad que avanza hacia el fascismo acogería en su seno a una exguerrilla por el simple hecho de cumplir los acuerdos. E imposible entonces para la FARC sostener hoy su discurso moderado frente el incumplimiento de los acuerdos y la ausencia de garantías que cobra la vida de más de 1.600 personas desde el 2016.
La arremetida es cruenta, pero también ha sido digna la resistencia en Colombia a pesar de la adversidad. Saldremos golpeados, tal vez muy golpeados, pero no vencidos ni exterminados. Por ello, que la FARC asuma los errores de cálculo ante los sectores que integran la lucha popular y, sobre todo, ante su exguerrillerada, constituye una necesidad apremiante en tiempos donde el fascismo avanza para instalarse mientras se actúa de manera moderada, protocolaria, tratando de sostener los acuerdos incumplidos.
Es cierto que debe actuarse con inteligencia en una guerra donde nos situamos en desventaja, sin embargo, la moderación no siempre es lo más inteligente. La cautela para el caso de los acuerdos incumplidos, simplemente significa no asumir un discurso frontal que recupere la confianza en sectores que están confundidos al no encontrar en la FARC pronunciamientos y posturas más contundentes, acordes a la gravedad que reviste la situación política del país.