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El régimen revictimiza en vez de reparar a las víctimas

Fuentes: Rebelión

Este Gobierno entrega cargos públicos a paramilitares, en retribución por perseguir y matar líderes sociales, con lo que prosigue acaparando territorios para sus grandes proyectos mineros, de agronegocios y de infraestructura.

Este tercer Gobierno de Álvaro Uribe ganó las elecciones de 2018 con votos comprados y presionados por los narcoparamilitares, como pago por este apoyo, les conceden altos cargos en el Estado y jugosos contratos con dineros públicos. Por eso, esta semana nombraron a un hijo de Jorge 40 -extraditado a los Estados Unidos en 2008-, en la burocracia del Ministerio del Interior.

Igual ocurrió con los dos primeros gobiernos de Uribe, el jefe narco paramilitar Ernesto Baéz ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, afirmó: “las AUC apoyaron las dos campañas del Senador Uribe para llegar a la Presidencia en 2002 y 2006” [1].

En 2018 la tercera parte del Senado tenía investigaciones en curso por vínculos con los paramilitares, y en 2014, 61 congresistas habían sido condenados por sus nexos con los paramilitares [2].

          Un Gobierno de los victimarios

Según el Observatorio Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe narco paramilitar del Bloque Norte, entre 1996 y 2006 se le atribuyen 1.020.332 agresiones contra los Derechos Humanos (DDHH) y 333 masacres, que dejaron más de 1.573 muertos y 700 mil desplazados [3].

El 19 de mayo el Ministerio del Interior nombró a Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Jorge 40, Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado (GAPV); por lo que más de 400 organizaciones de DDHH, movimientos de víctimas, organizaciones sociales, entre otros, rechazaron categóricamente esta designación.

El GAPV tiene como funciones, promover y hacer seguimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios territoriales en materia de DDHH; además este grupo asesora la implementación de las líneas de la política pública para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado.

Resulta cínico que quiénes estén dirigiendo la toma de decisiones para garantizar los derechos de las víctimas, mantengan comunidad de intereses con los victimarios; el abogado experto en DDHH Alfonso Camerano afirma, “la reparación de las víctimas debe estudiar los bienes de los victimarios, por tanto, no es ético ni imparcial que estas indagaciones estén en cabeza de un familiar cercano de una de las partes” [4].

El Gobernador del Cabildo Indígena Kankuamo -una de los pueblos más agredidos por el Bloque Norte-, Jaime Enrique Arias, afirmó, existe una afinidad del actual Gobierno con el paramilitarismo, así como la hubo durante el mandato de Álvaro Uribe, un hecho que está en los estrados judiciales. Hay mucha flexibilidad del Partido de Gobierno con los grupos de autodefensas” [5].

Contrarreforma agraria por vía narco paramilitar

La Guerra por el territorio arreció en los años 80 en Urabá para expandir agronegocios y la construcción de los Puertos Antioquia y Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí. Además de la extracción minera en el Bajo Atrato: Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica, y petrolera en La Larga Tumaradó.

Según la organización Forjando Futuros fueron más de 226 líderes asesinados y más de 2.000 los desaparecidos. En Urabá se presentaron 6880 solicitudes de restitución, que comprenden 6371 predios y 4159 personas. En alrededores del puerto de Antioquia, cometieron masacres como las de Honduras y La Negra en Turbo, en la Agropecuaria Bagatela, ahora llamada Comercial Punta Arenas, las haciendas las Margaritas y las Bodegas.

En el 2019 un Decreto Departamental firmado por el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, declara varios predios en utilidad pública con el fin construir Puerto Antioquia, el 27 por ciento de los dueños de esos predios son financiadores de la campaña del actual Gobernador Aníbal Gaviria, varios de ellos mencionados en las confesiones de paramilitares ante los jueces de Justicia y Paz.

Por detallar un solo caso, la Agrícola Santa María, el accionista mayoritario es Jaime Henríquez Gallo mencionado en versión libre de los paramilitares y beneficiario de Agro Ingreso Seguro, tiene 20 predios con alrededor de mil hectáreas en la zona de influencia de Puerto Antioquia.

El 12 de mayo el Tribunal Superior de Antioquia ordenó a investigar a Bananeras de Urabá S.A, a sus propietarios Rosalba Zapata y Felipe Arcesio Echeverri Zapata, BANACO y UNIBAN, por apoyo a estructuras paramilitares y aprovechamiento de las circunstancias en un entramado jurídico para apropiarse de los predios [6].  La orden también señala la Restitución de 11 predios a familias campesinas en la vereda California corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo; lugar con mayor plantación bananera junto a las zonas de influencia de la construcción del Puerto.

Sin embargo, las víctimas de despojo de tierras siguen teniendo dificultades para acceder a la justicia, por el control paramilitar del Clan del Golfo en la región y la muerte de 23 de sus líderes sociales a la fecha.

Las terribles cifras del Genocidio político

Digno Emérito Buendía Martínez, líder campesino del corregimiento Vigilancia de Cúcuta, Norte de Santander; fue asesinado el 18 de mayo por tropas del Batallón Hermógenes Maza, además quedaron heridos Miguel Hernández, Juan José Orozco y Jimmy Alberto González.

Freddy Angarita, líder comunal de Vegas del Rodeoen Cúcuta; había recibido numerosas amenazas de muerte, hasta que fue asesinado el 9 de mayo. 

Oriolfo Sánchez Ruiz, integrante la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana; (COCCAM); fue asesinado el 20 de mayo por tropas del Ejército estatal en la vereda Tacamocho de Anorí, Antioquia.

María Kelly Báez, líder del Movimiento de víctimas, procesos de mujeres, campesinos y mineros artesanales de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua),  denunció que el 19 de mayo, varios sicarios intentaron ingresar a su vivienda en Santa Rosa, Sur Bolívar; cuando presentó esta denuncia ante las autoridades, no se la aceptaron excusandose en que no presentó pruebas del ataque.

Aramis Arenas Bayona, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Canadá del corregimiento Estados Unidos de Becerril, Cesar; fue asesinado el 19 de mayo en su finca. 

Robert Hurtado de 27 años, ex combatiente que se desempeñaba como aserrador en Munguidó del Litoral de San Juan Chocó, donde vivía con su esposa y 3 hijos menores de edad; fue asesinado el 20 de mayo.   

Olga Lucía Hernández, ex presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerto Nariño, fue asesinada el 21 de mayo en esta localidad ubicada a las orillas del río Orinoco, en Cumaribo, Vichada.

Wilson Ramírez ex combatiente, por amenazas de muerte tuvo que desplazarse de Algeciras, Huila hasta Soacha, al sur de Bogotá; el 22 de mayo su vivienda fue atacada con cinco impactos de arma de fuego.

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[1] “Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez”: alias ‘Ernesto Báez’. Verdad Abierta, 24-07-2015.

[2] Élites y crimen organizado en Colombia. Insight Crime, 9-08-2016.

[3] Víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano. CNMH, 21-01-2020.

[4] Nombramiento del hijo de ‘Jorge 40’ generó controversia y rechazo. Semana en Vivo, 20-05-2020.

[5] Grupos de víctimas y de derechos humanos rechazan cargo de Jorge Tovar. El Tiempo, 19-05-2020.

[6] A campesinos de Turbo les restituyeron tierras que estaban en manos de bananeros. Agencia de Prensa Popular, 13-05-2020.

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