El «control preventivo de identidad» es uno de los componentes de la llamada «ley corta de seguridad ciudadana» que tramita el Congreso por iniciativa del gobierno, fuertemente presionado por la derecha que, desde el gobierno de Sebastián Piñera, intenta imponer una nueva legislación represiva que sea útil para reprimir a la delincuencia y a los […]
El «control preventivo de identidad» es uno de los componentes de la llamada «ley corta de seguridad ciudadana» que tramita el Congreso por iniciativa del gobierno, fuertemente presionado por la derecha que, desde el gobierno de Sebastián Piñera, intenta imponer una nueva legislación represiva que sea útil para reprimir a la delincuencia y a los sectores movilizados de la sociedad.
El pasado 27 de enero, la Comisión de Constitución del Senado aprobó esta herramienta represiva que, en su aplicación se asemeja a la «detención por sospecha» impuesta en la dictadura.
Los senadores Pedro Araya (pro DC), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Felipe Harboe (PPD) votaron a favor de aumentar las facultades de las policías en las calles y sólo Alfonso de Urresti (PS), presidente de la comisión, rechazó la medida alegando que el proyecto supone reponer la «detención por sospecha».
El control de identidad preventivo ha sido rechazado por los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos e incluso organismos internacionales.
De hecho, en octubre del año pasado cuando visitó Chile, el Relator de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y asociación, Maina Kiai, criticó el proyecto de control de identidad preventiva e instó al gobierno a eliminar «los vestigios de la dictadura». El relator fue enfático en señalar que no existen las huelgas o manifestaciones violentas, sino «individuos o acciones violentas en un contexto de manifestación», sin que ello signifique por ningún motivo que las personas pierdan sus derechos o garantías fundamentales.
La indicación sobre el «control preventivo de identidad» fue promovida por la derecha, que durante el gobierno de Sebastián Piñera intentó imponer la llamada «Ley Hinzpeter», que apuntaba a restringir las libertades de organización y movilización, así como nuevas medidas represivas y de control de la población, particularmente de aquellos sectores movilizados, como las organizaciones del pueblo mapuche o los estudiantes.
El control de identidad es una de las herramientas más utilizadas por carabineros durante las movilizaciones sociales y protestas callejeras. En la actualidad el artículo 85 del Código Procesal Penal habilita a carabineros a solicitar la identificación de cualquier persona, el registro de vestimentas, equipaje o vehículo, y en caso de negativa de la persona o falta de documento de identificación, permite trasladar a la persona a la unidad policial más cercana. Pero es aplicable solo si la policía tiene indicios ciertos de que la persona ha cometido un delito, se dispusiera a cometerlo, pudiera entregar información de algún crimen o que oculte su rostro o disimule su identidad en un espacio público.
La nueva norma, sin embargo, amplía estas facultades y dice que «en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 y 86 (última revisión) del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código Procesal Penal podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías y otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o la tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse pudiendo utilizar todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, deberá siempre entenderse que es menor». Si la persona se niega a identificarse será llevada a una comisaría.