Tras casi dos años de investigación, polémicas y querellas varias entre los implicados, el denominado Caso Coimas llegó al fin de su primera etapa con la dictación de condenas en primera instancia realizada por el juez Carlos Aránguiz. Más allá de los alegatos y la publicidad desplegada por el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, […]
Tras casi dos años de investigación, polémicas y querellas varias entre los implicados, el denominado Caso Coimas llegó al fin de su primera etapa con la dictación de condenas en primera instancia realizada por el juez Carlos Aránguiz. Más allá de los alegatos y la publicidad desplegada por el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, el fallo entregado por Aránguiz deja en claro cuál fue el mecanismo usado por los implicados para entregar y recibir sobornos, para desviar fondos a campañas políticas y usar sus influencias en la entrega de concesiones para plantas de revisión técnica de automóviles.
Un poco de historia
La bomba estalló el 2002: un subsecretario, cinco diputados, empresarios y funcionarios de gobierno aparecían involucrados en sobornos y tráfico de influencias. Con el transcurso de los meses fueron quedando fuera de la investigación los parlamentarios Juan Pablo Letelier (PS), Aníbal Pérez (PPD) y Eduardo Lagos (PRSD), aunque éste último fue condenado por el «capítulo Kempinsky» del caso. En éste, junto con Cristián Pareto y Jaime Jiménez, se le inhabilitó por seis años a ejercer cargos públicos y a cumplir 50 días de presidio remitido, pues la coima solicitada al empresario «plantero» Carlos Denham en el Hotel Kempinsky no habría sido entregada. Lagos fue procesado, esta vez por el ministro Juan Manuel Muñoz, por hacer uso de un certificado de estudios falso. Por las oficinas de Carlos Aránguiz, o interrogados por el ministro en sus propios despachos, comenzaron a desfilar nombres de importantes personeros gubernamentales como los ministros José Miguel Insulza y Javier Etcheberry, y el subsecretario de Transportes Guillermo Díaz El temblor se transformó en terremoto cuando Aránguiz resolvió procesar al en ese momento presidente del Partido Radical Social Demócrata, Patricio Tombolini, y solicitó el desafuero de seis diputados oficialistas, entre ellos el vicepresidente del PS Juan Pablo Letelier. El gobierno apareció, en voz de los ministros Mario Fernández y Nicolás Eyzaguirre, anunciando medidas anticorrupción. A fines de noviembre de 2002, la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió por unanimidad desaforar a cinco de los seis diputados de la Concertación a fin de dar lugar a la formación de causa en su contra, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La sentencia afectó a Juan Pablo Letelier (PS), Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Eduardo Lagos (PRSD) y Jaime Jiménez y Cristián Pareto, quienes fueron expulsados de la Democracia Cristiana (DC). Finalmente, la Corte Suprema aceptaría sólo el desafuero de Pareto y Jiménez. Tal fue el impacto del caso, que su destape aceleró y complicó el Caso MOP y todas sus ramificaciones, las que conoció en un primer momento el mismo Aránguiz, hasta que la Suprema optó por designar un ministro en visita distinto: Gloria Ana Chevesich. En noviembre de 2003, el ministro inicia la etapa de plenario del juicio acusando, además de los parlamentarios, a dos ex funcionarios de gobierno -Alejandro Chaparro y Eric Leyton-, y a tres empresarios ligados a plantas de revisiones técnicas. El diputado Víctor Manuel Rebolledo (PPD) es acusado de coautoría de soborno, por haber solicitado a Chaparro cobrar los $15 millones aportados por Filippi a Tombolini. Al diputado Cristián Pareto se le sindica como autor de cohecho, ya que habría recibido $20 millones para denunciar las irregularidades existentes en las plantas de revisión técnica. El diputado Jaime Jiménez es acusado por el mismo delito, pero en calidad de coautor. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado estudiaba presentar acusaciones en particular. En enero de 2004, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución de primera instancia del ministro Carlos Aránguiz, quien había sobreseído al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini de dos delitos de cohecho, pero mantuvo otras dos acusaciones en contra del dirigente radical. El primero es por un vale vista de 15 millones de pesos que el empresario Carlos Filippi habría entregado a cambio de que se le otorgaran facilidades para conseguir la concesión de una planta de revisión técnica, y el segundo dice relación con 3 millones de pesos que habría solicitado a Filippi a favor de la campaña parlamentaria del entonces subsecretario de Deportes, Ernesto Velasco.
Un final anunciado
Como un final de tragedia griega, el fallo de primera instancia del juez Aránguiz viene a confirmar lo denunciado tantas veces antes: al menos 3 diputados concertacionistas y 2 funcionarios gubernamentales eran culpables de los delitos de cohecho y soborno. La notificación de condenas, realizada en la Corte de Apelaciones de Rancagua, sentenció la suerte de estos 5 políticos oficialistas: 4 de ellos no podrán postular a algún cargo público o de representación popular en toda su vida, el otro -Chaparro- deberá abstenerse por 5 años de hacerlo. Todos deberán pagar millonarias multas, aunque solamente Tombolini debería cumplir sentencia en la cárcel. El ex jefe de Finanzas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Eric Leyton, fue absuelto. El personero había sido procesado por cohecho, debido a que habría cobrado el vale vista extendido por Carlos Filippi para que se autorizara la ampliación de su planta de revisión técnica. En medio de los escándalos por los casos del empresario pedofílico Claudio Spiniak y las platas raras del MOP, la condena en este proceso sólo viene a complementar el escenario por el que atraviesa la denominada «clase política» chilena.
Las condenas
Patricio Tombolini (Cohecho). Tres años y un día de cárcel. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Multa de $36 millones.
Víctor Manuel Rebolledo (Soborno). 300 días de pena remitida. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Multa de $30 millones.
Cristián Pareto (Cohecho). 541 días de pena remitida. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Multa de $20 millones.
Jaime Jiménez (Cohecho). 541 días de pena remitida. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Multa de $20 millones.
Iván Sánchez (Soborno). 21 días de cárcel. Inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos. Multa de un millón de pesos.
Alejandro Chaparro (Soborno). 21 días de cárcel. Inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos. Multa de un millón de pesos.
Carlos Filippi (Soborno). 3 años de presidio nocturno. Inhabilidad perpetua de sus derechos políticos. Multas que suman $56 millones.
Gabriel Alamos (Soborno). 300 días de presido remitido. Inhabilidad perpetua de sus derechos políticos. Multa de $30 millones.
Eric Leyton (Absuelto).