Ante las insatisfacciones y dificultades constatadas a un mes de su aplicación, el presidente Díaz-Canel convocó a «reordenar la Tarea Ordenamiento» (TO).
Como el asunto va mucho más allá de un simple juego de palabras y emplaza a la participación de todos los interesados en su éxito —desde los más altos dirigentes hasta los ciudadanos de a pie—, llamo la atención acerca de dos cuestiones que me parecen vitales para encauzar dicho proceso: la información precisa y la complementaria articulación con transformaciones en la esfera productiva.
Por el carácter trascendente de esta reforma profunda en las esferas de la distribución, circulación y consumo que se ha dado en llamar eufemísticamente Tarea Ordenamiento, hay que monitorearla con objetividad y transparencia y brindar la mayor información posible a los interesados, que somos casi todos los cubanos y muchos extranjeros. Esto solo se logrará si se hace con más evidencias y análisis científico y menos politización. Para ello es preciso que los responsables cedan parte del papel de jueces y observadores a otro tipo de expertos.
En este primer mes, ha sido positiva la manera en que los gobiernos –central y locales− han corregido con prontitud determinados precios y tarifas ante las señales provenientes del mercado y la opinión pública; pero el juicio de los especialistas ¿dónde ha quedado? Durante la última semana se dedicaron dos programas televisivos Mesa Redonda al análisis de la situación en los Estados Unidos. Ellos contaron con la presencia de excelentes académicos y periodistas; ¿qué impide concebir otras tantas con sus homólogos, también brillantes y buenos comunicadores, que tienen por oficio el análisis de la realidad cubana?
En las Mesas Redondas sobre la TO suelen comparecer altos cuadros del Estado que explican las medidas que han decidido tomar para el bien común. Sería necesario demostrar a la ciudadanía que estas no brotaron de la mente de unos pocos decisores del primer nivel, sino que en su determinación participan igualmente destacados economistas y otros especialistas de las Ciencias Sociales. ¿Por qué no se organiza entonces una Mesa Redonda semanal para que, con datos fidedignos y crítica científica, tales expertos compartan con la población sus opiniones y previsiones sobre la marcha de la TO?
En Cuba existen centros de estudio consagrados a investigar la economía y la sociedad cubanas que cuentan con valiosos resultados científicos y sus especialistas son reconocidos dentro y fuera del país. Al mismo tiempo, existen peritos independientes, cubanos y extranjeros, que también son seguidores permanentes del acontecer nacional. Traerlos a un panel académico, o mejor aún, reunirlos con decisores, periodistas, empresarios, productores y representantes de los consumidores, daría lugar a un foro de reflexión y debate que mucho agradecería el ilustrado y diverso público cubano.
La segunda cuestión tiene que ver con el nexo de la TO y la esfera productiva, elemento primario en las relaciones económicas. De sus primeras consecuencias conocidas, la más descollante es que unas 40,000 personas sin vínculo laboral declarado, se han interesado en buscar trabajo por las vías establecidas. En la mayoría de los países esto no es más que la condición necesaria para ser considerado un desempleado oficial. La mayoría de ellos eran TCP o se empleaban en la economía sumergida. Es que muy pocas personas de las que el censo del 2012 informó sin vínculos de estudio o trabajo han estado desocupadas, solo que no podían confesarle al Estado en qué lo hacían.
Lo importante para la sociedad es conocer qué repercusión tendrá en el incremento de la productividad y la rentabilidad de las empresas la tendencia actual al crecimiento del empleo estatal, cuestión que no tiene por qué influir positivamente. El objetivo declarado desde el 2008 fue la reducción de las plantillas infladas del sector estatal, así que habría que analizar, caso a caso, la conveniencia de ubicar en él a las personas disponibles.
La TO no puede ser la solución de la crisis estructural cubana dado que no incluye el perfeccionamiento de la esfera productiva, aunque crea mejores condiciones para conseguirlo. El problema es que si esa repercusión favorable no ocurre pronto, las consecuencias podrían ser peores que lo ya vivido. Si la oferta en el mercado interno no creciera y se hiciera imposible en consecuencia el equilibrio con la creciente demanda efectiva originada tras el incremento de los ingresos de la población, la espiral inflacionaria aumentará aceleradamente, disolverá los beneficios y multiplicará las desigualdades sociales.
Ocultar a la luz pública este fenómeno mediante topes de precios y de la conocida inflación reprimida —con su corolario de colas interminables y altos precios por la izquierda— no es más que barrer la basura debajo de la alfombra. Lo mismo sucede con los elevados precios de compra a empresas y productores privados, que podrían encubrir la falta de productividad y rentabilidad de las mismas, asunto que es preciso resolver no solo para mejorar nuestro presente, sino para dejar de hipotecar el futuro.
Esto último tiene que ver con la adopción del método de equilibrar la balanza de pagos a partir del incremento de la deuda pública, a través de la compra obligatoria de bonos estatales por el sistema bancario nacional. Dichos bonos, pagaderos en un plazo de veinte a veinticinco años, representarán una carga económica transferida a las nuevas generaciones que estamos en el deber moral de disminuir al mínimo. Por eso es imprescindible solucionar en tiempo breve la cuestión de la gran cantidad de empresas irrentables —según Marino Murillo, se planifican 426 en 2021, con 16,000 millones de pesos para protegerlas—, mediante la elevación de la producción y productividad del trabajo.
Si bien el extraordinario desequilibrio actual entre la oferta y la demanda pudiera mitigarse con paliativos a la importación estatal —como la autorización a vender en el mercado interno a firmas internacionales ávidas de participar, impuestos mediante—; el crecimiento productivo exige, en primer lugar, el cierre y/o traspaso al sector no estatal, de actividades incosteables para el Estado (de acuerdo a la ministra de Finanzas y Precios, en el comercio minorista, de 8,000 tiendas y bodegas, 3500 pasarán a la nueva forma de gestión por los colectivos y 4500 a formas privadas y cooperativas). Unido a ello, debe ocurrir la creación de las añoradas mpymes, cooperativas industriales y de servicios, y la extensión del TCP. Estas son medidas consensuadas a todos los niveles hace años, plasmadas en documentos programáticos, prometidas, anunciadas y no implementadas aún sin que se conozcan las causas de tal dilación.
El reordenamiento de la TO, más que orden y disciplina para hacer más de lo mismo, exige transparencia en los procesos que afectan a todos y creatividad para ensayar soluciones nuevas a viejos problemas. Asimismo, una consecución de las reformas en la esfera productiva que se articule rápidamente con el nuevo escenario financiero y de consumo creado, cuestiones ambas que no pueden esperar por las calendas griegas.