«Este país tiene que entender que hay que hacer cambios», dijo en la madrugada de este miércoles Mario Sepúlveda, el segundo minero chileno rescatado de un grupo de 33 que pasaron más de dos meses atrapados a casi 700 metros de profundidad tras un derrumbe en una mina de la norteña región de Atacama. Pero, […]
«Este país tiene que entender que hay que hacer cambios», dijo en la madrugada de este miércoles Mario Sepúlveda, el segundo minero chileno rescatado de un grupo de 33 que pasaron más de dos meses atrapados a casi 700 metros de profundidad tras un derrumbe en una mina de la norteña región de Atacama. Pero, ¿qué cambios? ¿Qué lecciones dejará el accidente a este país, principal productor de cobre del mundo?
El alto perfil mediático del rescate iniciado en la noche del martes 12 ha hecho olvidar que en 2009 se registraron más de 191.000 siniestros laborales en todo el país y 443 muertos. En el primer trimestre de este año los fallecidos fueron 155.
«Los mineros no son héroes», como se los ha llamado en todo el mundo por soportar más de dos meses bajo tierra, sino «víctimas», dijo a IPS el sindicalista Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile (Confemin), a la cual están afiliados los trabajadores de la mina San José en Copiapó, Atacama.
«Después del rescate de nuestros compañeros, vamos a ir con todo a tratar de que los culpables respondan como corresponde», advirtió el dirigente de la Confemin, que agrupa a 18.000 trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería de este país austral de 17 millones de habitantes.
En un espectacular e inédito operativo, seguido por centenares de periodistas nacionales y extranjeros y transmitido en directo por las televisoras del mundo, el gobierno del derechista Sebastián Piñera avanza en el rescate de los 32 mineros chilenos y uno boliviano que quedaron atrapados por un derrumbe el 5 de agosto.
Con la presencia de Piñera y de varios ministros, pasada la medianoche del martes fue rescatado el primero, Florencio Ávalos. Al publicarse este artículo ya habían salido 13, y el fin de la operación está planificado para este jueves.
Para los críticos, el «Campamento Esperanza», levantado por los familiares de los trabajadores afuera de mina, se transformó en escenario de un «reality show», que deshumanizó el drama de la inseguridad de esta industria, poniendo en primer plano los detalles técnicos del rescate y las historias íntimas de los mineros por sobre el precario contexto laboral que propició el derrumbe.
Se anuncian programas televisivos que seguirán por meses a los trabajadores de la empresa minera chilena San Esteban, además de libros y películas.
También aparecieron críticas al gobierno de aprovechamiento político del caso, considerando la continua presencia del mandatario en la mina y la recurrente evocación de la fortaleza de los mineros en sus discursos, como símbolos «del espíritu chileno de lucha contra la adversidad».
Ante el mundo, «Chile ha quedado muy bien parado por los esfuerzos de rescate y la responsabilidad asumida por el Estado», pero el siniestro «le hace un tremendo daño a la imagen nacional porque todos se preguntan por qué pasó», dijo a IPS la académica Kirsten Sehnbruch, del Instituto de Asuntos Públicos de la estatal Universidad de Chile.
Hay una mezcla de negligencias públicas y privadas, recordó.
Según Sehnbruch, «en cualquier país desarrollado, los dueños de la mina estarían presos». Los dos propietarios del yacimiento, ubicado en una zona desértica 800 kilómetros al norte de la capital chilena, fueron procesados por el delito de lesiones graves, y se encuentran bajo arraigo nacional por un accidente previo que sufrió otro trabajador.
«La alegría frente a un rescate casi épico, producto de la fortaleza y sabiduría de los mineros de Atacama, obliga a no olvidar que situaciones como ésta eran absolutamente evitables», dijo a IPS María Ester Feres, directora del Centro de Estudios y Asesorías en Trabajo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la privada Universidad Central de Chile.
Basta recordar, según Feres, que «sólo el año pasado, según cifras parciales (de las empresas afiliadas a las mutualidades) se contabilizaron más de 191.000 accidentes de trabajo» en el país.
«Estamos haciendo una revisión completa de las normas de seguridad», no sólo de la industria minera sino también de otros sectores, dijo Piñera tras la salida de Ávalos.
Una política nacional
Según Feres, Chile no cuenta «con una política de Estado ni con una estructura nacional, articulada, coherente y eficiente» en materia de «seguridad y salud en el trabajo».
«Conociendo lo que sucede en la agroindustria, la salmonicultura, el sector portuario, la construcción, entre otros rubros, es constatable que el trabajo decente no constituye un objetivo estratégico del modelo de crecimiento económico», aseveró.
Se trata de extensas jornadas, insuficiente descanso, bajas remuneraciones, informalidad y rotación en el empleo.
Piñera formó en agosto una comisión sobre seguridad en el trabajo, integrada por técnicos, que debe entregar sus recomendaciones el 22 de noviembre.
También anunció la creación de una superintendencia de minería, la reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería, más financiamiento para fiscalización y la conformación de otro comité asesor, también de expertos, para revisar el Reglamento de Seguridad Minera.
Pero para Jorquera, se necesita ratificar del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas, adoptado en 1995 y que entró en vigor en 1998. Pero, «al gobierno no le interesa porque cree que esto no soluciona el problema», acusó.
Según Feres, «las acciones del gobierno no apuntan en la dirección correcta», puesto que conformó «una comisión sólo enfocada en la seguridad laboral, sin tener entre sus objetivos el análisis del conjunto de las condiciones de trabajo». Tampoco incluyó al sindicalismo y a otros actores claves, planteó.
Feres también criticó que el sector empresarial haya «tratado de centrar el problema sólo en las pequeñas empresas».
Los sindicatos mineros han cuestionado al gobierno por cortar el hilo por lo más fino, cerrando pequeños e inseguros pirquenes (explotaciones casi informales) en Atacama, sin suministrarles apoyo para mejorar sus faenas.
Aunque la Confemin entregará un petitorio al gobierno junto a la Central Unitaria de Trabajadores, y otros sindicatos también se están organizando, Jorquera es pesimista, porque hay problemas de fondo, como la extendida subcontratación.
Esta modalidad y la multiplicidad de razones sociales en una misma empresa «externalizan los costos y los riesgos laborales y atomizan y dificultan la sindicalización y la participación organizada de los trabajadores en la determinación y control de las condiciones laborales», dijo Feres.
La lamentable «irresponsabilidad empresarial» abrió una «gran oportunidad» para que los trabajadores «denuncien y muestren todo lo que se esconde en este país», gracias a que los ojos del mundo están posados en Chile, concluyó Jorquera.