A espaldas de la población reclusa, sus familiares, organizaciones sociales e incluso de congresistas autores del PL 148 de 2016 -quienes contribuyeron activa y sustancialmente en su construcción- el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia, con el aval de la comisión asesora de política criminal, decidieron no impulsar esta iniciativa legislativa, […]
A espaldas de la población reclusa, sus familiares, organizaciones sociales e incluso de congresistas autores del PL 148 de 2016 -quienes contribuyeron activa y sustancialmente en su construcción- el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia, con el aval de la comisión asesora de política criminal, decidieron no impulsar esta iniciativa legislativa, para presentar «un gran proyecto que recoja la visión de ambas instituciones frente a la crisis de la justicia» (El Tiempo, 11 de mayo de 2017).
De nuevo, las componendas políticas parecen sobreponerse a la necesidad urgente de dar solución a la grave problemática carcelaria del país, que se deriva sin lugar a dudas de una política criminal en la que la libertad y la dignidad son los principales valores sacrificados.
Las concepciones peligrosistas basadas en la «Seguridad ciudadana», de las que ha hecho gala el Fiscal General de la nación, se impusieron. De esta manera, la participación consciente de quienes contribuyeron en la construcción del Proyecto de Ley 148/2016, fue desconocida, evidenciándose una vez más la falta de voluntad política para poner fin a las condiciones inhumanas a las que el Estado viene sometiendo a cientos de miles de personas en prisión.
Continúe leyendo: https://derechodelpue