El ex yerno de Pinochet y financista ilegal de campañas políticas de la ex Concertación y de la derecha, hizo su carrera empresarial en el sector forestal para luego asentarse en la industria minera. Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal y principal accionista de SQM, es investigado por el Ministerio Público por eventuales delitos tributarios y […]
El ex yerno de Pinochet y financista ilegal de campañas políticas de la ex Concertación y de la derecha, hizo su carrera empresarial en el sector forestal para luego asentarse en la industria minera.
Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal y principal accionista de SQM, es investigado por el Ministerio Público por eventuales delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política durante los gobiernos de la ex concertación, derecha y Nueva Mayoría. Sin embargo, su «regreso» a la compañía como asesor estratégico generó un gran cuestionamiento y entre la propia burguesía nacional al «destapar» nuevamente el caso de corrupción y cohecho. Donde este viernes, el presidente de la minera no metálica, Alberto Salas Muñoz, detalló en una carta que sostuvo una reunión con Julio Ponce, para analizar el escenario que generó el acuerdo del directorio. Hasta el Gobierno de Piñera califició de «criterioso» la decisión de SQM a través de la vocería de Cecilia Pérez.
¿Qué responsabilidad tiene Ponce Lerou con la privatización de los recursos naturales?
A fines de los años cincuenta, Julio Ponce Lerou inició sus estudios forestales en la Universidad de Chile, donde en aquellos años conoció a Daniel Contesse, hermano mayor de Patricio Contesse, histórico amigo en negocios y asuntos personales. En 1972 Ponce Lerou comienza su carrera empresarial, donde en Panamá llega a ocupar un cargo de subgerente del aserradero El Chagres. Ahí se encontraba cuando ocurrió el Golpe Militar en Chile y mientras realiza su práctica profesional de ingeniero forestal en Canadá, vuelve a Chile obteniendo un puesto de gerente general en Industrias Forestales S.A.
En 1978, Pinochet le asignó un puesto de mando en la Celulosa Constitución Celco (empresa estatal) y al año siguiente, Ponce Lerou fue designado gerente de empresas de la CORFO, que entonces mantenía vinculación directa con la mayoría de las grandes empresas del Estado.
En aquellos años, la dictadura militar dictó una serie de decretos que impulsaron el negocio y saqueo de los recursos naturales a manos de capitales privados y extranjeros a través de la privatización de una serie de empresas estatales. El discurso de los golpistas fue la «ineficiencia» de la gestión pública, mientras que en los sectores estratégicos cientos de trabajadores fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por cuestionar las ganancias de los ricos y empresarios poderosos. En 1974, la industria forestal presenta cambios profundos, donde la CONAF tenía a su cargo los predios expropiados de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Uno de estos cambios es el decreto de Ley 701, impulsado por el ministro de Economía Fernando Leniz e implementado por Ponce Lerou. Esta iniciativa de ley fortaleció la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado, la cual implicaba la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus beneficiando a los empresarios del sector, siendo la base de la multiplicación de la riqueza de los grupos forestales como los Angelini y los Matte.
Actualmente, algunas comunidades mapuche han atribuido el DFL 701 con la entrega de tierras a privados durante la gestión de Ponce Lerou en la Corfo, dando origen al ahora histórico conflicto que mantiene en constante disputa a los comuneros con las forestales, con el Estado, empresarios forestales y latifundistas.
La privatización de la industria forestal y minera
Hacia fines de 1975 Julio Ponce Lerou se dio el tiempo para presidir el Complejo Forestal y Maderero Panquipulli, empresa surgida en 1971 en la provincia de Valdivia, que administró un área superior a 400.000 hectárea y empleó a más de 3.000 trabajadores bajo un esquema de «comanejo» entre los obreros y el Estado. Ponce Lerou estaría a cargo del Complejo hasta 1982, donde tuvo a su cargo el traspaso a privados de las tres empresas forestales que estaban a cargo del Estado: Celco, Arauco e Inforsa.
Las empresas Celco y Arauco pasaron a manos del grupo Angelini, con esto, Julio Ponce Lerou consolidó poder e influencia en el ámbito forestal a través de su cargo directivo en Conaf.
Según relata Manuel Salazar en su libro «Todo sobre Julio Ponce Lerou», después de dejar el directorio en Conaf, en 1980, Ponce Lerou formó la Sociedad Ganadera y Forestal Martell Ltda, en asociación con Javier Vargas Nielo, gerente agropecuario del Complejo Panguipulli. Esta sociedad llegará a disponer, entre otros, de los fundos Tres Palos, El Caulle, El Manzano y Hoyería.
Para entonces Ponce tenía en sus manos la presidencia de la Compañía de Teléfonos y de la Industria Nacional Azucarera (Iansa), además de integrar el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami).
La privatización de SQM
Desde 1982, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, jugó un rol clave durante el proceso de privatización y control de la minera. En 1986 comienza la producción de nitrato de potasio en Coya sur y a la vez, mediante un decreto de ley de N° 3.500 encabezados por los ministros José Piñera y Hernán Buchi, comienzan a venderse acciones de la empresa hacia las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), adquiriendo un 42,61% de las acciones. A principios de 1988 comienza a finiquitarse con el 13% restante, liquidando Soquimich S.A. en un 100% de sus acciones. Con esto, Corfo recibió una cantidad de US$ 118 millones aproximadamente, casi un tercio de las ganancias de SQM que obtiene durante el año, actualmente. Es decir, un regalo a costa del Estado a los grandes empresarios.
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Expropiación sin pago y bajo gestión de los trabajadores: algunas salidas hacia la nacionalización de SQM
Tras los movimientos sociales que han visibilizado las demandas de recuperación de las aguas y recursos naturales durante estos últimos años, se esconde un utópico proyecto que plantea la regularización del mercado hacia las grandes empresas y que, además, plantea convivir pacíficamente con quienes hoy son cuestionados por los delitos de cohecho. Es el caso del Frente Amplio, quien a través del Programa de Gobierno de Beatriz Sánchez plantea lograr cambios parciales al interior del Estado, mejorando su institucionalidad, fortaleciendo las ganancias de los empresarios nacionales y extranjeros. En su programa de gobierno, el Frente Amplio propone nueva Institucionalidad Productiva donde «el Estado pueda jugar un rol productivo mucho más importante que al que ha sido relegado, que incentive al sector privado a entrar en nuevas actividades económicas, donde el sector público y el privado puedan trabajar en conjunto para ese objetivo, y den el que se privilegie la participación internacional a través de empresas mixtas». Es decir, no propone liquidar la estructura de dominación imperialista que lideran los grandes monopolios en pos de un Capitalismo de Estado, traduciéndose en una tibia regularización fiscal a una empresa mixta. En el caso de la política nacional de litio, el Frente Amplio concibe la nacionalización con una parcial participación y gestión del Estado, donde la empresa privada continúa acaparando las ganancias del mineral no metálico sin tapujos y restricciones.
Por su parte, Daniel Nuñez (PC) por medio del proyecto de ley en la Carta Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio (Boletín N°11261-07), propone una empresa estatal que se hará cargo de la explotación y el desarrollo de la industria del litio. Sin embargo, la propuesta de nacionalización a manos de una empresa estatal queda vacía en cuanto a la omisión del no pago hacia las empresas privadas y extranjeras.
Es por esto que no basta la nacionalización de los recursos naturales a manos del control de una empresa nacional administrada por un gobierno cuestionado por corrupción y financiamiento ilegal a la política. Para recuperar los recursos naturales a manos de los trabajadores y el pueblo, la nacionalización a secas no puede mantenerse sin el apoyo activo de los trabajadores, comunidades locales y profesionales. La expropiación y estatización de los recursos naturales debe realizarse sin indemnización ni compensación alguna a las empresas mineras, energéticas y extractivistas. Sin embargo, tampoco basta la nacionalización de los recursos naturales sin la participación y administración de la industria bajo la gestión de los trabajadores y comunidades. Tras la gestión empresarial, fortalecida en dictadura, es necesario que el control de la industria minera, energética, pesquera y forestal pase a manos de los trabajadores.
Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios y ex candidato a diputado independiente por el distrito 10 plantea: «Nosotros planteamos la expropiación y estatización de SQM sin indemnización a las empresas, y además que sean gestionada por sus trabajadores, profesionales al servicio de la población y comunidades locales, y no por una burocracia estatal con gerentes y administradores ganando millonadas, y luego se presta para los negocios familiares de éstos como sucede en Codelco.».