Un derecho fundamental de todo ciudadano es la libertad de asociación, facultad engranada a la libertad de expresión y locomoción. Si falta uno de estos elementos, cualquier discurso resultará vacuo y cualquier ley, injusta o ineficaz. Pretender que un movimiento social prescinda de plantear una posición política es desconocer que los grandes sucesos, conmociones y […]
Un derecho fundamental de todo ciudadano es la libertad de asociación, facultad engranada a la libertad de expresión y locomoción. Si falta uno de estos elementos, cualquier discurso resultará vacuo y cualquier ley, injusta o ineficaz.
Pretender que un movimiento social prescinda de plantear una posición política es desconocer que los grandes sucesos, conmociones y transformaciones de una nación, siempre tienen una amplísima base popular. El ejemplo clásico está en las luchas por la independencia, incluso desde la Revolución de los Comuneros, primera muestra articulada de una conciencia nacional colombiana (o neogranadina por aquellas épocas), donde los diferentes gentilicios, ya se sentían compatriotas.
También fueron movimientos políticos los que a principios del siglo XX emprendieron los comerciantes y asalariados del banano en las plantaciones del Magdalena, cuando sólo ellos sentaron posición de soberanía frente a la explotación del extranjero y la corrupción de las autoridades; o qué decir de los maestros del Caribe emprendiendo la Marcha del Hambre en 1966, todos estos movimientos sociales fueron propuestas políticas nacidas desde la base del pueblo, defendidas hombro a hombro por los trabajadores y reprimidas por la dirigencia oficial.
Hoy en Colombia confluyen los más diversos sectores de la sociedad, contrario a lo expresado en la prensa pagada por el presupuesto nacional, agricultores, mineros, transportadores, estudiantes, madres comunitarias y maestros, están unidos por mucho más que un subsidio o un aumento salarial, los enlaza el deseo de vivir en un país justo y soberano.
Varios son los pliegos de peticiones que a todo pulmón y con gran sustentación se defienden en este país, desde la plaza pública hasta las universidades; lo sorprendente es que las exigencias de los diferentes grupos sociales son complementarias entre sí, o qué decir de lo planteado por la Mesa de Interlocución Agraria Nacional:
- Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
- Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
- Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
- Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
- Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
- Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Mientras tanto el gobierno nacional se atreve a expresar sin vergüenza que en este país no hay ningún paro; ¿será que por repetir mil veces una mentira esta se convertirá en verdad?
Claro, las amenazas no se hacen esperar para quienes expresan con orgullo su apoyo a las causas del bien común, como las anunciadas por la banda mercenaria «Los Rastrojos», en contra de connotados dirigentes comunitarios, sindicales y políticos.
Es por esto sociedad colombiana, que se hace necesario comprender que los asuntos públicos nos competen a todos y que el simple hecho de exigir la prevalencia del interés general, implica manifestar una posición política; como es política también la decisión de no hacer nada.
(*) José Luis Ropero de la Hoz es Director del Instituto Ecojugando