El pasado miércoles 29 el Consejo de Estado reconoció a Jesús Santrich como integrante del Congreso de la República y al día siguiente las Altas Cortes le concedieron la libertad; con estas decisiones el sistema judicial colombiano priorizó la continuidad del Proceso de Paz y desestimó la pretensión de los Estados Unidos de imponer sus […]
El pasado miércoles 29 el Consejo de Estado reconoció a Jesús Santrich como integrante del Congreso de la República y al día siguiente las Altas Cortes le concedieron la libertad; con estas decisiones el sistema judicial colombiano priorizó la continuidad del Proceso de Paz y desestimó la pretensión de los Estados Unidos de imponer sus leyes por encima de las de Colombia.
Este revés que sufre el Gobierno de EEUU y su aliado de ultraderecha que hoy manda en Colombia, se suma a la primera derrota que sufrieron en la Cámara de Representantes el 8 de abril, cuando las Objeciones que presentó el Presidente Duque contra la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron derrotadas por una mayoría de 110 contra 44.
El 30 de abril, en el Senado de la República Duque y Uribe habían cosechado una segunda derrota a sus Objeciones, en una votación que perdieron por 47 votos contra 34; derrota que la coalición de Gobierno intentó desconocer alegando que había sido una votación inválida.
Ahora que la Corte Constitucional decide que sí fue válida la votación mayoritaria del Senado que rechazó sus Objeciones, obliga a Duque a firmar la Ley Estatutaria de la JEP, decisión que se había negado a ejecutar.
La vigencia de la JEP como instancia encargada de conocer acusaciones contra los ex guerrilleros de las FARC desmovilizados tras la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, impide que prospere el montaje judicial urdido por la DEA y el ex Fiscal General Martínez, con el que pretendían extraditar a los EEUU a Jesús Santrich, el antiguo Negociador de Paz de las FARC. Sin embargo, el Gobierno de Trump sigue alegando que los pactos de extradición con EEUU están por encima de la JEP producida por los Acuerdos de Paz.
Cuando el Consejo de Estado reconoce el fuero parlamentario de Santrich, fundamentó la decisión de la Corte Suprema para decretar su libertad, luego de 14 meses de prisión injustificada, ordenando además que este proceso debe ser conocido por la Corte y no por la Fiscalía General.
Pese a los retrocesos que sufren Trump y Uribe no han desistido en su empeño por aplastar los esfuerzos por la paz y los cambios; persisten en imponer la fracasada Guerra contra las drogas, para fumigar con Glifosato en vez de cumplir los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, generados por los Acuerdos de Paz.
El interés de Trump es mantener a Colombia en sus planes de guerra perpetua, que chocan con la aspiración colombiana de pasar la página de la guerra.