Un proyecto de Decreto Ley que propone los espacios para la educación técnica, tecnológica y científica en el sector rural que será objeto de una amplia reforma integral, es estigmatizado con mentiras y sofismas por los grupos que monopolizan y se enriquecen como billonarios con el negocio turbio de planteles y universidades de garaje. Con […]
Un proyecto de Decreto Ley que propone los espacios para la educación técnica, tecnológica y científica en el sector rural que será objeto de una amplia reforma integral, es estigmatizado con mentiras y sofismas por los grupos que monopolizan y se enriquecen como billonarios con el negocio turbio de planteles y universidades de garaje.
Con lenguajes seudo científicos y con argumentos inconsistentes los asesores del mercado neoliberal (Oscar Sánchez y Cajiao) educativo quieren impedir los ajustes institucionales y legales de paz en el sector educativo nacional.
Sabotean la Cátedra de la paz y la ciencia de la paz y ahora, aliados con el uribismo parapolítico, pretenden que todo siga igual.
No se saldrán con la suya.
¡¡Ayyy!! Amilkar Acosta, otro de la delincuencial elite guajira metiendo las manos en los dineros públicos. Que vergüenza. Que cinismo el de estos politiqueros.
La implementación de los acuerdos de paz es un sistema complejo y denso que compromete muchas variables de la sociedad y su Estado.
En el texto del Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá, el día 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y Rodrigo Londoño, sobresale por sus implicaciones el tema de los ajustes institucionales y las adecuaciones en la estructura y funciones del Estado para la construcción de la paz.
Son muchos los frentes implicados en tal sentido. Ya se conoce el trámite legislativo para crear la Justicia Especial de Paz/Jep y los mecanismos extrajudiciales respectivos como la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de los 90 desaparecidos en los últimos 120 meses.
La oposición a estos desarrollos del consenso de paz entre el Estado y las Farc no se ha hecho esperar y ya se conoce el rosario de contrarreformas planteadas y agitadas por el viejo sistema de la jurisdicción ordinaria. El más beligerante en tal sentido ha sido el Fiscal Néstor Humberto Martínez, funcionario que ha hecho circular una retahíla de imprecisiones, las cuales corresponden al repertorio uribista de ataques a la justicia de paz, para intentar desnaturalizar el Proyecto de Acto legislativo que establece un artículo transitorio en la Constitución con los pactos en materia de justicia transicional restaurativa. También desde la Corte Suprema y del Consejo de Estado se han hecho sentir voces estentóreas en defensa de las leyes carceleras y punitivas del ojo por ojo y el diente por diente. El más reciente coletazo de estos sabotajes corre por cuenta del nuevo Procurador Fernando Carrillo quien ha pretendido meter sus narices en la Jep para conservar los privilegios que tiene en la justicia ordinaria con la fronda burocrática que hace presencia en los procesos judiciales no obstante el papel de los conocidos jueces de garantías.
Los opositores a las reformas de la paz también se dejan sentir contra los necesarios e inevitables ajustes en el sistema educativo nacional.
En efecto, la Ministra del Trabajo, el Director del Sena y la Ministra de Educación, han hecho conocer un Proyecto de Decreto ley, el cual debe firmar el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias de paz que le otorgo el Acto Legislativo 01 del 2016 declarado exequible por la Corte Constitucional que valido el «Fast Track» o vía rápida para ejecutar los pactos de reconciliación.
Dicho proyecto «Por el cual se trazan los lineamientos para contribuir en la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través de una estrategia de transferencia tecnológica al sector rural y al sector productivo del país, fortaleciendo la formación profesional en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que mejore la productividad del trabajo, la empleabilidad, el desarrollo socioeconómico, y se dictan otras disposiciones» (http://bit.ly/2kCg9vq), se inscribe, en su motivación y articulado, en los sentidos y propósitos que animan los amplios consensos alcanzados para dar por terminado el conflicto social y armado y pasar a la construcción de la institucionalidad correspondiente a la reconciliación entre los colombianos.
El borrador conocido está organizado en cinco títulos y 29 artículos que se refieren a su objeto, finalidad, componentes de la estrategia, el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria – SISNACET, la oferta de maestrías técnicas, la educación técnica y formación profesional, el Marco Nacional de Cualificaciones MNC, Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC), y la Transferencia del contrato de aprendizaje al sector rural y de la construcción.
Y quién dijo miedo, al modo de la obstrucción ultraderechista del uribismo, los poderosos gamonales del sector oficial y privado de la educación, agremiados en diversas corporaciones que defienden aberrantes privilegios mercantiles y burocráticos, organizaron un coro plañidero para estigmatizar la iniciativa de paz.
Bien es sabido que la educación colombiana, pública y privada, sobresale por su pésima calidad. La misma ha sido convertida en un siniestro negocio de mercaderes convertidos en multimillonarios de nuevo tipo. Universidades como la Antonio Nariño, San Martin, Unisinu y una red de instituciones de garaje son verdaderas cloacas y alcantarillas de sórdidos negociantes que explotan a millones de jóvenes excluidos del sistema universitario público, en el que, igualmente, se refugian mediocridades académicas y docentes, interesados exclusivamente en prebendas burocráticas y salariales, ignorando las demandas y desafíos de una educación científica y moderna.
Es el mismo orden educativo burocrático neoliberal, oficial y privado, que impide, con múltiples argucias, la implementación de la catedra y la pedagogía de la paz. La investigación y los estudios para la paz.
Rectores, directivos y docentes anquilosados, en todos los niveles y sectores, le sacan el cuerpo a la paz e ignoran los compromisos éticos en ese sentido.
Obviamente hay excepciones en algunas universidades y colegios, pero la norma es el desconocimiento de los acuerdos de paz y sus compromisos puntuales.
Por supuesto, la paz necesita de la educación. Los campesinos (casi 13 millones) y la reforma rural integral, los indígenas, las mujeres, los afros, las víctimas, la sociedad necesita el concurso de la educación, publica y privada, para sacar adelante la erradicación de la violencia.
Es lo que hace conveniente y necesaria la hipótesis de las Ministras del Trabajo y Educación y del Director del Sena.
De nada sirve atravesarse como una mula muerta para defender los aberrantes y billonarios privilegios de los negociantes de la educación y de la burocracia docente y administrativa que parasita y engorda en las oficinas del gobierno.
El desarrollo agrario, ecomun (red de cooperativas), las vías terciarias, los proyectos productivos para sustituir la coca, la democracia ampliada, la participación politica, los derechos de los movimientos sociales, los guerrilleros en movilización politica, las víctimas, necesitan con urgencia un sistema de educación terciaria técnica, tecnológica, universitaria y profesional para el trabajo, para el desarrollo humano, para la seguridad alimentaria y para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La sociedad civil democrática tiene que actuar para impedir que los mandamases del negocio y los privilegios educativos se le atraviesen a la paz con sofismas y tesis engañosas, como las que sacan a relucir ciertas fichas (también extrañamente enriquecidas como «nuevos ricos») que presumen de eminencias educativas (Cajiao, Oscar Sánchez et.al), que en realidad son mandaderos de los intereses corporativos plutocráticos acumulados con la educación neoliberal (http://bit.ly/2jX1qcz y http://bit.ly/2kgKTRz).
Nota. La Guajira no es solo un gobierno fallido. Lo es también su sociedad con sus valores éticos y democráticos por el suelo. Esa es una tierra de nadie o de bandidos, para ser más precisos. Kiko Gómez (50 años de cárcel por asesino), Oneida (pendiente de ir al Buen Pastor, a no ser que los de Cambio Radical dispongan lo contrario), Ballesteros, De Luque y ahora Amilkar Acosta (estrenando cortinas de humus y aun vestido de seda wayyu), quien presume de intelectual perfumado, sale de la Federación de Departamentos, ciertamente manejado por él como un anquilosado feudo guajiro, con niños wayuu muriéndose a granel por desnutrición, por adjudicar a dedo un jugoso contrato por casi 20 mil millones de pesos, desconociendo normas mínimas de transparencia y pulcritud (http://bit.ly/2ljTswd). Podrida esta elite guajira asociada a la politiquería tradicional, como el señor Acosta y su nauseabundo entorno.
La foto corresponde a las protestas universitarias contra los hampones directivos de la Universidad de San Martin que se ambolsillaron mas de un billón de pesos de las matriculas estudiantiles.
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