El secuestro de uno de los principales integrantes de la Comisión Internacional de las FARC-EP, Rodrigo Granda, es claramente una acción de política exterior de Colombia dirigida a tres destinatarios: Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea. En todos los análisis y artículos que se han publicado desde que se conoció el secuestro, en territorio […]
El secuestro de uno de los principales integrantes de la Comisión Internacional de las FARC-EP, Rodrigo Granda, es claramente una acción de política exterior de Colombia dirigida a tres destinatarios: Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea. En todos los análisis y artículos que se han publicado desde que se conoció el secuestro, en territorio venezolano, del guerrillero no se ha tenido en cuenta el momento en que se ha producido, en plena ofensiva diplomática de Venezuela por fortalecer una política exterior independiente y enfrentada a los intereses imperialistas -de forma especial con la visita de Chávez a Rusia y la subsiguiente compra de material militar para reforzar la frontera común- y en plena ofensiva de las FARC-EP para ser considerada, de forma oficial, como «fuerza beligerante» según los cánones del derecho internacional. Es muy relevante que el secuestro de Granda se haya producido cuando las FARC-EP se habían dirigido al secretario general de la ONU, Kofi Anan, solicitando participar en la Asamblea General del organismo multinacional para explicarle al mundo la realidad del conflicto colombiano y sus fórmulas de solución «incruenta» de un conflicto interno de innegables orígenes sociales, económicos y políticos. Al mismo tiempo, las FARC-EP se posicionaban sobre el Acuerdo Humanitario entre el Ejecutivo de Uribe y la guerrilla.
En el derecho internacional, tan cuestionado pero aún vigente mientras el organismo que lo sustenta, la ONU, se mantenga, se especifican cinco supuestos que deben cumplirse para que una fuerza insurgente pueda ser considerada «fuerza beligerante»: existencia de hostilidades o relación de guerra entre el Estado y la fuerza rebelde; organización militar estable de la fuerza rebelde; control territorial por la fuerza rebelde; capacidad de aplicar leyes y costumbres de la guerra por la fuerza rebelde; reconocimiento expreso o tácito del alzamiento de la fuerza rebelde por el Estado o por terceros Estados. Cuando en las conversaciones mantenidas por las FARC-EP con el gobierno de Andrés Pastrana, el antecesor de Uribe, la guerrilla apostó por esta figura jurídica tanto desde el gobierno colombiano como desde sus apéndices mediáticos y militares se respondió con exabruptos y con calificativos como «pretensión arcaica y desueta». Pero esa figura existe -de hecho, el FMLN salvadoreño fue considerado «fuerza beligerante» por países como México y Francia- y debe aplicarse otorgando a la guerrilla la consideración de sujeto de derecho internacional pasando sus integrantes a ser reconocidos como combatientes legítimos en tanto tienen visión de Estado y tienen un proyecto político propio.
Esta posibilidad es la que ha querido destrozar el gobierno de Uribe con el secuestro de Granda y la extradición a Estados Unidos de Simón Trinidad, también capturado de forma ilegal en territorio ecuatoriano hace un año con la participación de las diversas agencias de seguridad de EEUU. Se ha querido lanzar el mensaje a EEUU de que es un aliado fiel en la «lucha contra le terrorismo» -las FARC han sido catalogadas como tales por EEUU- y que la aplicación del Plan Colombia y del Plan Patriota se mantiene en toda su extensión. Pero, al mismo tiempo, ha supuesto un golpe mortal a ese Acuerdo Humanitario y al diálogo de paz puesto que, a partir de ahora y mientras Uribe se mantenga en la presidencia de Colombia, va a ser imposible cualquier proceso de desmilitarización de zonas que hagan posible el intercambio de prisioneros y la negociación entre las partes. Y eso que, según todas las encuestas, el 70% de los colombianos estaban a favor de ese acuerdo.
Ambas actuaciones, el secuestro de Granda y la extradición de Trinidad, se producen pocos días antes de que el representante de la Unión Europea para la política Exterior, Javier Solana, llegue a Colombia justo dos semanas después de que los ministros de Exteriores de los países que componen la UE aprobasen una resolución sobre «el proceso de paz» entre el gobierno de Uribe y los paramilitares, al que apoyarán económicamente «siempre que exista un margo legal global».
La tesitura de Venezuela
Es evidente, al igual que lo sucedido en Quito hace un año con el secuestro de Simón Trinidad, la participación de los Estados Unidos en la captura del guerrillero de la Comisión Internacional Rodrigo Granda. Los EEUU han utilizado la baza de Colombia para poner un palo en la rueda de la política exterior que está diseñando el gobierno bolivariano de Venezuela desde los triunfos del referéndum revocatorio de agosto y las municipales de octubre. La construcción de una política exterior autónoma, enfrentada a los intereses y designios del imperialismo, es un proceso lento pero en el que se habían dado pasos de gigante con las últimas iniciativas de Chávez: el acercamiento a Cuba, Rusia, China y la Unión Europea. Especialmente preocupante para los EEUU y para su socio colombiano era la compra a Rusia de 40 helicópteros militares y la más que posible compra de aviones de combate Mig-29 con los que reforzar el control de la frontera venezuelo-colombiana. Hay que tener en cuenta que los dos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera común y que este factor se ha convertido en el fundamental de una política bilateral que no encuentra un camino de acercamiento a pesar de la reciente firma de un memorando entre los dos países sobre «incidentes fronterizos».
Es evidente que una acción de estas características ha tenido que contar con el apoyo de una parte de los servicios secretos venezolanos, o de los militares, lo que pone de manifiesto una de las principales debilidades del proceso bolivariano: no se ha realizado con la rapidez debida la depuración de los elementos fascistas dentro del Ejército y de los diferentes aparatos del Estado una vez se ha conseguido derrotar electoralmente a la oligarquía. Por eso, tienen razón las FARC-EP al criticar al gobierno venezolano por permitir el secuestro de Granda.
Venezuela tiene que demostrar que cumple lo afirmado por Chávez en el año 1999, recién llegado a la presidencia del país: neutralidad en el conflicto colombiano -lo que, de hecho otorga a la guerrilla el estatus de beligerancia-, levantamiento del estado de excepción en los estados fronterizos venezolanos y, después de avisar que las Fuerzas Armadas venezolanas iban a reprimir todas las incursiones de «irregulares» colombianos», estudiar la figura del asilo político. En caso contrario, como bien dicen las FARC-EP, se sentaría un «lamentable precedente». Por ello, Venezuela tiene que explicar cuáles son los resultados de las investigaciones iniciadas entre las fuerzas de seguridad para saber quién ha facilitado y apoyado el secuestro de Granda y, sobre todo, fijar una posición clara sobre las garantías que dará a las organizaciones bolivarianas.