Obedeciendo a la solicitud hecha por Iván Duque, el Senado de la República le propinó una nueva bofetada al pueblo colombiano al premiar con ascenso al director nacional de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, responsable de la entidad estatal que ha protagonizado la más brutal represión y violación de derechos humanos de que se tenga noticia en la historia contemporánea del país.
A pesar de la férrea oposición de la bancada alternativa, la mayoría abyecta al gobierno en la cámara alta del Congreso aprobó el martes 8 de junio de 2021 el ascenso de Vargas al rango de general efectivo, por 66 votos de los 108 senadores que integran la corporación.
Esta votación se produce en los precisos momentos en que Vargas es quien dirige al Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y demás componentes de la Policía, uniformada y no uniformada, que reprime de manera violenta a lo largo y ancho del país al pueblo participante en el Paro Nacional.
Y cuando la cifra de personas asesinadas en las acciones policiales supera las 70, al tiempo que dejan miles de heridos, torturados, detenidos y desaparecidos, como está documentado en centenares de piezas videográficas, de audio, fotográficas y de textos que circulan nacional y mundialmente.
En la cínica votación del Senado participó una mayoría liderada por el partido uribista (el autodenominado “Centro Democrático”, de extrema derecha), e integrada por los partidos Conservador, Liberal, de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y Mira, los cuales también votaron contra una proposición en el sentido de que las víctimas de la violencia estatal en la actual coyuntura fueran escuchadas en el Capitolio.
De esta forma, los partidos del Establecimiento oligárquico en el Senado cerraron filas de nuevo en torno de los responsables directos de la represión en Colombia, pues ya lo habían hecho dos semanas atrás, el jueves 27 mayo, cuando respaldaron a Diego Molano, ministro de Defensa.
En esa oportunidad, 69 congresistas de los mismos partidos negaron la moción de censura que se tramitaba contra el alfil de Duque, determinación que se repitió unos días después en la Cámara de Representantes.
Con esta votación, el Senado le escupe al pueblo colombiano y le dice que le importa un comino su sufrimiento a manos de la Policía dirigida por el general Vargas, quien en vez de ser sometido a investigación es premiado.
El oscuro mensaje del Senado de la República es otra evidencia de la dictadura civil que se abre camino a pasos agigantados en Colombia, manteniendo la máscara de los “tres poderes” de un “estado de derecho” carcomido, cooptados por corrupción e intereses de clase y concentrados en un régimen político despótico al servicio de grandes pulpos empresariales y de latifundistas, y bajo las directrices del Pentágono estadounidense.
Así lo demuestra el hecho de que los órganos “autónomos de control” (Procuraduría, Contraloría, “Defensoría del Pueblo”) están a las órdenes del gobierno, y ni qué decir de la Fiscalía de bolsillo de Duque, al tiempo que las dos alas del Congreso (Senado y Cámara) cumplen a pie juntillas los mandatos provenientes de la Casa de ‘Nari’.
El acto del Senado es más escandaloso aún si se tiene en cuenta que ocurre en el segundo día de la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que el mismo martes 8 de junio escuchaba a las víctimas de las espantosas violaciones de derechos humanos por parte de la Policía ocurridas en Cali desde el 28 de abril hasta el día 41 del Paro Nacional.
La capital del Valle del Cauca y municipios como Yumbo, Buga, Tuluá, Vijes, Yotoco, Zarzal, Buenaventura, Cartago, Florida, Palmira, Pradera y Candelaria, entre otros, han sido escenarios de crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra la juventud y el pueblo, que dejan más de 40 personas asesinadas en todo el departamento.
Un informe que grita
Desde la plataforma Grita, los colectivos Temblores ONG, Observatorio de DD.HH. del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo, Indepaz, y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, Paiis, produjeron un documento entregado a la Cidh, en el que se denuncian los crímenes cometidos por la Policía en la represión contra el Paro Nacional.
Grita es, según explican sus integrantes, “una plataforma que busca facilitar la denuncia de violencias policiales para así contribuir a su erradicación”, y agregan que es “un proyecto colectivo, en el que creemos que grabando la violencia policial, registrándola, investigándola, triangulando información de las denuncias y asistiendo a las víctimas, se puede prevenir el abuso de autoridad de la Policía”.
“La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género”, señala en uno de sus apartes el documento.
Y aclara en relación con los homicidios: “De estos 41 casos tenemos evidencias certeras de que en 31 de ellos hay presunta participación de la Fuerza Pública o de miembros de la Policía Judicial. En los otros 10 casos, se pudo identificar que hubo algún tipo de accionar de agentes del Estado y, por ende, existe posibilidad de que los presuntos victimarios hayan sido miembros de la Fuerza Pública. Adicionalmente, hemos registrado otros 20 casos de homicidios en los que nos encontramos verificando las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que sucedieron los hechos, al igual que los presuntos victimarios responsables del hecho victimizante”.
Dice también el informe que, además de estas prácticas sobre las que se pudieron establecer patrones de sistematicidad, se han registrado asimismo “casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a las personas que son retenidas, complicidad de agentes de la Fuerza Pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, entre otras prácticas que han dejado un número muy elevado de personas afectadas tanto física como psicológicamente en el contexto del Paro Nacional”.
“Así mismo, hemos conocido casos de amenazas perpetradas hacia los familiares de las personas víctimas de violencia homicida para que desistan de los procesos de justicia o dejen de hacerlos mediáticos”, añade el documento.
Según los colectivos agrupados en Grita, “se evidencia la necesidad de una reforma policial amplia y estructural que contribuya a desescalar la violencia estatal, que permita consolidar una Policía Nacional que no violente a la ciudadanía y que, siguiendo su mandato constitucional, vele por los derechos y libertades de toda la ciudadanía colombiana”.
El régimen cierra sus fauces
Paradójicamente, un proyecto de reforma de la Policía presentado por un congresista de la oposición acaba de ser negado por los partidos del Establecimiento, sin ni siquiera considerarlo.
Por el contrario, hacen trámite expedito en el Legislativo una nueva reforma judicial para reforzar el poder hegemónico imperante y un proyecto que le entrega más funciones contra los senadores y representantes de la oposición a la Procuradora de Duque, que quedaría con la libertad de sacar de circulación política a todo el que en el Congreso se oponga al régimen, con investigaciones disciplinarias amañadas.
Ya contra cinco congresistas de la bancada alternativa se están llevando a cabo este tipo de “investigaciones”, típicas de la venganza estatal.
El proceso de concentración del poder oligárquico en Colombia no se detiene, camino a la dictadura civil montada por un régimen despótico, que sigue burlándose de la población y que cierra sus fauces pensando en perpetuarse en 2022.
Por eso es tan importante la unidad de todos los sectores alternativos, en la perspectiva del salto cualitativo de las luchas sociales de hoy a las luchas políticas del futuro mediato.