Al cabo de seis años de gobierno, las encuestas muestran que el presidente Álvaro Uribe tiene una popularidad del 84 por ciento, y sigue creciendo. Se impone una pregunta: ¿por qué?
Dejemos de lado el tema de la legitimidad, puesta bajo sospecha por el origen paramilitar y forzoso de un buen tercio de los votos populares del uribismo tanto en la primera como en la segunda elección, y también en el caso de ésta por la turbia componenda de los votos parlamentarios de Yidis y Teodolindo que la hicieron posible. Una ilegitimidad de origen puede verse políticamente compensada y perdonada por el éxito práctico. Pero resulta que más evidente aún que su ilegitimidad de origen es la absoluta falta de éxito de los gobiernos de Uribe en todos los campos imaginables: en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo moral. Mírese como se mire, salta a la vista que al 84 por ciento de los colombianos no les ha ido bien en este sexenio, y tampoco a Colombia tomada en su conjunto. La pobreza persiste, la violencia no ceja, la corrupción aumenta (aunque no hasta el punto de que puede favorecer a 84 de cada 100 colombianos). Y aumenta también el desempleo, salvo en el rubro de la politiquería: cada político uribista tiene por lo menos un hijo embajador, y hasta a la modesta Yidis le prometieron tres puestos y un consulado (aunque le pusieron conejo). Todo va mal, y va para peor. ¿Por dónde empezar?
Esos funcionarios nombrados por Uribe, de ministro para abajo: ineptos, o dañinos, o en el mejor de los caos inocuos. Al cabo de tres cancilleres sucesivos, de los cuales la primera hablaba inglés, la segunda francés y el tercero no sabe, no contesta, el aislamiento diplomático de Colombia es mayor que nunca en su historia. Rodeada de vecinos hostiles (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), sólo le queda la alianza moribunda de los Estados Unidos, que no le ha servido ni siquiera para que sea aprobado el tan anhelado (por Uribe) Tratado de Libre Comercio. Sesenta y tres parlamentarios de los dos partidos y los dos precandidatos presidenciales del partido demócrata critican a Uribe, que los califica de ignorantes, y hasta el embajador de Bush le hace censuras y advertencias. Al cabo de tres ministros de Hacienda sucesivos el crecimiento de la economía colombiana es el más bajo de la región, y el desempleo es el más alto (pese a que crece el río de la emigración, que ya ha llevado a la décima parte de la población del país a buscar trabajo en el extranjero). Con un Ministro de Agricultura recomendado por el presidente Uribe como el líder del futuro el sector agropecuario ha venido hundiéndose, ha expulsado hacia las ciudades a otra décima parte de la población, ha convertido al país, de exportador que era, en importador de alimentos. En el agro sólo crecen los cultivos ilícitos (y tal vez sería cosa de empezar a prohibir y perseguir el maíz, a ver si mejora). Dos ministros de Medio Ambiente, una perjudicial y otro anodino, les han entregado los bosques a las empresas madereras y han fumigado los parques naturales. Un inamovible Ministro de Transporte ha hecho mal todas las licitaciones de obras públicas, ensartando a la Nación en costosos pleitos perdidos, y ha sido incapaz de terminar (o aun de empezar) una carretera o un puerto o un puente o un túnel.
PUBLICIDAD ¿La seguridad democrática, tal vez? ¿La defensa, el orden público? Sí. Sin duda es ese aspecto el que más ha hecho por mantener por las nubes la popularidad del presidente Uribe. Una fanfarronada de matón de barrio como fue el bombardeo de un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano halagó los más bajos instintos del patrioterismo, y de paso logró un «positivo cierto» dentro de la catarata de «falsos positivos» que venía presentando el Ministerio de Defensa: la muerte de uno de los miembros del Secretariado de las Farc. Con un costo diplomático descomunal, resultado de la violación del principio panamericano del respeto de las fronteras. A un costo moral inconmensurable, la mano cortada a cambio de un premio en metálico, se dio de baja a otro miembro del Secretariado. El costo económico de la guerra contra la guerrilla ha sido también considerable: en pie de fuerza, en armamento, en sobornos, en subvenciones para desertores. Y del lado de enfrente ha sido también inmenso, en dinero y en erosión de la justicia, el tratamiento del paramilitarismo, que sigue sin embargo casi intacto. Había doce mil paramilitares, se entregaron cuarenta mil y quedan ocho mil más, cuya violencia sigue.
La salud está en quiebra: cerrados los hospitales, las EPS en manos de los narcoparapolíticos, y al borde de la privatización incluso el Hospital Militar.
¡Ah! Y lo del DAS.
¡Ah! Y lo del primo y los otros sesenta uribistas presos.
Y entre tanto, el Presidente ha conseguido enemistarse casi con todo el mundo en el país. Con los altos tribunales de justicia. Con los estudiantes y los maestros. Con los parientes de los secuestrados. Con los partidos de la oposición. Con los sindicatos. Con la prensa.
¿De dónde viene entonces ese 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados los favorecidos por este gobierno: delatores recompensados, politiqueros con contrato, empresarios (nacionales y extranjeros) beneficiados por subsidios y exenciones de impuestos y contratos de «estabilidad jurídica» por los que pactan ventajas tributarias y aduaneras. Serán, echando por copas, unas cien mil personas.
Los demás del 84 por ciento no son uribistas de convicción, sino uribistas de fe. Fe es creer lo que no vemos.