Sin cambio es los factores que originaron una política criminal, no existe posibilidad de reconciliación, solo formas protocolarias de apaciguar ánimos y descontentos para esconder una problemática y lavar la imagen de una tiranía. Colombia es experta en estos modelos de disuasión que primero dispara y asesina, y luego hace que el olor a sangre, plomo y pólvora parezca fragancia de jazmines.
La función paramilitar de la Policía alcanzó su mayor visibilidad el 9 y 10 de septiembre, cuando en Bogotá la indignación ciudadana se tomó las calles para reclamar por el abogado Javier Ordoñez, a quien la Policía asesinó torturándole con descargas eléctricas y golpeándolo en la cabeza hasta matarlo.
Más de una decena de personas masacradas, en su mayoría jóvenes, y cerca de doscientos manifestantes heridos, setenta y dos por arma de fuego, es el balance criminal dejado por la policía en solo 48 horas, donde cifras oficiales reportan 119 casos de abuso policial documentados, y hora y media de video como prueba.
Pero a pesar de estas cifras, y otras anteriores que incluyen hasta violaciones a niñas menores de edad, el Gobierno llama a “no generalizar”, y habla de “individualizar” a las manzanas podridas porque “la institución no tiene la culpa”. No, todo lo contrario. Hay que individualizar es a la gente buena que trabaja en la Policía, porque el resto, la institución, es la podredumbre.
La tortura y la muerte, asesinar con sevicia, no son efectos descontrolados del régimen uribista, son prácticas comunes de instituciones policiales cuya función es sostener a déspotas en el poder. Sangre y dolor para quienes desafían la autoridad, es la práctica paramilitar en manos de la Policía que obedece a su amo: la ultraderecha comandada por el uribismo.
No obstante, no hay de qué preocuparse, la sangre se lava y el dolor se adormece con seudopactos de convivencia y perdón entre la comunidad y la Policía que se televisan en directo, con acompañamiento de mandatarios cuya única preocupación es el futuro de un neoliberalismo que pueda continuar saqueando con tranquilidad, cuando el uribismo ya no esté en el poder.
A esta canallada hoy le llaman “reconciliación”, una posición tibia que dice sí pero no, que dice que la Policía es culpable, pero luego lava su imagen dando espectáculos que solo son el ocultamiento de la barbarie, pues no habrá cambio en la estructura y doctrina de los cuerpos policiales que cumplen funciones represivas y paramilitares.
Así se convierte la reconciliación en un show de la impunidad que, además, se utiliza para estigmatizar a quienes no acceden a dar la mano al victimario, porque no estar a favor de estos juegos de la infamia es quedar crucificado ante la opinión pública como un “vándalo” que atenta contra la convivencia.
Manipulando el discurso de la reconciliación se pretende despojar al pueblo del derecho a indignarse, y de mantener esa indignación hasta que las estructuras y doctrinas de la Fuerza Pública cambien, algo que solo será posible cuando la indignación haga posible que caiga la ultraderecha, o cuando logremos un de Gobierno que permita reconciliarnos bajo acuerdos basados en el cambio de esas estructuras (políticas, económicas, sociales y policiales) que oprimen y asesinan al pueblo con balas y miseria.