Un silencio retumba con mayor intensidad a medida que transcurren los dramáticos días de la huelga de hambre que 31 comuneros mapuches presos sostienen desde el 17 de julio. Ayuno que la opinión pública chilena ignora casi por completo debido a la decisión de editores y colegas periodistas que han decidido sin más no informar […]
Un silencio retumba con mayor intensidad a medida que transcurren los dramáticos días de la huelga de hambre que 31 comuneros mapuches presos sostienen desde el 17 de julio. Ayuno que la opinión pública chilena ignora casi por completo debido a la decisión de editores y colegas periodistas que han decidido sin más no informar al respecto.
La decisión del virtual cerco informativo tuvo excepciones esta semana por parte del Diario Austral, de propiedad del ex agente del servicio de inteligencia estadounidense Agustín Edwards, que divulgó unas fotografías tomadas supuestamente por custodios de los internos en huelga, donde aparecían una serie de alimentos próximos a los huelguistas en obvia referencia a un supuesto montaje.
Fue toda una novedad puesto que hasta entonces para el medio de prensa más importante de la sureña Región de la Araucanía el movimiento de los indígenas era inexistente. Sin embargo tras la divulgación vuelta el silencio.
«Ya sabes, a los editores no les interesa por ahora», me señaló un colega cuando le consulté sobre la negativa a informar de la prensa, en una suerte de cínica revelación de la lógica interna de este tipo de movimientos, donde debe pasar una cierta cantidad de semanas del ayuno para comenzar a difundirlo.
Por cierto la indiferencia se hace extensiva a las razones de la dramática protesta, la Ley Antiterrorista, una normativa rechazada por organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros y sucesivamente por dos Relatores Especiales Para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas que visitaron el país, el mexicano Rodolfo Stavenhagen y el estadounidense James Anaya, estas últimas personas virtualmente desconocidas para los medios locales.
Por cierto se trata de una Ley chilena donde los únicos condenados no son ciudadanos chilenos sino medio centenar de mapuches. Por delitos que van desde la quema de un camión o un predio o incluso por proferir lo que se denomina «amenazas terroristas», un logro personal del hacendado Juan Agustín Figueroa, el insólito presidente de la Fundación Pablo Neruda.
«Quisiera ver alguna vez un reportaje sobre la falta de agua en nuestra comunidad en el verano a raíz de la explotación del Pino, el que ha terminado con nuestras fuentes de agua subterránea», dice Mijael Carvone, líder de la Comunidad Temu Cui Cui, en un dramático reflejo de la ausencia de algunas noticias sobre la situación actual de los habitantes originarios de la región.
Pese a contar sus demandas con el respaldo mayoritario de los chilenos, que se reconocen en parte mapuches, los medios parecen trabajar incansablemente y con dedicación para que las únicas novedades desde la región de la Araucanía sean invariablemente la quema de camiones o predios, mientras los empresarios denominados graciosamente «emprendedores» siembran pinos por toda la zona, modificando el clima sin mayor problema, con sus únicos vehementes detractores en prisión manteniendo una huelga de la que nadie se entera.