Más de 103. 000 niños y niñas del País Valenciano residen en hogares sin la temperatura adecuada en invierno, informó el pasado 2 de febrero Save The Children; “el bono social no está llegando a todas las familias que lo necesitan”, alertó la ONG; la pobreza energética implica que los menores y adolescentes no puedan, a menudo, ducharse con agua caliente, tengan que estar -en todo momento en el hogar- cubiertos con mantas, además de problemas respiratorios, de estrés, salud mental y peor rendimiento escolar.
Además, cerca del 20% de las familias con hijos e hijas en el País Valenciano tienen que destinar (al menos) el 40% de los ingresos a pagar la vivienda y los suministros del hogar; en el caso de las familias especialmente vulnerables, tal vez hayan de dedicar casi todos los ingresos mensuales a abonar el alquiler y las facturas (Informe Aquí no hay quien viva, Save the Children marzo 2023).
A partir de la estadísticas del INE publicadas en abril, la Plataforma de Infancia -que agrupa a 75 entidades del estado español- destaca que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la población infantil del País Valenciano (indicador AROPE) está en el 32%; la de carencia material severa en el 9,7% y la tasa de niños y niñas que viven en hogares “con baja intensidad de empleo” alcanza el 7,7% (Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia, junio 2023).
En este contexto, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana presentó el pasado 11 de septiembre un Informe en que diagnóstica “la realidad social y administrativa” sobre las situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia del País Valenciano, así como “su abordaje desde los servicios sociales”.
La nota informativa remitida por el defensor del pueblo valenciano resalta la siguiente idea: “No existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo, por lo que el trabajo de los servicios sociales municipales es poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo”.
Es una de las conclusiones de la queja de oficio, abierta por el Síndic en junio de 2022; la Defensoría recuerda que la actual Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda dirigida por el PP (antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, controlada por la coalición Compromís) tiene la obligación legal de poner a disposición de los municipios el citado protocolo.
A partir de estas pautas y datos, los ayuntamientos tienen la competencia para detectar e intervenir en las situaciones de riesgo.
Pero más allá de la diferencia competencial y de atribuciones, el Informe remitido al Síndic por la Conselleria de Igualdad afirma que cuenta “sólo con los datos aportados desde los Equipos Especializados de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), pero no con los de equipos de atención básica municipales”.
En consecuencia, agrega el Síndic de Greuges, la Conselleria “también desconoce el grado de eficacia de dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia”.
Precisamente a finales de enero, el Ministerio de Educación publicó -a partir de la Encuesta de Población Activa del INE- las cifras de abandono educativo temprano por autonomías en 2022; el País Valenciano se situaba, con el 15,7%, en cuarto lugar, sólo por detrás de Murcia (18,7%); Baleares (18,2%) y Cataluña (16,9%), y con un porcentaje similar al de Ceuta, Andalucía y Castilla-La Mancha.
La investigación de la Defensoría incluye información sobre la contratación de personal; respecto a los Equipos de Atención Primaria Básica (EAPB) en los municipios, se da un porcentaje reducido de personal fijo, cuya media se acerca al 30% (en los municipios de menos de 5.000 habitantes es menor del 20%, y en los de más de 100.000 habitantes es superior al 35%).
En cuanto a los EEIA, se constata una tendencia similar: sólo en los municipios entre 35.000 y 100.000 habitantes la contratación de personal fijo es superior a la de interinos.
Resulta más probable, asimismo, que los municipios de mayor población cuenten con bolsas de trabajo para cubrir las vacantes en Equipos de Atención Primaria Básica que los menos poblados (el Síndic incluye en este capítulo a psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y técnicos de integración social); ocurre otro tanto con los EEIA, en los que además “se ha manifestado intensamente la existencia de bolsas de ocupación caducadas y dificultades administrativas para hacer nuevas”.
El Informe de la Defensoría incluye un apartado sobre las características de la intervención en situaciones de riesgo; recuerda que la Conselleria no cuenta con información sobre los indicadores que motivan las intervenciones por parte de los EAPB.
Pero Igualdad sí que ha facilitado los motivos -en 2021 -de los Equipos Especializados de Intervención con la Infancia y Adolescencia: “negligencia” (3.673 casos); separación/divorcios (3.609); “salud mental/adicciones (3.076); “maltrato emocional” (1.938) y “violencia de género” (1.518).
Otra clasificación de la que da cuenta el Síndic es la relacionada con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021); en este caso las cinco razones principales de la intervención -en las situaciones de riesgo- son “pautas de crianza deficientes por parte de los cuidadores”; “falta de atención física/psíquica con un perjuicio leve para la salud física/emocional del menor (…)”.
A estos motivos se añaden la “negligencia en el cuidado y/o falta de seguimiento médico”; “por absentismo escolar” y la “sospecha de maltrato físico o emocional”; se destacan, sobre todo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, los casos de “problemas de adicciones en la familia” y la “exposición del menor de edad a la violencia de género/doméstica”; los tres primeros casos mencionados suman cerca del 50% del total.
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