En estos tiempos de tanta turbulencia social, donde los intereses de los grandes capitales se imponen y atropellan con descaro y crueldad todos los derechos elementales de los seres humanos, es cuando adquiere mayor urgencia la búsqueda de una democracia que signifique la paz con justicia social. En Colombia se rompe, por así decirlo, el […]
En estos tiempos de tanta turbulencia social, donde los intereses de los grandes capitales se imponen y atropellan con descaro y crueldad todos los derechos elementales de los seres humanos, es cuando adquiere mayor urgencia la búsqueda de una democracia que signifique la paz con justicia social.
En Colombia se rompe, por así decirlo, el record de violaciones a los derechos humanos. Son muchas las décadas que acumulan millares de violaciones y muertos, en una patria que resiste y que se niega a prolongar su agonía.
El movimiento sindical colombiano viene desde la primera mitad del siglo XX soportando acciones criminales, ejecutadas por funcionarios estatales, que en su momento inició la dictadura del General Melo.
Nuestra nación y la comunidad internacional, observan aterrorizadas las violaciones sistemáticas y selectivas al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados.
El sagrado derecho que tiene el trabajador de asociarse y sindicalizarse, viene históricamente manchado con políticas represivas estatales y para estatales, bajo el amparo de estados de excepción.
Por otro lado, el empleo y consecuente institucionalización de fuerzas paramilitares a cargo del ejercicio represivo, constituyen una estrategia para aterrorizar y eliminar toda manifestación social y política contraria a los principios del neoliberalismo.
Colombia asiste a una grave situación humanitaria, donde diariamente mueren o desaparecen 20 personas. Un promedio de mil personas por día son víctimas del desplazamiento forzado, la mitad son mujeres.
Está claro que la conciencia política de los trabajadores se encuentra permanentemente en la mira de los grandes empresarios. Sin lugar a dudas, la organización de la clase obrera se convierte en una piedra en el zapato para los apetitos de la oligarquía nacional y las transnacionales. Por eso ha penalizado las justas protestas sindicales y sociales y ha aniquilado físicamente a sus dirigentes.
Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América Latina, apenas llega al 4%, aproximadamente, de la población trabajadora, cerca de 900 mil sindicalistas, afiliados mayoritariamente a la CUT (Central Unitaria de Trabajadores).
El banco de datos de la CUT , señala que en el 2001 asesinaron a 192 sindicalistas. En el 2002 a 148. En lo que ha corrido del 2004 han sido asesinados 28. Entre el primero de mayo del 2003 y el 30 de abril del 2004 fueron asesinados 108 sindicalistas, según datos que la CUT presentó a la OIT.
Concluyendo estas duras estadísticas vemos que en Colombia el promedio de asesinatos de sindicalistas llega al 63,5%, de los cuales el 32% han sido a dirigentes y los 31,5 activistas. El terrorismo de Estado y su estrategia paramilitar ha apuntado a aniquilar el derecho a la libertad de asociación, y sobretodo, a aquellos sindicatos con un buen nivel de presión y organización.
La Seguridad Democrática y el Estatuto Antiterrorista de Álvaro Uribe Vélez, de nuevo siguen haciendo gala del 99% de impunidad. Ahora pone en manos de las Fuerzas Armadas Colombianas y la Fiscalía, la persecución abierta y descarnada contra la protesta sindical.
El pasado domingo 4 de julio se conoció por las agencias noticiosas, la nueva persecución que el fiscal 17 de la Unidad Antiterrorista adelantó contra dirigentes campesinos de Arauca. Igualmente la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera (USO), ha denunciado nuevas amenazas de muerte, hostigamientos y una nueva etapa de judicialización con procesos por terrorismo, que se vienen presentando luego de los 36 días de huelga.
Uribe mantiene en impunidad la estrategia paramilitar que el mismo adelantó en el pasado, mediante el pago de recompensas a informantes y testigos falsos, la creación de empresas de seguridad privada, cooperantes en la guerra, soldados campesinos y otras modalidades, siempre orientadas a proteger intereses ilegales como es el caso de terratenientes y empresas vinculadas al narco, y «legales» como la explotación petrolera, bananera, maderera, o el cultivo de la palma.
El Estado no asume su responsabilidad, ni le interesa. Su gobierno obedece a una estructura represiva donde el paramilitarismo ha jugado un papel importante. La Fiscalía está totalmente politizada, dirigida por Luis Camilo Osorio, conocido por su cercanía al paramilitarismo y por cometer toda clase de arbitrariedades, entre otras fomentar «sucursales», como el caso de la Fiscalía de Cúcuta, ahora agravado por la vinculación del alcalde de la misma ciudad, el señor Ramiro Suárez Corso.
Ahora pretende el señor Uribe lavar la imagen de los paramilitares adentrándolos en un falso proceso de negociaciones. Les quiere recompensar los 22 años de ejercicio criminal con el que han garantizado la expoliación que adelantan hoy las transnacionales.
La «seguridad democrática» quedará en manos de las fuerzas armadas, el DAS y la fiscalía, con impunidad garantizada por el Estatuto Antiterrorista. El desangre, la persecución, desaparición de los sindicalistas y trabajadores continuará.
Colombia necesita ser respetada en todos sus derechos. La verdad no puede continuar manipulada y distorsionada. Los colombianos reclamamos la participación directa en las decisiones políticas y administrativas encaminadas al futuro de la nación.
Trabajar por la paz de Colombia es también un aporte en la construcción de la paz en el mundo, por eso proponemos un proceso abierto a la contribución internacional. El mundo tiene que conocer lo que realmente sucede en Colombia.
El movimiento sindical colombiano, por su tradición de lucha no desfallecerá ante la persecución a que ha sido condenado. Acompañarlo y apoyarlo tiene que ser la decisión de todo nuestro país. Ellos están defendiendo los intereses de los trabajadores y de la patria, que es la de todos.