IU-ICV ha presentado una proposición de ley hen el Congreso de los Diputados para la implantación del ´software´ libre en la Administración Pública que incluye en su articulado la obligación de que los programas informáticos propiedad del Estado sean puestos «a disposición de todos los ciudadanos en servidor público para su disfrute». En la iniciativa […]
IU-ICV ha presentado una proposición de ley hen el Congreso de los Diputados para la implantación del ´software´ libre en la Administración Pública que incluye en su articulado la obligación de que los programas informáticos propiedad del Estado sean puestos «a disposición de todos los ciudadanos en servidor público para su disfrute».
En la iniciativa Izquierda Verde argumenta que «el sistema operativo ´GNU/Linux´ y una larga serie de programas desarrollados bajo el mismo concepto permiten gozar de unas ventajas técnicas y de explotación muy superiores a la mayoría de sistemas propietarios existentes en el mercado» y, particularmente, en el ámbito de las administraciones públicas.
Entre estas ventajas, destaca la optimización de la inversión, el fomento de la innovación tecnológica, la independencia del proveedor, el fomento de la lengua propia y la seguridad y privacidad de los datos.
Así, el objetivo de la proposición, que consta de doce artículos y una disposición adicional, es que la Administración del Estado constituya el principal eje motor de los recientes cambios tecnológicos incentivando el desarrollo, la distribución y el uso del ´software´ basado en licencias de código abierto en todo el país y, en especial, en el seno de la propia Administración.
La proposición de ley defiende que todos los formatos, interfaces y protocolos de interoperabilidad con entidades privadas y con los ciudadanos se realicen con estándares de derechos libres de patentes y pago de ´royalties´, «en aras de la neutralidad tecnológica».
Además, Izquierda Verde defiende que el ´software´, documentación o conocimiento cuya creación haya sido sufragada total o parcialmente con dinero público «será patrimonio del Estado y, como tal se garantizará el acceso y uso por cualquier ciudadano sin que puedan impedirlo derechos de patentes, ´royalties´ u otros».
En la misma línea, prohíbe cláusulas de licencia que impliquen «cualquier tipo de discriminación a personas o grupos», así como aquellas licencias que puedan ser específicas para un determinado producto. Asimismo, el ´software´ propiedad del estado deberá admitir el derecho de modificación, copia y redistribución.