Durante los días 21 y 22 de julio de 2011, nos encontramos delegados y delegadas de 22 capítulos regionales del MOVICE, deliberamos sobre la situación de riesgo y amenaza en que se encuentran las víctimas en todo el país, sobre la necesidad fortalecer el proceso organizativo de las víctimas, hicimos un balance del proceso de […]
Durante los días 21 y 22 de julio de 2011, nos encontramos delegados y delegadas de 22 capítulos regionales del MOVICE, deliberamos sobre la situación de riesgo y amenaza en que se encuentran las víctimas en todo el país, sobre la necesidad fortalecer el proceso organizativo de las víctimas, hicimos un balance del proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 y de otras iniciativas legislativas que encontramos regresivas, analizamos el contexto social y político que acompaña el actual momento, y finalmente establecimos nuestra agenda de movilización social para el segundo semestre de 2011
Al momento de escribir esta declaración hemos conocido la lamentable noticia del asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza, víctima y líder de derechos humanos de Turbaco (Bolívar). Keyla hacia parte de la Liga de Mujeres Desplazadas y era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009.
Dicho esto, dejamos ante la sociedad la siguiente:
Declaración Pública
Teniendo en cuenta:
Que el modelo de «reconciliación» en Colombia, vive una evidente crisis por la permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales en diversas regiones del país. Solo en el tiempo que ha transcurrido desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la «ley de víctimas» y hoy mismo, el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. Estos asesinatos, sumados, a las permanentes y sistemáticas amenazas y hostigamientos a lo largo y ancho del país, reflejan la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos.
Que es evidente la continuidad del conflicto armado interno, y la imposibilidad del Estado para superarlo. Al tiempo que persiste la grave situación de derechos humanos y se ha profundizando la crisis humanitaria, especialmente en las áreas rurales. Por su parte, el gobierno se hace de oídos sordos ante los llamados al diálogo político e insiste en la salida militar al conflicto armado.
Que tanto el principio de oportunidad, como la Ley de «justicia transicional», encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana.
Que se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975 de 2005, mal llamada de «justicia y paz», para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. Otro elemento ilustrativo son los exiguos resultados de la reparación administrativa, que en la actualidad se encuentra en un limbo jurídico y que en todo caso no comprende el derecho de las víctimas a una reparación integral.
Que con la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. A la fecha, solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes.
Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de «justicia transicional», sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
Que el proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. Obligación que se ha contraído por remisión directa de la Constitución Política de 1991 y por mandato de instrumentos internacionales, especialmente por los Principios de lucha contra la impunidad y el derecho a saber de Naciones Unidas, informes de organismos de protección de los derechos humanos y sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el «estado de cosas inconstitucionalidad».
Que en la Ley 1448 de 2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el «contrato de uso» también conocido como «derecho de superficie», entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas.
Que los artículos de la Ley 1448 de 2011 que se refieren a la indemnización, rehabilitación, restitución, atención, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo.
Qué el gobierno de la «Unidad Nacional» está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango. Con esta reforma también se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas.
Que el MOVICE en su V encuentro decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la «ley de víctimas» y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares.
Por estas razones decidimos:
1. Avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones locales y regionales de víctimas a partir de nuestras estrategias de lucha en contra de la impunidad, el genocidio político y el exilio, y en favor de la búsqueda de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, el fortalecimiento de la Comisión Ética y la movilización social por la exigibilidad de nuestros derechos.
2. Acompañar procesos de retorno y restitución de tierras en todo el país, de organizaciones y comunidades rurales del MOVICE y de las que lo soliciten. Esto como mecanismo de defensa y protección de los territorios, los recursos naturales y la soberanía de los pueblos.
3. Impulsar una campaña pedagógica de divulgación a nivel nacional para mejorar la comprensión de las implicaciones que tienen, para los derechos de las víctimas, el modelo de «reconciliación», la «ley de víctimas», la «ley de justicia transicional» y las distintas rutas de reparación que existen hoy.
4. Hacer seguimiento a la demanda de inconstitucionalidad que interpusimos en contra de la ley «de justicia transicional» y continuar adelantando acciones jurídicas en contra de normas contrarias a los derechos de las víctimas.
5. Buscar que la demanda de inconstitucionalidad que se interpondrá en contra de la Ley 1448 de 2011, conocida como «ley de víctimas», sea suscrita y respaldada por amplios sectores sociales. Iniciativa que acompañaremos con diversas expresiones de movilización social.
6. Constituir una veeduría crítica e independiente que haga seguimiento al proceso de reglamentación de la «ley de víctimas», bajo los principios que nos orientan y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En coherencia con los intereses de las víctimas, presentaremos nuestras propuestas y denunciaremos cualquier intención de sacrificar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
7. Hasta tanto el gobierno nacional no tome medidas de fondo para depurar la Fuerza Pública, organismos de seguridad y autoridades locales al más alto nivel, el MOVICE creará mecanismos alternativos de protección civil sin renunciar a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del Estado en garantizar la vida de las víctimas. Instamos a la comunidad internacional, gobiernos cooperantes y parlamentos a exigir del gobierno colombiano el cumplimiento del deber de protección de la vida y la integridad de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, y reconocer que no estamos viviendo una situación de postconflicto. Mientras esta situación persista se abstenga de firmar o ratificar cualquier tratado comercial con el Estado colombiano.
8. El MOVICE atendiendo y escuchando a las organizaciones sociales y populares, en la perspectiva de la confluencia y la unidad del movimiento social convocará, impulsará y participará en el Encuentro Nacional de Comunidades Rurales por la Paz a realizarse en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto y en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías a realizarse en Cali y Cajamarca del 26 al 30 de septiembre de 2011. Igualmente, el MOVICE se sumará a la agenda nacional de movilización impulsada por Comosocol, Comosoc, Reclame, Recalca y Justicia Ambiental en defensa y protección propositiva de los territorios, el derecho al agua, a la salud, a la educación pública, a la paz con justicia social en la perspectiva de impulsar un Paro Cívico Nacional en 2012.
9. Atendiendo a la grave situación de riesgo y amenaza que enfrentan los integrantes del Capítulo Sucre y de otras regiones del país, impulsaremos una gran movilización de víctimas hacía Bogotá. La movilización tendrá como propósito exigir directamente al presidente Juan Manuel Santos soluciones efectivas para la protección y garantías para las víctimas que parten necesariamente del desmonte real y definitivo de las estructuras paramilitares en Colombia.