*
Van y vienen, como por un sendero de dos direcciones. Decenas de altos ejecutivos bien acomodados en el sector privado pasan en estos días a probar suerte en cargos del sector público. A veces el traspaso es tranquilo, expedido. En otras ocasiones la mudanza conlleva todo tipo de relaciones, amigos, socios, parentelas y no pocos líos comerciales. Porque las relaciones cultivadas durante años en el sector privado, que se expresan en sociedades, contratos, jugosos sueldos y otras recompensas, no se cortan al ingresar a un ministerio, una intendencia o superintendencia. Los conflictos entre los intereses privados y públicos surgen como una contradicción permanente, y en no pocos casos insuperable.
La instalación del gobierno de Sebastián Piñera ha estado marcada por este trance, que tiene su inicio en la transformación aún inacabada de un empresario en presidente. Una mutación difícil, lenta, estreñida por las millonarias alianzas y los aglutinados intereses. Un desprendimiento que ha sido tanto o más traumático que el proceso de destete infantil.
Se trata, sin embargo, de un proceso imposible de realizar cabalmente, que va a contrapelo de la actual naturaleza de la política y su base mercantil. Porque cuando hablamos de conflicto de interés es posible apelar a la forma, a la escritura, a ciertos contratos aislados. Pero no es posible separar las relaciones, que van desde las amistades, los antiguos socios, los miembros del mismo club de golf a los miembros de la familia. No es posible eliminar la formación, la cultura propia del sector privado y su fruición por el mercado aunque ahora esté instalado en la gestión pública.
El punto de quiebra, el verdadero conflicto, surge de varias fuentes. Está la mencionada. Pero hay varias más, como la debilidad de los proyectos políticos y sus referentes partidarios, o la profunda y extensa irrupción del gran sector privado en todas las actividades económicas y sociales. Porque estas relaciones con el sector privado no han sido un aspecto propio de la derecha. Durante los veinte años de gobiernos de la Concertación este trasiego privado-público y público-privado fue una práctica habitual y muy rentable.
Cualquier alto funcionario público puede enfrentarse durante su carrera a un conflicto de interés. La actitud ética es inhabilitarse en las decisiones públicas que estén relacionadas con temas ligados al pasado del nuevo burócrata. Esta práctica, que puede observarse en algunos jueces y en otros funcionarios del Estado, parece esfumarse en los miembros del gobierno. Por un lado está la brevedad en su función pública, pero especialmente el problema surge por la cada vez mayor presencia del sector privado en todas las áreas de la producción y los servicios. Hoy parece un proceso normal que ex ministros y subsecretarios pasen a formar parte de la burocracia privada. Y no sólo lo vemos en el actual gobierno. Casos como el de Eduardo Aninat, en las Isapres, o Guillermo Pickering, en la asociación que representa a las empresas de telefonía celular, son sólo muestra de los producidos durante los veinte años de la Concertación.
Juez y parte
Durante las últimas semanas este fenómeno no sólo vuelve a repetirse, sino que lo hace reforzado, extendido e imponiendo nuevos límites. Ha sucedido en una institución tan sensible por sus relaciones con el mundo privado como es la Fiscalía Nacional Económica, entidad cuya misión es «posibilitar que los beneficios del intercambio en una economía de mercado, basada en la libre y sana competencia, produzcan el mayor bienestar general de los ciudadanos, y evitar que agentes con poder de mercado, individual o conjunto, perjudiquen dicho interés público atentando contra la libertad económica de terceros».
Esta es la letra. En los hechos, quienes dirigen este organismo van o vienen a los bufetes de abogados que defienden a grandes empresas. Se es juez por la mañana y parte por la tarde. Así es como el nuevo Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, que asume la misión de velar por la libre competencia y la transparencia en los negocios, era hasta su nombramiento un abogado que ha defendido a numerosas grandes empresas a través del estudio Philippi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner, y también a empresas cuestionadas por casos de colusión y competencia desleal. Irarrázabal será el hombre que juzgue a sus antiguos clientes desde la Fiscalía, lo que ha generado más de un comentario por un supuesto conflicto de interés. Según informa CiperChile, Cencosud (Jumbo, Santa Isabel, Easy, Almacenes París), Kaufmann (distribuidor de Mercedes Benz en Chile) y el controlador de VTR, John Malone, figuran entre sus clientes, los cuales han sido cuestionados por la Fiscalía Nacional Económica y a quienes Irarrázabal ha defendido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El problema no sólo es que Irarrázabal deberá inhabilitarse en estos casos, sino ante toda la extensa y compleja red de relaciones comerciales en la que directa o indirectamente participan estas empresas.
Irarrázabal, que por cierto ha renunciado a su estudio de abogado, llega a la Fiscalía con todas las relaciones y vínculos, ya sean formales o informales, con estas empresas. Viene a reemplazar a Enrique Vergara, que se traslada al mundo privado a través del estudio de abogados Rivadeneira, Colombara y Zegers, en el que creará el área de derecho regulatorio. La misión de Vergara será defender, a partir de ahora, a las empresas eventualmente cuestionadas por la Fiscalía. Quien fue juez, a partir de ahora será parte.
La excepción es la regla
Piñera ha conformado su gobierno expresamente con miembros y ex ejecutivos del sector privado. Por tanto, los conflictos de intereses no son la excepción, son la norma, demostrada por el mismo presidente. Es una pauta que apunta a desarrollar una nueva forma de gobierno, que busca imponer nuevas prácticas. Como si la línea divisoria entre lo privado y lo público tendiera a diluirse. Un ejemplo de ello es cuando el gobierno canalizó hace un par de semanas varios miles de millones de pesos para la reconstrucción hacia tres empresas proveedoras de materiales de construcción. El gobierno no sólo se saltó todos los procedimientos que trasparentan las adquisiciones, sino que no tuvo pudor en entregar esta operación a empresas que de una u otra forma estaban ligadas a miembros del gobierno. El sector privado, que es en este caso sólo la gran empresa, parece estar ya en el gobierno.
No vamos a decir que las empresas tienen a sus hombres clave en el gobierno. Pero sí, las relaciones son cada vez más estrechas; la separación entre lo público y lo privado se ha licuado. Los ejemplos son innumerables. En sólo mes y medio de gobierno, podemos ver que las ligazones entre lo privado y lo público, que podrían parecer impúdicas, reñidas con la ética pública y política, son las que están modelando la política diaria: es lo habitual, lo normal y natural. Lo es, pese a las críticas de algunos parlamentarios de la Concertación, las que quedan silenciadas ante la profusión de ellas y ante las, aunque más escasas, de ex autoridades de la Concertación.
No hay grandes diferencias al observar que el canciller viene de Falabella, que el ministro de Salud viene de la Clínica Las Condes (la más cara de Chile), que el titular de Educación de la Universidad del Desarrollo, con los casos mencionados de Aninat y Pickering y muchos otros. La inspiración es la misma.
Tenemos a los ministros y sus relaciones privadas. Aun cuando Mañalich, Lavín y Moreno, los titulares de Salud, Educación y Relaciones Exteriores, se han desprendido de sus participaciones en empresas, está claro que muchos otros vínculos permanecen, tanto en ellos como en el resto del gobierno, lo que ha generado en estos días todo tipo de sorpresas y aprensiones.
Los ejemplos aparecen en todas las áreas. Hace unas semanas, el diputado democratacristiano Gabriel Asencio vio un conflicto de intereses en el propio presidente y en el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, por la participación que tienen en Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo. Según Asencio, la contradicción es evidente: a Ruiz-Tagle, en su calidad de subsecretario de Deportes, le corresponde fiscalizar -junto a la Superintendencia de Valores- a Blanco y Negro, «del cual es el socio principal y, que a Sebastián Piñera, en su condición de presidente de la República, le correspondió nombrar al Superintendente de Valores y al subsecretario de Deportes, quienes son los personeros obligados por ley a fiscalizar la sociedad de la cual también es socio mayoritario».
El diputado socialista Marcelo Díaz detectó otro conflicto de intereses en el Ministerio de Obras Públicas, por la relación entre algunos directores y empresas concesionarias. Uno de los casos es el del nuevo Coordinador de Concesiones, Mauricio Gatica, quien ejerció como gerente general de la empresa concesionaria de la Ruta 68 y vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa). Y otro es el del director de Obras Públicas, Patricio Lahsen, ex gerente general de otra concesionaria que incluso se querelló contra el Ministerio en el cual hoy se desempeña. Puede parecer insólito, pero es real.
Declaración de principios de Piñera
Piñera, que vendió a comienzos de marzo y tras una fuerte presión sus acciones de Lan, aún mantiene la propiedad de Chilevisión, lo que parece no complicarlo, pese a la molestia y denuncias a la hora de nombrar al presidente del directorio de Televisión Nacional. Tan poco le afectan estas acusaciones, que ha recurrido a sentencias de corte bíblico y no exentas de ironía al referirse a los conflictos de interés. Durante su primer viaje al extranjero, que incluyó Argentina y Brasil, declaró muy orondo al diario Clarín de Buenos Aires que sólo los «muertos y santos» no tienen conflictos de interés.
Aquel mismo día en Santiago el ex ministro de Patricio Aylwin y actual lobbista de numerosas empresas, Eugenio Tironi, interpretó en una entrevista la sentencia de Piñera. Para Tironi, también cruzado por las relaciones corporativas, el presidente ha construido su política sobre la base del conflicto de intereses. La interpretación que hizo el ex ministro de la Concertación y asesor de transnacionales es que Piñera busca incorporar al sector privado al Estado, por lo que las relaciones entre su equipo de gobierno y las empresas es una extensión natural de su política. Ésta es una voluntad, una lógica y un sentido político. La gente votó por él por su condición de empresario. Es, decimos nosotros, el neoliberalismo en toda su pureza.
En estas declaraciones, que ni niegan ni condenan el conflicto de intereses sino que lo reivindican y le dan un carácter positivo, puede hallarse la esencia del gobierno de Piñera. Porque cuando se refiere a la excelencia de su equipo, cuando destaca sus estudios y su trayectoria, lo que está relevando es una condición que, a su entender, es favorable para la política, para el Estado. El conflicto de interés sería sólo un pequeño obstáculo para instalar el gobierno de los empresarios, una complicación necesaria, a su modo de ver, por el bien del país. Tal vez está aquí la gran diferencia entre los gobiernos (neoliberales) de la Concertación y el de la Coalición por el Cambio. La Concertación administró y perfeccionó el modelo neoliberal. La Coalición lo llevará a su esencia misma.
«Punto Final«, edición Nº 707, 16 de abril, 2010