Pensar que el Sufragio universal contemplado en la Constitución política de 1980 es un hecho democrático; es un acto de ingenuidad. Como es un acto de ingenuidad pensar que la élite social; el patriciado criollo dueños del poder económico y político, los poderes fácticos; empresariado, las fuerzas armada (garantes de la democracia) y la parte […]
Pensar que el Sufragio universal contemplado en la Constitución política de 1980 es un hecho democrático; es un acto de ingenuidad. Como es un acto de ingenuidad pensar que la élite social; el patriciado criollo dueños del poder económico y político, los poderes fácticos; empresariado, las fuerzas armada (garantes de la democracia) y la parte más conservadora y poderosa de la Iglesia Católica van a aceptar de buenas a primera cambiar dicha Constitución política. Les costaron muchos asesinatos; desaparecidos, torturados, relegados, exiliados para conquistar el poder político; desarmar al Estado Social y terminar imponiendo un modelo neoliberal para perderlo porque una mayoría circunstancial lo demanda así nomas . Porque entiéndase bien; en Chile las mayorías plebeyas no mandan.
La Constitución política de 1980 significó y significa muchos para estos poderes, es la garante para la existencia de los grandes empresarios, inversionistas y usureros, para la existencia de la clase política, para la Nueva Mayoría; los capataces del modelo capitalista, para la vida de las 7 familias dueñas de Chile; de la tierra, de sus minerales, de sus bosques, del mar, del agua, de las previsión (AFP), de la salud, de la educación, del monopolio de las armas, de la justicia, de las cárceles, incluso de las personas. Según el último informe de la OCDE, Chile, ocupa entre 25 países el honroso primer lugar en la peor distribución de la riqueza. Por lo tanto, la Constitución de 1980 le cae como anillo al dedo a ese 1% más rico que se lleva el 30% del ingreso nacional, el 17% para el 0,1 más rico, y más del 10% para el 0.01% más rico; algo así como 1.700 personas que en Chile se llevan a sus bolsillos más de 1.000 millones de pesos mensuales (Revista Occidente N° 447 pág. 19 de enero-febrero 2015). También para un sector de asalariados de nuestra sociedad que ven en la actual Constitución y en sus defensores la base del orden, la moral, la disciplina y el progreso. Y no la causante de la desigualdad en que viven dentro de esta sociedad mercantil, que reduce a nuestros jóvenes, hombres y mujeres a la condición de mercancía. Tanto produces, tanto vales y si después de 40 años de trabajo te jubilas con una pensión de hambre (promedio de $ 180 pesos mensual) es tú responsabilidad, de nadie más. También es favorable para los que están convencidos o se dejan engañar por si acaso les cae alguna migaja de la mesa de los cicateros que nunca están satisfechos. Y por qué no decirlo, también para los hampones de turno que han hecho de la política un oficio tan rentable como traficar drogas.
Es un acto de candidez pensar que su democracia es la misma democracia que entendemos la mayoría de los chilenos; como la igualdad, la justicia y la libertad tampoco es la misma. Si reducimos a la democracia como el acto de votar (Sufragio universal) cada cuatro años. El sufragio de un trabajador asalariado, peor si se trata de un aborigen no vale lo mismo que el voto de la clase privilegiada. Porque el problema no es sólo del sistema, también se trata de un problema de clases. Creer lo contrario es negar lo indesmentible. Es como creer que en su cocina política cabemos todos. Dos situaciones que avalan lo que acabo de sostener; primero, cuando durante la dictadura militar, al interior del Consejo de Estado se discutía sobre la nueva Constitución política que reemplazaría a la del año 25, y que llevaría al país hacia la plenitud del sistema «democrático», su presidente de ese entonces Jorge Alessandri Rodríguez ex presidente de la República sostenía con respecto al «Sufragio universal» que; «…se trataba de una institución nefasta que era preciso mantener para evitar males mayores en términos de imagen», «…de tal manera que la idea es que los vicios del sufragio universal produzcan el menor daño posible» (de las Actas del Consejo de Estado en Chile (1976-1990). Tomo I, pg. XXXI-XXXII f. Sufragio universal. U. de los Andes. Centro de Estudios Bicentenario). Para respaldar sus democrática ideas, Alessandri citó a la Grecia antigua donde señaló que los que intervenían en la cosa pública eran solo los «hombres virtuosos», «…la antítesis del sufragio universal». «El sufragio universal es una aberración, que nada tiene que ver con la forma como nació y se desarrolló, primero en Gracia y después en la Francia de la Revolución»-sostuvo. Es decir; alabó el voto censitario clasista de la burguesía liberal revolucionaria francesa de 1789 que dejó fuera de la democracia a la mayoría del pueblo francés, que a costa de derramar su sangre los llevo al poder. Experiencia similar que el pueblo chileno vivió durante las protestas de la década de los 80 del siglo XX, que a costa de sangre y represión llevó al poder a la Concertación de Partidos por la Democracia, hoy Nueva Mayoría, para muchos Nueva Pillería.
Para la derecha fue vital hacer aprobar su espuria Constitución a través del indeseado sufragio universal. No había otra oportunidad. El régimen dictatorial era la única posibilidad cierta para legitimarla. No había padrón electoral, libertades políticas, derecho a opinar, menos a disentir, y lo mejor de todo; dentro de un régimen del terror y del miedo impuesto por las armas. Cumplido el primer paso, sería la propia Constitución la que establecería sus resguardos y frenos, frente a una hipotética mayoría trasnochada, que en el futuro quisiera cambiarla eliminando sus controles; los altos quórums de las leyes orgánicas constitucionales, el quórums calificado y el Tribunal Constitucional. La línea Maginot de la derecha antidemocrática y golpista. En segundo lugar. Según el jurista José Luis Cea, una Asamblea Constituyente sería una sería amenaza al orden establecido, porque: «…se invertiría el orden…el imperio de la ley por sobre la Constitución»; es decir, según él, «sería una operación para desmontar los poderes «contramayoritarias»…quitando los controles previos para que el derecho de propiedad quede entregado al arbitrio de una ley promulgada por una mayoría» (El Mercurio. D8 Reportajes del 07 junio 2015). El jurista sostenía que vulnerando el derecho constitucional sería el principio funesto para renacionalizar los recursos básicos (el cobre, el mar, el agua), ahuyentando la inversión extranjera. Un franco retroceso al desarrollo del país. O para que el Estado emprenda irresponsablemente iniciativas económicas y un rol social. Y termina diciendo: «La gente no sabe lo que es una Constitución, pero cambiarla es algo que suena bien, y por ahí entra una serie de ilusiones». Entonces de que alarmarnos cuando Bachelet nos quiere mandar a tomar clases de Educación Cívica, como requisito previo para recién hablar de cambiar la Constitución, pero, sin Asamblea Constituyente. Para la desprestigiada y desvergonzada clase política que se pelotea el poder cada cuatro años; cuando quieren utilizarnos no somos ignorantes, pero cuando alzamos la voz reclamando un país más democrático e inclusivo, entonces sí que somos ignorantes; niños.
El señor Alessandri sentía que tenían mucha razón cuando sostenía que: «…efectivamente la demagogia se sustenta principalmente en el sufragio universal», «…es incompatible con lo que, en esencia, es la democracia». En el punto 2 Derechos Fundamentales Pg. XXXIV de las Actas Constitucionales citadas, afirmaba que en la Constitución: «debería distinguirse entre los derechos y las aspiraciones…de no hacerlo así, la Constitución incluiría normas que exceden su propio campo y la realidad de las posibilidades del Estado». Algo así como el acertijo de Bachelet; «derechos» con realismo, y las «aspiraciones» sin renuncia. Mientras tanto, el señor Cea tiene razón en dos puntos; La Constitución actual es la garantía absoluta para acumular riqueza explotando a otros. En segundo lugar, cambiar la Constitución significaría que nuestro país podría recuperar sus riquezas básicas, terminar con la dependencia económica y política, poner fin al control duopólico de las comunicaciones, asegurar los Derechos Fundamentales; el derecho al trabajo, a una salud digna, a una educación pública, gratuita y de calidad, a una vivienda decente, a vivir en un entorno más acogedor y libre de contaminación, a tener pensiones dignas, en definitiva democratizar el poder; la democracia y la justicia.
[i] Profesor de Historia, Ciencias Sociales y Geografía. Magister en Educación, Gestión y Cultura U. Arcis
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