No deja ser cuanto menos curioso que el mismo funcionario que impulsó las Zidres en el Congreso al mismo tiempo habría hecho un «falso positivo» para poder despojar y desplazar a seis mil familias campesinas diciendo que eran testaferros de las FARC. Las tierras que supuestamente eran de las FARC le pertenecen a 6.000 colonos […]
No deja ser cuanto menos curioso que el mismo funcionario que impulsó las Zidres en el Congreso al mismo tiempo habría hecho un «falso positivo» para poder despojar y desplazar a seis mil familias campesinas diciendo que eran testaferros de las FARC.
Las tierras que supuestamente eran de las FARC le pertenecen a 6.000 colonos que serían despojados por el Incoder según lo denunciaron en La Macarena.
Este bien puede ser uno de los mayores escándalos de despojo de tierra de los últimos años y además podría ser orquestado para quitarle tierras a campesinos muchos de ellos víctimas del conflicto, para entregarla a palmeros y empresarios del campo.
El 17 de julio de 2015 Gobierno, a nombre del Incoder y la Supernotariado, anunció que «habían recuperado 280 mil hectáreas pertenecientes a las FARC en el Meta«. Pues esta noticia al parecer fue «falso positivo», ya que al parecer esta la tierra no era de las FARC sino que eran baldíos del Estado ocupadas por 6 mil familias campesinas. Así lo afirmó el reconocido académico y asesor presidencial Alejandro Reyes en carta enviada al presidente Santos.
«Creo que usted fue inducido a error grave por el Superintendente de Notariado y Registro, quien lideró la operación, a partir de información de inteligencia militar surgida de los computadores de Jojoy, que no demuestran propiedad de las FARC sino contabilidad tributaria de las FARC sobre una región bajo su control», advirtió Reyes en la misiva.
En otras palabras, para el Incoder, el Ejército y el Supernotariado esas 6.000 familias campesinas son guerrilleros y/o testaferros, me pregunto, ¿tendrán la cárcel donde van a detenerlos a todos?
Curiosamente Alejandro Reyes tuvo que recular (seguramente lo llamaron al orden) y este despojo de tierra a 6.000 familias sigue en pié.
Las 280 mil hectáreas son en realidad un predio impostado a través de acciones del IGAC, el Incoder y las Superintendencia de Notariado en la resolución 810 del Incoder que está cargada de vicios y dista de la realidad. No es un predio como tal, es toda una región donde como dijimos habitan más de seis mil familias campesinas, con cerca de 150 juntas de acción comunal y lo que es peor donde el mismo Estado y las Agencias de cooperación como el Banco Mundial, recientemente la Unión Europea han invertido más de 10 mil millones de pesos en proyectos de distinta índole, entre ellos la constitución de la primera Zona de Reserva Campesina en el Pato Balsillas, un área que además comprende un Parque Nacional Natural (Cordillera de los Picachos) que hace parte de un Distrito de manejo Integrado de la Macarena y de una Reserva Forestal de la ley 2ª. Sin embargo el Supernotariado Jorge Enrique Vélez junto al Subgerente de tierras del Incoder anunciaron que eran tierras de las FARC.
¿Quién es el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez?
Se trata de un «funcionario estrella» -como algunos medios lo presentan- o el luchador por las tierras en Colombia, Vélez es nada menos que el delegado de Santos para impulsar los proyectos legislativos en el Congreso de las llamadas Zidres Zonas de Interés para el Desarrollo Rural Económico y Social. No deja ser cuanto menos curioso que el mismo funcionario que impulsó las Zidres en el Congreso al mismo tiempo habría hecho un «falso positivo» para poder despojar y desplazar a 6.000 familias campesinas diciendo que eran testaferros de las FARC.
¿Gato encerrado?
¿No será más bien que Jorge Enrique Vélez promotor de la Ley Zidres que permite legalizar baldíos del Estado para empresarios agroindustriales, lo que en realidad busca es sacar a los 6.000 familias campesinas (guerrilleros o testaferros como ellos los consideran) por que ya le tienen dueños a esa tierra?
Ojo, estamos hablando, más que de un predio de una región completa más grande que el Quindío, sería uno de los despojos de tierra más escandalosos de los últimos años.
Los colonos que serían despojados convocaron una audiencia pública en la Macarena a la que llegaron cuatro mil campesinos, la defensoría del Pueblo y un delegado de la GIZ pero ni los funcionarios que los señalaron de guerrilleros o testaferros, ni quienes ejecutan proyectos en el denominado «Baldío de las FARC» como la OIM, la FAO y el PNUD quisieron asistir.
En los últimos días el funcionario de Jorge Enrique Vélez: Carlos Carmona Subgerente del Incoder, ha anunciado que devolverán dos predios que hacen parte de casos emblemáticos de despojo de tierras ubicados en el Magdalena Medio. Se trata de la Hacienda Bellacruz un predio baldío de la Nación de dos mil hectáreas que el Incoder hace tres años recuperó para el Estado tras un proceso de más de 18 años, pero que nunca se ejecutó y hace parte a su vez de la Hacienda la Gloria de mayor extensión cuyo propietario es el palmero, dueño de Avianca y accionista de Pacific Rubiales, German Efromovich. El otro caso en el que el mismo Señor Carmona Subgerente del Incoder promete devolver a empresas palmeras las tierras baldías de la Nación, es el de la Hacienda las Pavas, un predio de más de 1.200 hectáreas que el Incoder tras un proceso de más 10 años lo recuperó para el Estado y su posterior titulación a los campesinos despojados, pero que Carmona entregaría a Aportes San Isidro, empresa del Palmero ex socio de la Daabon, Ernesto Macias.
La cuestionable intención que tienen estas maniobras para devolver tierras del Estado a empresarios hacendados, predios en los que se cometieron aberrantes despojos con grupos de «seguridad privada» que actúan intimidando y agrediendo a los campesinos; predios que cuentan la larga noche que han vivido las víctimas esperando acciones tardías y precarias del Estado para garantizar sus derechos; predios con sentencias de altas cortes que reconocen a las víctimas los hechos de violencia y la concentración de la tierra, y predios que usando artificios jurídicos, influencias de poder político, económico y el ejercicio de la violencia, han permanecido en manos de poderosos empresarios que se siguen apoyando en funcionarios públicos y grupos armados privados que privilegian sus intereses sobre la vida de campesinos pobres y marginados.
Y así, el Incoder y Supernotariado estarían armando un aparataje para despojar de tierra a los campesinos «legalmente» y usando recursos públicos, es decir, de todos los colombianos. Así se prepara el banco de tierras para la paz, qué largo es aún el camino hacia la paz.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article18550