El 2015 comienza con una nueva estrategia de parte del ejecutivo para avanzar en sus reformas: el trabajo prelegislativo con actores sociales. ¿Cuál es el carácter de este Gobierno y hacia dónde caminan sus reformas? Las siguientes líneas son un aporte a ese debate, pues al parecer como Movimiento Estudiantil hemos asumido sin mucha reflexión […]
El 2015 comienza con una nueva estrategia de parte del ejecutivo para avanzar en sus reformas: el trabajo prelegislativo con actores sociales. ¿Cuál es el carácter de este Gobierno y hacia dónde caminan sus reformas? Las siguientes líneas son un aporte a ese debate, pues al parecer como Movimiento Estudiantil hemos asumido sin mucha reflexión que el carácter de la Reforma Educacional está, supuestamente, en disputa y que tenemos mucho que ganar al interior de ella.
Lo primero a destacar es que l a Nueva Mayoría y el carácter del g obierno actual son una necesidad del modelo. Ya desde el 2010, con el triunfo de Piñera en las presidenciales, la vieja Concertación comenzó a delinear un giro que le permitiese no sólo recuperar el control del Estado sino reimpulsar la gobernabilidad del neoliberalismo, agotada luego de 20 años de transición. Y tal como se nos enseñó en la escuela, la transición del modelo era una transición a la democracia, régimen gracias al cual los niveles de acumulación pueden sostenerse y aumentar mientras las expresiones de descontento pueden ser cooptadas antes de que signifiquen un real problema, permitiéndose incluso estallidos que dinamicen la política sin alterar los patrones generales. La Nueva Mayoría viene a darle un nuevo impulso a la gobernabilidad neoliberal, un impulso democrático, que permita realizar la modernización institucional necesaria para que el capitalismo siga avanzando.
¿Cómo operan las reformas? Principalmente en dos ámbitos: por una parte, están las que buscan generar más recursos para repartir (reforma tributaria) y así ablandar el escenario político, sacando del debate elementos estructurales mientras se posicionan intereses corporativos de distintos actores, quienes buscarán sacar una tajada de la torta del Estado, el cual tendrá más plata para repartir. Por otra parte, están los ajustes al sistema político (Binominal, Constitución) que permiten incorporar nuevas expresiones de la política nacional y reordenar el panorama sin presiones desde «fuera del sistema», sino procesar todo conflicto con facilidad «desde dentro» a través de mecanismos participativos.
Esto se hace evidente cuando el gobierno ha determinado no apurarse en aprobar leyes este 2015, sino que tomarse el tiempo para llegar a consenso. Esta dinámica que se ha bautizado como trabajo prelegislativo es una adecuación táctica del gobierno frente a lo que ellos mismos denominan «errores de gestión política» que no le permitieron tener la sartén por el mango todo el año, sobre todo por la presencia de una derecha que también apuesta a renovarse y que ha sido ofensiva aún en sus peores momentos. Hacia los movimientos sociales, este «teatro prelegislativo» se traduce en espacios descentralizados, dispersos, cuya discusión finalmente opera como medida de contención, donde no hay presión real desde los actores que estarán entretenidos discutiendo los pormenores de un acuerdo del que finalmente no se podrán desentender, pues «fueron parte» de su construcción. Ejemplos de ello son el Plan de Participación Ciudadana y el Plan Maestro durante el 2014.
Lo cierto es que la negociación real se hace con la derecha, y no a través de instancias prelegislativas, sino a través del ejercicio directo del poder. La presión de sectores del empresariado encendiendo la alarma del estancamiento económico durante todo el 2014 es un ejemplo de ello. Es real que la derecha participará del teatro prelegislativo e incluso movilizará a su porción de movimiento social (la Confepa, principalmente), pero su campo real de acción será otro.
Pero también se ha caído en el error de creer que el proyecto educativo de la derecha, la antigua Concertación y la actual Nueva Mayoría son sustancialmente distintos. Hace ya varios años que venimos observando una serie de informes y debates internacionales sobre el rumbo de la educación superior en Chile (OCDE 2004 – 2013 y el propio Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior del 2008), que marcan un ruta estratégica que llamamos la «agenda del modelo», pues no responde a un gobierno específico, sino a las necesidades del mercado educativo en su conjunto. Durante el período de Piñera, el avance de esta agenda quiso acelerarse, pero se vio truncado por el descontento que explotó de forma transversal. Hoy, esta agenda se encuentra intacta, pero requiere de una serie de reajustes institucionales necesarios para poder instalarse efectivamente en nuestro país.
Los objetivos de la Nueva Mayoría en educación (y más específicamente en la educación superior) son por tanto el perfeccionamiento y la relegitimación del mercado educativo. Se busca terminar con las lagunas que permitieron casos aberrantes como la Universidad del Mar, Arcis o la recordada carrera de criminalística de la UTEM. Esta reforma prepara el ambiente institucional y financiero para luego hacer los cambios más profundos: las llamadas Reformas de Segunda Generación , cuyo objetivo es la adecuación efectiva entre la producción de capital humano y el empresariado o mercado laboral (modificación de planes y programas, contenidos, orientación del conocimiento, etc).
Es por eso que hoy la reforma trae resultados como la ley de inclusión, que no termina con el lucro ni la segregación; el proyecto de gratuidad y el debate de lo público, que tendrá un efecto acotado para las universidades del Cruch (del 60% al 70%) y el grueso de los recursos se irán a los bolsillos de los empresarios de la educación superior privada. La reforma sacará el endeudamiento de las familias pero le entregará de primera mano los recursos a los bancos y empresarios, mientras en Chile la población se seguirá endeudando, probablemente, en otros bienes de consumo.
En sus líneas estratégicas esta reforma ya está cortada y seguirá el camino de la «agenda del modelo», donde hay un acuerdo entre Derecha y Nueva Mayoría respaldado nada menos que por organismos internacionales que ya pleantearon hace años que «la educación chilena está regida excesivamente por mecanismos de mercado» (OCDE, 2004) al punto que ya no es sustentable para el propio modelo. Lo anterior se refleja claramente en los cambios propuestos al sistema de acreditación (claves para determinar qué instituciones recibirán gratuidad), donde la transparencia de la información a los agentes de mercado será el eje central, no la calidad entendida como riqueza del proceso formativo.
Finalmente, esta reforma buscará hacer más eficiente el mercado educativo, poniendo a las instituciones estatales a jugar un rol dinamizador de los mercados. Para ello, requerirá modernizar la administración de las universidades estatales por un lado, y crear la ya anunciada Red de educación técnica estatal.
En síntesis, la reforma en el caso de la educación superior se reduce a tres fuentes de dinero desde el Estado:
– Por condición de propiedad a las estatales, que contarán con fondos específicos.
– Por gratuidad bajo criterios acordes a la agenda del modelo.
– Por producción de bienes públicos, vía fondos concursables para investigación.
El debate entre los actores de peso girará en torno al financiamiento de las instituciones bajo el concepto de lo público, reduciéndolo a los montos y criterios de asignación de una de estas tres fuentes. El problema aquí es que hasta la Confech está de acuerdo en que la educación privada debe ser financiada por los recursos del Estado con criterios que, en realidad, sólo vienen a reforzar la posición de productoras de capital humano a bajo costo.
Por eso, para que el m ovimiento estudiantil salga fortalecido de una coyuntura compleja como esta, lo primero es no seguir eludiendo nuestra condición: estudiamos en instituciones atravesadas por el mercado y vivimos desigualdades entre y a la interna de ellas, vivimos precariedad en nuestras condiciones de estudio, nuestros profesores y funcionarios ve n mermadas sus condiciones de trabajo a través de la generalización de honorarios y subcontratos, los contenidos que una vez aprendimos en pregrado hoy tienen un costo varias veces mayor en postgrados a los que no accederemos y la medida de calidad no es la riqueza de nuestro aprendizaje, sino la rentabilidad de la carrera en el mercado laboral. Como futuros profesionales provenientes de familias trabajadoras, no tenemos asegurado ni trabajo digno, ni formación adecuada, ni capacidad de hacer de nuestra profesión una herramienta de justicia social.
Contra todo pronóstico, los estudiantes debemos retomar la lucha desde cada casa de estudio con demandas que develen la precarización de nuestra educación, vengamos de planteles privados o estatales, universitarios o técnicos. Disputar en cada una de nuestras instituciones, extirpando el mercado de la educación palmo a palmo. Construyendo avances definitivos, que surgen de la fuerza organizada de los estudiantes, profesores, funcionarios, apoderados: todos los actores tienen que cumplir su papel.
Roxana Valdebenit, Secretaria General FECH 2015